Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad: Avanzar en derechos
En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este Observatorio considera oportuno recordar el preámbulo de la Convención que reafirma la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación.
Uno de los objetivos del Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) es visibilizar las múltiples situaciones discriminatorias que viven las personas con discapacidad. Dar cuenta de esta realidad permite afrontarla y transformarla.
El Informe Olivenza, editado por el OED, ofrece un sistema de indicadores de inclusión social adaptado a la población con discapacidad, que utiliza como estándar de referencia la situación de la población general (con la que se compara), en cada tres ejes: económico, derechos e integración social. El eje dedicado al ejercicio de derechos de ciudadanía aborda cinco dimensiones fundamentales: participación política, educación, vivienda, salud y apoyos por discapacidad, este último específico y por tanto no comparable con la población general.
Proteger a las personas con discapacidad frente a la crisis de la COVID-19
Se estima que en España residen 4,12 millones de personas con discapacidad, esto supone aproximadamente el 9% de la población total en España. En términos generales, las personas con discapacidad afrontan en mayor medida distintas situaciones discriminatorias que las personas sin discapacidad. Esta circunstancia se ve multiplicada al añadirse factores tales como el género, la edad, el hábitat o el origen étnico.
El último Informe Olivenza (2019) ofrece datos relevantes sobre estas situaciones de discriminación:
- El 6,2% de las personas con discapacidad se encuentra en situación de pobreza severa y un 17,3% en situación de pobreza moderada. Estos porcentajes son de 5,4% y de 15,2% en la población sin discapacidad.
- El riesgo de pobreza o exclusión social afecta al 31,1% de las personas con discapacidad, 7 puntos más que la población sin discapacidad.
- El salario medio anual de las personas con discapacidad es casi 4.000 euros anuales inferior a la población sin discapacidad. La brecha salarial entre hombres y mujeres con discapacidad es del 15,9%, es decir, las mujeres con discapacidad tienen un salario inferior respecto a los varones con discapacidad en un 15,9%.
- Empleo: El 34,5% de las personas con discapacidad oficialmente reconocida eran activos, 43 puntos inferior a la de la población sin discapacidad. La tasa de paro se sitúo en 25,2%, 10 puntos más alta que la población sin discapacidad.
- El 16,3% de las personas con discapacidad tiene relaciones de amistad precarias, es decir, cuenta con pocas oportunidades para hacer o mantener amigos. Este porcentaje es del 11,2% en las personas sin discapacidad.
- Solo el 10,1% de las personas con discapacidad puede disfrutar sin dificultades de actividades de ocio. Este porcentaje se reduce hasta el 7,5% en las mujeres con discapacidad.
- El 4% de las personas con discapacidad ha sufrido malos tratos físicos o psicológicos. Este porcentaje es del 6,1% en las mujeres con discapacidad.
Todas estas desigualdades se incrementan en situaciones de crisis. La pandemia de COVID-19 lo demuestra. António Guterres, Secretario General de la ONU, ha denunciado esta situación y ha declarado que «debemos garantizar la igualdad de derechos de las personas con discapacidad al acceso a los cuidados sanitarios y a los procedimientos que les salven la vida«. Ha urgido también a los Gobiernos a que las personas con discapacidad estén en el centro de la respuesta al COVID-19 y en los esfuerzos de recuperación.
Discriminación por discapacidad. Nuevo Informe sobre la discriminación en la Unión Europea
La Unión Europea (U.E) realiza periódicamente encuestas e informes de opinión de los ciudadanos, respecto de diversas temáticas relacionadas con la gestión de la Unión Europea u otros asuntos públicos. Estas opiniones se sistematizan desde 1974 en el Eurobarómetro “estándar”. Cada serie estadística ocupa dos años, contiene aproximadamente 1.000 entrevistas cara a cara por país y sus Informes se publican dos veces al año.
El estudio de opinión de los ciudadanos de la U.E se complementa con los Eurobarómetros “especiales” que son estudios temáticos exhaustivos que realizan diversos servicios de la Comisión Europea o incluso, otras instituciones de la U.E. Este es el caso del Eurobarómetro especial titulado: “discriminación en la Unión Europea” (493), publicado en septiembre de 2019. Este Informe es parte de una serie del Eurobarómetro, publicado con anterioridad en 2006, 2009, 2012 y 2015.
