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Infancia y discapacidad. Algunos datos relevantes.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en sus Principios Generales: “el respeto a la evolución de los niños y niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad”. Por otra parte, en su artículo 7 dispone que los Estados deben garantizar que las niñas y niños con discapacidad tienen y disfrutan de los mismos derechos, asimismo se protegerá su interés superior y su derecho a expresar libremente su opinión en las cuestiones que les afecten. En España, según diversas fuentes, los niños y niñas con discapacidad  mantienen una situación de extrema vulnerabilidad.

El Estudio de UNICEF sobre la situación de los niños y las niñas con discapacidad en España (Campoy Cervera, 2013) señala como problemas relevantes de este colectivo: la ausencia de estudios adecuados, la especial incidencia de situaciones de maltrato, las dificultades para acceder a la educación inclusiva, las barreras para ejercer su derecho a participar en la toma de decisiones y la falta de apoyo a las familias de niños y niñas con discapacidad.

El último Informe del CERMI sobre derechos humanos y discapacidad (CERMI, 2017) denuncia distintas situaciones discriminatorias:

  • Contar con un hogar. Existe una larga lista de espera para la adopción o el acogimiento, sin embargo multitud de menores con discapacidad son excluidos desde el principio y estigmatizados. Esta circunstancia supone que los niños y niñas con discapacidad dependan de la Administración.
  • Educación. La Fundación CERMI Mujeres alerta del elevado fracaso escolar de las niñas con discapacidad.
  • Educación. La normativa que regula la admisión de alumnos en colegios españoles en el extranjero discrimina a las personas con discapacidad y no contenía previsión alguna de atención a estos alumnos. Una madre denuncia “serios impedimentos” para matricular a su hijo con discapacidad en el Instituto Español de Lisboa.
  • Delitos de odio. Pintadas ofensivas y amenazantes aparecidas en un centro de educación especial.

Otra situación de discriminación y maltrato que sufren en especial las niñas con discapacidad es la esterilización forzosa. La Fundación CERMI Mujeres en su informe “Poner fin a la esterilización forzosa de las mujeres y niñas con discapacidad” apunta que estas esterilizaciones se hacen sin el consentimiento o comprensión de las mujeres y niñas con discapacidad sobre el propósito de la intervención quirúrgica, y bajo el pretexto de su bienestar. Se estima una media anual de 96 sentencias judiciales autorizando la esterilización de personas con discapacidad previamente incapacitadas.

Descargar Nota OED sobre Infancia y Discapacidad

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Personas con discapacidad incluidas en las declaraciones del IRPF según tipo de discapacidad

En el ejercicio 2015, el 9,92% de las declaraciones del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) presentadas en el Territorio de Régimen Fiscal Común ponían de manifiesto la existencia de situaciones de discapacidad en la unidad familiar a la que se refería la declaración. En términos absolutos, esto supone que en el ejercicio 2015 se registraron 2.026.977 declarantes con discapacidad. El 46,2% corresponde a mujeres con discapacidad.

Este registro distingue las personas con discapacidad tres grados o niveles de dependencia protegidas fiscalmente:

  • Dependencia simple. Cuando todas las situaciones de discapacidad de la declaración presentan un grado de minusvalía comprendido entre el 33% y el 65%.
  • Dependencia simple con movilidad reducida. Cuando todas las situaciones de discapacidad de la declaración presentan un grado de minusvalía comprendido entre el 33% y el 65% pero al menos en una situación, se acredita necesitar ayuda de terceras personas o tener movilidad reducida.
  • Dependencia cualificada. Cuando al menos en una situación de discapacidad de la declaración se acredita un grado de minusvalía que supera el 65%.

Según esta clasificación, el 30% de las personas declarantes con discapacidad se encuentra en una situación de dependencia cualificada; Un 67% corresponde a personas declarantes en situación de dependencia simple y el 3% a personas en situación de dependencia simple con ayuda a tercera persona (ATP) o movilidad reducida.

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Fuente: Agencia Tributaria

De acuerdo con la distribución territorial, los porcentajes más altos de personas declarantes con discapacidad se encuentran en Cataluña (18,4%); Andalucía (17,8%) y la Comunidad de Madrid (11,7%). En el extremo contrario se en encuentran en Islas Baleares (1,8%), Cantabria (1,7%) y la La Rioja (0,7%).

En términos de impacto económico, los datos señalan que el importe mínimo por discapacidad asciende a 11.707.002 de euros correspondiente a 1.929.423 declaraciones y con un importe medio de 6.068 euros por declaración.

Es importante advertir que la información que proporcionan esta estadística no se refiere a todas las personas con discapacidad, pues no cubre a las personas con discapacidad no declarantes de IRPF, a las que no han hecho uso de sus beneficios fiscales, ni a las personas con discapacidad residentes en el País Vasco y Navarra, que quedan fuera del ámbito territorial del impuesto.

