Brecha salarial de las mujeres y hombres con discapacidad
En este 22 de febrero que se celebra el Día Europeo por la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres, resulta oportuno recordar la situación de especial vulnerabilidad que viven las mujeres con discapacidad.
Antes de apuntar datos sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres con discapacidad, es preciso señalar uno de los aspectos que más impacta en la inclusión de este colectivo: la baja participación de la personas con discapacidad en el mercado laboral. Especialmente en el caso de las mujeres con discapacidad que presentan en todas las variables relacionadas con empleo peores cifras (actividad, empleo, desempleo) que las personas sin discapacidad en edad laboral.
En 2020, la tasa de actividad de las mujeres con discapacidad se situaba en 34,6%, casi 42 puntos menos que las población sin discapacidad. La tasa de paro de las mujeres con discapacidad es de 22,4%, esto es, siete puntos superior a la de la población sin discapacidad. (INE, 2020). Las diferencias porcentuales entre varones y mujeres con discapacidad son poco significativas en este ámbito. Sin embargo, al considerar el salario que estas personas perciben, sí que se observan diferencias significativas.
De acuerdo con el Salario de las personas con discapacidad (INE, 2019), en 2019, el salario medio anual bruto de los trabajadores por cuenta ajena con discapacidad fue de 20.574,1 euros, un 2,9% más que en el año anterior. Esta cifra fue un 16,1% menor que la de las personas sin discapacidad (24.512,2 euros). En términos absolutos, la cifra es de casi 4.000 euros anuales inferior a la población sin discapacidad.
Al observar las cifras entre varones y mujeres con discapacidad, los datos indican que el salario de las mujeres con discapacidad fue de 18.863,7euros de media por trabajadora y año, mientras que para los hombres fue de 21.866,6 euros. Esto supone que la brecha salarial entre hombres y mujeres con discapacidad es del 13,7%, es decir, las mujeres con discapacidad tienen un salario inferior respecto a los varones con discapacidad en un 13,7%. Esto es en términos absolutos, representa 3.000 euros anuales menos. Sí comparamos el salario medio de las mujeres con discapacidad respecto al de las personas sin discapacidad, la diferencia se eleva hasta los 5.532 euros anuales (INE, 2019).
Esta brecha aumenta si las condiciones laborales son más precarias. Así, la brecha salarial entre hombres y mujeres con discapacidad con jornada laboral a tiempo parcial se sitúa en el 14,3% (INE, 2019).
Los datos también muestran la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad intelectual que perciben 2.712,60 euros anuales menos que los varones con discapacidad intelectual. Si comparamos el salario medio de las mujeres con discapacidad intelectual respecto al salario medio del colectivo de las personas con discapacidad, la cifra aumenta hasta los 9.183,40 euros anuales.
El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) es un instrumento técnico al servicio de las personas con discapacidad y del resto de ciudadanos, las Administraciones Públicas, la Universidad y el Tercer Sector, para la recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad. El Informe de Olivenza es un documento de carácter general sobre la situación de las personas con discapacidad en España, realizado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), tal como se estipula en la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad, en su artículo 73,2 (RDL 7/2013 de 29de noviembre); centrándonos en el eje económico, uno de los tres ejes que integra el sistema de indicadores elaborado para medir la inclusión social de las personas con discapacidad, se observa cómo éstas se encuentran en situación de desventaja respecto a las población en general respecto a la participación y ejercicio de sus derechos en el ámbito productivo y laboral. El OED tiene su amparo en el artículo 73 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Se configura como instrumento de promoción y orientación de las políticas públicas de conformidad con la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Las instituciones promotoras del OED son el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad, la Comunidad Autónoma de Extremadura a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y la Universidad de Extremadura.
El Observatorio Estatal de la Discapacidad aprueba su programa de estudios sobre la realidad de las personas con discapacidad para 2022
El Observatorio Estatal sobre Discapacidad (OED) ha aprobado el programa de estudios e investigaciones sobre la realidad social de las personas con discapacidad en España para el año 2022, ejercicio en que prestará una particular atención a las mujeres y a la infancia con discapacidad.
Así lo ha acordado la Comisión Técnica de seguimiento del Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Real Patronato sobre Discapacidad, la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Universidad de Extremadura para la gestión y funcionamiento del OED reunida el pasado día 19 de enero de 2022.
En la dimensión estatal, las investigaciones sociales aprobadas pasan por elaborar una nueva edición del Informe Olivenza, correspondiente al año 2022, sobre la situación general de las personas con discapacidad en España, que incluirá un resumen ejecutivo y un capítulo sobre comparación de políticas públicas de discapacidad respecto de los principales ítems en este ámbito, así como un reporte actualizado del seguimiento de las Observaciones del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas realizadas a España tras la última revisión de 2019.
