IMV y discapacidad, necesita mejorar
El diseño y los criterios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) deben ser adaptados para atender las necesidades específicas de las personas con discapacidad, asegurando que la medida no solo sea inclusiva en teoría, sino efectiva en la práctica para todos los grupos en situación de fragilidad económica y social.
En esta pieza cermi.es diario el despliegue y la efectividad del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación social no contributiva establecida en España para combatir la pobreza y la exclusión social en un contexto desafiante marcado por la pandemia de COVID-19. Si bien todos las instancias expertas consultados reconocen la importancia crucial de esta prestación, también identifican áreas clave que requieren mejoras.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) nació en España como una prestación social no contributiva, con el objetivo de combatir la pobreza y la exclusión social en un contexto especialmente difícil marcado por la pandemia de COVID-19. El 20 de diciembre de 2021 se promulgó la Ley 19/2021 del Ingreso Mínimo Vital, pensado para llegar a 4 de cada 5 personas en situación de vulnerabilidad económica, según los objetivos establecidos por el Gobierno.
El IMV está pensado no solo para redistribuir ingresos y mitigar la pobreza extrema, sino también para promover la inclusión social y laboral, prestando especial atención a los grupos vulnerables como las personas con discapacidad.
En este marco, el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), una entidad dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y gestionada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ha realizado en 2023 el estudio ‘Las personas con discapacidad en el IMV y otras rentas mínimas de inclusión’. Se trata de un análisis que profundiza sobre cómo el IMV y otras ayudas similares están repercutiendo en las personas con discapacidad, sector de la población con altos índices de vulnerabilidad.
Así, por ejemplo, las personas con discapacidad suelen enfrentarse a desafíos adicionales que incrementan su riesgo de exclusión social y pobreza, como el gasto extra por servicios y apoyos especiales. De hecho, estadísticamente, las personas con discapacidad presentan tasas de pobreza superiores en comparación con las que no tienen discapacidad..
De las muchas conclusiones que arroja el estudio, queda patente que el IMV es sin duda, un avance significativo para la protección de los grupos vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, pero que se enfrenta a barreras estructurales y de aplicación que limitan su capacidad para reducir eficazmente el riesgo de pobreza y exclusión. Además, se observa el hecho de que nacer en según qué lugar de España, hace que la ciudadanía más vulnerable se encuentre ante desigualdades territoriales que redundan en una desprotección social, que afectan de forma desproporcionada las personas con discapacidad dependiendo de su ubicación geográfica.
El diseño y los criterios del IMV deben ser adaptados para atender las necesidades específicas de las personas con discapacidad
Luis Javier Alonso Calzada, coordinador del OED, afirma que es necesario incluir «criterios específicos relacionados con la discapacidad en la determinación de elegibilidad y en la cuantía del IMV, incluyendo consideraciones sobre el grado de discapacidad, las necesidades de apoyo personal y los costos adicionales asociados con la discapacidad». Además, señala la importancia de complementar el IMV con otros programas y servicios de apoyo específicos para personas con discapacidad.
Por tanto, se identifica la necesidad de realizar esas adaptaciones específicas en el diseño y el despliegue de políticas de ingresos mínimos para abordar de manera más efectiva las necesidades particulares de las personas con discapacidad, incluyendo el reconocimiento de los gastos adicionales derivados de su discapacidad.
Por su parte, Enrique Galván, director gerente de Plena Inclusión España, destaca la importancia del IMV en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, pero recalca la necesidad de evaluar sus impactos y proponer mejoras, especialmente para las personas con discapacidad. Sugiere aumentar los umbrales de acceso, simplificar el proceso y considerar los costos adicionales asociados a la discapacidad para mejorar la accesibilidad y flexibilidad en la cobertura del IMV y generar itinerarios de inclusión efectivos:
«En el caso de las personas con discapacidad y sus familias podemos observar que el IMV todavía no presenta suficiente sensibilidad a la situación de discapacidad»
«El IMVya es una realidad en el marco estatal de las políticas de inclusión social. Una prestación no contributiva de la seguridad social que vio la luz en 2020 en plena pandemia y hoy alcanza a casi 800.000 familias en España. El nacimiento del IMV fue celebrado por el sector social como un paso en la buena dirección de la lucha contra la pobreza y la desigualdad, incorporando a las políticas de inclusión de ámbito estatal una herramienta muy necesaria de la que ya se contaba en diferentes comunidades autónomas y países de nuestro entorno. Sin embargo, se hace necesario comenzar a valorar sus impactos en la población para la que fue diseñada y las mejoras que precisa para cumplir sus objetivos.
