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Reconstruir mejor: hacia un mundo inclusivo, accesible y sostenible después del COVID-19 por, para y con las personas con discapacidad

Se estima que en España residen 4,12 millones de personas con discapacidad, esto supone aproximadamente el 9% de la población total en España. En términos generales, las personas con discapacidad afrontan en mayor medida distintas situaciones discriminatorias que las personas sin discapacidad. Esta circunstancia se ve multiplicada al añadirse factores tales como el género, la edad, el hábitat o el origen étnico. Todas estas desigualdades se incrementan en situaciones de crisis, la pandemia de COVID-19 lo demuestra.

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este observatorio alerta sobre las distintas situaciones que afrontan las personas con discapacidad debidas a la crisis sanitaria y que aumentan su vulnerabilidad.

En el ámbito de la salud. La pandemia y las medidas aplicadas han supuesto:

  • La existencia de protocolos que excluían de la atención hospitalaria a personas con discapacidad y/o de edad avanzada.
  • Que los centros residenciales estuvieran, en los primeros momentos del estado de alarma, en una situación crítica debido a la falta de equipos de protección (EPIS), la falta de test para las personas usuarias y profesionales y la falta de capacidad para atender los síntomas.
  • La suspensión de procesos de rehabilitación durante el confinamiento y una vuelta parcial ante el temor de las personas con discapacidad y sus familias por el riesgo de contagio.
  • Al 58% se le han anulado o aplazado tratamientos y citas médicas especializada (ODISMET,2020).

En el ámbito de la accesibilidad. Las barreras se han incrementado de forma notable:

  • Barreras en el acceso a la información: en un primer momento, las comunicaciones públicas no tuvieron interpretación, esto supuso que las personas sordas y sordociegas se quedaran sin acceso a información básica.
  • Las personas ciegas también han sufrido esta falta de información porque las indicaciones para prevenir y protegerse del virus se hacen, en su mayoría, a través de señales visuales. La falta de información en lectura fácil y/o pictogramas también ha perjudicado a las personas con discapacidad intelectual.

La educación inclusiva y la falta de profesorado de apoyo.

  • La suspensión de clases presenciales afectó en mayor medida a los niños y niñas con discapacidad que a niños y niñas sin discapacidad. Según la Fundación FOESSA, en el 17% de los hogares se observó que el rendimiento escolar de hijos e hijas disminuyó por no contar con apoyos (FOESSA, 2020).

Impacto económico. Algunos datos significativos:

  • El 80% de las entidades dedicadas a la atención de las personas con discapacidad han tenido que reducir significativamente su actividad. Un 35% ha incrementado sus gastos y el 81% ha visto reducido sus ingresos (Fundación SERES, 2020).
  • PREDIF calcula que entre su incremento de gastos (3.919.926,57€) y su reducción de ingresos (3.977.951,42), el impacto de la Covid-19 será de casi 8 millones de euros.
  • Más del 45% de las entidades que se dedican a la Inserción social, la Discapacidad o la Salud tienen dificultades para desarrollar su labor, e incluso un 17% afirma que no puede llevarla a cabo (Fundación SERES, 2020).
  • Un 43% de familias de personas con discapacidad intelectual se ha visto “bastante” o “muy afectado” económicamente por la crisis de la COVID-19. Un 30% indica que han aumentado sus gastos familiares, 40% el caso de hogares monoparentales. 1 de cada 8 se encuentra en una situación económica preocupante (Plena Inclusión, 2020).

Todos estos datos justifican que desde las administraciones públicas se garantice que las personas con discapacidad formen parte activa de la reconstrucción social y económica del país, tal como exige hoy el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en su manifiesto por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

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Proteger a las personas con discapacidad frente a la crisis de la COVID-19

Se estima que en España residen 4,12 millones de personas con discapacidad,  esto supone aproximadamente el 9% de la población total en España. En términos generales, las personas con discapacidad afrontan en mayor medida distintas situaciones discriminatorias que las personas sin discapacidad. Esta circunstancia se ve multiplicada al añadirse factores tales como el género, la edad, el hábitat o el origen étnico.

El último Informe Olivenza (2019) ofrece datos relevantes sobre estas situaciones de discriminación:

  • El 6,2% de las personas con discapacidad se encuentra en situación de pobreza severa y un 17,3% en situación de pobreza moderada. Estos porcentajes son de 5,4% y de 15,2% en la población sin discapacidad.
  • El riesgo de pobreza o exclusión social afecta al 31,1% de las personas con discapacidad, 7 puntos más que la población sin discapacidad.
  • El salario medio anual de las personas con discapacidad es casi 4.000 euros anuales inferior a la población sin discapacidad. La brecha salarial entre hombres y mujeres con discapacidad es del 15,9%, es decir, las mujeres con discapacidad tienen un salario inferior respecto a los varones con discapacidad en un 15,9%.
  • Empleo: El 34,5% de las personas con discapacidad oficialmente reconocida eran activos, 43 puntos inferior a la de la población sin discapacidad. La tasa de paro se sitúo en 25,2%, 10 puntos más alta que la población sin discapacidad.
  • El 16,3% de las personas con discapacidad tiene relaciones de amistad precarias, es decir, cuenta con pocas oportunidades para hacer o mantener amigos. Este porcentaje es del 11,2% en las personas sin discapacidad.
  • Solo el 10,1% de las personas con discapacidad puede disfrutar sin dificultades de actividades de ocio. Este porcentaje se reduce hasta el 7,5%  en las mujeres con discapacidad.
  • El 4% de las personas con discapacidad ha sufrido malos tratos físicos o psicológicos. Este porcentaje es del 6,1% en las mujeres con discapacidad.

Todas estas desigualdades se incrementan en situaciones de crisis. La pandemia de COVID-19 lo demuestra. António Guterres, Secretario General de la ONU, ha denunciado esta situación y ha declarado que «debemos garantizar la igualdad de derechos de las personas con discapacidad al acceso a los cuidados sanitarios y a los procedimientos que les salven la vida«. Ha urgido también a los Gobiernos a que las personas con discapacidad estén en el centro de la respuesta al COVID-19 y en los esfuerzos de recuperación.

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