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Cartografía sobre discapacidad en Extremadura

En este documento se presenta un análisis de la población con discapacidad y los recursos de apoyo existentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura, utilizando un criterio muy novedoso, basado en la distribución geográfica. Se trata pues de una serie de mapas sobre la población con discapacidad y sus dispositivos de apoyo en la región, incluyendo información de interés sobre recursos públicos, concertados y privados.

El objetivo último de este trabajo es aportar información útil para la toma de decisiones en materia de políticas públicas sobre discapacidad en la región, y se dirige tanto a planificadores como a gestores de las políticas públicas, así como a las propias personas con discapacidad y sus familias, y a cualquier persona o institución interesada por la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad en nuestra sociedad.

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El movimiento asociativo de las mujeres con discapacidad en España

El Informe sobre la articulación del movimiento social de mujeres con discapacidad en España: génesis y desarrollo trata de una investigación sobre la articulación del movimiento social de mujeres con discapacidad en España en el que se analizan las demandas iniciales materializadas en documentos de reivindicación como, por ejemplo, el primer manifiesto de las Mujeres con discapacidad de Europa, elaborado por el Comité de Mujeres del Foro Europeo de la Discapacidad en el año 2007. Se pone énfasis en el impacto producido por la IV Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Mujer celebrada en Beijing en el año 1995 y el posterior desarrollo de Planes de diversa índole que en nuestro país han tratado de dar respuesta a las reivindicaciones de las mujeres con discapacidad.

El documento, además, realiza un recorrido histórico de la consolidación de instancias dedicadas a la igualdad de género en el seno de las organizaciones más representativas de las personas con discapacidad en España, así como del surgimiento de organizaciones específicas de mujeres con discapacidad y su desigual y compleja inserción en el marco del movimiento general de mujeres.

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Personas con discapacidad y uso de internet: seis datos clave

En el Día Mundial de Internet, el Observatorio Estatal de la Discapacidad advierte de la persistencia de la brecha digital en las personas con discapacidad y de las barreras para acceder a la web en igualdad de condiciones. El informe Olivenza 2017 en su capítulo: “Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)” elaborado en colaboración con la Fundación Vodafone España, pone de manifiesto esta realidad.

 

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Realidad, situación, dimensión y tendencias del empleo con apoyo en España en el horizonte del año 2020

El objetivo de este estudio es analizar la evolución del empleo con apoyo en España ofreciendo datos sobre su dimensión y tendencias.

El acceso al empleo de las personas con discapacidad es un factor clave para la inclusión social. En este sentido es primordial contar con mecanismos que faciliten el acceso al empleo, con las medidas de apoyo que resulten eficaces. En España el empleo con apoyo, como método de inserción laboral, ha supuesto una herramienta fundamental en el proceso de inclusión social de las personas con discapacidad, aunque su grado de desarrollo es irregular.

En el informe se hace un análisis del papel de la Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE) y de otras entidades junto con una revisión bibliográfica de la normativa y una consulta a entidades que realizan Empleo con Apoyo en España.

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Las personas con discapacidad en el ámbito laboral

Con motivo del día internacional del trabajo, el OED presenta el siguiente informe breve sobre la situación laboral de las personas con discapacidad. Los datos que aquí se presentan son datos tomados del capítulo 4 del Informe Olivenza 2017. De acuerdo con este Informe, en 2015 en España 1.774.800 personas con discapacidad se encontraban en edad laboral (16 a 64 años). El 57,69% de estas personas son varones y un 42,31% mujeres. Y el 69,55% están en el grupo de edad de 45 a 64 años.

Al considerar la situación de las personas con discapacidad en relación al empleo, destaca siempre las bajas tasas de actividad de éstas y la distancia respecto a las personas sin discapacidad. Esta circunstancia se agudiza en el caso de las mujeres con discapacidad que presentan, en todas las variables relacionadas con empleo, las peores cifras (actividad, empleo, desempleo) no sólo respecto a los varones con discapacidad sino también respecto a las personas sin discapacidad en edad laboral.

Los datos de que ofrece el Informe Olivenza ilustran bien esta situación. Así, la tasa de actividad de las personas con discapacidad es 44 puntos inferior que la de las personas sin discapacidad; la tasa de paro es casi 10 puntos mayor y la del empleo casi 3 veces menor que la de las personas sin discapacidad. En otros términos, casi un millón doscientas mil personas con discapacidad son inactivas y solo una de cada cuatro personas con discapacidad tiene empleo.

Descargar NOTA OED EMPLEO PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 

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Informe Olivenza 2017

El Informe Olivenza, estudio panorámico sobre situación de la población con discapacidad en España y de manera específica el estado de la inclusión social de la población con discapacidad en la región de Extremadura, se elabora a partir de fuentes de información fundamentalmente documentales, legislativas, y estadísticas.

Este informe se presenta por el Observatorio Estatal de la Discapacidad al Consejo Nacional de la Discapacidad en cumplimiento de lo dispuesto en artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

En el capítulo 2, se presentan los principales cambios en el marco normativo en relación con la discapacidad en el último año. En el capítulo 3, se actualizan los datos fundamentales sobre inclusión social de la población con discapacidad a partir de las fuentes estadísticas disponibles.

