Los europeos y la democracia. Eurobarómetro 96.2 del Parlamento Europeo
La Unión Europea (UE) realiza periódicamente encuestas de opinión a los ciudadanos respecto de una amplia variedad de temas relacionados directa o indirectamente con la UE, que se sistematizan desde 1974 en el Eurobarómetro, cuya edición estándar se lleva a cabo dos veces al año, una en otoño y otra en primavera. El Eurobarómetro Estándar se complementa desde 1990 con los Eurobarómetros Especiales, que son estudios temáticos exhaustivos que realizan diversos servicios de la Comisión Europea y otras instituciones de la UE, como el Parlamento Europeo, que en el año 2007 inició una serie regular de encuestas Eurobarómetro.
En enero de 2022, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea han lanzado conjuntamente un nuevo sitio web interinstitucional del Eurobarómetro (https://europa.eu/eurobarometer/). Esta plataforma alberga en un solo lugar todos los datos de encuestas Eurobarómetro existentes, tanto del Parlamento Europeo como de la Comisión Europea. El sitio web ofrece acceso completo a la base de datos de encuestas más grande de la Unión Europea.
A principios del mes de febrero se ha publicado la edición de otoño 2021 del Eurobarómetro del Parlamento Europeo (EB 96.2), titulado «Defendiendo la democracia, empoderando a los ciudadanos”. Este informe muestra que los ciudadanos han mejorado su visión positiva del Parlamento Europeo en los últimos años. En general, las personas más jóvenes tienden a tener una imagen más favorable del Parlamento Europeo. Los ciudadanos con estudios de nivel superior y quienes tienen ocupaciones gerenciales o de cuello blanco o son estudiantes también tienen una imagen más positiva de la institución.
Una de las preguntas del Eurobarómetro 96.2 se refiere a los temas que los ciudadanos consideran que el Parlamento Europeo debe abordar. La lista de temas está encabezada por la salud pública, seguida por la lucha contra la pobreza y la exclusión social y por la lucha contra el cambio climático, tema este último que es el más priorizado por los encuestados más jóvenes.
El Eurobarómetro 96.2 también incluye una pregunta los valores que los ciudadanos consideran que el Parlamento Europeo debe defender. Los ciudadanos han citado en primer lugar a la democracia, seguida de la libertad de expresión y de pensamiento y de la protección de los derechos humanos tanto en Europa como en el mundo.
Aunque el Eurobarómetro 96.2 no incorpora ninguna pregunta relacionada directamente con la discapacidad, hay algunas categorías de respuesta que, de forma indirecta, aportan informaciones de interés para nuestro sector. Así, por ejemplo, entre los temas que los ciudadanos consideran que el Parlamento Europeo debe abordar se incluye la igualdad de género, inclusión y diversidad. Un 14% de los ciudadanos han citado este tema cuando se les ha preguntado por los tres que consideran que es más necesario que el Parlamento Europeo aborde, y lo han hecho en mayor medida los ciudadanos más jóvenes, quienes continúan estudiando, las mujeres y quienes tienen una imagen más positiva del Parlamento Europeo.
También entre los valores que los ciudadanos consideran que el Parlamento Europeo debe defender hay algunos que tienen una relación más directa con la discapacidad, como la tolerancia y respeto por la diversidad (citado por un 16% de los ciudadanos entre los tres que consideran prioritarios) y la lucha contra la discriminación y la protección de las minorías (citado por el 14% de los ciudadanos). En ambos casos, los más jóvenes, quienes continúan estudiando y quienes tienen una imagen más positiva del Parlamento Europeo han citado en mayor medida estos valores que el conjunto de la población.
Niños y niñas con discapacidad en situación de pobreza y exclusión social
Estudios recientes indican que España es en la actualidad uno de los países europeos con mayor tasa de riesgo de pobreza infantil. Según el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España, y organizaciones como UNICEF o Save The Children, casi un tercio de los niños y niñas en nuestro país se encuentran en esta situación, mientras que la media en la Unión Europea se sitúa en torno al 25%.
La preocupación por la persistencia de esta situación ha llevado a la Unión Europea a incluirla como prioridad del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, lo que en España se ha traducido en el desarrollo de una estrategia contra la pobreza infantil que el Gobierno debe presentar a la Comisión Europea el próximo mes de marzo.
