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La discapacidad en los hogares españoles

De acuerdo con la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2020 (EDAD – Hogares 2020), en 3,86 millones de hogares españoles (el 20,5 por cien del total de hogares existentes en nuestro país) vive al menos una persona con discapacidad. Las proporciones más altas de hogares con personas con discapacidad se dan en Galicia (24,6 por cien), la Región de Murcia (24,5 por cien) y Canarias (24,2 por cien), mientras que las más bajas se registran en la Comunidad Foral de Navarra (17,1 por cien), el País Vasco (17,2 por cien), la Comunidad de Madrid (17,7 por cien) y Cataluña (17,9 por cien).

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El suicidio en las personas con discapacidad en España

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El Observatorio de la Discapacidad elabora un informe sobre la incorporación de la discapacidad en el programa del Plan Estadístico Nacional

FUENTE: SERVIMEDIA

El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) ha publicado un Informe en el que analiza la incorporación del indicador de ‘discapacidad’ en el Programa anual 2022 del Plan Estadístico Nacional 2021-2024.

Este programa, regulado por el Real Decreto 97/2022, de 1 de febrero, contiene las estadísticas para fines estatales que tienen que elaborar a lo largo de este año los servicios estadísticos de la Administración General del Estado, y sus organismos públicos vinculados o dependientes.

Según el informe del OED, una de las líneas estratégicas que prevé incorporar este plan estadístico nacional en las estadísticas oficiales es la de ‘discapacidad’. Sin embargo, el informe indica que “el tratamiento que se da a la incorporación de estas perspectivas es asimétrico, ya que en el caso de la discapacidad solo se hace mención a la conveniencia de elaborar un protocolo de actuación que permita compartir la experiencia en relación con el contenido de módulos a incorporar en cuestionarios, y con opciones de captura mediante vías administrativas de parte de esta información”.

En este sentido, el informe explica que algunas de las acciones que se contemplan en el programa anual para 2022 son “el perfeccionamiento por parte del INE de la estadística ‘Vida laboral de las personas con discapacidad’, la introducción del módulo mínimo básico de salud en la EPA y la continuación de las estadísticas anuales ‘El empleo de las Personas con Discapacidad’ y ‘El Salario de las personas con Discapacidad’”.

El informe del OED subraya también que otra de las líneas estratégicas del Plan Estadístico Nacional 2021-2024 es la elaboración de los indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su difusión, varios de los cuales prevén, en su formulación, la desagregación de sus datos de acuerdo con la variable discapacidad, tal y como es en el caso de la tasa de desempleo, la proporción de la población que tiene fácil acceso al transporte público o la proporción de la población cubierta por sistemas o niveles mínimos de protección social. Por el momento, esta desagregación solo está disponible actualmente en dos indicadores: el ingreso medio por hora de las personas empleadas y la tasa de desempleo.

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Brecha salarial de las mujeres y hombres con discapacidad

En este 22 de febrero que se celebra el Día Europeo por la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres, resulta oportuno recordar la situación de especial vulnerabilidad que viven las mujeres con discapacidad.


Antes de apuntar datos sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres con discapacidad, es preciso señalar uno de los aspectos que más impacta en la inclusión de este colectivo: la baja participación de la personas con discapacidad en el mercado laboral. Especialmente en el caso de las mujeres con discapacidad que presentan en todas las variables relacionadas con empleo peores cifras (actividad, empleo, desempleo) que las personas sin discapacidad en edad laboral.


En 2020, la tasa de actividad de las mujeres con discapacidad se situaba en 34,6%, casi 42 puntos menos que las población sin discapacidad. La tasa de paro de las mujeres con discapacidad es de 22,4%, esto es, siete puntos superior a la de la población sin discapacidad. (INE, 2020). Las diferencias porcentuales entre varones y mujeres con discapacidad son poco significativas en este ámbito. Sin embargo, al considerar el salario que estas personas perciben, sí que se observan diferencias significativas.


De acuerdo con el Salario de las personas con discapacidad (INE, 2019), en 2019, el salario medio anual bruto de los trabajadores por cuenta ajena con discapacidad fue de 20.574,1 euros, un 2,9% más que en el año anterior. Esta cifra fue un 16,1% menor que la de las personas sin discapacidad (24.512,2 euros). En términos absolutos, la cifra es de casi 4.000 euros anuales inferior a la población sin discapacidad.