Hace pocas semanas las entidades sociales que colaboramos con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como mediadoras para el acceso al IMV entregamos un informe de valoración, basado en nuestra experiencia en este tiempo de despliegue de la prestación. El Informe coordinado por EAPN arroja, entre otras conclusiones, un alto consenso en la necesidad de repensar dicha prestación ante las limitaciones que se observan en diversos ámbitos, entre ellas: la necesidad de elevar la dotación de la prestación y umbrales para su acceso, garantizar la accesibilidad y promover su simplificación debido a que actualmente es excesivamente complejo e ininteligible, reducir los requisitos y exigencias, adaptar la ayuda para ser más flexible y ágil a las condiciones cambiantes de las unidades de convivencia y las situaciones personales que se modifican a lo largo del tiempo, o la generación de cobros indebidos por cambio de situación personal o del grupo de convivencia. El informe también hace referencia a los plazos dilatados a los que deben enfrentarse las personas que lo solicitan, así como la desconfianza de los perceptores a sufrir inspecciones o perder otras ayudas.
En consecuencia, se realizan una serie de propuestas de mejora para potenciar el IMV y superar las disfunciones que presenta en la actualidad. En nuestra opinión, es necesario elevar los umbrales de acceso, considerar los sobrecostes de la discapacidad y el especial riesgo de sufrir pobreza severa de las personas con discapacidad, siempre sobre representadas en los informes FOESA y de la Red de la Lucha Contra la Pobreza EAPN. En general, tal como ha sido demostrado por diferentes estudios como el realizado por FRESNO Consulting en 2019 para Plena inclusión sobre la cobertura de las prestaciones para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, se observa que las prestaciones vinculadas a la superación de la condición de discapacidad se confunden o suponen incompatibilidad con otras centradas en la garantía de ingresos, acceso a la vivienda, etc. Por ello, se genera una distorsión en la clara identificación de los diferentes riesgos que en general son efectos de la interseccionalidad.
Un aspecto para considerar y que impacta en el mínimo acceso de las personas con discapacidad al IMV es el efecto grupo de convivencia, grupo familiar. En muchos casos, especialmente en las discapacidades del desarrollo, pero también en otras, la dependencia de la familia y las dificultades de emancipación no son tenidas en cuenta por parte de la prestación, debido a que no se considera la situación económica individual de la persona con discapacidad y por ello queda invisibilizada su circunstancia de riesgo de pobreza. Para poder abordar esta circunstancia es muy necesario avanzar en la consideración de unidad de convivencia especial a las personas con discapacidad con mayor riesgo de pobreza.
Otra cuestión crítica es la accesibilidad universal, facilitando los canales y contenidos para todas las personas y diferentes discapacidades. El Centro de Accesibilidad Cognitiva, dependiente del Real Patronato ha propuesto un modelo de acceso en Lectura Fácil que sería muy conveniente adoptar.
Como decíamos, también es necesario incorporar flexibilidad y dinamismo a la cobertura ante las situaciones cambiantes de las personas que opera de manera importante también para las personas con discapacidad que sufren variabilidades vinculadas a la evolución de su propia discapacidad.
Un tema pendiente de análisis también es sobre la coordinación y acompañamiento, algo que hemos podido comprobar en el proyecto Piloto de Experimentación con el Ministerio de Inclusión sobre Itinerarios de Empleo Personalizado. El IMV forma parte de un conjunto de medidas para generar itinerarios de avance para la inclusión donde las prestaciones económicas son una parte de la propuesta de proyecto de vida, donde las personas deben disfrutar de un acompañamiento y coordinación de apoyos para generar efectividad en los esfuerzos.
Además, debemos tener en cuenta uno de los peligros de este tipo de ayudas como es el conocido como “Non take up”, es decir, el desaprovechamiento o no uso de los apoyos públicos debidos a diferentes causas u obstáculos.
Por todo ello, es importante avanzar en el diseño de un IMV estatal y coordinado con los autonómicos que sea sensible y promotor de los derechos de las personas con discapacidad en situación o riesgo de pobreza y para ello es necesario reforzar nuestra acción propositiva y de incidencia para incorporar variables y mejoras como las que se proponen en el recién publicado informe del Real Patronato sobre el impacto del IMV en las personas con discapacidad» | Enrique Galván
Todos los expertos consultados, por cermi.es diario están de acuerdo en que el IMV es una prestación significativa para prevenir la pobreza entre quienes carecen de recursos económicos suficientes, pero también se identifican importantes carencias para que el IMV alcance efectivamente a quienes más lo necesitan.
«Es urgente que se simplifiquen todos los trámites de acceso»
Así, Elena Antelo, directora de COCEMFE, destaca que:
«Estas prestaciones asistenciales protegen a todas aquellas personas que, por circunstancias especiales o sobrevenidas, no están plenamente cubiertas por los sistemas contributivos. La propia norma reguladora lo consagra como un derecho subjetivo de las personas, por lo que todo aquello que suponga un avance en el acceso a los derechos de las personas con discapacidad en situación de mayor vulnerabilidad es un motivo de celebración.
Así y todo, tal y como hemos puesto de manifiesto en numerosas ocasiones desde COCEMFE y se puede observar en los numerosos informes elaborados al respecto, tiene muchísimo margen de mejora para que realmente llegue a las personas que más lo necesitan.
Es urgente que se simplifiquen todos los trámites de acceso. A COCEMFE llegan cada día personas que necesitan información, asesoramiento y acompañamiento en todo lo que se refiere a la tramitación de solicitud. A pesar de este acompañamiento, la tasa de denegaciones entre nuestro colectivo sigue siendo muy alta.
Del mismo modo, las personas que llegan a acceder se encuentran con muchísimas dificultades en la verificación de los datos y en el seguimiento que se realiza por parte del INSS, llegando a producirse muchas solicitudes de devoluciones de importes (reintegros), situación a la que las personas vulnerables no pueden hacer frente y que provoca un efecto disuasorio entre personas que potencialmente podrían acceder a esta renta, pero que no se atreven a solicitarla por las dificultades que conlleva todo el proceso de solicitud y su posterior gestión.
Es necesario reducir las trabas y eliminar las cargas sobre las propias personas en situación de vulnerabilidad, en una sociedad digitalizada e hiperconectada, se hace imprescindible que sean las propias Administraciones las que refuercen los mecanismos de intercambio de la información que ellas mismas poseen sobre la población vulnerable, facilitándose la interconexión de sus datos de renta, patrimonio, prestaciones, impuestos y asistencia de los servicios sociales.
En definitiva, a pesar de que el IMV es una prestación que favorece la inclusión social de las personas con discapacidad, es necesario avanzar en las mejoras que se han propuesto en los diversos foros, por parte del movimiento asociativo de la discapacidad, en este caso COCEMFE, para que pueda llegar a todas las personas que realmente lo necesitan». | Elena Antelo
Descubrimos además, como el estudio, también sugiere que las futuras reformas legislativas y políticas deben integrar mejor los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, asegurando que las prestaciones económicas no solo sean accesibles sino también efectivamente adaptadas para quienes las necesitan.
Próximamente, el Ministerio de Inclusión ha programado la primera reunión del Consejo Consultivo del IMV para la primera semana de septiembre, una reunión esperada y necesaria, que contará con la participación del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y de otras organizaciones como la Plataforma del Tercer Sector, Cruz Roja, Cáritas, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN-ES), el Secretariado Gitano y la Plataforma de Infancia.
En este primer encuentro se procederá a la constitución oficial del consejo y se aprobará su reglamento interno, una sesión inicial en la que se prevé se pueda evaluar la situación actual del IMV y explorar las iniciativas del Laboratorio de Políticas de Inclusión.
Este nuevo Consejo Consultivo deberá ser un foro esencial de intercambio y colaboración, donde el Gobierno dialogue con los representantes del Tercer Sector, así como con organizaciones sindicales y empresariales, con el reto de asesorar al Ministerio en la creación de propuestas normativas y en otros aspectos vinculados al Ingreso Mínimo Vital y las políticas de inclusión social, y esperar que además de ser escuchadas las peticiones sea ejecutadas para que el IMV mejore y cumpla realmente su función llegando a los más vulnerables.
Personas expertas que han colaborado en la elaboración de este reportaje, desde la izquierda: Enrique Galván, Elena Antelo y Luis Alonso
FUENTE: CERMI
Las personas con discapacidad cobran 4.485 euros menos que el resto el resto de trabajadores
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El 27 por 100 de las personas con discapacidad experimenta dificultades o muchas dificultades para llegar a fin de mes
- Según el XIII Informe ‘El Estado de la Pobreza en España´ presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES) con motivo de la celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
- Enlace al informe:
Esto se traduce en que la diferencia es de algo más de siete puntos porcentuales con respecto a las personas sin discapacidad, un 18,8%. Además, el 41% no puede afrontar gastos imprevistos de, al menos, 800 euros.
