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Personas con discapacidad incluidas en las declaraciones del IRPF según tipo de discapacidad

En el ejercicio 2015, el 9,92% de las declaraciones del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) presentadas en el Territorio de Régimen Fiscal Común ponían de manifiesto la existencia de situaciones de discapacidad en la unidad familiar a la que se refería la declaración. En términos absolutos, esto supone que en el ejercicio 2015 se registraron 2.026.977 declarantes con discapacidad. El 46,2% corresponde a mujeres con discapacidad.

Este registro distingue las personas con discapacidad tres grados o niveles de dependencia protegidas fiscalmente:

  • Dependencia simple. Cuando todas las situaciones de discapacidad de la declaración presentan un grado de minusvalía comprendido entre el 33% y el 65%.
  • Dependencia simple con movilidad reducida. Cuando todas las situaciones de discapacidad de la declaración presentan un grado de minusvalía comprendido entre el 33% y el 65% pero al menos en una situación, se acredita necesitar ayuda de terceras personas o tener movilidad reducida.
  • Dependencia cualificada. Cuando al menos en una situación de discapacidad de la declaración se acredita un grado de minusvalía que supera el 65%.

Según esta clasificación, el 30% de las personas declarantes con discapacidad se encuentra en una situación de dependencia cualificada; Un 67% corresponde a personas declarantes en situación de dependencia simple y el 3% a personas en situación de dependencia simple con ayuda a tercera persona (ATP) o movilidad reducida.

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Fuente: Agencia Tributaria

De acuerdo con la distribución territorial, los porcentajes más altos de personas declarantes con discapacidad se encuentran en Cataluña (18,4%); Andalucía (17,8%) y la Comunidad de Madrid (11,7%). En el extremo contrario se en encuentran en Islas Baleares (1,8%), Cantabria (1,7%) y la La Rioja (0,7%).

En términos de impacto económico, los datos señalan que el importe mínimo por discapacidad asciende a 11.707.002 de euros correspondiente a 1.929.423 declaraciones y con un importe medio de 6.068 euros por declaración.

Es importante advertir que la información que proporcionan esta estadística no se refiere a todas las personas con discapacidad, pues no cubre a las personas con discapacidad no declarantes de IRPF, a las que no han hecho uso de sus beneficios fiscales, ni a las personas con discapacidad residentes en el País Vasco y Navarra, que quedan fuera del ámbito territorial del impuesto.

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Cartografía sobre discapacidad en Extremadura

En este documento se presenta un análisis de la población con discapacidad y los recursos de apoyo existentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura, utilizando un criterio muy novedoso, basado en la distribución geográfica. Se trata pues de una serie de mapas sobre la población con discapacidad y sus dispositivos de apoyo en la región, incluyendo información de interés sobre recursos públicos, concertados y privados.

El objetivo último de este trabajo es aportar información útil para la toma de decisiones en materia de políticas públicas sobre discapacidad en la región, y se dirige tanto a planificadores como a gestores de las políticas públicas, así como a las propias personas con discapacidad y sus familias, y a cualquier persona o institución interesada por la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad en nuestra sociedad.

Descargar Informe Cartografía sobre discapacidad en Extremadura

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Personas con discapacidad y uso de internet: seis datos clave

En el Día Mundial de Internet, el Observatorio Estatal de la Discapacidad advierte de la persistencia de la brecha digital en las personas con discapacidad y de las barreras para acceder a la web en igualdad de condiciones. El informe Olivenza 2017 en su capítulo: “Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)” elaborado en colaboración con la Fundación Vodafone España, pone de manifiesto esta realidad.

NOTA OED INTERNET

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Realidad, situación, dimensión y tendencias del empleo con apoyo en España en el horizonte del año 2020

El objetivo de este estudio es analizar la evolución del empleo con apoyo en España ofreciendo datos sobre su dimensión y tendencias.