El capítulo 4, referido a “Mercado de Trabajo y Discapacidad en España” ha sido elaborado en colaboración con ODISMET, el observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE. ODISMET es una iniciativa de Fundación ONCE cofinanciado por el Fondo Social Europeo y gestionado por FSC Inserta, cuya finalidad es la de convertirse en el referente de consulta sobre todo lo relacionado con el binomio discapacidad y mercado de trabajo.

El capítulo 5 se ofrecen los resultados de aplicación del modelo para la medición del gasto público en discapacidad propuesto en el Informe Olivenza 2014, destinado a medir el esfuerzo de las administraciones públicas españolas en materia de políticas de discapacidad.

En el capítulo 6, referido a “Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”, se estudia la penetración de las tecnologías TIC entre el colectivo de personas con algún tipo de discapacidad. Este capítulo ha sido elaborado en colaboración con la Fundación Vodafone.

Dada su especial vinculación desde su origen con la Comunidad Autónoma de Extremadura, el OED realiza en el capítulo 7 un análisis específico de la población con discapacidad de la región, tanto desde una perspectiva demográfica, como desde su inclusión social.

Puede acceder al documento en el siguiente enlace: Informe Olivenza 2017

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Modelos integrados de atención a la discapacidad

Uno de los ámbitos de intervención en los que la participación de los sectores social y sanitario resulta sinérgica es en el de la atención a las personas con discapacidad.

Desde la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Comunidad Autónoma de Extremadura se han desarrollado planes y proyectos de intervención dirigidos a las personas con discapacidad, que tienen como base:

  • La definición de un modelo integrado de atención que contempla servicios y prestaciones desde los diferentes sectores (educativos, sanitarios y sociales, principalmente).
  • El desarrollo de servicios más o menos especializados en cada sector, según su nivel competencial.
  • La puesta en marcha de mecanismos de coordinación y trasvase de información entre los distintos prestadores de servicios.

El desarrollo de estas actuaciones debe ir acompañado de una puesta al día y un conocimiento de las mejores prácticas que se llevan a cabo en el conjunto de las comunidades autónomas y en el análisis de la viabilidad de la aplicación de las mismas en nuestra región, que oriente y refuerce los proyectos actualmente en curso y sirva para promover la implementación de modelos de atención integrada y la sinergia de los ámbitos sanitario y social desde el análisis de experiencias y la transferencia del conocimiento resultante a los principales actores del sector.

Y en ese contexto, la elaboración de este documento técnico sobre modelos integrados de atención a la discapacidad tiene los siguientes objetivos:

  • Proporcionar información relativa a las experiencias de atención integrada existentes en España en materia de discapacidad.
  • Analizar dichas experiencias desde el punto de vista de su aplicación práctica y su valor añadido a las políticas públicas.
  • Realizar una propuesta de diseño de herramientas que aporten al sistema y a los profesionales, soluciones para favorecer la integración de los modelos sociales y sanitarios.
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Distribución territorial de las personas que han estado privadas de su derecho al voto en España

Gráfico. Personas que, en las elecciones generales de 20 de diciembre de 2015 y 26 de junio de 2016, han estado privadas de su derecho al voto en España

El artículo 29 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad garantiza a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones, lo que incluye el derecho al voto. Sin embargo, el artículo 3 de la Ley 5/1985, de 19 de julio, del Régimen Electoral General, señala que los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme quedarán privados del derecho de sufragio, siempre que la sentencia declare expresamente la incapacidad para su ejercicio.

De acuerdo con la información facilitada al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) por la Junta Electoral Central, el número de personas que, en las elecciones generales de 20 de diciembre de 2015 y 26 de junio de 2016, han estado privadas de su derecho al voto mediante sentencia judicial ha ascendido a 98.488. De éstas el 53% son mujeres y un 47% varones.

Al considerar la edad, se observa que el 60,9% de las personas que han estado privadas de su derecho al voto mediante sentencia judicial son menores de 65 años (60.003 personas).

La distribución territorial de esta población en términos de tasas por mil habitantes, muestra que las tasas más altas de personas privadas de su derecho al voto por motivo de discapacidad se encuentran en Castilla y León (4,60), Navarra (4,28) y La Rioja (4,17).

El 7 de noviembre de 2017 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la toma en consideración de la proposición de ley de la Asamblea de Madrid que busca modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y garantizar así el derecho a voto a todas las personas con discapacidad. La proposición defiende la supresión de los apartados ‘b’ y ‘c’ de esta Ley Orgánica que establecen que carecen de derecho de sufragio: “los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio” y “los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio“, respectivamente.

El 22 de febrero de 2018 el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclamó en el Congreso de los Diputados que se otorgue sin dilación este derecho de sufragio, activo y pasivo a las personas que no lo tienen reconocido por razón de discapacidad intelectual, psicosocial o deterioro cognitivo. En este sentido, la propuesta del CERMI es la de que se debata y apruebe esta reforma de la LOREG de manera “separada” del resto de cuestiones que se están abordando para modificar el régimen electoral.

Agilizar esta reforma permitiría cumplir por un lado con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por otro, avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho.