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Personas con discapacidad y discriminación múltiple. Datos clave

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Observatorio Estatal de la Discapacidad advierte sobre la persistencia de las situaciones discriminatorias que afrontan las personas con discapacidad y que además se ven multiplicadas al añadirse factores tales como el género, la edad, el hábitat o el origen étnico. En el informe “personas con discapacidad y discriminación múltiple en España: situación y propuestas, editado por este Observatorio en 2017 se ofrecen datos relevantes sobre esta circunstancia:

  • Casi seis de cada diez personas que se han sentido discriminadas a causa de su discapacidad han sufrido discriminación, además, por otros motivos distintos: la edad, la escasez de recursos económicos y el aspecto físico (Encuesta CIS-3000).
  • A partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV,2016), el informe señala que la proporción de personas gravemente limitadas para realizar las actividades de la vida diaria que se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social es un 31,2% más alta que la de la población total.

El análisis de esta encuesta ha permitido detectar algunos patrones de asociación entre la discapacidad y otras variables que agravan el riesgo de pobreza o exclusión.

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Infancia y Discapacidad

Con motivo del Día Universal de la Infancia señalamos que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en sus Principios Generales: “el respeto a la evolución de los niños y niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad”. Por otra parte, en su artículo 7 dispone que los Estados deben garantizar que las niñas y niños con discapacidad tienen y disfrutan de los mismos derechos, asimismo se protegerá su interés superior y su derecho a expresar libremente su opinión en las cuestiones que les afecten. En España, según diversas fuentes, los niños y niñas con discapacidad  mantienen una situación de extrema vulnerabilidad.

El Estudio de UNICEF sobre la situación de los niños y las niñas con discapacidad en España (Campoy Cervera, 2013) señala como problemas relevantes de este colectivo: la ausencia de estudios adecuados, la especial incidencia de situaciones de maltrato, las dificultades para acceder a la educación inclusiva, las barreras para ejercer su derecho a participar en la toma de decisiones y la falta de apoyo a las familias de niños y niñas con discapacidad.

El último Informe del CERMI sobre derechos humanos y discapacidad (CERMI, 2017) denuncia distintas situaciones discriminatorias:

  • Contar con un hogar. Existe una larga lista de espera para la adopción o el acogimiento, sin embargo multitud de menores con discapacidad son excluidos desde el principio y estigmatizados. Esta circunstancia supone que los niños y niñas con discapacidad dependan de la Administración.
  • Educación. La Fundación CERMI Mujeres alerta del elevado fracaso escolar de las niñas con discapacidad.
  • Educación. La normativa que regula la admisión de alumnos en colegios españoles en el extranjero discrimina a las personas con discapacidad y no contenía previsión alguna de atención a estos alumnos. Una madre denuncia “serios impedimentos” para matricular a su hijo con discapacidad en el Instituto Español de Lisboa.
  • Delitos de odio. Pintadas ofensivas y amenazantes aparecidas en un centro de educación especial.

Otra situación de discriminación y maltrato que sufren en especial las niñas con discapacidad es la esterilización forzosa. La Fundación CERMI Mujeres en su informe “Poner fin a la esterilización forzosa de las mujeres y niñas con discapacidad” apunta que estas esterilizaciones se hacen sin el consentimiento o comprensión de las mujeres y niñas con discapacidad sobre el propósito de la intervención quirúrgica, y bajo el pretexto de su bienestar. Se estima una media anual de 96 sentencias judiciales autorizando la esterilización de personas con discapacidad previamente incapacitadas.

NOTA OED INFANCIA Y DISCAPACIDAD

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El perfil de las personas cuidadoras informales se diversifica

De acuerdo con los datos que aporta la Encuesta Nacional de Salud 2017, cerca de 4,4 millones de personas de 15 o más años cuidan en España, al menos una vez a la semana, de alguna persona mayor o de alguien con una dolencia crónica sin que ese cuidado forme parte de su trabajo. De estas personas, aproximadamente 2,6 millones son mujeres y 1,8 millones son hombres, lo que, traducido a términos relativos, significa que el 12,9% de las mujeres de 15 o más años y el 9,6% de los hombres son cuidadores informales.