Al observar las cifras entre varones y mujeres con discapacidad, los datos indican que el salario de las mujeres con discapacidad fue de 18.863,7euros de media por trabajadora y año, mientras que para los hombres fue de 21.866,6 euros. Esto supone que la brecha salarial entre hombres y mujeres con discapacidad es del 13,7%, es decir, las mujeres con discapacidad tienen un salario inferior respecto a los varones con discapacidad en un 13,7%. Esto es en términos absolutos, representa 3.000 euros anuales menos. Sí comparamos el salario medio de las mujeres con discapacidad respecto al de las personas sin discapacidad, la diferencia se eleva hasta los 5.532 euros anuales (INE, 2019).


Esta brecha aumenta si las condiciones laborales son más precarias. Así, la brecha salarial entre hombres y mujeres con discapacidad con jornada laboral a tiempo parcial se sitúa en el 14,3% (INE, 2019).


Los datos también muestran la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad intelectual que perciben 2.712,60 euros anuales menos que los varones con discapacidad intelectual. Si comparamos el salario medio de las mujeres con discapacidad intelectual respecto al salario medio del colectivo de las personas con discapacidad, la cifra aumenta hasta los 9.183,40 euros anuales.

El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) es un instrumento técnico al servicio de las personas con discapacidad y del resto de ciudadanos, las Administraciones Públicas, la Universidad y el Tercer Sector, para la recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad. El Informe de Olivenza es un documento de carácter general sobre la situación de las personas con discapacidad en España, realizado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), tal como se estipula en la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad, en su artículo 73,2 (RDL 7/2013 de 29de noviembre); centrándonos en el eje económico, uno de los tres ejes que integra el sistema de indicadores elaborado para medir la inclusión social de las personas con discapacidad, se observa cómo éstas se encuentran en situación de desventaja respecto a las población en general respecto a la participación y ejercicio de sus derechos en el ámbito productivo y laboral. El OED tiene su amparo en el artículo 73 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Se configura como instrumento de promoción y orientación de las políticas públicas de conformidad con la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Las instituciones promotoras del OED son el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad, la Comunidad Autónoma de Extremadura a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y la Universidad de Extremadura.

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Los europeos y la democracia. Eurobarómetro 96.2 del Parlamento Europeo

La Unión Europea (UE) realiza periódicamente encuestas de opinión a los ciudadanos respecto de una amplia variedad de temas relacionados directa o indirectamente con la UE, que se sistematizan desde 1974 en el Eurobarómetro, cuya edición estándar se lleva a cabo dos veces al año, una en otoño y otra en primavera. El Eurobarómetro Estándar se complementa desde 1990 con los Eurobarómetros Especiales, que son estudios temáticos exhaustivos que realizan diversos servicios de la Comisión Europea y otras instituciones de la UE, como el Parlamento Europeo, que en el año 2007 inició una serie regular de encuestas Eurobarómetro.

En enero de 2022, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea han lanzado conjuntamente un nuevo sitio web interinstitucional del Eurobarómetro (https://europa.eu/eurobarometer/). Esta plataforma alberga en un solo lugar todos los datos de encuestas Eurobarómetro existentes, tanto del Parlamento Europeo como de la Comisión Europea. El sitio web ofrece acceso completo a la base de datos de encuestas más grande de la Unión Europea.

A principios del mes de febrero se ha publicado la edición de otoño 2021 del Eurobarómetro del Parlamento Europeo (EB 96.2), titulado «Defendiendo la democracia, empoderando a los ciudadanos”. Este informe muestra que los ciudadanos han mejorado su visión positiva del Parlamento Europeo en los últimos años. En general, las personas más jóvenes tienden a tener una imagen más favorable del Parlamento Europeo. Los ciudadanos con estudios de nivel superior y quienes tienen ocupaciones gerenciales o de cuello blanco o son estudiantes también tienen una imagen más positiva de la institución.

Una de las preguntas del Eurobarómetro 96.2 se refiere a los temas que los ciudadanos consideran que el Parlamento Europeo debe abordar. La lista de temas está encabezada por la salud pública, seguida por la lucha contra la pobreza y la exclusión social y por la lucha contra el cambio climático, tema este último que es el más priorizado por los encuestados más jóvenes.