Menores con discapacidad
De acuerdo con la Base Estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad, a 31 de diciembre de 2019 viven en España 3.257.058 personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento. De éstas, el 5% son personas menores de 17 años (162.699 personas). En este tramo de edad los varones suponen el 66% de las personas con reconocimiento administrativo de discapacidad.
El tipo de deficiencia que presenta mayor prevalencia en este tramo de edad son las demencias y trastornos mentales. Le sigue la discapacidad intelectual y del desarrollo y las deficiencias neuromusculares.
Aunque con variaciones importantes, las Comunidades Autónomas con más población menor de edad que tiene reconocida la situación de discapacidad, en términos relativos, son Murcia, Asturias, Cataluña, Galicia, Madrid y Canarias.
Pobreza y discapacidad
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) apunta que en 2020, el 9,6 % de las personas con discapacidad vivían en situación de pobreza severa, esto es 1,1% más que las personas sin discapacidad en ese mismo grupo de edad. También señala que desde el año 2017, justo en el período de recuperación económica, la tasa de pobreza severa ha pasado a ser claramente más elevada entre las personas con discapacidad. Según esta misma Red, las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión significativamente más elevado que aquellas que no tienen discapacidad.
Pobreza infantil y discapacidad
A pesar de que la discapacidad, y específicamente aquella relacionada con problemas de salud mental, es un factor reconocido de generación de pobreza y exclusión social, existen una enorme falta de información estadística sobre en qué medida los niños y niñas con discapacidad se ven afectados por este fenómeno.
Con datos referidos a 2017, el 28,1% de los menores de 16 años se encontraban en riesgo de pobreza. De estos menores, el 4% de tiene discapacidad.
El 9,6 % de las personas con discapacidad se encuentra en situación de pobreza severa
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha presentado recientemente su informe “El Mapa de la Pobreza Severa en España. El Paisaje del Abandono”[1]. El informe muestra que el número de personas en situación de pobreza severa en España se ha incrementado en más de un millón de personas desde la crisis de 2008.
De acuerdo con este informe, en 2020, un 9,5% de la población vivía en situación de pobreza severa (4.506.770 personas). 188.548 personas más que el año anterior y un millón más de personas que en 2008.
En relación con las personas con discapacidad[2], el informe apunta que en 2020, el 9,6 % de las personas con discapacidad de 16 o más años de edad estaba en pobreza severa, esto es 1,1% más que las personas sin discapacidad en ese mismo grupo de edad. También señala que desde el año 2017, justo en el período de recuperación económica, la tasa de pobreza severa ha pasado a ser claramente más elevada entre las personas con discapacidad. Cabe recordar que la EAPN-ES ya señaló, en su 10º Informe AROPE[3], que las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión mucho más elevado que aquellas que no tienen discapacidad.
[1] Llano, J., Quiroga, D. (2021). El mapa de la pobreza severa en España. El paisaje del abandono, 2º informe. Madrid: EAPN España.
[2] El informe considera como personas con discapacidad a aquellas de 16 o más años de edad que afirman en la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV-INE) haberse visto limitadas en algún momento debido a un problema de salud para realizar las actividades que la gente habitualmente hace. Las personas que se incluyen en esta definición no necesariamente disponen de certificado de discapacidad.
[3] Llano, J. (2020). El estado de la pobreza, 10º Informe AROPE. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2008-2019. Madrid: Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Estrategia Europea sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030
En marzo de 2021, la Comisión Europea adoptó una nueva Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para el período 2021-2030. La Estrategia tiene como objetivo avanzar en la aplicación de todos los ámbitos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), tanto a escala de la Unión Europea como de los Estados miembros.
La Estrategia tiene en cuenta la diversidad de la discapacidad, que es consecuencia de la interacción entre las deficiencias físicas, psíquicas, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que suelen ser invisibles, con los obstáculos presentes en el entorno, así como del aumento de la prevalencia de la discapacidad con la edad (casi la mitad de las personas de más de 65 años declaran presentar algún tipo de discapacidad).
Por otra parte, promueve una perspectiva intersectorial, que aborde los obstáculos específicos que afrontan las personas con discapacidad que se encuentran en la intersección de identidades (género, raza, etnia, sexo, religión), o en una situación socioeconómica difícil o en cualquier otra situación vulnerable.