En muchos casos, la dedicación que requieren esos cuidados informales es bastante elevada: casi 2 millones de estos cuidadores (cerca de 680 mil hombres y algo más 1,95 millones de mujeres, el 3,6% de los hombres y el 6,4% de las mujeres de 15 o más años residentes en nuestro país) dedican 20 o más horas semanales a la prestación de cuidados no profesionales a otras personas con problemas de salud.

Estos datos muestran que el perfil de la persona que cuida a familiares con problemas de salud se va haciendo cada vez más diverso. Aunque las mujeres siguen siendo las grandes protagonistas del cuidado, hay un número creciente de hombres cuidadores, aunque por lo general éstos dedican menos tiempo al cuidado. También hay cada vez más cuidadores de edad avanzada, debido sobre todo a que frecuentemente es la propia pareja la que asume el cuidado de su compañero dependiente.

La persona cuidadora se ve expuesta con frecuencia a situaciones de estrés, sobrecarga física y emocional e, incluso, aislamiento social. Muchas personas cuidadoras, en su mayoría mujeres, han tenido que reducir o abandonar su actividad laboral para dedicarse a los cuidados. Aunque existe un amplio repertorio de posibles actuaciones para mejorar la calidad de vida de los cuidadores, lo cierto es que el apoyo que reciben las personas que cuidan es todavía muy escaso, y que en él se han producido retrocesos aún no revertidos, como la supresión de la protección social de los cuidadores no profesionales que preveía la Ley de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia.

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Personas con discapacidad y situación de pobreza

El martes 16 de octubre se presentó el 8º informe sobre el estado de la pobreza: Seguimiento del indicador AROPE de riesgo de pobreza y exclusión social en España, 2008-2017 elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Como novedad este informe incluye un capítulo sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Esta nota breve tiene como propósito destacar los datos más relevantes de dicho informe.

La principal conclusión de este informe referida a la discapacidad es que las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión mucho más elevado que aquellas que no tienen discapacidad. Esta circunstancia no está solo referida a los datos recientes sino que muestra, según el período analizado, una situación de riesgo de pobreza estructural que además se incrementa ligeramente durante los tres últimos años (2015-2017).

Los datos referidos a 2017 señalan que la tasa AROPE de las personas es de 31,5%, mientras que para aquellas sin discapacidad se sitúa en 24,4% (siete puntos porcentuales menos). “Prácticamente una de cada tres personas con discapacidad, está en riesgo de pobreza y/o exclusión” (Llano, 2018).

El informe apunta entre los factores que influyen para este mayor riesgo de pobreza y/o exclusión, la dificultad para el acceso al mercado de trabajo y la carga económica que supone la discapacidad, entre otros.

Al considerar la edad, el sexo, se observan las siguientes variaciones en la tasa AROPE en 2017:

  • Altas tasas de riesgo de pobreza y/o exclusión entre los grupos más jóvenes y más bajas a medida que la edad aumenta. Esta circunstancia es similar para las personas sin discapacidad.
  • Las mujeres con discapacidad presentan una tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión ligeramente menor que los varones con discapacidad. Destaca la distancia que hay en el porcentaje de riesgo de pobreza y/o exclusión en los hombres con discapacidad respecto a aquellos sin discapacidad.

Respecto a la tasa de riesgo de pobreza, el informe señala que el 22,4 % de las personas con discapacidad está en riesgo de pobreza. Este porcentaje se reduce hasta el 19,9% para las personas sin discapacidad. Por el contrario la tasa de pobreza severa de las personas con discapacidad es ligeramente menor que la de las personas sin discapacidad.