Estos datos sobre la pobreza y exclusión social corroboran la especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad que se ven expuestas en mayor medida que las personas sin discapacidad a vivir en pobreza y exclusión. En concreto, el estudio de EAPN-ES revela que, en 2022, el 30% de la población de las personas con discapacidad se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.
Además, respecto a esta variable, la EAPN-ES destaca que “en los últimos años se observa una mejora sustancial de la tasa de AROPE entre las personas con discapacidad, que se ha reducido 5,4 puntos porcentuales, desde el 35,4% hasta el 30% de 2022”.
Asimismo, en cuanto a las variaciones en las tasas AROPE en 2022 según edad y sexo, se observa que existe una mayor tasa de riesgo de pobreza entre los grupos más jóvenes y más baja a medida que la edad aumenta. Del mismo modo, se evidencia que también existe una mayor tasa de riesgo de pobreza entre las mujeres con discapacidad. concretamente, la tasa AROPE entre las mujeres con discapacidad es del 31,3%, algo más de tres puntos porcentuales superior a la de los hombres (28,2%)
Por otra parte, el informe de OED subraya que los datos de EAPN-ES sobre la tasa de riesgo de pobreza de las personas con discapacidad es considerablemente superior respecto a aquellas sin discapacidad. En ese sentido, en el año 2022, el 21,3% de las personas con discapacidad se encuentra en riesgo de pobreza, porcentaje que se reduce hasta el 18,1% para las personas sin discapacidad.
En el informe se destaca el alarmante dato de que el 8,2% de las personas con discapacidad estaba en pobreza severa, este porcentaje es ligeramente mayor que el de las personas sin discapacidad que se sitúa en un 7,9%.
El OED es un instrumento técnico de la Administración General del Estado de observación de la discapacidad, cuya gestión operativa asume el Comité Español de Representantes de personas con discapacidad (Cermi).
Accede al XIII Informe ‘El Estado de la Pobreza en España. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030. 2015-2022. EAPN-España:
El Observatorio Estatal de Discapacidad elabora un completo informe con propuestas para la mejor regulación de la Tarjeta Europea de Discapacidad
El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), instancia técnica de investigación y prospectiva del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, cuya gestión operativa corre a cargo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ha elaborado un completo informe con propuestas para mejorar la regulación de la tarjeta europea de discapacidad.
El objetivo de este informe es identificar y plantear elementos y ámbitos para una buena regulación de la Tarjeta Europea de Discapacidad, cuya propuesta legislativa tramita ahora la Unión Europea. Además de descubrir los antecedentes de la tarjeta y destacar la necesidad que el sistema de la tarjeta tiene como marco legislativo de referencia la legislación de la Unión Europea y, especialmente, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (CDPD).
Por su parte, este informe también tiene como objeto destacar y difundir las ventajas que una tarjeta europea para armonizar la condición de discapacidad dentro de la Unión Europea conlleva en términos de derechos e inclusión para las personas con discapacidad, así como contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la futura Tarjeta Europea de Discapacidad mediante materiales para una buena regulación, así como remarcar el papel que desempeña la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 para impulsar la aprobación de la Tarjeta Europea de discapacidad y otras iniciativas inclusivas a favor de las personas con discapacidad.
Asimismo, este informe realiza un análisis legislativo y de antecedentes de la tarjeta, explicando el proyecto piloto, la coherencia de la tarjeta con la normativa de la Unión Europea y la CDPD, así como los beneficios que conlleva la tarjeta.
Por otro lado, este informe también analiza los elementos recomendados para el desarrollo e implementación de la Tarjeta Europea de Discapacidad y pone de manifiesto la propuesta de Directiva llevada a cabo por la Comisión Europea para la aprobación de la Tarjeta Europea de Discapacidad.
Finalmente, este informe destaca el papel decisivo que tiene la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea 2023 para que se promuevan actuaciones para la aprobación de la tarjeta y otras propuestas europeas que atañen de modo directo a la población con discapacidad.
Descarga el informe completo: https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/wp-content/uploads/Estudio-sobre-la-Tarjeta-Europea-de-Discapacidad.docx
