Derechos Sociales apuesta por un sistema de protección internacional inclusivo y respetuoso de personas refugiadas con discapacidad
- El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha presentado su último estudio ‘Las personas con discapacidad en situación de protección internacional en España: situación, desafíos y propuestas’.
- Este informe busca visibilizar a las personas con discapacidad solicitantes de asilo y beneficiarias de protección internacional en España. Presenta un panorama general sobre su situación y define acciones concretas para mejorar su protección e inclusión dentro del marco de asilo y refugio.
El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), organismo del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha presentado este miércoles su último estudio ‘Las personas con discapacidad en situación de protección internacional en España: situación, desafíos y propuestas’.
El objetivo general de este estudio ha sido visibilizar a las personas con discapacidad solicitantes de asilo y beneficiarias de protección internacional en España. En este sentido, ha presentado un panorama general sobre su situación y ha definido acciones concretas para mejorar su protección e inclusión dentro del marco de asilo y refugio.
La presentación del estudio, moderada por el coordinador del Observatorio Estatal de la Discapacidad, Luis Alonso, ha contado con la participación de la consultora experta redactora del estudio, Gloria Álvarez Ramírez, la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino, la representante de ACNUR en España, Sophie Muller y el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco.
Durante la intervención de Álvarez a través de videoconferencia, ha destacadoque “vivimos tiempos muy malos en cuanto a la situación de las personas refugiadas en el mundo, pero especialmente para las personas con discapacidad desplazadas, dado que es un colectivo especialmente muy vulnerable y propenso a sufrir abusos y discriminación”.
Asimismo, Álvarez ha desgranado las principales conclusiones del informe, entre las que ha destacado que “el sistema de asilo español está muy comprometido con todas las personas refugiadas con discapacidad, pero presenta déficits en cuanto mecanismos y procesos de implementación que permitan garantizar los derechos y el acceso a servicios de apoyo para estas personas”.
Otros de los aspectos que ha destacado Álvarez es la “falta de datos desagregados que permitan analizar en profundidad las principales necesidades de las personas desplazadas con discapacidad”, así como la necesidad de un marco jurídico que sea capaz de garantizar los derechos de las personas pertenecientes a este colectivo tan vulnerable. Es decir, en este ámbito “la política internacional no es inclusiva”, concluyó.
Finalmente, Álvarez ha expuesto toda una serie de propuestas que permitan paliar todas las carencias a las que se enfrenta este colectivo especialmente vulnerable en diferentes los ámbitos: procedimientos de asilo, marco jurídico e investigación, entre otros.
Para Jesús Martín Blanco, este estudio tieneespecial importancia porque “la ciencia es necesaria para acertar en las políticas públicas”, y ha añadido que “este estudio era necesario y perentorio, porque este es un país de acogida y necesitamos un corpus jurídico potente en materia de discapacidad para las personas desplazadas que llegan a nuestro país”.
Además de los reglamentos y las herramientas de acogida, Martín también ha destacado la importancia de que “todos los fondos de cooperación del Gobierno deban tener un enfoque inclusivo para los refugiados”. Asimismo, insistió en que debe “abordarse el cambio en origen, fortalezcamos las democracias y los recursos educativos en los países de origen, porque esos espacios deben pensar en toda la diversidad humana”.
Por su parte, Sophie Muller, ha destacado sobre el estudio que “haya contado directamente con la voz de las personas refugiadas con discacidad”. Asimismo, ha señalado que en ACNUR ya existe un equipo específico que trabaja sobre la situación de las personas refugiadas con discapacidad y “siempre vamos a tener esta mirada de la discapacidad y de las necesidades específicas de las personas desplazadas que cuentan con dificultades en cuanto a accesibilidad o salud mental”.
Finalmente, Muller concluyó que “la formación de las ONGS y de todos los actores de los sistemas de acogida es fundamental. Todos deben sensibilizarse especialmente sobre la vulnerabilidad y las necesidades de personas con discapacidad refugiadas”.
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Descarga el estudio ‘Las personas con discapacidad en situación de protección internacional en España: situación, desafíos y propuestas’
El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED)
El Observatorio Estatal de la Discapacidad como un instrumento técnico de la Administración General del Estado que, a través del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se encarga de la recopilación, sistematización, actualización, generación de información y difusión relacionada con el ámbito de la discapacidad, creado al amparo del la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La gestión de este Observatorio está encomendada al CERMI, como expresión unitaria de la discapacidad en España.
Aprobado el programa de investigaciones y estudios del Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) para 2023
El Observatorio Estatal sobre Discapacidad (OED) ha aprobado el programa de investigaciones y estudios sobre la realidad social de las personas con discapacidad en España para el año 2023, ejercicio en que prestará una particular atención a las cuestiones europeas, dado que coincide con la Presidencia Española del Consejo Europeo.