El informe señala como relevante la relación entre actividad y pobreza en las personas con discapacidad. Y apunta: el 17,1% de las personas ocupadas con discapacidad son pobres … Se supone que el empleo de las personas con discapacidad está más protegido, sin embargo, tampoco el trabajo les preserva de la pobreza”.

Por otra parte, la privación material severa es, también, notablemente más elevada entre las personas con discapacidad (7,6 %) que entre el resto de la población (4,2 %).

NOTA OED POBREZA Y DISCAPACIDAD

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Perfil de las personas con discapacidad que participan en programas de Empleo con Apoyo

Según el informe “Realidad, situación, dimensión y tendencias del empleo con apoyo en España en el horizonte del año 2020”, 6 de cada 10 personas que participan en Programas de EcA es varón. Buena parte de las personas que participan en estos programas presentan discapacidad intelectual (73,4%). Y el 29% de estas personas es menor de 25 años.

En el año 2016, con datos de este mismo informe, 2.988 personas con discapacidad participaban en Programas de Empleo con Apoyo. Otros datos significativos sobre la situación laboral de este colectivo son:

  • 159 personas han pasado definitivamente al mercado ordinario y ya no precisan apoyos del Servicio de Empleo con Apoyo (altas exitosas). Esto supone solo el 5,32% del total de personas atendidas.
  • 962 personas contaban con un contrato en 2016 (contratos vigentes mediados por Programas de EcA de las entidades iniciados en años anteriores); lo que supone el 32,19% de las personas atendidas.
  • Al considerar las condiciones laborales de estas 962 personas, los datos indican que el 39,3% de estas personas cuenta con un contrato a jornada completa y un 51,2% dispone de un contrato indefinido. Estos porcentajes varían según el perfil de la persona. Así, por destacar los porcentajes más altos, el 65,7% de las personas con enfermedad mental está contratado a jornada completa y el 60,9% de las personas con discapacidad tiene un contrato indefinido.
  • De los contratos temporales vigentes a 31 de diciembre de 2016, 105 contratos eran inferiores a 6 meses.
  • 285 personas han conseguido un contrato durante 2016 (9,53% de las personas atendidas), los perfiles de discapacidad, y sexo son similares al total de personas usuarias del servicio.
  • 290 personas han conseguido prácticas no remuneradas (9,70% de las personas atendidas) en el mercado ordinario a través del Servicio de EcA. El 50,3% es mujer.
  • 193 personas han finalizado su contrato durante 2016. Los perfiles de éstas según sexo, discapacidad y edad indica que el 60,10% es varón, que un 77,20% presenta discapacidad intelectual y que el 22,80% tiene 25 años o menos.
  • Los cinco principales sectores de actividad de las personas insertadas han sido: las actividades administrativas y de servicios auxiliares (33,2%), otros servicios (28,2%), comercio al por mayor y al detalle (26,2%), actividades de la limpieza / personal doméstico (22,8%) y la hostelería (21,7%).

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Infancia y discapacidad. Algunos datos relevantes.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en sus Principios Generales: “el respeto a la evolución de los niños y niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad”. Por otra parte, en su artículo 7 dispone que los Estados deben garantizar que las niñas y niños con discapacidad tienen y disfrutan de los mismos derechos, asimismo se protegerá su interés superior y su derecho a expresar libremente su opinión en las cuestiones que les afecten. En España, según diversas fuentes, los niños y niñas con discapacidad  mantienen una situación de extrema vulnerabilidad.

El Estudio de UNICEF sobre la situación de los niños y las niñas con discapacidad en España (Campoy Cervera, 2013) señala como problemas relevantes de este colectivo: la ausencia de estudios adecuados, la especial incidencia de situaciones de maltrato, las dificultades para acceder a la educación inclusiva, las barreras para ejercer su derecho a participar en la toma de decisiones y la falta de apoyo a las familias de niños y niñas con discapacidad.

El último Informe del CERMI sobre derechos humanos y discapacidad (CERMI, 2017) denuncia distintas situaciones discriminatorias:

  • Contar con un hogar. Existe una larga lista de espera para la adopción o el acogimiento, sin embargo multitud de menores con discapacidad son excluidos desde el principio y estigmatizados. Esta circunstancia supone que los niños y niñas con discapacidad dependan de la Administración.
  • Educación. La Fundación CERMI Mujeres alerta del elevado fracaso escolar de las niñas con discapacidad.
  • Educación. La normativa que regula la admisión de alumnos en colegios españoles en el extranjero discrimina a las personas con discapacidad y no contenía previsión alguna de atención a estos alumnos. Una madre denuncia “serios impedimentos” para matricular a su hijo con discapacidad en el Instituto Español de Lisboa.
  • Delitos de odio. Pintadas ofensivas y amenazantes aparecidas en un centro de educación especial.

Otra situación de discriminación y maltrato que sufren en especial las niñas con discapacidad es la esterilización forzosa. La Fundación CERMI Mujeres en su informe “Poner fin a la esterilización forzosa de las mujeres y niñas con discapacidad” apunta que estas esterilizaciones se hacen sin el consentimiento o comprensión de las mujeres y niñas con discapacidad sobre el propósito de la intervención quirúrgica, y bajo el pretexto de su bienestar. Se estima una media anual de 96 sentencias judiciales autorizando la esterilización de personas con discapacidad previamente incapacitadas.

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Medición comparativa del impacto socioeconómico y presupuestario de la asistencia personal frente a otras prestaciones tradicionales de atención a las situaciones de dependencia

El objetivo de este documento es analizar el servicio asistencia personal en términos de impacto económico comparando este servicio con otros soportes que se ofrecen en el marco de atención a la dependencia. Además de las cuestiones económicas se pretende ofrecer un análisis del valor no monetario que aporta tanto la asistencia personal como otros apoyos.

Estructurado en dos apartados, se aborda por un lado la definición de la asistencia personal; por otro, a partir de la información disponible, se dibuja un mapa del servicio de asistencia personal en España intentando recoger información sobre el gasto público que supone este servicio así como el perfil de personas usuarias del mismo. También se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica sobre métodos de medición de impacto y su aplicación en el sector de la dependencia, a partir de esta revisión y otras consideraciones relacionadas con la Asistencia personal, se hace una propuesta de medición de impacto de este servicio.

En el segundo apartado se sistematizan los resultados del mapa dibujado en la primera parte del documento y se estima el impacto económico de la Asistencia Personal en España. Los resultados de este estudio indican, más allá de los datos que demuestran la viabilidad financiera de la AP, la escasa implantación del servicio. Por tanto, conviene reflexionar sobre la necesidad de potenciar la Asistencia Personal como un servicio que favorece la inclusión de las personas con discapacidad en el entorno comunitario además de reconocer su derecho a vivir de acuerdo con sus preferencias.

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Personas con discapacidad residentes en el Medio Rural

Según el Informe del OED sobre las personas con discapacidad residentes en el Medio Rural, casi un millón de personas con discapacidad reside en el medio rural en España. Los datos, en términos absolutos, sobre la distribución de esta población muestran que en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla y León y Galicia viven más de cien mil personas con discapacidad en cada una de ellas.

En términos proporcionales, destaca Extremadura donde el 58% de la población con discapacidad de esa Comunidad vive en zonas rurales, también destacan los datos de las dos Castillas donde la mitad de la población con discapacidad vive en el medio rural. En el lado contrario se encuentran Madrid o Murcia donde este porcentaje es del 5%.

 

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Población con discapacidad según Zona de residencia

De acuerdo con el criterio del Instituto Nacional de Estadística que utiliza el tamaño del núcleo poblacional para definir las zonas de residencia, la población con discapacidad en España se distribuye en 51% en Zona Urbana (1.934.846 personas), 24% en Zona Intermedia (908.159 personas) y 25% en el Medio Rural (944.442 personas).

