Los europeos creen que el Parlamento Europeo debe priorizar la defensa de la democracia, la libertad de expresión y los derechos humanos
Un 14% incluye la igualdad de género, la inclusión y la diversidad entre los asuntos que creen que es necesario que aborde el Parlamento.
Los ciudadanos de la Unión Europea consideran que el Parlamento Europeo debe priorizar la defensa de la democracia, de la libertad de expresión y de pensamiento y la protección de los derechos humanos, tanto en Europa como en el mundo.
Así lo indica el Eurobarómetro del Parlamento Europeo titulado ‘Defendiendo la democracia, empoderando a los ciudadanos’, que muestra que los ciudadanos han mejorado su visión positiva del Parlamento Europeo en los últimos años. En general, las personas más jóvenes tienden a tener una imagen más favorable del Parlamento Europeo.
El Observatorio Estatal de la Discapacidad pone de manifiesto en un análisis que realiza de este Eurobarómetro que, si bien no incorpora ninguna pregunta relacionada directamente con la discapacidad, hay algunas categorías de respuesta que, de forma indirecta, aportan informaciones sobre este sector.
Así, por ejemplo, entre los temas que los ciudadanos consideran que el Parlamento Europeo debe abordar se incluye la igualdad de género, la inclusión y la diversidad. Un 14% de los ciudadanos cita este tema cuando se les pregunta por los tres que consideran que es más necesario que el Parlamento Europeo aborde, y lo han hecho en mayor medida los ciudadanos más jóvenes, quienes continúan estudiando, las mujeres y quienes tienen una imagen más positiva del Parlamento Europeo.
También entre los valores que los ciudadanos consideran que el Parlamento Europeo debe defender hay algunos que tienen una relación más directa con la discapacidad, como la tolerancia y respeto por la diversidad (citado por un 16% de los ciudadanos entre los tres que consideran prioritarios) y la lucha contra la discriminación y la protección de las minorías (citado por el 14% de los ciudadanos).
En ambos casos, los más jóvenes, quienes continúan estudiando y quienes tienen una imagen más positiva del Parlamento Europeo han citado en mayor medida estos valores que el conjunto de la población.
(Fuente: SERVIMEDIA)
Los europeos y la democracia. Eurobarómetro 96.2 del Parlamento Europeo
La Unión Europea (UE) realiza periódicamente encuestas de opinión a los ciudadanos respecto de una amplia variedad de temas relacionados directa o indirectamente con la UE, que se sistematizan desde 1974 en el Eurobarómetro, cuya edición estándar se lleva a cabo dos veces al año, una en otoño y otra en primavera. El Eurobarómetro Estándar se complementa desde 1990 con los Eurobarómetros Especiales, que son estudios temáticos exhaustivos que realizan diversos servicios de la Comisión Europea y otras instituciones de la UE, como el Parlamento Europeo, que en el año 2007 inició una serie regular de encuestas Eurobarómetro.
En enero de 2022, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea han lanzado conjuntamente un nuevo sitio web interinstitucional del Eurobarómetro (https://europa.eu/eurobarometer/). Esta plataforma alberga en un solo lugar todos los datos de encuestas Eurobarómetro existentes, tanto del Parlamento Europeo como de la Comisión Europea. El sitio web ofrece acceso completo a la base de datos de encuestas más grande de la Unión Europea.
A principios del mes de febrero se ha publicado la edición de otoño 2021 del Eurobarómetro del Parlamento Europeo (EB 96.2), titulado «Defendiendo la democracia, empoderando a los ciudadanos”. Este informe muestra que los ciudadanos han mejorado su visión positiva del Parlamento Europeo en los últimos años. En general, las personas más jóvenes tienden a tener una imagen más favorable del Parlamento Europeo. Los ciudadanos con estudios de nivel superior y quienes tienen ocupaciones gerenciales o de cuello blanco o son estudiantes también tienen una imagen más positiva de la institución.
Una de las preguntas del Eurobarómetro 96.2 se refiere a los temas que los ciudadanos consideran que el Parlamento Europeo debe abordar. La lista de temas está encabezada por la salud pública, seguida por la lucha contra la pobreza y la exclusión social y por la lucha contra el cambio climático, tema este último que es el más priorizado por los encuestados más jóvenes.
El Eurobarómetro 96.2 también incluye una pregunta los valores que los ciudadanos consideran que el Parlamento Europeo debe defender. Los ciudadanos han citado en primer lugar a la democracia, seguida de la libertad de expresión y de pensamiento y de la protección de los derechos humanos tanto en Europa como en el mundo.
Aunque el Eurobarómetro 96.2 no incorpora ninguna pregunta relacionada directamente con la discapacidad, hay algunas categorías de respuesta que, de forma indirecta, aportan informaciones de interés para nuestro sector. Así, por ejemplo, entre los temas que los ciudadanos consideran que el Parlamento Europeo debe abordar se incluye la igualdad de género, inclusión y diversidad. Un 14% de los ciudadanos han citado este tema cuando se les ha preguntado por los tres que consideran que es más necesario que el Parlamento Europeo aborde, y lo han hecho en mayor medida los ciudadanos más jóvenes, quienes continúan estudiando, las mujeres y quienes tienen una imagen más positiva del Parlamento Europeo.
También entre los valores que los ciudadanos consideran que el Parlamento Europeo debe defender hay algunos que tienen una relación más directa con la discapacidad, como la tolerancia y respeto por la diversidad (citado por un 16% de los ciudadanos entre los tres que consideran prioritarios) y la lucha contra la discriminación y la protección de las minorías (citado por el 14% de los ciudadanos). En ambos casos, los más jóvenes, quienes continúan estudiando y quienes tienen una imagen más positiva del Parlamento Europeo han citado en mayor medida estos valores que el conjunto de la población.
Niños y niñas con discapacidad en situación de pobreza y exclusión social
Estudios recientes indican que España es en la actualidad uno de los países europeos con mayor tasa de riesgo de pobreza infantil. Según el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España, y organizaciones como UNICEF o Save The Children, casi un tercio de los niños y niñas en nuestro país se encuentran en esta situación, mientras que la media en la Unión Europea se sitúa en torno al 25%.
La preocupación por la persistencia de esta situación ha llevado a la Unión Europea a incluirla como prioridad del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, lo que en España se ha traducido en el desarrollo de una estrategia contra la pobreza infantil que el Gobierno debe presentar a la Comisión Europea el próximo mes de marzo.
Menores con discapacidad
De acuerdo con la Base Estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad, a 31 de diciembre de 2019 viven en España 3.257.058 personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento. De éstas, el 5% son personas menores de 17 años (162.699 personas). En este tramo de edad los varones suponen el 66% de las personas con reconocimiento administrativo de discapacidad.
El tipo de deficiencia que presenta mayor prevalencia en este tramo de edad son las demencias y trastornos mentales. Le sigue la discapacidad intelectual y del desarrollo y las deficiencias neuromusculares.
Aunque con variaciones importantes, las Comunidades Autónomas con más población menor de edad que tiene reconocida la situación de discapacidad, en términos relativos, son Murcia, Asturias, Cataluña, Galicia, Madrid y Canarias.
Pobreza y discapacidad
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) apunta que en 2020, el 9,6 % de las personas con discapacidad vivían en situación de pobreza severa, esto es 1,1% más que las personas sin discapacidad en ese mismo grupo de edad. También señala que desde el año 2017, justo en el período de recuperación económica, la tasa de pobreza severa ha pasado a ser claramente más elevada entre las personas con discapacidad. Según esta misma Red, las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión significativamente más elevado que aquellas que no tienen discapacidad.
Pobreza infantil y discapacidad
A pesar de que la discapacidad, y específicamente aquella relacionada con problemas de salud mental, es un factor reconocido de generación de pobreza y exclusión social, existen una enorme falta de información estadística sobre en qué medida los niños y niñas con discapacidad se ven afectados por este fenómeno.
Con datos referidos a 2017, el 28,1% de los menores de 16 años se encontraban en riesgo de pobreza. De estos menores, el 4% de tiene discapacidad.
El Observatorio Estatal de la Discapacidad aprueba su programa de estudios sobre la realidad de las personas con discapacidad para 2022
El Observatorio Estatal sobre Discapacidad (OED) ha aprobado el programa de estudios e investigaciones sobre la realidad social de las personas con discapacidad en España para el año 2022, ejercicio en que prestará una particular atención a las mujeres y a la infancia con discapacidad.
Así lo ha acordado la Comisión Técnica de seguimiento del Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Real Patronato sobre Discapacidad, la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Universidad de Extremadura para la gestión y funcionamiento del OED reunida el pasado día 19 de enero de 2022.
En la dimensión estatal, las investigaciones sociales aprobadas pasan por elaborar una nueva edición del Informe Olivenza, correspondiente al año 2022, sobre la situación general de las personas con discapacidad en España, que incluirá un resumen ejecutivo y un capítulo sobre comparación de políticas públicas de discapacidad respecto de los principales ítems en este ámbito, así como un reporte actualizado del seguimiento de las Observaciones del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas realizadas a España tras la última revisión de 2019.
Además, el OED también acometerá en 2022 el estudio “Las personas con discapacidad en situación de protección internacional en España: situación, desafíos y propuestas”, primera investigación sobre esta cuestión que se llevará a cabo en nuestro país sobre este asunto.
De igual modo, este año el OED realizará dos investigaciones más, a saber: “El despliegue de la garantía infantil en las niñas y niños con discapacidad: programa de acción” y “El derecho a la maternidad y a formar una familia de las mujeres con discapacidad”.
En cuanto al programa correspondiente a la dimensión extremeña, los estudios en cartera son el “Informe Olivenza 2022” (bloque referido a la Comunidad Autónoma de Extremadura) y “Establecimiento y provisión de Acompañamiento a Personas con Discapacidad y Altas Necesidades de Apoyo en Extremadura”.
El OED es un instrumento técnico que la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y Real Patronato sobre Discapacidad), y la Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, SEPAD, ponen al servicio de la ciudadanía, las Administraciones Públicas, la Universidad y el Tercer Sector, para la recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad.
Personas con discapacidad en riesgo de pobreza o exclusión social
La Oficina Estadística de la UE ha publicado nuevos datos sobre pobreza y exclusión social de la población con discapacidad en Europa, en comparación no sólo entre países de la Unión, sino respecto a la población sin discapacidad, para el año 2020.
Los datos indican que aproximadamente el 29% de la población con discapacidad de la Unión Europea de 16 o más años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Los países europeos que muestran mayores tasas de población con discapacidad en riesgo de pobreza o exclusión social son Bulgaria (52%), Estonia (40%), Letonia (39%), Lituania (38%) y Croacia (38%).
La diferencia en situación de riesgo de pobreza o exclusión social entre población con y sin discapacidad muestra un patrón constante en todos los países, aunque con matices. Mientras que los países del sur, por ejemplo Italia, Grecia o España muestran elevadas tasas de riesgo, sin embargo las diferencias entre población con y sin discapacidad son menores.
Si se observa la evolución de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social de la población con discapacidad en los últimos diez años, los datos de Eurostat muestran claramente un empeoramiento de la situación en el caso de España, especialmente marcado a partir de 2016, año en el que el indicador muestra una tendencia claramente ascendente en España, al contrario que en el conjunto de la Unión.
El riesgo de pobreza o exclusión social, conocido como AROPE, representa la suma de personas que están en riesgo de pobreza, o gravemente desfavorecidas material y socialmente o que viven en un hogar con una intensidad de trabajo muy baja. Las personas se incluyen solo una vez, incluso si se encuentran en más de una de las situaciones mencionadas. La tasa AROPE es la proporción de la población total que está en riesgo de pobreza o exclusión social. Es el principal indicador para monitorear la meta de pobreza y exclusión social de la UE para 2030.
El Pilar Europeo de Derechos Sociales propone tres objetivos a nivel de la UE que deben alcanzarse para 2030 en las áreas de empleo, habilidades y protección social. La pobreza y la exclusión social es uno de los objetivos. El número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social debería reducirse drásticamente para 2030, y entre ellas, específicamente la de la población con discapacidad.
Eurostat es la Oficina Europea de Estadística de la Comisión Europea. Produce datos sobre la Unión y promueve la armonización de los métodos estadísticos de los Estados que la componen.
Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad: Avanzar en derechos
En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este Observatorio considera oportuno recordar el preámbulo de la Convención que reafirma la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación.
Uno de los objetivos del Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) es visibilizar las múltiples situaciones discriminatorias que viven las personas con discapacidad. Dar cuenta de esta realidad permite afrontarla y transformarla.
El Informe Olivenza, editado por el OED, ofrece un sistema de indicadores de inclusión social adaptado a la población con discapacidad, que utiliza como estándar de referencia la situación de la población general (con la que se compara), en cada tres ejes: económico, derechos e integración social. El eje dedicado al ejercicio de derechos de ciudadanía aborda cinco dimensiones fundamentales: participación política, educación, vivienda, salud y apoyos por discapacidad, este último específico y por tanto no comparable con la población general.
Infancia y discapacidad. Datos sociodemográficos
La Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD 2008), estima que en España residen alrededor de 130.000 niños y niñas con discapacidad menores de 15 años. Esta cifra supone el 2% del total de niños y niñas menores de 15 años residentes en el país. Los datos indican que la prevalencia de las situaciones de discapacidad es sensiblemente mayor en los niños que en las niñas.
