La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha presentado recientemente su informe “El Mapa de la Pobreza Severa en España. El Paisaje del Abandono”[1]. El informe muestra que el número de personas en situación de pobreza severa en España se ha incrementado en más de un millón de personas desde la crisis de 2008.
De acuerdo con este informe, en 2020, un 9,5% de la población vivía en situación de pobreza severa (4.506.770 personas). 188.548 personas más que el año anterior y un millón más de personas que en 2008.
En relación con las personas con discapacidad[2], el informe apunta que en 2020, el 9,6 % de las personas con discapacidad de 16 o más años de edad estaba en pobreza severa, esto es 1,1% más que las personas sin discapacidad en ese mismo grupo de edad. También señala que desde el año 2017, justo en el período de recuperación económica, la tasa de pobreza severa ha pasado a ser claramente más elevada entre las personas con discapacidad. Cabe recordar que la EAPN-ES ya señaló, en su 10º Informe AROPE[3], que las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión mucho más elevado que aquellas que no tienen discapacidad.
[1] Llano, J., Quiroga, D. (2021). El mapa de la pobreza severa en España. El paisaje del abandono, 2º informe. Madrid: EAPN España.
[2] El informe considera como personas con discapacidad a aquellas de 16 o más años de edad que afirman en la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV-INE) haberse visto limitadas en algún momento debido a un problema de salud para realizar las actividades que la gente habitualmente hace. Las personas que se incluyen en esta definición no necesariamente disponen de certificado de discapacidad.
[3] Llano, J. (2020). El estado de la pobreza, 10º Informe AROPE. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2008-2019. Madrid: Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
En marzo de 2021, la Comisión Europea adoptó una nueva Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para el período 2021-2030. La Estrategia tiene como objetivo avanzar en la aplicación de todos los ámbitos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), tanto a escala de la Unión Europea como de los Estados miembros.
La Estrategia tiene en cuenta la diversidad de la discapacidad, que es consecuencia de la interacción entre las deficiencias físicas, psíquicas, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que suelen ser invisibles, con los obstáculos presentes en el entorno, así como del aumento de la prevalencia de la discapacidad con la edad (casi la mitad de las personas de más de 65 años declaran presentar algún tipo de discapacidad).
Por otra parte, promueve una perspectiva intersectorial, que aborde los obstáculos específicos que afrontan las personas con discapacidad que se encuentran en la intersección de identidades (género, raza, etnia, sexo, religión), o en una situación socioeconómica difícil o en cualquier otra situación vulnerable.
La Estrategia se articula en tres grandes apartados:
Respecto a la vida independiente, cabe destacar el compromiso para “desarrollar la vida independiente y reforzar los servicios basados en la comunidad”. La Estrategia manifiesta que “Las personas con discapacidad, jóvenes y mayores, tienen el mismo derecho a vivir de forma independiente y a formar parte de la comunidad, con las mismas opciones que los demás en cuanto a su lugar de residencia y con quién y cómo vivir… La independencia requiere de un panorama diferenciado de servicios de calidad, accesibles, basados en la comunidad y en la familia, centrados en la persona y asequibles, que incluyan asistencia personal y médica y la intervención de trabajadores sociales, con el fin de facilitar las actividades cotidianas y ofrecer alternativas a las personas con discapacidad y a sus familias.
Los servicios de apoyo generales deben ser inclusivos para los niños con discapacidad y las personas mayores y accesibles para ellos, y deben tener en cuenta el género y la cultura”.
En este contexto, la Comisión se plantea dos iniciativas emblemáticas:
En materia de Igualdad de acceso y no discriminación, la Estrategia se propone mejorar el acceso a la justicia, la protección social, la libertad y la seguridad, impulsar el acceso sostenible y equitativo a la asistencia sanitaria. En estos ámbitos, así como en el acceso al empleo, la Estrategia reconoce la especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual.