Además, el OED también acometerá en 2022 el estudio “Las personas con discapacidad en situación de protección internacional en España: situación, desafíos y propuestas”, primera investigación sobre esta cuestión que se llevará a cabo en nuestro país sobre este asunto.
De igual modo, este año el OED realizará dos investigaciones más, a saber: “El despliegue de la garantía infantil en las niñas y niños con discapacidad: programa de acción” y “El derecho a la maternidad y a formar una familia de las mujeres con discapacidad”.
En cuanto al programa correspondiente a la dimensión extremeña, los estudios en cartera son el “Informe Olivenza 2022” (bloque referido a la Comunidad Autónoma de Extremadura) y “Establecimiento y provisión de Acompañamiento a Personas con Discapacidad y Altas Necesidades de Apoyo en Extremadura”.
El OED es un instrumento técnico que la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y Real Patronato sobre Discapacidad), y la Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, SEPAD, ponen al servicio de la ciudadanía, las Administraciones Públicas, la Universidad y el Tercer Sector, para la recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad.
La discapacidad en la agenda de la I+D+i en España
El objetivo de este estudio ha sido analizar la presencia de la discapacidad dentro de las agendas públicas de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en España.
Un análisis del contexto normativo y de políticas muestra que existe una convergencia a escala nacional e internacional sobre la importancia de la I+D+i en la solución de los grandes retos de la sociedad, entre los que se encuentran de manera relevante los relacionados con la discapacidad. Por ello, la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013-2020 hace énfasis en los proyectos relacionados con la salud, el cambio demográfico, el bienestar, los cambios sociales, etc.
La exploración sobre los agentes del Sistema Español de Ciencia y Tecnología e Innovación implicados en la I+D+i en discapacidad ha mostrado las fortalezas del sistema, en el que participan entidades públicas, universidades, empresas, así como el propio colectivo de personas con discapacidad, que se constituye como un agente activo no solo desde la demanda, sino también de generación de innovación en sí misma.
En este estudio se ha realizado un diagnóstico de la agenda de I+D+i en discapacidad, atendiendo tanto a las temáticas relevantes como a los resultados en cuanto a proyectos y se ha completado con la consulta a un grupo de expertos, que han aportado su perspectiva sobre la situación de la discapacidad dentro de la agenda de I+D+i, así como sobre las fortalezas, aspectos impulsores y debilidades o barreras que la afectan.
Infancia y discapacidad. Algunos datos relevantes.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en sus Principios Generales: “el respeto a la evolución de los niños y niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad”. Por otra parte, en su artículo 7 dispone que los Estados deben garantizar que las niñas y niños con discapacidad tienen y disfrutan de los mismos derechos, asimismo se protegerá su interés superior y su derecho a expresar libremente su opinión en las cuestiones que les afecten. En España, según diversas fuentes, los niños y niñas con discapacidad mantienen una situación de extrema vulnerabilidad.
El Estudio de UNICEF sobre la situación de los niños y las niñas con discapacidad en España (Campoy Cervera, 2013) señala como problemas relevantes de este colectivo: la ausencia de estudios adecuados, la especial incidencia de situaciones de maltrato, las dificultades para acceder a la educación inclusiva, las barreras para ejercer su derecho a participar en la toma de decisiones y la falta de apoyo a las familias de niños y niñas con discapacidad.
El último Informe del CERMI sobre derechos humanos y discapacidad (CERMI, 2017) denuncia distintas situaciones discriminatorias:
- Contar con un hogar. Existe una larga lista de espera para la adopción o el acogimiento, sin embargo multitud de menores con discapacidad son excluidos desde el principio y estigmatizados. Esta circunstancia supone que los niños y niñas con discapacidad dependan de la Administración.
- Educación. La Fundación CERMI Mujeres alerta del elevado fracaso escolar de las niñas con discapacidad.
- Educación. La normativa que regula la admisión de alumnos en colegios españoles en el extranjero discrimina a las personas con discapacidad y no contenía previsión alguna de atención a estos alumnos. Una madre denuncia “serios impedimentos” para matricular a su hijo con discapacidad en el Instituto Español de Lisboa.
- Delitos de odio. Pintadas ofensivas y amenazantes aparecidas en un centro de educación especial.