Por otra parte, se observa que los tipos de deficiencia más frecuente entre los niños y niñas con discapacidad son las deficiencias mentales y las deficiencias del sistema nervioso.
De acuerdo con la Base Estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad, a 31 de diciembre de 2019 había en España 3.257.058 personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento. De éstas, el 5% son personas menores de 17 años (162.699 personas). En este tramo de edad los varones suponen el 66% de las personas con reconocimiento administrativo de discapacidad.
De las 162.699 personas menores de 17 años con un grado de discapacidad reconocido, el 64% tiene reconocido entre el 33 y el 44 por ciento; el 15% entre el 45 y el 63 por ciento; el 11% ha sido reconocida con grados de entre el 64 y el 74 por ciento y un 10% ha sido reconocida con un grado del 75 por ciento o superior.
El tipo de deficiencia que presenta mayor prevalencia en este tramo de edad son las demencias y trastornos mentales. Le sigue la discapacidad intelectual y del desarrollo y las deficiencias neuromusculares.
Las Comunidades con mayor número de personas menores de 17 años con discapacidad administrativamente reconocida son Cataluña (33.322 personas), Andalucía (31.534 personas) y la Comunidad de Madrid (26.053 personas).
Personas con discapacidad incluidas en las declaraciones del IRPF de 2019
La Agencia Tributaria ha actualizado la operación Estadística sobre la discapacidad en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El objetivo es, según la propia AET, conocer las características personales y familiares del conjunto de declarantes en las que, o bien el titular, o bien alguna de las personas dependientes del mismo (ascendiente, descendiente o cónyuge) tienen alguna discapacidad reconocida que proporcione al declarante la posibilidad de aplicar alguna de las medidas contempladas en la normativa del impuesto para minorar la carga impositiva del colectivo afectado.
En el ejercicio 2019, el 11,19% de las declaraciones del IRPF presentadas en el Territorio de Régimen Fiscal Común ponían de manifiesto la existencia de situaciones de discapacidad en la unidad familiar a la que se refería la declaración.
El número total de declarantes con discapacidad en el ejercicio 2019 fue de 2.340.486 personas. El 47% corresponde a mujeres y un 53% a varones. Esta diferencia porcentual entre varones y mujeres se invierte a partir de los 65 años donde las mujeres suponen el 51% de declarantes con discapacidad en ese tramo de edad.
Por otra parte, al atender solo a la variable edad, los datos indican que el 41% de este colectivo es mayor de 65 años.
Esta operación estadística distingue las personas con discapacidad tres grados o niveles de dependencia protegidas fiscalmente:
- Dependencia simple. Cuando todas las situaciones de discapacidad de la declaración presentan un grado de minusvalía comprendido entre el 33% y el 65%.
- Dependencia simple con movilidad reducida. Cuando todas las situaciones de discapacidad de la declaración presentan un grado de minusvalía comprendido entre el 33% y el 65% pero al menos en una situación, se acredita necesitar ayuda de terceras personas o tener movilidad reducida.
- Dependencia cualificada. Cuando al menos en una situación de discapacidad de la declaración se acredita un grado de minusvalía que supera el 65%.
Según esta clasificación, el 28% de las personas declarantes con discapacidad se encuentra en una situación de dependencia cualificada. Un 67% corresponde a personas declarantes en situación de dependencia simple y el 5% a personas en situación de dependencia simple con ayuda a tercera persona (ATP) o movilidad reducida.
De acuerdo con la distribución territorial, los porcentajes más altos de personas declarantes con discapacidad se encuentran en Cataluña (18,8%); Andalucía (18,2%) y la Comunidad de Madrid (11,8%). En el extremo contrario se en encuentran en Islas Baleares (1,8%), Cantabria (1,8%) y La Rioja (0,7%).
En términos de impacto económico, los datos señalan que el importe mínimo por discapacidad asciende a 13.370.343 de euros correspondiente a 2.251.225 declaraciones y con un importe medio de 5.939 euros por declaración. Los datos sobre rendimientos del trabajo muestran que las personas declarantes con discapacidad ingresan de media 4.170 euros netos menos al año que aquellas sin discapacidad.
Es importante advertir que la información que proporciona esta estadística no se refiere a todas las personas con discapacidad, pues no cubre a las personas con discapacidad no declarantes de IRPF, a las que no han hecho uso de sus beneficios fiscales, ni a las personas con discapacidad residentes en el País Vasco y Navarra, que quedan fuera del ámbito territorial del impuesto.
