El Observatorio Estatal de la Discapacidad tiene entre sus actuaciones para el año 2019, realizar un estudio para conocer las principales claves actuales que facilitan o dificultan la plena inclusión del alumnado con discapacidad en España.
En este sentido, como docentes, gestores, profesionales de servicios de apoyo, … relacionados con el ámbito educativo, solicitamos su colaboración para responder, desde sus experiencias y conocimientos, el siguiente cuestionario. La participación es voluntaria y la información que se recoja será tratada de forma anónima y confidencial, por lo que no es necesario que se indique ningún dato personal.
La fecha límite para participar en esta consulta es el 30 de junio de 2019.
Para cualquier duda o consulta contacte a través de este correo electrónico de atención permanente: oed@observatoriodeladiscapacidad.info. Muchas gracias.
Estudio panorámico sobre situación de la población con discapacidad en España y de manera específica el estado de la inclusión social de la población con discapacidad en la región de Extremadura, realizado a partir de fuentes de información fundamentalmente documentales, legislativas, y estadísticas.
El Informe Olivenza 2018 comprende los siguientes capítulos:
Con motivo del Día Universal de la Infancia señalamos que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en sus Principios Generales: “el respeto a la evolución de los niños y niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad”. Por otra parte, en su artículo 7 dispone que los Estados deben garantizar que las niñas y niños con discapacidad tienen y disfrutan de los mismos derechos, asimismo se protegerá su interés superior y su derecho a expresar libremente su opinión en las cuestiones que les afecten. En España, según diversas fuentes, los niños y niñas con discapacidad mantienen una situación de extrema vulnerabilidad.
El Estudio de UNICEF sobre la situación de los niños y las niñas con discapacidad en España (Campoy Cervera, 2013) señala como problemas relevantes de este colectivo: la ausencia de estudios adecuados, la especial incidencia de situaciones de maltrato, las dificultades para acceder a la educación inclusiva, las barreras para ejercer su derecho a participar en la toma de decisiones y la falta de apoyo a las familias de niños y niñas con discapacidad.
El último Informe del CERMI sobre derechos humanos y discapacidad (CERMI, 2017) denuncia distintas situaciones discriminatorias:
Otra situación de discriminación y maltrato que sufren en especial las niñas con discapacidad es la esterilización forzosa. La Fundación CERMI Mujeres en su informe “Poner fin a la esterilización forzosa de las mujeres y niñas con discapacidad” apunta que estas esterilizaciones se hacen sin el consentimiento o comprensión de las mujeres y niñas con discapacidad sobre el propósito de la intervención quirúrgica, y bajo el pretexto de su bienestar. Se estima una media anual de 96 sentencias judiciales autorizando la esterilización de personas con discapacidad previamente incapacitadas.
El martes 16 de octubre se presentó el 8º informe sobre el estado de la pobreza: Seguimiento del indicador AROPE de riesgo de pobreza y exclusión social en España, 2008-2017 elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Como novedad este informe incluye un capítulo sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Esta nota breve tiene como propósito destacar los datos más relevantes de dicho informe.
La principal conclusión de este informe referida a la discapacidad es que las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión mucho más elevado que aquellas que no tienen discapacidad. Esta circunstancia no está solo referida a los datos recientes sino que muestra, según el período analizado, una situación de riesgo de pobreza estructural que además se incrementa ligeramente durante los tres últimos años (2015-2017).
Los datos referidos a 2017 señalan que la tasa AROPE de las personas es de 31,5%, mientras que para aquellas sin discapacidad se sitúa en 24,4% (siete puntos porcentuales menos). “Prácticamente una de cada tres personas con discapacidad, está en riesgo de pobreza y/o exclusión” (Llano, 2018).
El informe apunta entre los factores que influyen para este mayor riesgo de pobreza y/o exclusión, la dificultad para el acceso al mercado de trabajo y la carga económica que supone la discapacidad, entre otros.
Al considerar la edad, el sexo, se observan las siguientes variaciones en la tasa AROPE en 2017:
Respecto a la tasa de riesgo de pobreza, el informe señala que el 22,4 % de las personas con discapacidad está en riesgo de pobreza. Este porcentaje se reduce hasta el 19,9% para las personas sin discapacidad. Por el contrario la tasa de pobreza severa de las personas con discapacidad es ligeramente menor que la de las personas sin discapacidad.
El informe señala como relevante la relación entre actividad y pobreza en las personas con discapacidad. Y apunta: “el 17,1% de las personas ocupadas con discapacidad son pobres … Se supone que el empleo de las personas con discapacidad está más protegido, sin embargo, tampoco el trabajo les preserva de la pobreza”.
Por otra parte, la privación material severa es, también, notablemente más elevada entre las personas con discapacidad (7,6 %) que entre el resto de la población (4,2 %).
El estudio propone posibles medidas y ajustes razonables en los diversos instrumentos jurídicos, políticos, sociales, entre otros, destinados a la población con discapacidad en general y, al mismo tiempo, abrir un espacio de inclusión más igualitario con relación a la Discapacidad Sobrevenida. En este sentido, se focaliza en aquellos ámbitos con posible potencial de presencia de la Discapacidad Sobrevenida, como el ámbito del trabajo, que a su vez, permita generar propuestas dirigidas a la reorientación vital y profesional de las personas, con mención particular a la formación. La perspectiva de género por su especial relevancia social y con el objeto de estudio es una variable transversal a lo largo de todo el análisis realizado.
De forma coherente con el “Plan y Estrategia 2020” (COM, 2010) la realización de este trabajo está justificada por la prioridad europea por un “crecimiento integrador” basado en el “fomento de una economía con un alto nivel de empleo que redunde en la cohesión económica, social y territorial”.