Así lo ha acordado la Comisión Técnica de seguimiento del Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Real Patronato sobre Discapacidad, la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Universidad de Extremadura para la gestión y funcionamiento del OED reunida el pasado día 17 de abril.
En la dimensión estatal, las investigaciones sociales aprobadas pasan por elaborar una nueva edición del Informe Olivenza, correspondiente al año 2023, sobre la situación general de las personas con discapacidad en España, que incluirá un resumen ejecutivo y un capítulo sobre comparación de políticas públicas de discapacidad respecto de los principales ítems en este ámbito, así como un reporte actualizado del seguimiento de las Observaciones del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas realizadas a España tras la última revisión de 2019.
Además, el OED también acometerá en 2023 la realización de los estudios “Las personas con discapacidad en el Ingreso Mínimo Vital y demás rentas mínimas de inclusión”, “Equidad y derecho a la salud y a la asistencia sanitaria de las personas con discapacidad. Situación España 2023”, “El acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad” y “Tarjeta Europea de Discapacidad”.
En cuanto al programa correspondiente a la dimensión extremeña, los estudios en cartera son el “Informe Olivenza 2022” (bloque referido a la Comunidad Autónoma de Extremadura) y “Sistemas de apoyo a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Entidades y modelos de apoyo”.
El OED es un instrumento técnico que la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y Real Patronato sobre Discapacidad), y la Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, SEPAD, ponen al servicio de la ciudadanía, las Administraciones Públicas, la Universidad y el Tercer Sector, para la recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad.
España aprueba en el 2022 más de 250 normas vinculadas a la extensión de derechos de las personas con discapacidad
- El informe completo está disponible en:
El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha publicado una nueva edición del Informe Olivenza 2022, un estudio que, con periodicidad anual, ofrece un panorama actualizado de la discapacidad en España.
En esta edición se abordan aspectos relacionados con las novedades normativas aprobadas en España en el ámbito de la discapacidad en el periodo que comprende el informe. Se incluye la normativa aprobada tanto a nivel estatal como autonómico, destacando un total de 254 normas, 34 estatales y 220 autonómicas, que regulan aspectos relevantes para las personas con discapacidad. Las comunidades autónomas que más legislación han generado en relación con la discapacidad han sido la Comunidad Foral de Navarra y Galicia, ambas con más de una veintena de normas.
Asimismo, se analizan los avances que se han llevado a cabo desde mayo de 2019 para cumplir con las recomendaciones que hizo a España el Comité de Derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas. Al respecto, en el documento se señalan como preocupaciones principales, entre otras, la discriminación múltiple por motivos de discapacidad; la violencia que se ejerce contra las personas con discapacidad, en concreto, la violencia de género; la institucionalización; la falta de accesibilidad; las carencias en educación inclusiva; las bajas tasas de empleo de las personas con discapacidad; la limitación de los servicios de salud y la falta de formación de los profesionales en todos los ámbitos de la administración pública.
A pesar de este impulso normativo el Estudio pone de relieve, conforme al sistema de indicadores del OED sobre inclusión de las personas con discapacidad en España, que de los 25 indicadores en los que es posible comparar los datos referidos a personas con discapacidad con los de la población sin discapacidad, en 20 de ellos las personas con discapacidad presentan una situación más desfavorable que la población general.
En este sentido, el director general de derechos de las personas con discapacidad, Jesús Martín pone en valor este tipo de diagnósticos para conocer la realidad de las personas con discapacidad y sus familias y poder impulsar políticas certeras para mitigar la desigualdad.
El informe Olivenza 2022 incluye un capítulo dedicado a las políticas públicas de discapacidad actuales, comenzando por la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 que incluye como novedades un enfoque interseccional y con perspectiva de género.
Se presentan también en este capítulo la Evaluación final del Plan de Acción 2014-2020 de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020, publicado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad en 2021; la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo, cuyas líneas de trabajo y objetivos están orientados a favorecer el respeto a la vida independiente, la autonomía, la participación e inclusión plenas, la igualdad, la accesibilidad y la no discriminación y son el soporte esencial para mejorar la inclusión social, la calidad de vida y la protección de los derechos de las personas con TEA, y el gasto en políticas de discapacidad en España.
El apartado sobre políticas de discapacidad desarrolladas por la Administración General del Estado se cierra con un análisis de dos de los principales ejes de políticas para la inclusión de la población con discapacidad, en concreto empleo y derechos, destacando en este segundo eje el Plan Nacional de Accesibilidad, la Estrategia Integral de Cultura para Todos y el Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP).
La segunda parte del capítulo dedicado a las políticas públicas de discapacidad ofrece una visión panorámica de las políticas desarrolladas por las administraciones autonómicas, que revela que 11 de las 17 comunidades autónomas españolas han formulado documentos de política pública integral en materia de discapacidad.