El Informe de 2019 muestra que, en comparación con 2015, menos ciudadanos de la U.E perciben la discriminación como generalizada en su país. Sin embargo, las percepciones, opiniones y actitudes aún varían ampliamente dependiendo del grupo discriminado y de un país a otro.
Los datos individualizados para España permiten inferir que en términos de la discriminación basada en la discapacidad, la sociedad española es de las más inclusivas de la U.E. El 59% de los ciudadanos españoles encuestados perciben la discriminación por discapacidad como “rara”; siendo la media de los ciudadanos de la U.E del 51%.
Personas con discapacidad y discriminación múltiple. Datos clave
En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Observatorio Estatal de la Discapacidad advierte sobre la persistencia de las situaciones discriminatorias que afrontan las personas con discapacidad y que además se ven multiplicadas al añadirse factores tales como el género, la edad, el hábitat o el origen étnico. En el informe “personas con discapacidad y discriminación múltiple en España: situación y propuestas”, editado por este Observatorio en 2017 se ofrecen datos relevantes sobre esta circunstancia:
- Casi seis de cada diez personas que se han sentido discriminadas a causa de su discapacidad han sufrido discriminación, además, por otros motivos distintos: la edad, la escasez de recursos económicos y el aspecto físico (Encuesta CIS-3000).
- A partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV,2016), el informe señala que la proporción de personas gravemente limitadas para realizar las actividades de la vida diaria que se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social es un 31,2% más alta que la de la población total.
El análisis de esta encuesta ha permitido detectar algunos patrones de asociación entre la discapacidad y otras variables que agravan el riesgo de pobreza o exclusión.
Informes de ámbito estatal elaborados en 2017 por el Observatorio Estatal de la Discapacidad
Entre los objetivos del Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) está el promover y sensibilizar sobre los derechos de las personas con discapacidad además de fomentar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal. Con el propósito de responder a este objetivo, el OED ha elaborado durante 2017, como parte de su programa de actividades, tres informes relacionados con estos aspectos.
El primero de ellos es el Informe Olivenza 2017 sobre la situación general de la discapacidad en España. Se trata de un estudio panorámico sobre situación de la población con discapacidad en España y de manera específica el estado de la inclusión social de la población con discapacidad en la región de Extremadura, realizado a partir de fuentes de información fundamentalmente documentales, legislativas, y estadísticas.
Y comprende los siguientes capítulos:
- Cambios en el marco normativo de la discapacidad. Consiste en un análisis legislativo estatal en 2016‐2017: con referencia a los avances en leyes relacionadas con discapacidad, en el ámbito internacional, estatal y autonómico, con especial referencia a avances en armonización con CDPD.
- Gasto público en discapacidad en España. Trata de la estimación de gasto en discapacidad en España 2016: a partir del documento elaborado por el OED en 2014, denominado “Gasto público de las administraciones públicas en materia de discapacidad en España”, utilizando como fuente la información oficial sobre presupuestos generales del estado y CCAA.
- Personas con discapacidad en España. Se realiza un análisis cuantitativo a partir de bases de datos y fuentes estadísticas, con especial atención a fuentes no utilizadas hasta el momento (EUROSTAT, Encuesta Social Europea, Encuesta Europea de Salud, Registros de Valoración Autonómicos, Registros estatales de Discapacidad, Dependencia, SIUSS).
- Mercado laboral y discapacidad en España. Para dar continuidad a los informes de años anteriores, se ha enfocado en la actualización y evolución de los distintos indicadores analizados, aportando una visión detallada sobre el colectivo. Es una parte del informe que ha realizado ODISMET sobre el mercado de trabajo.
- Discapacidad y uso de TIC. Este capítulo realizado por Fundación VODAFONE trata sobre nuevas tecnologías en una población con edades a partir de los 16 años, con algún tipo de discapacidad auditiva, visual, física o cognitiva.
- Situación de la discapacidad en Extremadura. Informe específico sobre población con discapacidad en Extremadura: que albergará de forma específica información sobre la región, extraída de los apartados indicados.
El estudio sobre la realidad, situación, dimensión y tendencias del empleo con apoyo en España en el horizonte del año 2020 tiene como objetivo de este estudio es analizar la evolución del empleo con apoyo en España ofreciendo datos sobre su dimensión y tendencias.
El acceso al empleo de las personas con discapacidad es un factor clave para la inclusión social. En este sentido es primordial contar con mecanismos que faciliten el acceso al empleo, con las medidas de apoyo que resulten eficaces. En España el empleo con apoyo, como método de inserción laboral, ha supuesto una herramienta fundamental en el proceso de inclusión social de las personas con discapacidad, aunque su grado de desarrollo es irregular.
En el informe se hace un análisis del papel de la Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE) y de otras entidades junto con una revisión bibliográfica de la normativa y una consulta a entidades que realizan Empleo con Apoyo en España.
La encuesta realizada nos ofrece entre otros resultados lo siguiente:
- Existe una experiencia acumulada en el desarrollo de programas y servicios de EcA de buena parte de las entidades encuestadas, el 58% inicio este servicio antes del 2005 lo que supone más de 10 años de trayectoria en este ámbito.
- Se trata por tanto de organizaciones consolidadas, con larga experiencia y en su gran mayoría adscritas a una o varias redes de colaboración. Mayoritariamente, el perfil al que se dedican es a población con discapacidad intelectual, de manera especializada.
- La estructura de los servicios es pequeña o mediana, con la mayoría de profesionales de los servicios dedicados a la preparación laboral, en condiciones altas de estabilidad laboral, e intensidad de jornada. Son organizaciones de alta dependencia de la financiación pública.
- Una buena parte de las entidades cuenta con entre 3 y 5 profesionales dedicado exclusivamente al servicio de EcA. La figura más relevante en este servicio es la del preparador laboral. En promedio, cada entidad cuenta con 3 preparadores laborales en la plantilla.
- Durante 2016 las entidades encuestadas han atendido un total de 2.988 personas, de las que el 40,1% eran mujeres. Los datos según perfil de discapacidad, las personas atendidas presentan discapacidad intelectual (73,4%). Respecto a la edad, el 29% de las personas es menor de 25 años. Casi mil personas se encuentran trabajando, de las que 285 han sido contratadas a lo largo del año 2016. En estos ejemplos el perfil de edad, sexo y situación de discapacidad son similares respecto al total de personas atendidas.
- Los datos sobre las modalidades de contrato firmados en 2016, apuntan que la modalidad mayoritaria es la de contrato temporal de personas con discapacidad que suponen casi la mitad de los contratos suscritos mientras que sólo el 11,6% corresponden a contratos indefinidos.
- El presupuesto promedio del servicio EcA en 2016 de las entidades encuestadas, se sitúa en 119.006,33 euros, siendo el máximo 326.488,23 euros y el mínimo 11.704,41 €. Las vías de financiación con más incidencia en el servicio son: la financiación pública autonómica que representa en promedio el 37,9% de la financiación, la de otras administraciones públicas (incluyendo los fondos europeos) el 37,0% y la de las obras sociales, fundaciones y otras entidades no lucrativas que suponen en promedio el 28,8% de la financiación total del servicio.
- Una parte importante de las entidades encuestadas reconoce el crecimiento del Empleo con Apoyo en términos de personas atendidas en insertadas, sin embargo considera que la financiación ha sido insuficiente.
- La falta legislación que facilite esta modalidad de manera más clara y decisiva.
Informe sobre la medición comparativa del impacto socioeconómico y presupuestario de la asistencia personal frente a otras prestaciones tradicionales de atención a las situaciones de dependencia ha sido otro de los estudios que se han realizado durante 2017. El objetivo de este documento ha sido analizar el servicio asistencia personal en términos de impacto económico comparando este servicio con otros soportes que se ofrecen en el marco de atención a la dependencia. Además de las cuestiones económicas se pretende ofrecer un análisis del valor no monetario que aporta tanto la asistencia personal como otros apoyos.
Estructurado en dos apartados, se aborda por un lado la definición de la asistencia personal; por otro, a partir de la información disponible, se dibuja un mapa del servicio de asistencia personal en España intentando recoger información sobre el gasto público que supone este servicio así como el perfil de personas usuarias del mismo. También se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica sobre métodos de medición de impacto y su aplicación en el sector de la dependencia, a partir de esta revisión y otras consideraciones relacionadas con la Asistencia personal, se hace una propuesta de medición de impacto de este servicio.