Destaca también el compromiso de impulsar una educación inclusiva y accesible, para lograr este compromiso la Comisión se propone:
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este mes los resultados de la operación estadística “Vida Laboral de las personas con discapacidad (VLPD)”. Esta encuesta forma parte de las operaciones estadísticas con las que cuenta en INE en este ámbito: el Empleo de las Personas con Discapacidad y el Salario de las Personas con Discapacidad.
El objetivo de la Encuesta VLPD es obtener información sobre la vida laboral de las personas de 16 y más años con discapacidad oficialmente reconocida y hacerlo en términos comparativos con las personas sin discapacidad. La operación es fruto de un convenio de colaboración entre INE, el IMSERSO, y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). En su realización se utiliza la información procedente de la integración de los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) con datos administrativos registrados en la Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad (BEPD).
Los resultados referidos a 2019 señalan que 31.658,6personas de 16 o más años que en 2019 tuvieron alguna relación con la Seguridad Social, el 9,9% de estas personas tenían una discapacidad[1] (3.129.000 personas). 56% varones, 44% mujeres.
Uno de los aspectos que destaca el INE de los resultados de la VLPD es la baja participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad:
Aquí se puede descargar la NOTA completa
[1] Otras situaciones percepción de prestación por desempleo, pensionista y alta laboral, desempleo y alta
[1] Se consideran personas con discapacidad reconocida, es decir, aquellas con grado de discapacidad superior o igual al 33 % o asimilados, según el procedimiento de valoración establecido por RD Legislativo 1/2013.
Se estima que en España residen 4,12 millones de personas con discapacidad, esto supone aproximadamente el 9% de la población total en España. En términos generales, las personas con discapacidad afrontan en mayor medida distintas situaciones discriminatorias que las personas sin discapacidad. Esta circunstancia se ve multiplicada al añadirse factores tales como el género, la edad, el hábitat o el origen étnico. Todas estas desigualdades se incrementan en situaciones de crisis, la pandemia de COVID-19 lo demuestra.
En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este observatorio alerta sobre las distintas situaciones que afrontan las personas con discapacidad debidas a la crisis sanitaria y que aumentan su vulnerabilidad.
En el ámbito de la salud. La pandemia y las medidas aplicadas han supuesto:
En el ámbito de la accesibilidad. Las barreras se han incrementado de forma notable:
La educación inclusiva y la falta de profesorado de apoyo.
Impacto económico. Algunos datos significativos:
Todos estos datos justifican que desde las administraciones públicas se garantice que las personas con discapacidad formen parte activa de la reconstrucción social y económica del país, tal como exige hoy el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en su manifiesto por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado la Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios (EILU) correspondiente al año 2019. Según esta Encuesta, en el curso académico 2013-2014, el número de titulados universitarios con discapacidad en España fue de 2.346 personas (1.028 hombres y 1.318 mujeres), esto suponía apenas el 1% del total de personas graduadas de ese curso.
El 89% de titulados universitarios con discapacidad estudiaron en universidades públicas y el 11% en privadas. En el caso de los graduados universitarios sin discapacidad estos porcentajes son del 84 y 16% respectivamente.
De acuerdo con la EILU, los graduados universitarios con discapacidad del curso 2013-2014 presentaban a finales del año 2019 una tasa de actividad del 83,1%, 10 puntos menos que los graduados universitarios sin discapacidad. La tasa de empleo era del 75,4% (10 puntos menos que los graduados universitarios sin discapacidad) y la tasa de paro cinco años después de titularse era del 9.2% (un punto más que los graduados universitarios sin discapacidad).
Este miércoles 14 de octubre se presentó el estudio “El estado de la pobreza, 10º Informe AROPE. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2008-2019” elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES). Desde 2018, la EAPN-ES incluye en estos informes anuales un capítulo sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Esta nota breve tiene como propósito destacar los datos más relevantes de este 10º Informe AROPE, relacionados con este aspecto.
La principal conclusión de este informe referida a la discapacidad es que las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión mucho más elevado que aquellas que no tienen discapacidad. Esto no es una cuestión coyuntural, como indica el informe, sino que muestra una situación de riesgo de pobreza estructural. Los datos de 2019 indican que la tasa AROPE de las personas con discapacidad es de 32,5%, esto es, una de cada tres personas con discapacidad, está en riesgo de pobreza y/o exclusión, la cifra más elevada de la década. Los datos de esta tasa en las personas sin discapacidad es de 22,5% (diez puntos porcentuales menos).
Siguiendo las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre la publicación y difusión del Dictamen (comunicación nº 41/2017) relacionado con la violación al derecho a la educación inclusiva de un niño con síndrome de Down en España, este Observatorio difunde la nota de prensa del Comité del 21 de septiembre de 2020, así como el Dictamen completo para su descarga.
Nota de prensa del Comité
España violó el derecho a la educación inclusiva de un niño con síndrome de Down que fue enviado a un centro de educación especial por las autoridades nacionales, a pesar de las objeciones de sus padres, ha concluido el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En su primera decisión sobre el derecho a la educación inclusiva, el Comité concluyó que España no evaluó los requisitos específicos del niño ni adoptó las medidas razonables que podrían haberle permitido permanecer en la educación general. Por lo tanto, el Estado parte no cumplió con sus obligaciones en virtud de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
El niño, Rubén, estaba en un colegio ordinario de León. Con el apoyo de un asistente de educación especial, mantuvo buenas relaciones con sus compañeros y maestros hasta 2009, cuando ingresó al cuarto grado a los 10 años. La situación se deterioró y surgieron graves denuncias de malos tratos y abusos por parte de su maestro.
La condición no mejoró cuando Rubén ingresó al quinto grado. Su nuevo maestro de clase no consideró que necesitaba un asistente de educación especial y solo después de que sus padres se quejaron se le permitió tener uno.
Sin embargo, Rubén comenzó a mostrar dificultades en el aprendizaje y en la vida escolar. Un informe escolar señaló lo que denominó «comportamiento perturbador», «brotes psicóticos» y «retraso en el desarrollo asociado con el síndrome de Down» de Rubén. En junio de 2011, la Dirección Provincial de Educación autorizó la inscripción de Rubén en un centro de educación especial ante las objeciones de sus padres.
Los padres de Rubén denunciaron los abusos que sufrió ante las autoridades judiciales internas, pero no se realizó una investigación efectiva. Sus padres también desafiaron sin éxito la decisión de la autoridad educativa de inscribirlo en un centro de educación especial. Además, las autoridades presentaron cargos penales contra los padres por negarse a enviar a su hijo a una escuela especializada.
Rubén y su padre finalmente llevaron su caso al Comité en 2017.
Tras examinar los alegatos presentados por ambas partes, el Comité concluyó que España violó el derecho de Rubén a la educación inclusiva.
«No parece que las autoridades del Estado parte hayan llevado a cabo una evaluación exhaustiva o un estudio en profundidad y detallado de sus necesidades educativas y las adaptaciones razonables que habría requerido para poder seguir asistiendo a una escuela ordinaria», dijo el miembro del Comité Markus Schefer.
El Comité solicitó que España garantice que Rubén, que actualmente se encuentra en un centro privado de educación especial para estudiantes con necesidades especiales, sea admitido en un programa de formación profesional inclusiva; que se le indemnice y que se investiguen efectivamente sus denuncias de abusos.
Entre otras recomendaciones, el Comité también instó a España a eliminar cualquier segregación educativa de los estudiantes con discapacidad tanto en las escuelas de educación especial como en las unidades especializadas dentro de las escuelas ordinarias, y a garantizar que los padres de estudiantes con discapacidad no sean procesados por reclamar el derecho de sus hijos a una educación inclusiva.
Dictamen completo para su descarga
Fuente: Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Se estima que en España residen 4,12 millones de personas con discapacidad, esto supone aproximadamente el 9% de la población total en España. En términos generales, las personas con discapacidad afrontan en mayor medida distintas situaciones discriminatorias que las personas sin discapacidad. Esta circunstancia se ve multiplicada al añadirse factores tales como el género, la edad, el hábitat o el origen étnico.
El último Informe Olivenza (2019) ofrece datos relevantes sobre estas situaciones de discriminación:
Todas estas desigualdades se incrementan en situaciones de crisis. La pandemia de COVID-19 lo demuestra. António Guterres, Secretario General de la ONU, ha denunciado esta situación y ha declarado que «debemos garantizar la igualdad de derechos de las personas con discapacidad al acceso a los cuidados sanitarios y a los procedimientos que les salven la vida«. Ha urgido también a los Gobiernos a que las personas con discapacidad estén en el centro de la respuesta al COVID-19 y en los esfuerzos de recuperación.
El Observatorio Estatal de la Discapacidad tiene entre sus fines aportar a la sociedad y a las personas con discapacidad datos, estudios e investigaciones que mejoren el conocimiento sobre la situación social y las necesidades de las personas con discapacidad, sobre los resultados de las políticas públicas en materia de discapacidad y sobre los avances en el ejercicio efectivo de sus derechos, de conformidad con la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD).
Este informe se presenta por el Observatorio Estatal de la Discapacidad al Consejo Nacional de la Discapacidad en cumplimiento de lo dispuesto en artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
Se trata de un estudio panorámico sobre situación de la población con discapacidad en España y de manera específica el estado de la inclusión social de la población con discapacidad en la región de Extremadura, realizado a partir de fuentes de información fundamentalmente documentales, legislativas, y estadísticas. Comprende los siguientes capítulos:
Las estadísticas más recientes sobre enseñanza muestran que existe una brecha entre el nivel educativo de la población con y sin discapacidad de la misma edad, siendo especialmente llamativo un porcentaje de analfabetismo significativamente más alto que en la población general, así como un nivel de estudios inferior. El acceso a la escolarización inclusiva y en igualdad de condiciones, con los apoyos necesarios y en las mismas aulas que el resto de los niños y niñas, es hoy para las personas con discapacidad un derecho, y así lo contempla la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), firmada, ratificada y vigente en España desde 2008.
Mediante este estudio se pretende conocer la situación y necesidades de los niños y niñas con discapacidad y sus familias en el sistema de enseñanza actual, describiendo los factores de riesgo que explican la falta de resultados académicos y las dificultades que encuentran para una inclusión educativa real y efectiva, tal como encomienda la CDPD.
El estudio, que se centra en las enseñanzas no universitarias, se ha realizado en dos fases, que se han abordado respectivamente en los años 2018 y 2019.
La primera fase se ha centrado en el análisis del marco normativo y de las políticas públicas. Su objetivo ha sido analizar la normativa que regula el derecho a la educación en un sistema inclusivo de las personas con discapacidad en España (tanto a nivel estatal como en cada una de las comunidades autónomas), las políticas públicas implementadas para garantizar ese derecho, y la forma en que se concretan en la práctica esas regulaciones y políticas:
El objetivo de la segunda fase ha sido analizar las evidencias empíricas, cuantitativas y cualitativas, disponibles sobre la educación de las personas con discapacidad en España, identificar buenas prácticas y retos de futuro, y proponer recomendaciones de mejora. En concreto, se ha recopilado y analizado información sobre los siguientes aspectos:
La metodología seguida en la realización de la primera fase del estudio se ha basado en el análisis de fuentes secundarias. En la segunda fase se ha combinado el análisis de fuentes estadísticas y documentales con la realización de entrevistas a personas con discapacidad, familiares y profesionales de la enseñanza.
Los resultados de la primera fase se recogen en los capítulos 2 y 3 de este informe, y los de la segunda en los capítulos 4, 5, 6 y 7. El informe se cierra con un capítulo dedicado a los principales desafíos de futuro para conseguir una verdadera educación inclusiva del alumnado con discapacidad.