Personas con discapacidad administrativamente reconocida en España
El objetivo de este documento es presentar de forma breve aquellos datos más significativos del Informe sobre la Base Estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad a 31 de diciembre de 2019[1] presentado por el IMSERSO recientemente. Es preciso recordar que el Informe Olivenza ya recoge y analiza esta base de datos en todas sus ediciones. Así, el propósito de esta nota es solo destacar las cifras más relevantes de esta base de datos.
De acuerdo con la Base Estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad, a 31 de diciembre de 2019 había en España 3.257.058 personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento,(93.066 más que a 31 de diciembre de 2018, un incremento del 2,9%), de las cuales 1.637.077 son hombres (50,3%) y 1.619.981 son mujeres (49,7%).
Datos a destacar:
- Grado de discapacidad: de las 3.257.058 personas con un grado de discapacidad reconocido, el 41% tiene reconocido entre el 33 y el 44 por ciento; el 18% entre el 45 y el 63 por ciento; el 25% ha sido reconocida con grados de entre el 64 y el 74 por ciento y un 16% ha sido reconocida con un grado del 75 por ciento o superior.
- Edad, sexo y grado de discapacidad. El 43% de las personas con reconocimiento administrativo de discapacidad se sitúa en el grupo de edad de los 35 a los 64 años.
Entre los 0 y los 64 años los varones presentan una mayor presencia tanto en volumen como porcentualmente y es solo a partir de los 80 años donde las mujeres suponen el 64% del total de las personas en ese grupo de edad.
Las mujeres presentan grados de discapacidad más altos que los varones: de las 536.529 personas reconocidas con un grado superior al 75 por ciento, el 55% son mujeres. Al considerar los datos según tasas por mil habitantes esta diferencia entre sexos también se muestra: 10,48 en los varones, 12,10 por 1.000 habitantes en las mujeres.
- Tipo de deficiencia. El tipo de deficiencia que presenta mayor prevalencia es el osteoarticular (19,08 casos por 1.000 habitantes). Le siguen las demencias y trastornos mentales (12,19 casos por 1.000 habitantes) y las enfermedades crónicas (11,88 casos por 1.000 habitantes).
- Distribución territorial. En términos absolutos, las Comunidades con mayor número de personas con discapacidad administrativamente reconocida son Cataluña (585.899 personas), Andalucía (574.873 personas) y la Comunidad de Madrid (367.836 personas). En términos relativos, se encuentran Melilla y Ceuta con 120 y 110 casos por 1.000 habitantes respectivamente; le sigue el Principado de Asturias con 115,4 casos y Murcia con 105, 2 casos por 1.000 habitantes.
A continuación se puede descargar la Nota completa con tablas y gráficos
[1] Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación (2021). Base estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad (Informe a 31/12/2019). Madrid, IMSERSO
El 9,6 % de las personas con discapacidad se encuentra en situación de pobreza severa
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha presentado recientemente su informe “El Mapa de la Pobreza Severa en España. El Paisaje del Abandono”[1]. El informe muestra que el número de personas en situación de pobreza severa en España se ha incrementado en más de un millón de personas desde la crisis de 2008.
De acuerdo con este informe, en 2020, un 9,5% de la población vivía en situación de pobreza severa (4.506.770 personas). 188.548 personas más que el año anterior y un millón más de personas que en 2008.
En relación con las personas con discapacidad[2], el informe apunta que en 2020, el 9,6 % de las personas con discapacidad de 16 o más años de edad estaba en pobreza severa, esto es 1,1% más que las personas sin discapacidad en ese mismo grupo de edad. También señala que desde el año 2017, justo en el período de recuperación económica, la tasa de pobreza severa ha pasado a ser claramente más elevada entre las personas con discapacidad. Cabe recordar que la EAPN-ES ya señaló, en su 10º Informe AROPE[3], que las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión mucho más elevado que aquellas que no tienen discapacidad.
[1] Llano, J., Quiroga, D. (2021). El mapa de la pobreza severa en España. El paisaje del abandono, 2º informe. Madrid: EAPN España.
[2] El informe considera como personas con discapacidad a aquellas de 16 o más años de edad que afirman en la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV-INE) haberse visto limitadas en algún momento debido a un problema de salud para realizar las actividades que la gente habitualmente hace. Las personas que se incluyen en esta definición no necesariamente disponen de certificado de discapacidad.
[3] Llano, J. (2020). El estado de la pobreza, 10º Informe AROPE. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2008-2019. Madrid: Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
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