En el segundo apartado se sistematizan los resultados del mapa dibujado en la primera parte del documento y se estima el impacto económico de la Asistencia Personal en España. Los resultados de este estudio indican, más allá de los datos que demuestran la viabilidad financiera de la AP, la escasa implantación del servicio. Por tanto, conviene reflexionar sobre la necesidad de potenciar la Asistencia Personal como un servicio que favorece la inclusión de las personas con discapacidad en el entorno comunitario además de reconocer su derecho a vivir de acuerdo con sus preferencias.
El Informe sobre la articulación del movimiento social de mujeres con discapacidad en España: génesis y desarrollo trata de una investigación sobre la articulación del movimiento social de mujeres con discapacidad en España en el que se analizan las demandas iniciales materializadas en documentos de reivindicación como, por ejemplo, el primer manifiesto de las Mujeres con discapacidad de Europa, elaborado por el Comité de Mujeres del Foro Europeo de la Discapacidad en el año 2007. Se pone énfasis en el impacto producido por la IV Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Mujer celebrada en Beijing en el año 1995 y el posterior desarrollo de Planes de diversa índole que en nuestro país han tratado de dar respuesta a las reivindicaciones de las mujeres con discapacidad.
El documento, además, realiza un recorrido histórico de la consolidación de instancias dedicadas a la igualdad de género en el seno de las organizaciones más representativas de las personas con discapacidad en España, así como del surgimiento de organizaciones específicas de mujeres con discapacidad y su desigual y compleja inserción en el marco del movimiento general de mujeres.
Junto con estos informes, el OED ha publicado el Informe general sobre grado de accesibilidad de los entornos, productos y servicios a 4 de diciembre de 2017. Correspondencia entre los mandatos legales y la realidad práctica del país, elaborado por Ilunion Tecnología y Accesibilidad y en el que se realiza un diagnóstico valorativo sobre el estado de accesibilidad en los entornos, productos y servicios más significativos incluidos en el artículo 5 de la Ley General de Discapacidad en el que establece el 4 de diciembre de 2017 como plazo máximo para que los diferentes entornos, productos y servicios sean accesibles para todas las personas.
El informe constata el avance normativo en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país, que ha significado un factor de transformación en los diferentes ámbitos, sobre todo edificación, urbanismo y transporte. A pesar de las mejoras en accesibilidad realizadas en las últimas décadas, siguen existiendo barreras significativas en diferentes ámbitos y subsectores, además de, con frecuencia, una aplicación parcial de la accesibilidad.
Por otra parte, se encuentra el informe: personas con discapacidad y discriminación múltiple en España: situación y propuestas, donde se analizan los distintos factores que influyen para que las personas con discapacidad sufran situaciones de discriminación múltiple (el género, la edad, el hábitat, el origen étnico), y se ofrece una batería de propuestas que permitan orientar distintas actuaciones que garanticen los derechos y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Entre estas propuestas está la de incluir la discapacidad como factor de discriminación que debe ser afrontado en los planes y políticas públicas de lucha contra la discriminación, de la misma manera que deben incluirse de manera sistemática otras formas de discriminación que intersectan frecuentemente con la discapacidad en las políticas y planes de acción contra la discriminación por discapacidad.
Por último se ha realizado el estudio sobre Las personas con discapacidad residentes en el Medio Rural: situación y propuestas de acción, tiene como objetivo contribuir al análisis de la realidad de las personas con discapacidad que residen en entornos rurales. Este análisis trata de detectar aquellos aspectos que facilitan y/o suponen una barrera para la inclusión social.
En España, prácticamente un millón de personas con discapacidad reside en el Medio Rural, es decir una cuarta parte de la población con discapacidad. La distribución por género y edad indica una población más envejecida que en el medio urbano, y con una mayoría de mujeres. Las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra, Cantabria y La Rioja presentan una tasa de ruralidad superior a la media Española.
Junto con la escasez de transporte público, la falta de accesibilidad, el escaso acceso y uso de internet y las TIC en la población con discapacidad en el Medio Rural, el informe detecta distintos factores de riesgo, o barreras para la inclusión social como son una oferta limitada de los recursos, un riesgo considerablemente mayor de pobreza, una menor estabilidad laboral, mayores barreras en educación y formación y las mujeres con discapacidad en el Medio Rural enfrentan dificultades extraordinarias para la inclusión social, derivadas de una mayor invisibilidad y estereotipos de género.