Otra situación de discriminación y maltrato que sufren en especial las niñas con discapacidad es la esterilización forzosa. La Fundación CERMI Mujeres en su informe “Poner fin a la esterilización forzosa de las mujeres y niñas con discapacidad” apunta que estas esterilizaciones se hacen sin el consentimiento o comprensión de las mujeres y niñas con discapacidad sobre el propósito de la intervención quirúrgica, y bajo el pretexto de su bienestar. Se estima una media anual de 96 sentencias judiciales autorizando la esterilización de personas con discapacidad previamente incapacitadas.
Personas con discapacidad incluidas en las declaraciones del IRPF según tipo de discapacidad
En el ejercicio 2015, el 9,92% de las declaraciones del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) presentadas en el Territorio de Régimen Fiscal Común ponían de manifiesto la existencia de situaciones de discapacidad en la unidad familiar a la que se refería la declaración. En términos absolutos, esto supone que en el ejercicio 2015 se registraron 2.026.977 declarantes con discapacidad. El 46,2% corresponde a mujeres con discapacidad.
Este registro distingue las personas con discapacidad tres grados o niveles de dependencia protegidas fiscalmente:
- Dependencia simple. Cuando todas las situaciones de discapacidad de la declaración presentan un grado de minusvalía comprendido entre el 33% y el 65%.
- Dependencia simple con movilidad reducida. Cuando todas las situaciones de discapacidad de la declaración presentan un grado de minusvalía comprendido entre el 33% y el 65% pero al menos en una situación, se acredita necesitar ayuda de terceras personas o tener movilidad reducida.
- Dependencia cualificada. Cuando al menos en una situación de discapacidad de la declaración se acredita un grado de minusvalía que supera el 65%.
Según esta clasificación, el 30% de las personas declarantes con discapacidad se encuentra en una situación de dependencia cualificada; Un 67% corresponde a personas declarantes en situación de dependencia simple y el 3% a personas en situación de dependencia simple con ayuda a tercera persona (ATP) o movilidad reducida.
Fuente: Agencia Tributaria
De acuerdo con la distribución territorial, los porcentajes más altos de personas declarantes con discapacidad se encuentran en Cataluña (18,4%); Andalucía (17,8%) y la Comunidad de Madrid (11,7%). En el extremo contrario se en encuentran en Islas Baleares (1,8%), Cantabria (1,7%) y la La Rioja (0,7%).
En términos de impacto económico, los datos señalan que el importe mínimo por discapacidad asciende a 11.707.002 de euros correspondiente a 1.929.423 declaraciones y con un importe medio de 6.068 euros por declaración.
Es importante advertir que la información que proporcionan esta estadística no se refiere a todas las personas con discapacidad, pues no cubre a las personas con discapacidad no declarantes de IRPF, a las que no han hecho uso de sus beneficios fiscales, ni a las personas con discapacidad residentes en el País Vasco y Navarra, que quedan fuera del ámbito territorial del impuesto.
Cartografía sobre discapacidad en Extremadura
En este documento se presenta un análisis de la población con discapacidad y los recursos de apoyo existentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura, utilizando un criterio muy novedoso, basado en la distribución geográfica. Se trata pues de una serie de mapas sobre la población con discapacidad y sus dispositivos de apoyo en la región, incluyendo información de interés sobre recursos públicos, concertados y privados.
El objetivo último de este trabajo es aportar información útil para la toma de decisiones en materia de políticas públicas sobre discapacidad en la región, y se dirige tanto a planificadores como a gestores de las políticas públicas, así como a las propias personas con discapacidad y sus familias, y a cualquier persona o institución interesada por la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad en nuestra sociedad.
Descargar Informe Cartografía sobre discapacidad en Extremadura
Gasto público de las administraciones públicas en materia de discapacidad en España
Uno de los aspectos clave para conocer la realidad de las personas con discapacidad, es sin duda el análisis de la magnitud y evolución del gasto de las administraciones públicas en esta materia.
En este documento, se presenta una estrategia metodológica de seguimiento y evaluación del gasto público en discapacidad en España, para su aplicación sistemática, de manera anual, a partir de 2015.
Uno de los aspectos clave para conocer la realidad de las personas con discapacidad, es sin duda el análisis de la magnitud y evolución del gasto de las administraciones públicas en esta materia.
En este documento, se presenta una estrategia metodológica de seguimiento y evaluación del gasto público en discapacidad en España, para su aplicación sistemática, de manera anual, a partir de 2015.
La medición del gasto público en discapacidad es una tarea compleja, sobre la que el OED pretende propiciar un debate y reflexión conjunta a la que se invita a público e instituciones interesadas, con el objetivo último de alcanzar el mejor instrumento de medición posible. Esperamos sus aportaciones.
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