El acceso al empleo de las personas con discapacidad es un factor clave para la inclusión social. En este sentido es primordial contar con mecanismos que faciliten el acceso al empleo, con las medidas de apoyo que resulten eficaces. En España el empleo con apoyo, como método de inserción laboral, ha supuesto una herramienta fundamental en el proceso de inclusión social de las personas con discapacidad, aunque su grado de desarrollo es irregular.

En el informe se hace un análisis del papel de la Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE) y de otras entidades junto con una revisión bibliográfica de la normativa y una consulta a entidades que realizan Empleo con Apoyo en España.

Descargar Informe OED EcA

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Las personas con discapacidad en el ámbito laboral

Con motivo del día internacional del trabajo, el OED presenta el siguiente informe breve sobre la situación laboral de las personas con discapacidad. Los datos que aquí se presentan son datos tomados del capítulo 4 del Informe Olivenza 2017. De acuerdo con este Informe, en 2015 en España 1.774.800 personas con discapacidad se encontraban en edad laboral (16 a 64 años). El 57,69% de estas personas son varones y un 42,31% mujeres. Y el 69,55% están en el grupo de edad de 45 a 64 años.

Al considerar la situación de las personas con discapacidad en relación al empleo, destaca siempre las bajas tasas de actividad de éstas y la distancia respecto a las personas sin discapacidad. Esta circunstancia se agudiza en el caso de las mujeres con discapacidad que presentan, en todas las variables relacionadas con empleo, las peores cifras (actividad, empleo, desempleo) no sólo respecto a los varones con discapacidad sino también respecto a las personas sin discapacidad en edad laboral.

Los datos de que ofrece el Informe Olivenza ilustran bien esta situación. Así, la tasa de actividad de las personas con discapacidad es 44 puntos inferior que la de las personas sin discapacidad; la tasa de paro es casi 10 puntos mayor y la del empleo casi 3 veces menor que la de las personas sin discapacidad. En otros términos, casi un millón doscientas mil personas con discapacidad son inactivas y solo una de cada cuatro personas con discapacidad tiene empleo.

Descargar NOTA OED EMPLEO PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 

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Informe Olivenza 2017

El Informe Olivenza, estudio panorámico sobre situación de la población con discapacidad en España y de manera específica el estado de la inclusión social de la población con discapacidad en la región de Extremadura, se elabora a partir de fuentes de información fundamentalmente documentales, legislativas, y estadísticas.

Este informe se presenta por el Observatorio Estatal de la Discapacidad al Consejo Nacional de la Discapacidad en cumplimiento de lo dispuesto en artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

En el capítulo 2, se presentan los principales cambios en el marco normativo en relación con la discapacidad en el último año. En el capítulo 3, se actualizan los datos fundamentales sobre inclusión social de la población con discapacidad a partir de las fuentes estadísticas disponibles.

El capítulo 4, referido a “Mercado de Trabajo y Discapacidad en España” ha sido elaborado en colaboración con ODISMET, el observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE. ODISMET es una iniciativa de Fundación ONCE cofinanciado por el Fondo Social Europeo y gestionado por FSC Inserta, cuya finalidad es la de convertirse en el referente de consulta sobre todo lo relacionado con el binomio discapacidad y mercado de trabajo.

El capítulo 5 se ofrecen los resultados de aplicación del modelo para la medición del gasto público en discapacidad propuesto en el Informe Olivenza 2014, destinado a medir el esfuerzo de las administraciones públicas españolas en materia de políticas de discapacidad.

En el capítulo 6, referido a “Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”, se estudia la penetración de las tecnologías TIC entre el colectivo de personas con algún tipo de discapacidad. Este capítulo ha sido elaborado en colaboración con la Fundación Vodafone.

Dada su especial vinculación desde su origen con la Comunidad Autónoma de Extremadura, el OED realiza en el capítulo 7 un análisis específico de la población con discapacidad de la región, tanto desde una perspectiva demográfica, como desde su inclusión social.