La Estrategia se articula en tres grandes apartados:
- Disfrutar de los derechos de la Unión. Las personas con discapacidad deberían disfrutar de todos los derechos en las mismas condiciones que las demás, en particular cuando se trasladan a otro Estado miembro o participan en la vida política.
- Nivel de vida digno y vida independiente. La independencia, los servicios sociales y de empleo de calidad, la vivienda accesible e inclusiva, la participación en el aprendizaje permanente, la protección social adecuada y el refuerzo de la economía social son elementos indispensables para que todas las personas con discapacidad disfruten de una vida digna.
- Igualdad de acceso y no discriminación. Las personas con discapacidad tienen derecho a la protección frente a cualquier forma de discriminación y violencia y a la igualdad de oportunidades en materia de justicia, educación, cultura, vivienda, actividades recreativas, ocio, deporte y turismo, y en el acceso a estos y a los servicios sanitarios.
Respecto a la vida independiente, cabe destacar el compromiso para “desarrollar la vida independiente y reforzar los servicios basados en la comunidad”. La Estrategia manifiesta que “Las personas con discapacidad, jóvenes y mayores, tienen el mismo derecho a vivir de forma independiente y a formar parte de la comunidad, con las mismas opciones que los demás en cuanto a su lugar de residencia y con quién y cómo vivir… La independencia requiere de un panorama diferenciado de servicios de calidad, accesibles, basados en la comunidad y en la familia, centrados en la persona y asequibles, que incluyan asistencia personal y médica y la intervención de trabajadores sociales, con el fin de facilitar las actividades cotidianas y ofrecer alternativas a las personas con discapacidad y a sus familias.
Los servicios de apoyo generales deben ser inclusivos para los niños con discapacidad y las personas mayores y accesibles para ellos, y deben tener en cuenta el género y la cultura”.
En este contexto, la Comisión se plantea dos iniciativas emblemáticas:
- La publicación de directrices en las que recomendará a los Estados miembros mejoras para la vida independiente y la inclusión en la comunidad, con el fin de permitir que las personas con discapacidad residan en viviendas accesibles y asistidas en la comunidad, o que continúen viviendo en sus hogares (contando con regímenes de asistencia personal).
- De aquí a 2024, la presentación de un marco europeo de calidad para unos servicios sociales de excelencia para las personas con discapacidad, con el fin de mejorar la prestación de servicios para las personas con discapacidad y mejorar el atractivo de los empleos en este ámbito.
En materia de Igualdad de acceso y no discriminación, la Estrategia se propone mejorar el acceso a la justicia, la protección social, la libertad y la seguridad, impulsar el acceso sostenible y equitativo a la asistencia sanitaria. En estos ámbitos, así como en el acceso al empleo, la Estrategia reconoce la especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual.
Destaca también el compromiso de impulsar una educación inclusiva y accesible, para lograr este compromiso la Comisión se propone:
- Publicar, en 2021, un conjunto de herramientas para la inclusión en la atención y la educación de la primera infancia, que incluirá un capítulo específico sobre los niños con discapacidad.
- Apoyar a los Estados miembros para que sigan desarrollando sus sistemas de formación del profesorado, a fin de abordar la escasez de personal docente en la educación para necesidades especiales y las competencias de todos los profesionales de la educación para gestionar la diversidad en el aula y desarrollar la educación inclusiva.
- Como miembro del Consejo Superior de las Escuelas Europeas, apoyará la intensificación de los esfuerzos destinados a implementar el Plan de acción sobre el apoyo educativo y la educación inclusiva, centrándose en la accesibilidad y los ajustes razonables, la adaptación de sus planes de estudios a las necesidades del alumnado con discapacidad (por ejemplo, diplomas alternativos que permitan continuar los estudios a nivel nacional) y en ofrecer cursos de formación para profesores en el ámbito de la educación inclusiva.
Vida Laboral de las Personas con Discapacidad 2019: situación y retos de la inclusión en el empleo
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este mes los resultados de la operación estadística “Vida Laboral de las personas con discapacidad (VLPD)”. Esta encuesta forma parte de las operaciones estadísticas con las que cuenta en INE en este ámbito: el Empleo de las Personas con Discapacidad y el Salario de las Personas con Discapacidad.
El objetivo de la Encuesta VLPD es obtener información sobre la vida laboral de las personas de 16 y más años con discapacidad oficialmente reconocida y hacerlo en términos comparativos con las personas sin discapacidad. La operación es fruto de un convenio de colaboración entre INE, el IMSERSO, y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). En su realización se utiliza la información procedente de la integración de los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) con datos administrativos registrados en la Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad (BEPD).
Los resultados referidos a 2019 señalan que 31.658,6personas de 16 o más años que en 2019 tuvieron alguna relación con la Seguridad Social, el 9,9% de estas personas tenían una discapacidad[1] (3.129.000 personas). 56% varones, 44% mujeres.
Uno de los aspectos que destaca el INE de los resultados de la VLPD es la baja participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad:
- Solo el 10% de las personas con discapacidad tuvieron relación con la Seguridad Social exclusivamente por estar de alta laboral al menos un día en el año, frente al 61,2% en el caso de las personas sin discapacidad.
- 626.300 personas con discapacidad estuvieron en alta laboral en algún momento del año, ya fuera como situación exclusiva o alternándola con otra[1]. Esto supone un 20,0% del total de las personas con discapacidad que tuvieron algún tipo de relación con la Seguridad Social. Este porcentaje es de 75,8% en las personas sin discapacidad.
- En relación con la distribución por sexo y edad de las personas con discapacidad que tuvieron alguna relación con la Seguridad Social, se observa un mayor porcentaje de varones que de mujeres (60% varones, 40% mujeres) y destaca el tramo de edad de mayores de 45 años que suponen el 33% de las personas con discapacidad que estuvieron en alta laboral en algún momento del año, ya fuera como situación exclusiva o alternándola con otra.
- Grado y perfil de discapacidad. Los datos señalan que a mayor grado de discapacidad menor participación en el mercado laboral. Las personas con deficiencias en el Sistema osteoarticular representaron el 23,1% de las que tuvieron discapacidad en alta laboral. Mientras que el porcentaje más bajo fue para aquellas con deficiencias en los Sistemas digestivo, metabólico y endocrino (3,7%).
- Las personas con discapacidad en alta laboral tuvieron en promedio 1,76 episodios de afiliación, frente a 2,12 de quienes no tuvieron discapacidad.
- El 31,1% de las afiliaciones por cuenta ajena de personas con discapacidad en 2019 fueron contratos indefinidos, frente al 27,2% de las personas sin discapacidad.
Aquí se puede descargar la NOTA completa
[1] Otras situaciones percepción de prestación por desempleo, pensionista y alta laboral, desempleo y alta
[1] Se consideran personas con discapacidad reconocida, es decir, aquellas con grado de discapacidad superior o igual al 33 % o asimilados, según el procedimiento de valoración establecido por RD Legislativo 1/2013.
Dictamen del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre la violación al derecho a la educación inclusiva de un niño con síndrome de Down en España
Siguiendo las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre la publicación y difusión del Dictamen (comunicación nº 41/2017) relacionado con la violación al derecho a la educación inclusiva de un niño con síndrome de Down en España, este Observatorio difunde la nota de prensa del Comité del 21 de septiembre de 2020, así como el Dictamen completo para su descarga.
Nota de prensa del Comité
España violó el derecho a la educación inclusiva de un niño con síndrome de Down que fue enviado a un centro de educación especial por las autoridades nacionales, a pesar de las objeciones de sus padres, ha concluido el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En su primera decisión sobre el derecho a la educación inclusiva, el Comité concluyó que España no evaluó los requisitos específicos del niño ni adoptó las medidas razonables que podrían haberle permitido permanecer en la educación general. Por lo tanto, el Estado parte no cumplió con sus obligaciones en virtud de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
El niño, Rubén, estaba en un colegio ordinario de León. Con el apoyo de un asistente de educación especial, mantuvo buenas relaciones con sus compañeros y maestros hasta 2009, cuando ingresó al cuarto grado a los 10 años. La situación se deterioró y surgieron graves denuncias de malos tratos y abusos por parte de su maestro.
La condición no mejoró cuando Rubén ingresó al quinto grado. Su nuevo maestro de clase no consideró que necesitaba un asistente de educación especial y solo después de que sus padres se quejaron se le permitió tener uno.
Sin embargo, Rubén comenzó a mostrar dificultades en el aprendizaje y en la vida escolar. Un informe escolar señaló lo que denominó «comportamiento perturbador», «brotes psicóticos» y «retraso en el desarrollo asociado con el síndrome de Down» de Rubén. En junio de 2011, la Dirección Provincial de Educación autorizó la inscripción de Rubén en un centro de educación especial ante las objeciones de sus padres.
Los padres de Rubén denunciaron los abusos que sufrió ante las autoridades judiciales internas, pero no se realizó una investigación efectiva. Sus padres también desafiaron sin éxito la decisión de la autoridad educativa de inscribirlo en un centro de educación especial. Además, las autoridades presentaron cargos penales contra los padres por negarse a enviar a su hijo a una escuela especializada.
Rubén y su padre finalmente llevaron su caso al Comité en 2017.
Tras examinar los alegatos presentados por ambas partes, el Comité concluyó que España violó el derecho de Rubén a la educación inclusiva.
«No parece que las autoridades del Estado parte hayan llevado a cabo una evaluación exhaustiva o un estudio en profundidad y detallado de sus necesidades educativas y las adaptaciones razonables que habría requerido para poder seguir asistiendo a una escuela ordinaria», dijo el miembro del Comité Markus Schefer.
El Comité solicitó que España garantice que Rubén, que actualmente se encuentra en un centro privado de educación especial para estudiantes con necesidades especiales, sea admitido en un programa de formación profesional inclusiva; que se le indemnice y que se investiguen efectivamente sus denuncias de abusos.
Entre otras recomendaciones, el Comité también instó a España a eliminar cualquier segregación educativa de los estudiantes con discapacidad tanto en las escuelas de educación especial como en las unidades especializadas dentro de las escuelas ordinarias, y a garantizar que los padres de estudiantes con discapacidad no sean procesados por reclamar el derecho de sus hijos a una educación inclusiva.
Dictamen completo para su descarga
Fuente: Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Estudio sobre la prevalencia de las alteraciones de la salud mental y/o problemas de conducta en las personas con discapacidad intelectual de Extremadura
La transformación hacía el modelo social de apoyo a las personas con discapacidad implica realizar investigaciones sobre situaciones, hasta ahora, poco observadas. Entre estas situaciones poco observadas encontramos la prevalencia de las alteraciones de la salud mental y/o problemas de conducta en las personas con discapacidad intelectual. Unas serie de variables pronostican una mayor vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual hacia el desarrollo de una alteración mental y/o conductual. A esta situación se une los escasos recursos médicos y psicosociales especializados en esta población.
La Comunidad Autónoma de Extremadura, consciente de la vulnerabilidad de esta población, promovió una serie de actuaciones para intervenir sobre la situación. Estas acciones se articulan en el Plan de Acción para la Atención de las personas con discapacidad intelectual y trastornos de la salud mental.
Por ello, se ha hecho necesario conocer la incidencia y prevalencia de las alteraciones de salud mental y/o problemas de conducta en personas con discapacidad intelectual en la Comunidad Autónoma de Extremadura, mediante el “Estudio sobre la prevalencia de las alteraciones de la salud mental y/o problemas de conducta en las personas con discapacidad intelectual de Extremadura”. Este estudio se suma a las iniciativas desarrolladas, desde 2017, por el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), en colaboración con el OED.
Aquí puede descargar la Nota Breve completa
Aquí puede descargar el informe sobre discapacidad intelectual y salud mental en Extremadura
Cuestionario para profesionales del ámbito de la educación no universitaria sobre inclusión educativa del alumnado con discapacidad
El Observatorio Estatal de la Discapacidad tiene entre sus actuaciones para el año 2019, realizar un estudio para conocer las principales claves actuales que facilitan o dificultan la plena inclusión del alumnado con discapacidad en España.
En este sentido, como docentes, gestores, profesionales de servicios de apoyo, … relacionados con el ámbito educativo, solicitamos su colaboración para responder, desde sus experiencias y conocimientos, el siguiente cuestionario. La participación es voluntaria y la información que se recoja será tratada de forma anónima y confidencial, por lo que no es necesario que se indique ningún dato personal.
La fecha límite para participar en esta consulta es el 30 de junio de 2019.
Para cualquier duda o consulta contacte a través de este correo electrónico de atención permanente: oed@observatoriodeladiscapacidad.info. Muchas gracias.
Informe Olivenza 2018
Estudio panorámico sobre situación de la población con discapacidad en España y de manera específica el estado de la inclusión social de la población con discapacidad en la región de Extremadura, realizado a partir de fuentes de información fundamentalmente documentales, legislativas, y estadísticas.