  • Zonas Urbanas: municipios de más de 50.000 habitantes.
  • Zonas Intermedias: municipios de entre 10.000 y 50.000 habitantes.
  • Zonas Rurales: municipios de tamaño inferior a 10.000 habitantes.

El OED ha elaborado recientemente un informe sobre las personas con discapacidad residentes en el medio rural que tiene como objetivo contribuir al análisis de la realidad de las personas con discapacidad que residen en entornos rurales. En este documento se presentan de manera comparada los datos de las personas con discapacidad del Medio Rural respecto a aquellas que viven en zonas urbanas, entre estos datos cabe destacar:

  • Que el riesgo de pobreza de las personas con discapacidad es más elevado en zonas rurales que para aquellas que residen en el medio urbano, y muy superior al de la población sin discapacidad.
  • Que solo el 2,1% de las personas con discapacidad que residen en el medio rural cuenta con estudios universitarios, mientras este porcentaje es del 10,4% para aquellas que viven en zonas urbanas. Este dato, en la población con discapacidad joven (15 a 30 años) mejora de manera significativa, sin embargo las diferencias entre el ámbito rural-urbano se mantienen.
  • Que el 67,5% de las personas con discapacidad que reside en zonas rurales encuentra barreras para el uso del transporte, mientras este porcentaje es del 49,6% para aquellas que viven en zonas urbanas.

Fuente: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2008.

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Personas con discapacidad incluidas en las declaraciones del IRPF según tipo de discapacidad

En el ejercicio 2015, el 9,92% de las declaraciones del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) presentadas en el Territorio de Régimen Fiscal Común ponían de manifiesto la existencia de situaciones de discapacidad en la unidad familiar a la que se refería la declaración. En términos absolutos, esto supone que en el ejercicio 2015 se registraron 2.026.977 declarantes con discapacidad. El 46,2% corresponde a mujeres con discapacidad.

Este registro distingue las personas con discapacidad tres grados o niveles de dependencia protegidas fiscalmente:

  • Dependencia simple. Cuando todas las situaciones de discapacidad de la declaración presentan un grado de minusvalía comprendido entre el 33% y el 65%.
  • Dependencia simple con movilidad reducida. Cuando todas las situaciones de discapacidad de la declaración presentan un grado de minusvalía comprendido entre el 33% y el 65% pero al menos en una situación, se acredita necesitar ayuda de terceras personas o tener movilidad reducida.
  • Dependencia cualificada. Cuando al menos en una situación de discapacidad de la declaración se acredita un grado de minusvalía que supera el 65%.

Según esta clasificación, el 30% de las personas declarantes con discapacidad se encuentra en una situación de dependencia cualificada; Un 67% corresponde a personas declarantes en situación de dependencia simple y el 3% a personas en situación de dependencia simple con ayuda a tercera persona (ATP) o movilidad reducida.

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Fuente: Agencia Tributaria

De acuerdo con la distribución territorial, los porcentajes más altos de personas declarantes con discapacidad se encuentran en Cataluña (18,4%); Andalucía (17,8%) y la Comunidad de Madrid (11,7%). En el extremo contrario se en encuentran en Islas Baleares (1,8%), Cantabria (1,7%) y la La Rioja (0,7%).

En términos de impacto económico, los datos señalan que el importe mínimo por discapacidad asciende a 11.707.002 de euros correspondiente a 1.929.423 declaraciones y con un importe medio de 6.068 euros por declaración.

Es importante advertir que la información que proporcionan esta estadística no se refiere a todas las personas con discapacidad, pues no cubre a las personas con discapacidad no declarantes de IRPF, a las que no han hecho uso de sus beneficios fiscales, ni a las personas con discapacidad residentes en el País Vasco y Navarra, que quedan fuera del ámbito territorial del impuesto.