Puede acceder al documento en el siguiente enlace: Informe Olivenza 2017

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Modelos integrados de atención a la discapacidad

Uno de los ámbitos de intervención en los que la participación de los sectores social y sanitario resulta sinérgica es en el de la atención a las personas con discapacidad.

Desde la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Comunidad Autónoma de Extremadura se han desarrollado planes y proyectos de intervención dirigidos a las personas con discapacidad, que tienen como base:

  • La definición de un modelo integrado de atención que contempla servicios y prestaciones desde los diferentes sectores (educativos, sanitarios y sociales, principalmente).
  • El desarrollo de servicios más o menos especializados en cada sector, según su nivel competencial.
  • La puesta en marcha de mecanismos de coordinación y trasvase de información entre los distintos prestadores de servicios.

El desarrollo de estas actuaciones debe ir acompañado de una puesta al día y un conocimiento de las mejores prácticas que se llevan a cabo en el conjunto de las comunidades autónomas y en el análisis de la viabilidad de la aplicación de las mismas en nuestra región, que oriente y refuerce los proyectos actualmente en curso y sirva para promover la implementación de modelos de atención integrada y la sinergia de los ámbitos sanitario y social desde el análisis de experiencias y la transferencia del conocimiento resultante a los principales actores del sector.

Y en ese contexto, la elaboración de este documento técnico sobre modelos integrados de atención a la discapacidad tiene los siguientes objetivos:

  • Proporcionar información relativa a las experiencias de atención integrada existentes en España en materia de discapacidad.
  • Analizar dichas experiencias desde el punto de vista de su aplicación práctica y su valor añadido a las políticas públicas.
  • Realizar una propuesta de diseño de herramientas que aporten al sistema y a los profesionales, soluciones para favorecer la integración de los modelos sociales y sanitarios.

Descargar Informe sobre Modelos integrados de atención a la discapacidad

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Distribución territorial de las personas que han estado privadas de su derecho al voto en España

Gráfico. Personas que, en las elecciones generales de 20 de diciembre de 2015 y 26 de junio de 2016, han estado privadas de su derecho al voto en España

El artículo 29 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad garantiza a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones, lo que incluye el derecho al voto. Sin embargo, el artículo 3 de la Ley 5/1985, de 19 de julio, del Régimen Electoral General, señala que los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme quedarán privados del derecho de sufragio, siempre que la sentencia declare expresamente la incapacidad para su ejercicio.

De acuerdo con la información facilitada al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) por la Junta Electoral Central, el número de personas que, en las elecciones generales de 20 de diciembre de 2015 y 26 de junio de 2016, han estado privadas de su derecho al voto mediante sentencia judicial ha ascendido a 98.488. De éstas el 53% son mujeres y un 47% varones.

Al considerar la edad, se observa que el 60,9% de las personas que han estado privadas de su derecho al voto mediante sentencia judicial son menores de 65 años (60.003 personas).

La distribución territorial de esta población en términos de tasas por mil habitantes, muestra que las tasas más altas de personas privadas de su derecho al voto por motivo de discapacidad se encuentran en Castilla y León (4,60), Navarra (4,28) y La Rioja (4,17).

El 7 de noviembre de 2017 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la toma en consideración de la proposición de ley de la Asamblea de Madrid que busca modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y garantizar así el derecho a voto a todas las personas con discapacidad. La proposición defiende la supresión de los apartados ‘b’ y ‘c’ de esta Ley Orgánica que establecen que carecen de derecho de sufragio: “los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio” y “los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio“, respectivamente.

El 22 de febrero de 2018 el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclamó en el Congreso de los Diputados que se otorgue sin dilación este derecho de sufragio, activo y pasivo a las personas que no lo tienen reconocido por razón de discapacidad intelectual, psicosocial o deterioro cognitivo. En este sentido, la propuesta del CERMI es la de que se debata y apruebe esta reforma de la LOREG de manera “separada” del resto de cuestiones que se están abordando para modificar el régimen electoral.

Agilizar esta reforma permitiría cumplir por un lado con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por otro, avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho.

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Informes de ámbito estatal elaborados en 2017 por el Observatorio Estatal de la Discapacidad

Entre los objetivos del Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) está el promover y sensibilizar sobre los derechos de las personas con discapacidad además de fomentar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal. Con el propósito de responder a este objetivo, el OED ha elaborado durante 2017, como parte de su programa de actividades, tres informes relacionados con estos aspectos.

El primero de ellos es el Informe Olivenza 2017 sobre la situación general de la discapacidad en España. Se trata de un estudio panorámico sobre situación de la población con discapacidad en España y de manera específica el estado de la inclusión social de la población con discapacidad en la región de Extremadura, realizado a partir de fuentes de información fundamentalmente documentales, legislativas, y estadísticas.

Y comprende los siguientes capítulos:

  • Cambios en el marco normativo de la discapacidad. Consiste en un análisis legislativo estatal en 20162017: con referencia a los avances en leyes relacionadas con discapacidad, en el ámbito internacional, estatal y autonómico, con especial referencia a avances en armonización con CDPD.
  • Gasto público en discapacidad en España. Trata de la estimación de gasto en discapacidad en España 2016: a partir del documento elaborado por el OED en 2014, denominado “Gasto público de las administraciones públicas en materia de discapacidad en España”, utilizando como fuente la información oficial sobre presupuestos generales del estado y CCAA.
  • Personas con discapacidad en España. Se realiza un análisis cuantitativo a partir de bases de datos y fuentes estadísticas, con especial atención a fuentes no utilizadas hasta el momento (EUROSTAT, Encuesta Social Europea, Encuesta Europea de Salud, Registros de Valoración Autonómicos, Registros estatales de Discapacidad, Dependencia, SIUSS).
  • Mercado laboral y discapacidad en España. Para dar continuidad a los informes de años anteriores, se ha enfocado en la actualización y evolución de los distintos indicadores analizados, aportando una visión detallada sobre el colectivo. Es una parte del informe que ha realizado ODISMET sobre el mercado de trabajo.
  • Discapacidad y uso de TIC. Este capítulo realizado por Fundación VODAFONE trata sobre nuevas tecnologías en una población con edades a partir de los 16 años, con algún tipo de discapacidad auditiva, visual, física o cognitiva.
  • Situación de la discapacidad en Extremadura. Informe específico sobre población con discapacidad en Extremadura: que albergará de forma específica información sobre la región, extraída de los apartados indicados.

El estudio sobre la realidad, situación, dimensión y tendencias del empleo con apoyo en España en el horizonte del año 2020 tiene como objetivo de este estudio es analizar la evolución del empleo con apoyo en España ofreciendo datos sobre su dimensión y tendencias.

El acceso al empleo de las personas con discapacidad es un factor clave para la inclusión social. En este sentido es primordial contar con mecanismos que faciliten el acceso al empleo, con las medidas de apoyo que resulten eficaces. En España el empleo con apoyo, como método de inserción laboral, ha supuesto una herramienta fundamental en el proceso de inclusión social de las personas con discapacidad, aunque su grado de desarrollo es irregular.

En el informe se hace un análisis del papel de la Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE) y de otras entidades junto con una revisión bibliográfica de la normativa y una consulta a entidades que realizan Empleo con Apoyo en España.