El Eurobarómetro 96.2 también incluye una pregunta los valores que los ciudadanos consideran que el Parlamento Europeo debe defender. Los ciudadanos han citado en primer lugar a la democracia, seguida de la libertad de expresión y de pensamiento y de la protección de los derechos humanos tanto en Europa como en el mundo.

Aunque el Eurobarómetro 96.2 no incorpora ninguna pregunta relacionada directamente con la discapacidad, hay algunas categorías de respuesta que, de forma indirecta, aportan informaciones de interés para nuestro sector. Así, por ejemplo, entre los temas que los ciudadanos consideran que el Parlamento Europeo debe abordar se incluye la igualdad de género, inclusión y diversidad. Un 14% de los ciudadanos han citado este tema cuando se les ha preguntado por los tres que consideran que es más necesario que el Parlamento Europeo aborde, y lo han hecho en mayor medida los ciudadanos más jóvenes, quienes continúan estudiando, las mujeres y quienes tienen una imagen más positiva del Parlamento Europeo.

También entre los valores que los ciudadanos consideran que el Parlamento Europeo debe defender hay algunos que tienen una relación más directa con la discapacidad, como la tolerancia y respeto por la diversidad (citado por un 16% de los ciudadanos entre los tres que consideran prioritarios) y la lucha contra la discriminación y la protección de las minorías (citado por el 14% de los ciudadanos). En ambos casos, los más jóvenes, quienes continúan estudiando y quienes tienen una imagen más positiva del Parlamento Europeo han citado en mayor medida estos valores que el conjunto de la población.

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El Observatorio Estatal de la Discapacidad aprueba su programa de estudios sobre la realidad de las personas con discapacidad para 2022

El Observatorio Estatal sobre Discapacidad (OED) ha aprobado el programa de estudios e investigaciones sobre la realidad social de las personas con discapacidad en España para el año 2022, ejercicio en que prestará una particular atención a las mujeres y a la infancia con discapacidad.

Así lo ha acordado la Comisión Técnica de seguimiento del Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Real Patronato sobre Discapacidad, la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Universidad de Extremadura para la gestión y funcionamiento del OED reunida el pasado día 19 de enero de 2022.

En la dimensión estatal, las investigaciones sociales aprobadas pasan por elaborar una nueva edición del Informe Olivenza, correspondiente al año 2022, sobre la situación general de las personas con discapacidad en España, que incluirá un resumen ejecutivo y un capítulo sobre comparación de políticas públicas de discapacidad respecto de los principales ítems en este ámbito, así como un reporte actualizado del seguimiento de las Observaciones del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas realizadas a España tras la última revisión de 2019.

Además, el OED también acometerá en 2022 el estudio “Las personas con discapacidad en situación de protección internacional en España: situación, desafíos y propuestas”, primera investigación sobre esta cuestión que se llevará a cabo en nuestro país sobre este asunto.

De igual modo, este año el OED realizará dos investigaciones más, a saber: “El despliegue de la garantía infantil en las niñas y niños con discapacidad: programa de acción” y “El derecho a la maternidad y a formar una familia de las mujeres con discapacidad”.

En cuanto al programa correspondiente a la dimensión extremeña, los estudios en cartera son el “Informe Olivenza 2022” (bloque referido a la Comunidad Autónoma de Extremadura) y “Establecimiento y provisión de Acompañamiento a Personas con Discapacidad y Altas Necesidades de Apoyo en Extremadura”.

El OED es un instrumento técnico que la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y Real Patronato sobre Discapacidad), y la Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, SEPAD, ponen al servicio de la ciudadanía, las Administraciones Públicas, la Universidad y el Tercer Sector, para la recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad.

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Personas con discapacidad en riesgo de pobreza o exclusión social

La Oficina Estadística de la UE ha publicado nuevos datos sobre pobreza y exclusión social de la población con discapacidad en Europa, en comparación no sólo entre países de la Unión, sino respecto a la población sin discapacidad, para el año 2020.

Los datos indican que aproximadamente el 29% de la población con discapacidad de la Unión Europea de 16 o más años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Los países europeos que muestran mayores tasas de población con discapacidad en riesgo de pobreza o exclusión social son Bulgaria (52%), Estonia (40%), Letonia (39%), Lituania (38%) y Croacia (38%).

