El Observatorio de la Discapacidad elabora un informe sobre la incorporación de la discapacidad en el programa del Plan Estadístico Nacional
FUENTE: SERVIMEDIA
El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) ha publicado un Informe en el que analiza la incorporación del indicador de ‘discapacidad’ en el Programa anual 2022 del Plan Estadístico Nacional 2021-2024.
Este programa, regulado por el Real Decreto 97/2022, de 1 de febrero, contiene las estadísticas para fines estatales que tienen que elaborar a lo largo de este año los servicios estadísticos de la Administración General del Estado, y sus organismos públicos vinculados o dependientes.
Según el informe del OED, una de las líneas estratégicas que prevé incorporar este plan estadístico nacional en las estadísticas oficiales es la de ‘discapacidad’. Sin embargo, el informe indica que “el tratamiento que se da a la incorporación de estas perspectivas es asimétrico, ya que en el caso de la discapacidad solo se hace mención a la conveniencia de elaborar un protocolo de actuación que permita compartir la experiencia en relación con el contenido de módulos a incorporar en cuestionarios, y con opciones de captura mediante vías administrativas de parte de esta información”.
En este sentido, el informe explica que algunas de las acciones que se contemplan en el programa anual para 2022 son “el perfeccionamiento por parte del INE de la estadística ‘Vida laboral de las personas con discapacidad’, la introducción del módulo mínimo básico de salud en la EPA y la continuación de las estadísticas anuales ‘El empleo de las Personas con Discapacidad’ y ‘El Salario de las personas con Discapacidad’”.
El informe del OED subraya también que otra de las líneas estratégicas del Plan Estadístico Nacional 2021-2024 es la elaboración de los indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su difusión, varios de los cuales prevén, en su formulación, la desagregación de sus datos de acuerdo con la variable discapacidad, tal y como es en el caso de la tasa de desempleo, la proporción de la población que tiene fácil acceso al transporte público o la proporción de la población cubierta por sistemas o niveles mínimos de protección social. Por el momento, esta desagregación solo está disponible actualmente en dos indicadores: el ingreso medio por hora de las personas empleadas y la tasa de desempleo.
Personas con discapacidad incluidas en las declaraciones del IRPF de 2019
La Agencia Tributaria ha actualizado la operación Estadística sobre la discapacidad en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El objetivo es, según la propia AET, conocer las características personales y familiares del conjunto de declarantes en las que, o bien el titular, o bien alguna de las personas dependientes del mismo (ascendiente, descendiente o cónyuge) tienen alguna discapacidad reconocida que proporcione al declarante la posibilidad de aplicar alguna de las medidas contempladas en la normativa del impuesto para minorar la carga impositiva del colectivo afectado.
En el ejercicio 2019, el 11,19% de las declaraciones del IRPF presentadas en el Territorio de Régimen Fiscal Común ponían de manifiesto la existencia de situaciones de discapacidad en la unidad familiar a la que se refería la declaración.
El número total de declarantes con discapacidad en el ejercicio 2019 fue de 2.340.486 personas. El 47% corresponde a mujeres y un 53% a varones. Esta diferencia porcentual entre varones y mujeres se invierte a partir de los 65 años donde las mujeres suponen el 51% de declarantes con discapacidad en ese tramo de edad.
Por otra parte, al atender solo a la variable edad, los datos indican que el 41% de este colectivo es mayor de 65 años.
Esta operación estadística distingue las personas con discapacidad tres grados o niveles de dependencia protegidas fiscalmente:
- Dependencia simple. Cuando todas las situaciones de discapacidad de la declaración presentan un grado de minusvalía comprendido entre el 33% y el 65%.
- Dependencia simple con movilidad reducida. Cuando todas las situaciones de discapacidad de la declaración presentan un grado de minusvalía comprendido entre el 33% y el 65% pero al menos en una situación, se acredita necesitar ayuda de terceras personas o tener movilidad reducida.
- Dependencia cualificada. Cuando al menos en una situación de discapacidad de la declaración se acredita un grado de minusvalía que supera el 65%.
Según esta clasificación, el 28% de las personas declarantes con discapacidad se encuentra en una situación de dependencia cualificada. Un 67% corresponde a personas declarantes en situación de dependencia simple y el 5% a personas en situación de dependencia simple con ayuda a tercera persona (ATP) o movilidad reducida.
De acuerdo con la distribución territorial, los porcentajes más altos de personas declarantes con discapacidad se encuentran en Cataluña (18,8%); Andalucía (18,2%) y la Comunidad de Madrid (11,8%). En el extremo contrario se en encuentran en Islas Baleares (1,8%), Cantabria (1,8%) y La Rioja (0,7%).