La encuesta realizada nos ofrece entre otros resultados lo siguiente:

  • Existe una experiencia acumulada en el desarrollo de programas y servicios de EcA de buena parte de las entidades encuestadas, el 58% inicio este servicio antes del 2005 lo que supone más de 10 años de trayectoria en este ámbito.
  • Se trata por tanto de organizaciones consolidadas, con larga experiencia y en su gran mayoría adscritas a una o varias redes de colaboración. Mayoritariamente, el perfil al que se dedican es a población con discapacidad intelectual, de manera especializada.
  • La estructura de los servicios es pequeña o mediana, con la mayoría de profesionales de los servicios dedicados a la preparación laboral, en condiciones altas de estabilidad laboral, e intensidad de jornada. Son organizaciones de alta dependencia de la financiación pública.
  • Una buena parte de las entidades cuenta con entre 3 y 5 profesionales dedicado exclusivamente al servicio de EcA. La figura más relevante en este servicio es la del preparador laboral. En promedio, cada entidad cuenta con 3 preparadores laborales en la plantilla.
  • Durante 2016 las entidades encuestadas han atendido un total de 2.988 personas, de las que el 40,1% eran mujeres. Los datos según perfil de discapacidad, las personas atendidas presentan discapacidad intelectual (73,4%). Respecto a la edad, el 29% de las personas es menor de 25 años. Casi mil personas se encuentran trabajando, de las que 285 han sido contratadas a lo largo del año 2016. En estos ejemplos el perfil de edad, sexo y situación de discapacidad son similares respecto al total de personas atendidas.
  • Los datos sobre las modalidades de contrato firmados en 2016, apuntan que la modalidad mayoritaria es la de contrato temporal de personas con discapacidad que suponen casi la mitad de los contratos suscritos mientras que sólo el 11,6% corresponden a contratos indefinidos.
  • El presupuesto promedio del servicio EcA en 2016 de las entidades encuestadas, se sitúa en 119.006,33 euros, siendo el máximo 326.488,23 euros y el mínimo 11.704,41 €. Las vías de financiación con más incidencia en el servicio son: la financiación pública autonómica que representa en promedio el 37,9% de la financiación, la de otras administraciones públicas (incluyendo los fondos europeos) el 37,0% y la de las obras sociales, fundaciones y otras entidades no lucrativas que suponen en promedio el 28,8% de la financiación total del servicio.
  • Una parte importante de las entidades encuestadas reconoce el crecimiento del Empleo con Apoyo en términos de personas atendidas en insertadas, sin embargo considera que la financiación ha sido insuficiente.
  • La falta legislación que facilite esta modalidad de manera más clara y decisiva.

Informe sobre la medición comparativa del impacto socioeconómico y presupuestario de la asistencia personal frente a otras prestaciones tradicionales de atención a las situaciones de dependencia ha sido otro de los estudios que se han realizado durante 2017. El objetivo de este documento ha sido analizar el servicio asistencia personal en términos de impacto económico comparando este servicio con otros soportes que se ofrecen en el marco de atención a la dependencia. Además de las cuestiones económicas se pretende ofrecer un análisis del valor no monetario que aporta tanto la asistencia personal como otros apoyos.

Estructurado en dos apartados, se aborda por un lado la definición de la asistencia personal; por otro, a partir de la información disponible, se dibuja un mapa del servicio de asistencia personal en España intentando recoger información sobre el gasto público que supone este servicio así como el perfil de personas usuarias del mismo. También se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica sobre métodos de medición de impacto y su aplicación en el sector de la dependencia, a partir de esta revisión y otras consideraciones relacionadas con la Asistencia personal, se hace una propuesta de medición de impacto de este servicio.

En el segundo apartado se sistematizan los resultados del mapa dibujado en la primera parte del documento y se estima el impacto económico de la Asistencia Personal en España. Los resultados de este estudio indican, más allá de los datos que demuestran la viabilidad financiera de la AP, la escasa implantación del servicio. Por tanto, conviene reflexionar sobre la necesidad de potenciar la Asistencia Personal como un servicio que favorece la inclusión de las personas con discapacidad en el entorno comunitario además de reconocer su derecho a vivir de acuerdo con sus preferencias.

