Siguiendo las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre la publicación y difusión del Dictamen (comunicación nº 41/2017) relacionado con la violación al derecho a la educación inclusiva de un niño con síndrome de Down en España, este Observatorio difunde la nota de prensa del Comité del 21 de septiembre de 2020, así como el Dictamen completo para su descarga.
Nota de prensa del Comité
España violó el derecho a la educación inclusiva de un niño con síndrome de Down que fue enviado a un centro de educación especial por las autoridades nacionales, a pesar de las objeciones de sus padres, ha concluido el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En su primera decisión sobre el derecho a la educación inclusiva, el Comité concluyó que España no evaluó los requisitos específicos del niño ni adoptó las medidas razonables que podrían haberle permitido permanecer en la educación general. Por lo tanto, el Estado parte no cumplió con sus obligaciones en virtud de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
El niño, Rubén, estaba en un colegio ordinario de León. Con el apoyo de un asistente de educación especial, mantuvo buenas relaciones con sus compañeros y maestros hasta 2009, cuando ingresó al cuarto grado a los 10 años. La situación se deterioró y surgieron graves denuncias de malos tratos y abusos por parte de su maestro.
La condición no mejoró cuando Rubén ingresó al quinto grado. Su nuevo maestro de clase no consideró que necesitaba un asistente de educación especial y solo después de que sus padres se quejaron se le permitió tener uno.
Sin embargo, Rubén comenzó a mostrar dificultades en el aprendizaje y en la vida escolar. Un informe escolar señaló lo que denominó «comportamiento perturbador», «brotes psicóticos» y «retraso en el desarrollo asociado con el síndrome de Down» de Rubén. En junio de 2011, la Dirección Provincial de Educación autorizó la inscripción de Rubén en un centro de educación especial ante las objeciones de sus padres.
Los padres de Rubén denunciaron los abusos que sufrió ante las autoridades judiciales internas, pero no se realizó una investigación efectiva. Sus padres también desafiaron sin éxito la decisión de la autoridad educativa de inscribirlo en un centro de educación especial. Además, las autoridades presentaron cargos penales contra los padres por negarse a enviar a su hijo a una escuela especializada.
Rubén y su padre finalmente llevaron su caso al Comité en 2017.
Tras examinar los alegatos presentados por ambas partes, el Comité concluyó que España violó el derecho de Rubén a la educación inclusiva.
«No parece que las autoridades del Estado parte hayan llevado a cabo una evaluación exhaustiva o un estudio en profundidad y detallado de sus necesidades educativas y las adaptaciones razonables que habría requerido para poder seguir asistiendo a una escuela ordinaria», dijo el miembro del Comité Markus Schefer.
El Comité solicitó que España garantice que Rubén, que actualmente se encuentra en un centro privado de educación especial para estudiantes con necesidades especiales, sea admitido en un programa de formación profesional inclusiva; que se le indemnice y que se investiguen efectivamente sus denuncias de abusos.
Entre otras recomendaciones, el Comité también instó a España a eliminar cualquier segregación educativa de los estudiantes con discapacidad tanto en las escuelas de educación especial como en las unidades especializadas dentro de las escuelas ordinarias, y a garantizar que los padres de estudiantes con discapacidad no sean procesados por reclamar el derecho de sus hijos a una educación inclusiva.
Dictamen completo para su descarga
Fuente: Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad