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Comienza el curso 2019/2020: Situación de las personas con discapacidad en las universidades españolas

El Informe Olivenza 2018 evidenciaba que la población con discapacidad presenta tasas de analfabetismo muy superiores (2,3%) a la población general (0,5%). Estas diferencias se concretan también en los porcentajes de personas con discapacidad que terminan los estudios superiores: el 33,6% de la población general frente al 18,7% en las personas con discapacidad.

Hace casi dos décadas, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (reformada en 2007) reconocía que los estudiantes tienen derecho a: la igualdad de oportunidades y no discriminación por razones (…) de discapacidad en el acceso a la universidad, ingreso en los centros, permanencia en la universidad y el ejercicio de sus derechos académicos. Este precepto legal obliga a las universidades a adoptar las medidas pertinentes para que la igualdad de oportunidades y la no discriminación de los estudiantes con discapacidad sea efectiva.

Una medida útil para la inclusión de las personas con discapacidad es la realización de estudios sobre la situación de las personas con discapacidad, como es el caso del IV Estudio sobre el grado de inclusión del sistema universitario español respecto de la realidad de la discapacidad (Universidad y Discapacidad) realizado en colaboración por: el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Fundación ONCE, el Real Patronato sobre Discapacidad y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).

Este Informe cifra el porcentaje de estudiantes con discapacidad en el 1,5% respecto del total del alumnado de las universidades españolas. Este porcentaje es el total de alumnos con discapacidad matriculados en las universidades públicas; los estudiantes con discapacidad matriculados en las universidades privadas suponen el 1,2% del total de estudiantes.

Los alumnos con discapacidad eligen la modalidad a distancia (4,1%) antes que la presencial (1%). Estos porcentajes ponen de manifiesto la necesidad de dotar a los grados presenciales de los recursos necesarios para que el acceso de los estudiantes con discapacidad, tanto a las universidades presenciales como a distancia, se acerque a las cifras de la población general.

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