En términos de impacto económico, los datos señalan que el importe mínimo por discapacidad asciende a 13.370.343 de euros correspondiente a 2.251.225 declaraciones y con un importe medio de 5.939 euros por declaración. Los datos sobre rendimientos del trabajo muestran que las personas declarantes con discapacidad ingresan de media 4.170 euros netos menos al año que aquellas sin discapacidad.
Es importante advertir que la información que proporciona esta estadística no se refiere a todas las personas con discapacidad, pues no cubre a las personas con discapacidad no declarantes de IRPF, a las que no han hecho uso de sus beneficios fiscales, ni a las personas con discapacidad residentes en el País Vasco y Navarra, que quedan fuera del ámbito territorial del impuesto.
Población con discapacidad según Zona de residencia
De acuerdo con el criterio del Instituto Nacional de Estadística que utiliza el tamaño del núcleo poblacional para definir las zonas de residencia, la población con discapacidad en España se distribuye en 51% en Zona Urbana (1.934.846 personas), 24% en Zona Intermedia (908.159 personas) y 25% en el Medio Rural (944.442 personas).
- Zonas Urbanas: municipios de más de 50.000 habitantes.
- Zonas Intermedias: municipios de entre 10.000 y 50.000 habitantes.
- Zonas Rurales: municipios de tamaño inferior a 10.000 habitantes.
El OED ha elaborado recientemente un informe sobre las personas con discapacidad residentes en el medio rural que tiene como objetivo contribuir al análisis de la realidad de las personas con discapacidad que residen en entornos rurales. En este documento se presentan de manera comparada los datos de las personas con discapacidad del Medio Rural respecto a aquellas que viven en zonas urbanas, entre estos datos cabe destacar:
- Que el riesgo de pobreza de las personas con discapacidad es más elevado en zonas rurales que para aquellas que residen en el medio urbano, y muy superior al de la población sin discapacidad.
- Que solo el 2,1% de las personas con discapacidad que residen en el medio rural cuenta con estudios universitarios, mientras este porcentaje es del 10,4% para aquellas que viven en zonas urbanas. Este dato, en la población con discapacidad joven (15 a 30 años) mejora de manera significativa, sin embargo las diferencias entre el ámbito rural-urbano se mantienen.
- Que el 67,5% de las personas con discapacidad que reside en zonas rurales encuentra barreras para el uso del transporte, mientras este porcentaje es del 49,6% para aquellas que viven en zonas urbanas.
Fuente: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2008.
Informe Olivenza 2017
El Informe Olivenza, estudio panorámico sobre situación de la población con discapacidad en España y de manera específica el estado de la inclusión social de la población con discapacidad en la región de Extremadura, se elabora a partir de fuentes de información fundamentalmente documentales, legislativas, y estadísticas.
Este informe se presenta por el Observatorio Estatal de la Discapacidad al Consejo Nacional de la Discapacidad en cumplimiento de lo dispuesto en artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
En el capítulo 2, se presentan los principales cambios en el marco normativo en relación con la discapacidad en el último año. En el capítulo 3, se actualizan los datos fundamentales sobre inclusión social de la población con discapacidad a partir de las fuentes estadísticas disponibles.
El capítulo 4, referido a “Mercado de Trabajo y Discapacidad en España” ha sido elaborado en colaboración con ODISMET, el observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE. ODISMET es una iniciativa de Fundación ONCE cofinanciado por el Fondo Social Europeo y gestionado por FSC Inserta, cuya finalidad es la de convertirse en el referente de consulta sobre todo lo relacionado con el binomio discapacidad y mercado de trabajo.
El capítulo 5 se ofrecen los resultados de aplicación del modelo para la medición del gasto público en discapacidad propuesto en el Informe Olivenza 2014, destinado a medir el esfuerzo de las administraciones públicas españolas en materia de políticas de discapacidad.
En el capítulo 6, referido a “Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”, se estudia la penetración de las tecnologías TIC entre el colectivo de personas con algún tipo de discapacidad. Este capítulo ha sido elaborado en colaboración con la Fundación Vodafone.
Dada su especial vinculación desde su origen con la Comunidad Autónoma de Extremadura, el OED realiza en el capítulo 7 un análisis específico de la población con discapacidad de la región, tanto desde una perspectiva demográfica, como desde su inclusión social.
Puede acceder al documento en el siguiente enlace: Informe Olivenza 2017
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