El Informe Olivenza 2018 comprende los siguientes capítulos:
- Cambios en el marco normativo de la discapacidad. Consiste en un análisis legislativo estatal en 2017‐2018: con referencia a los avances en leyes relacionadas con discapacidad, en el ámbito internacional, estatal y autonómico, con especial referencia a avances en armonización con CDPD.
- Gasto público en discapacidad en España. Trata de la estimación de gasto en discapacidad en España 2017 a partir del documento elaborado por el OED en 2014, denominado “Gasto público de las administraciones públicas en materia de discapacidad en España”, utilizando como fuente la información oficial sobre presupuestos generales del estado y CCAA.
- Personas con discapacidad en España. Se realiza un análisis cuantitativo a partir de bases de datos y fuentes estadísticas, con especial atención a fuentes no utilizadas hasta el momento (EUROSTAT, Encuesta Social Europea, Encuesta Europea de Salud, Registros de Valoración Autonómicos, Registros estatales de Discapacidad, Dependencia, SIUSS).
- Mercado laboral y discapacidad en España. Para dar continuidad a los informes de años anteriores, se ha enfocado en la actualización y evolución de los distintos indicadores analizados, aportando una visión detallada sobre el colectivo. Es una parte del informe que ha realizado ODISMET sobre el mercado de trabajo.
- Necesidades y demandas de las personas con discapacidad orgánica. Capítulo elaborado por el Observatorio de la Discapacidad Física (ODF). Desde el ODF se ha considerado importante analizar y evidenciar las necesidades y demandas de las personas con discapacidad orgánica dando voz al colectivo protagonista.
- Situación de la discapacidad en Extremadura. Informe específico sobre población con discapacidad en Extremadura: que albergará de forma específica información sobre la región, extraída de los apartados indicados.
- Resultados del estudio “TIC y Discapacidad”, liderado por Fundación Vodafone y el CERMI para conocer el uso actual de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) entre las personas con discapacidad en España.
Infancia y Discapacidad
Con motivo del Día Universal de la Infancia señalamos que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en sus Principios Generales: “el respeto a la evolución de los niños y niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad”. Por otra parte, en su artículo 7 dispone que los Estados deben garantizar que las niñas y niños con discapacidad tienen y disfrutan de los mismos derechos, asimismo se protegerá su interés superior y su derecho a expresar libremente su opinión en las cuestiones que les afecten. En España, según diversas fuentes, los niños y niñas con discapacidad mantienen una situación de extrema vulnerabilidad.
El Estudio de UNICEF sobre la situación de los niños y las niñas con discapacidad en España (Campoy Cervera, 2013) señala como problemas relevantes de este colectivo: la ausencia de estudios adecuados, la especial incidencia de situaciones de maltrato, las dificultades para acceder a la educación inclusiva, las barreras para ejercer su derecho a participar en la toma de decisiones y la falta de apoyo a las familias de niños y niñas con discapacidad.
El último Informe del CERMI sobre derechos humanos y discapacidad (CERMI, 2017) denuncia distintas situaciones discriminatorias:
- Contar con un hogar. Existe una larga lista de espera para la adopción o el acogimiento, sin embargo multitud de menores con discapacidad son excluidos desde el principio y estigmatizados. Esta circunstancia supone que los niños y niñas con discapacidad dependan de la Administración.
- Educación. La Fundación CERMI Mujeres alerta del elevado fracaso escolar de las niñas con discapacidad.
- Educación. La normativa que regula la admisión de alumnos en colegios españoles en el extranjero discrimina a las personas con discapacidad y no contenía previsión alguna de atención a estos alumnos. Una madre denuncia “serios impedimentos” para matricular a su hijo con discapacidad en el Instituto Español de Lisboa.
- Delitos de odio. Pintadas ofensivas y amenazantes aparecidas en un centro de educación especial.
Otra situación de discriminación y maltrato que sufren en especial las niñas con discapacidad es la esterilización forzosa. La Fundación CERMI Mujeres en su informe “Poner fin a la esterilización forzosa de las mujeres y niñas con discapacidad” apunta que estas esterilizaciones se hacen sin el consentimiento o comprensión de las mujeres y niñas con discapacidad sobre el propósito de la intervención quirúrgica, y bajo el pretexto de su bienestar. Se estima una media anual de 96 sentencias judiciales autorizando la esterilización de personas con discapacidad previamente incapacitadas.
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