Como en ediciones anteriores, el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España (Odismet) ha colaborado en este informe aportando el análisis del mercado laboral y discapacidad en España, en el que se advierte sobre la precariedad patente de los grupos vulnerables en el ámbito laboral. Concretamente, las mujeres con discapacidad son objeto de una multidiscriminación que condiciona significativamente su acceso al empleo y sus condiciones laborales.
La realidad de Extremadura
En respuesta a la vinculación extremeña del OED, que también promueve la Junta y la Universidad de Extremadura, el Informe Olivenza ofrece, como en ediciones anteriores, el análisis de la situación de la discapacidad en Extremadura y se muestran datos sobre el número de personas con discapacidad que residen en Extremadura, el tipo de discapacidad que presentan, si viven en zonas rurales o ciudades, si las personas con discapacidad viven solas o acompañadas, etc
Según los últimos datos del INE, en Extremadura residen 110. 589 personas con discapacidad de seis años y más de las cuales un 55,5% presentan mayoritariamente problemas de movilidad con un máximo grado reconocido de severidad y el 25,5% de la población con discapacidad extremeña vive sola. Además, un 57,8% de las personas con discapacidad viven en zonas rurales.
El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED)
El Observatorio Estatal de la Discapacidad como un instrumento técnico de la Administración General del Estado que, a través de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se encarga de la recopilación, sistematización, actualización, generación de información y difusión relacionada con el ámbito de la discapacidad, creado al amparo de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La gestión de este Observatorio está encomendada al CERMI, como expresión unitaria de la discapacidad en España.
Casi el 30 por 100 de la población con discapacidad de la UE está en riesgo de pobreza o exclusión social
Según los nuevos datos sobre pobreza y exclusión social en la Unión publicados por la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) analizados en un informe del OED
· Enlace al informe: https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/informe-oed-las-personas-con-discapacidad-afrontan-un-mayor-riesgo-de-pobreza-y-exclusion-social/
El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), instrumento técnico para conocer, analizar y difundir información relacionada con el ámbito de la discapacidad, ha analizado en un informe los nuevos datos publicados sobre pobreza y exclusión social en la Unión Europea (UE) publicados por la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) en el que informan de que casi el 30% de la población con discapacidad de la Unión Europea está en riesgo de pobreza o exclusión social.
Estos datos sobre la pobreza y exclusión social en la Unión corroboran la especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad que se ven expuestas en mayor medida que las personas sin discapacidad a vivir en pobreza y exclusión.
El estudio de Eurostat revela que, en 2021, el 21,7 % de la población de la Unión Europea (UE) se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, el 21,7 % de las personas de la UE vive en hogares en los que se está expuesto al menos a una de estas tres situaciones: en riesgo de pobreza, con carencia o privación material severa y/o en hogares con baja intensidad de empleo.
Además, la OED analiza en su informe los datos de Eurostat respecto a las personas con discapacidad, señalando que “en 2021, el 29,7 % de la población de la UE de 16 años o más con discapacidad estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en comparación con el 18,8 % de las personas sin discapacidad”.
En cuanto a los países europeos que muestran mayores tasas de población con discapacidad en riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa en primer lugar Bulgaria con un 45,3 %, Rumania con un 44,2 %, seguido de Letonia
con un 41,2 %. En el caso de España, el porcentaje de población de 16 años o más con discapacidad en riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa en el 33 %, esto es, tres puntos más que la media europea.
Por otra parte, el informe de OED subraya los datos de Eurostat sobre la diferencia de porcentual de riesgo de pobreza o exclusión social entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad por país en 2021. En ese sentido, España cuenta con un 33 % de la población de 16 años o más con discapacidad en esa situación, mientras que el porcentaje para personas sin discapacidad se sitúa en el 24,5 %. Esto se traduce en una diferencia porcentual de 8,5 puntos.
De la misma manera, los resultados están agrupados en base a las diferencias según sexo y discapacidad de los cuales se extrae que el 30,6% de las mujeres de la UE de 16 años o más con discapacidad estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2021. También los datos se dividen según la edad y de ellos se observa que los porcentajes más altos de riesgo de pobreza y/o exclusión social se encuentran entre los menores de 64 años.
Para finalizar, el informe destaca la evolución de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social de la población con discapacidad durante el periodo 2015-2021. El resultado es, según los datos del Eurostat, “una tendencia ascendente hasta el año 2020 que se rompe en 2021 cuando el porcentaje se reduce ligeramente, mientras que en la Unión Europea la evolución de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social de la población con discapacidad se mantiene más estable, en torno al 29-30 %”
El OED es un instrumento técnico de la Administración General del Estado de observación de la realidad de la discapacidad, cuya gestión operativa asume el Comité Español de Representantes de personas con discapacidad (CERMI).
Acceso a los datos completos de Eurostat:
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/HLTH_DPE010__custom_4101044/bookmark/tab le?lang=en&bookmarkId=2d3c6d63-e2e2-4463-a4c3-fc6095512ab0
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