El Informe sobre la articulación del movimiento social de mujeres con discapacidad en España: génesis y desarrollo trata de una investigación sobre la articulación del movimiento social de mujeres con discapacidad en España en el que se analizan las demandas iniciales materializadas en documentos de reivindicación como, por ejemplo, el primer manifiesto de las Mujeres con discapacidad de Europa, elaborado por el Comité de Mujeres del Foro Europeo de la Discapacidad en el año 2007. Se pone énfasis en el impacto producido por la IV Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Mujer celebrada en Beijing en el año 1995 y el posterior desarrollo de Planes de diversa índole que en nuestro país han tratado de dar respuesta a las reivindicaciones de las mujeres con discapacidad.

El documento, además, realiza un recorrido histórico de la consolidación de instancias dedicadas a la igualdad de género en el seno de las organizaciones más representativas de las personas con discapacidad en España, así como del surgimiento de organizaciones específicas de mujeres con discapacidad y su desigual y compleja inserción en el marco del movimiento general de mujeres.

Junto con estos informes, el OED ha publicado el Informe general sobre grado de accesibilidad de los entornos, productos y servicios a 4 de diciembre de 2017. Correspondencia entre los mandatos legales y la realidad práctica del país, elaborado por Ilunion Tecnología y Accesibilidad y en el que se realiza un diagnóstico valorativo sobre el estado de accesibilidad en los entornos, productos y servicios más significativos incluidos en el artículo 5 de la Ley General de Discapacidad en el que establece el 4 de diciembre de 2017 como plazo máximo para que los diferentes entornos, productos y servicios sean accesibles para todas las personas.

El informe constata el avance normativo en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país, que ha significado un factor de transformación en los diferentes ámbitos, sobre todo edificación, urbanismo y transporte. A pesar de las mejoras en accesibilidad realizadas en las últimas décadas, siguen existiendo barreras significativas en diferentes ámbitos y subsectores, además de, con frecuencia, una aplicación parcial de la accesibilidad.

Por otra parte, se encuentra el informe: personas con discapacidad y discriminación múltiple en España: situación y propuestas, donde se analizan los distintos factores que influyen para que las personas con discapacidad sufran situaciones de discriminación múltiple (el género, la edad, el hábitat, el origen étnico), y se ofrece una batería de propuestas que permitan orientar distintas actuaciones que garanticen los derechos y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Entre estas propuestas está la de incluir la discapacidad como factor de discriminación que debe ser afrontado en los planes y políticas públicas de lucha contra la discriminación, de la misma manera que deben incluirse de manera sistemática otras formas de discriminación que intersectan frecuentemente con la discapacidad en las políticas y planes de acción contra la discriminación por discapacidad.

Por último se ha realizado el estudio sobre Las personas con discapacidad residentes en el Medio Rural: situación y propuestas de acción, tiene como objetivo contribuir al análisis de la realidad de las personas con discapacidad que residen en entornos rurales. Este análisis trata de detectar aquellos aspectos que facilitan y/o suponen una barrera para la inclusión social.

En España, prácticamente un millón de personas con discapacidad reside en el Medio Rural, es decir una cuarta parte de la población con discapacidad. La distribución por género y edad indica una población más envejecida que en el medio urbano, y con una mayoría de mujeres. Las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra, Cantabria y La Rioja presentan una tasa de ruralidad superior a la media Española.

Junto con la escasez de transporte público, la falta de accesibilidad, el escaso acceso y uso de internet y las TIC en la población con discapacidad en el Medio Rural, el informe detecta distintos factores de riesgo, o barreras para la inclusión social como son una oferta limitada de los recursos, un riesgo considerablemente mayor de pobreza, una menor estabilidad laboral, mayores barreras en educación y formación y las mujeres con discapacidad en el Medio Rural enfrentan dificultades extraordinarias para la inclusión social, derivadas de una mayor invisibilidad y estereotipos de género.