La diferencia en situación de riesgo de pobreza o exclusión social entre población con y sin discapacidad muestra un patrón constante en todos los países, aunque con matices. Mientras que los países del sur, por ejemplo Italia, Grecia o España muestran elevadas tasas de riesgo, sin embargo las diferencias entre población con y sin discapacidad son menores.

Si se observa la evolución de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social de la población con discapacidad en los últimos diez años, los datos de Eurostat muestran claramente un empeoramiento de la situación en el caso de España, especialmente marcado a partir de 2016, año en el que el indicador muestra una tendencia claramente ascendente en España, al contrario que en el conjunto de la Unión.

El riesgo de pobreza o exclusión social, conocido como AROPE, representa la suma de personas que están en riesgo de pobreza, o gravemente desfavorecidas material y socialmente o que viven en un hogar con una intensidad de trabajo muy baja. Las personas se incluyen solo una vez, incluso si se encuentran en más de una de las situaciones mencionadas. La tasa AROPE es la proporción de la población total que está en riesgo de pobreza o exclusión social. Es el principal indicador para monitorear la meta de pobreza y exclusión social de la UE para 2030.

El Pilar Europeo de Derechos Sociales propone tres objetivos a nivel de la UE que deben alcanzarse para 2030 en las áreas de empleo, habilidades y protección social. La pobreza y la exclusión social es uno de los objetivos. El número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social debería reducirse drásticamente para 2030, y entre ellas, específicamente la de la población con discapacidad.

Eurostat es la Oficina Europea de Estadística de la Comisión Europea. Produce datos sobre la Unión y promueve la armonización de los métodos estadísticos de los Estados que la componen.

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Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad: Avanzar en derechos

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este Observatorio considera oportuno recordar el preámbulo de la Convención que reafirma la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación.

Uno de los objetivos del Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) es visibilizar las múltiples situaciones discriminatorias que viven las personas con discapacidad. Dar cuenta de esta realidad permite afrontarla y transformarla.

El Informe Olivenza, editado por el OED, ofrece un sistema de indicadores de inclusión social adaptado a la población con discapacidad, que utiliza como estándar de referencia la situación de la población general (con la que se compara), en cada tres ejes: económico, derechos e integración social. El eje dedicado al ejercicio de derechos de ciudadanía aborda cinco dimensiones fundamentales: participación política, educación, vivienda, salud y apoyos por discapacidad, este último específico y por tanto no comparable con la población general.

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Personas con discapacidad incluidas en las declaraciones del IRPF de 2019

La Agencia Tributaria ha actualizado la operación Estadística sobre la discapacidad en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El objetivo es, según la propia AET, conocer las características personales y familiares del conjunto de declarantes en las que, o bien el titular, o bien alguna de las personas dependientes del mismo (ascendiente, descendiente o cónyuge) tienen alguna discapacidad reconocida que proporcione al declarante la posibilidad de aplicar alguna de las medidas contempladas en la normativa del impuesto para minorar la carga impositiva del colectivo afectado.

En el ejercicio 2019, el 11,19% de las declaraciones del IRPF presentadas en el Territorio de Régimen Fiscal Común ponían de manifiesto la existencia de situaciones de discapacidad en la unidad familiar a la que se refería la declaración.

El número total de declarantes con discapacidad en el ejercicio 2019 fue de 2.340.486 personas. El 47% corresponde a mujeres y un 53% a varones. Esta diferencia porcentual entre varones y mujeres se invierte a partir de los 65 años donde las mujeres suponen el 51% de declarantes con discapacidad en ese tramo de edad.

Por otra parte, al atender solo a la variable edad, los datos indican que el 41%  de este colectivo es mayor de 65 años.

Esta operación estadística distingue las personas con discapacidad tres grados o niveles de dependencia protegidas fiscalmente:

  • Dependencia simple. Cuando todas las situaciones de discapacidad de la declaración presentan un grado de minusvalía comprendido entre el 33% y el 65%.
  • Dependencia simple con movilidad reducida. Cuando todas las situaciones de discapacidad de la declaración presentan un grado de minusvalía comprendido entre el 33% y el 65% pero al menos en una situación, se acredita necesitar ayuda de terceras personas o tener movilidad reducida.
  • Dependencia cualificada. Cuando al menos en una situación de discapacidad de la declaración se acredita un grado de minusvalía que supera el 65%.

