En marzo de 2021, la Comisión Europea adoptó una nueva Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para el período 2021-2030. La Estrategia tiene como objetivo avanzar en la aplicación de todos los ámbitos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), tanto a escala de la Unión Europea como de los Estados miembros.
La Estrategia tiene en cuenta la diversidad de la discapacidad, que es consecuencia de la interacción entre las deficiencias físicas, psíquicas, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que suelen ser invisibles, con los obstáculos presentes en el entorno, así como del aumento de la prevalencia de la discapacidad con la edad (casi la mitad de las personas de más de 65 años declaran presentar algún tipo de discapacidad).
Por otra parte, promueve una perspectiva intersectorial, que aborde los obstáculos específicos que afrontan las personas con discapacidad que se encuentran en la intersección de identidades (género, raza, etnia, sexo, religión), o en una situación socioeconómica difícil o en cualquier otra situación vulnerable.
La Estrategia se articula en tres grandes apartados:
Respecto a la vida independiente, cabe destacar el compromiso para “desarrollar la vida independiente y reforzar los servicios basados en la comunidad”. La Estrategia manifiesta que “Las personas con discapacidad, jóvenes y mayores, tienen el mismo derecho a vivir de forma independiente y a formar parte de la comunidad, con las mismas opciones que los demás en cuanto a su lugar de residencia y con quién y cómo vivir… La independencia requiere de un panorama diferenciado de servicios de calidad, accesibles, basados en la comunidad y en la familia, centrados en la persona y asequibles, que incluyan asistencia personal y médica y la intervención de trabajadores sociales, con el fin de facilitar las actividades cotidianas y ofrecer alternativas a las personas con discapacidad y a sus familias.
Los servicios de apoyo generales deben ser inclusivos para los niños con discapacidad y las personas mayores y accesibles para ellos, y deben tener en cuenta el género y la cultura”.
En este contexto, la Comisión se plantea dos iniciativas emblemáticas:
En materia de Igualdad de acceso y no discriminación, la Estrategia se propone mejorar el acceso a la justicia, la protección social, la libertad y la seguridad, impulsar el acceso sostenible y equitativo a la asistencia sanitaria. En estos ámbitos, así como en el acceso al empleo, la Estrategia reconoce la especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual.
Destaca también el compromiso de impulsar una educación inclusiva y accesible, para lograr este compromiso la Comisión se propone:
El Informe Olivenza, estudio panorámico sobre situación de la población con discapacidad en España y de manera específica el estado de la inclusión social de la población con discapacidad en la región de Extremadura, se elabora a partir de fuentes de información fundamentalmente documentales, legislativas, y estadísticas.
Este informe se presenta por el Observatorio Estatal de la Discapacidad al Consejo Nacional de la Discapacidad en cumplimiento de lo dispuesto en artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
En el capítulo 2, se presentan los principales cambios en el marco normativo en relación con la discapacidad en el último año. En el capítulo 3, se actualizan los datos fundamentales sobre inclusión social de la población con discapacidad a partir de las fuentes estadísticas disponibles.
El capítulo 4, referido a “Mercado de Trabajo y Discapacidad en España” ha sido elaborado en colaboración con ODISMET, el observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE. ODISMET es una iniciativa de Fundación ONCE cofinanciado por el Fondo Social Europeo y gestionado por FSC Inserta, cuya finalidad es la de convertirse en el referente de consulta sobre todo lo relacionado con el binomio discapacidad y mercado de trabajo.
El capítulo 5 se ofrecen los resultados de aplicación del modelo para la medición del gasto público en discapacidad propuesto en el Informe Olivenza 2014, destinado a medir el esfuerzo de las administraciones públicas españolas en materia de políticas de discapacidad.
En el capítulo 6, referido a “Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”, se estudia la penetración de las tecnologías TIC entre el colectivo de personas con algún tipo de discapacidad. Este capítulo ha sido elaborado en colaboración con la Fundación Vodafone.
Dada su especial vinculación desde su origen con la Comunidad Autónoma de Extremadura, el OED realiza en el capítulo 7 un análisis específico de la población con discapacidad de la región, tanto desde una perspectiva demográfica, como desde su inclusión social.
Puede acceder al documento en el siguiente enlace: Informe Olivenza 2017