Según esta clasificación, el 28% de las personas declarantes con discapacidad se encuentra en una situación de dependencia cualificada. Un 67% corresponde a personas declarantes en situación de dependencia simple y el 5% a personas en situación de dependencia simple con ayuda a tercera persona (ATP) o movilidad reducida.

De acuerdo con la distribución territorial, los porcentajes más altos de personas declarantes con discapacidad se encuentran en Cataluña (18,8%); Andalucía (18,2%) y la Comunidad de Madrid   (11,8%). En el extremo contrario se en encuentran en Islas Baleares (1,8%), Cantabria (1,8%) y La Rioja (0,7%).

En términos de impacto económico, los datos señalan que el importe mínimo por discapacidad asciende a 13.370.343 de euros correspondiente a 2.251.225 declaraciones y con un importe medio de 5.939 euros por declaración. Los datos sobre rendimientos del trabajo muestran que las personas declarantes con discapacidad ingresan de media 4.170 euros netos menos al año que aquellas sin discapacidad.

Es importante advertir que la información que proporciona esta estadística no se refiere a todas las personas con discapacidad, pues no cubre a las personas con discapacidad no declarantes de IRPF, a las que no han hecho uso de sus beneficios fiscales, ni a las personas con discapacidad residentes en el País Vasco y Navarra, que quedan fuera del ámbito territorial del impuesto.

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Personas con discapacidad administrativamente reconocida en España

El objetivo de este documento es presentar de forma breve aquellos datos más significativos del Informe sobre la Base Estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad a 31 de diciembre de 2019[1] presentado por el IMSERSO recientemente. Es preciso recordar que el Informe Olivenza ya recoge y analiza esta base de datos en todas sus ediciones. Así, el propósito de esta nota es solo destacar las cifras más relevantes de esta base de datos.

De acuerdo con la Base Estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad, a 31 de diciembre de 2019 había en España 3.257.058 personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento,(93.066 más que a 31 de diciembre de 2018, un incremento del 2,9%), de las cuales 1.637.077 son hombres (50,3%) y 1.619.981 son mujeres (49,7%).

Datos a destacar:

  • Grado de discapacidad: de las 3.257.058 personas con un grado de discapacidad reconocido, el 41% tiene reconocido entre el 33 y el 44 por ciento; el 18% entre el 45 y el 63 por ciento; el 25% ha sido reconocida con grados de entre el 64 y el 74 por ciento y un 16% ha sido reconocida con un grado del 75 por ciento o superior.
  • Edad, sexo y grado de discapacidad. El 43% de las personas con reconocimiento administrativo de discapacidad se sitúa en el grupo de edad de los 35 a los 64 años.

Entre los 0 y los 64 años los varones presentan una mayor presencia tanto en volumen como porcentualmente y es solo a partir de los 80 años donde las mujeres suponen el 64% del total de las personas en ese grupo de edad.

Las mujeres presentan grados de discapacidad más altos que los varones: de las 536.529 personas reconocidas con un grado superior al 75 por ciento, el 55% son mujeres. Al considerar los datos según tasas por mil habitantes esta diferencia entre sexos también se muestra: 10,48 en los varones, 12,10 por 1.000 habitantes en las mujeres.

  • Tipo de deficiencia. El tipo de deficiencia que presenta mayor prevalencia es el osteoarticular (19,08 casos por 1.000 habitantes). Le siguen las demencias y trastornos mentales (12,19 casos por 1.000 habitantes) y las enfermedades crónicas (11,88 casos por 1.000 habitantes).
  • Distribución territorial. En términos absolutos, las Comunidades con mayor número de personas con discapacidad administrativamente reconocida son Cataluña (585.899 personas), Andalucía (574.873 personas) y la Comunidad de Madrid (367.836 personas). En términos relativos, se encuentran  Melilla y Ceuta con 120 y 110 casos por 1.000 habitantes respectivamente; le sigue el Principado de Asturias con 115,4 casos y Murcia con 105, 2 casos por 1.000 habitantes.

A continuación se puede descargar la Nota completa con tablas y gráficos


[1] Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación (2021). Base estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad (Informe a 31/12/2019). Madrid, IMSERSO

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