Población con discapacidad según Zona de residencia
De acuerdo con el criterio del Instituto Nacional de Estadística que utiliza el tamaño del núcleo poblacional para definir las zonas de residencia, la población con discapacidad en España se distribuye en 51% en Zona Urbana (1.934.846 personas), 24% en Zona Intermedia (908.159 personas) y 25% en el Medio Rural (944.442 personas).
- Zonas Urbanas: municipios de más de 50.000 habitantes.
- Zonas Intermedias: municipios de entre 10.000 y 50.000 habitantes.
- Zonas Rurales: municipios de tamaño inferior a 10.000 habitantes.
El OED ha elaborado recientemente un informe sobre las personas con discapacidad residentes en el medio rural que tiene como objetivo contribuir al análisis de la realidad de las personas con discapacidad que residen en entornos rurales. En este documento se presentan de manera comparada los datos de las personas con discapacidad del Medio Rural respecto a aquellas que viven en zonas urbanas, entre estos datos cabe destacar:
- Que el riesgo de pobreza de las personas con discapacidad es más elevado en zonas rurales que para aquellas que residen en el medio urbano, y muy superior al de la población sin discapacidad.
- Que solo el 2,1% de las personas con discapacidad que residen en el medio rural cuenta con estudios universitarios, mientras este porcentaje es del 10,4% para aquellas que viven en zonas urbanas. Este dato, en la población con discapacidad joven (15 a 30 años) mejora de manera significativa, sin embargo las diferencias entre el ámbito rural-urbano se mantienen.
- Que el 67,5% de las personas con discapacidad que reside en zonas rurales encuentra barreras para el uso del transporte, mientras este porcentaje es del 49,6% para aquellas que viven en zonas urbanas.
Fuente: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2008.
Personas con discapacidad incluidas en las declaraciones del IRPF según tipo de discapacidad
En el ejercicio 2015, el 9,92% de las declaraciones del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) presentadas en el Territorio de Régimen Fiscal Común ponían de manifiesto la existencia de situaciones de discapacidad en la unidad familiar a la que se refería la declaración. En términos absolutos, esto supone que en el ejercicio 2015 se registraron 2.026.977 declarantes con discapacidad. El 46,2% corresponde a mujeres con discapacidad.
Este registro distingue las personas con discapacidad tres grados o niveles de dependencia protegidas fiscalmente:
- Dependencia simple. Cuando todas las situaciones de discapacidad de la declaración presentan un grado de minusvalía comprendido entre el 33% y el 65%.
- Dependencia simple con movilidad reducida. Cuando todas las situaciones de discapacidad de la declaración presentan un grado de minusvalía comprendido entre el 33% y el 65% pero al menos en una situación, se acredita necesitar ayuda de terceras personas o tener movilidad reducida.
- Dependencia cualificada. Cuando al menos en una situación de discapacidad de la declaración se acredita un grado de minusvalía que supera el 65%.
Según esta clasificación, el 30% de las personas declarantes con discapacidad se encuentra en una situación de dependencia cualificada; Un 67% corresponde a personas declarantes en situación de dependencia simple y el 3% a personas en situación de dependencia simple con ayuda a tercera persona (ATP) o movilidad reducida.
Fuente: Agencia Tributaria
De acuerdo con la distribución territorial, los porcentajes más altos de personas declarantes con discapacidad se encuentran en Cataluña (18,4%); Andalucía (17,8%) y la Comunidad de Madrid (11,7%). En el extremo contrario se en encuentran en Islas Baleares (1,8%), Cantabria (1,7%) y la La Rioja (0,7%).
En términos de impacto económico, los datos señalan que el importe mínimo por discapacidad asciende a 11.707.002 de euros correspondiente a 1.929.423 declaraciones y con un importe medio de 6.068 euros por declaración.
Es importante advertir que la información que proporcionan esta estadística no se refiere a todas las personas con discapacidad, pues no cubre a las personas con discapacidad no declarantes de IRPF, a las que no han hecho uso de sus beneficios fiscales, ni a las personas con discapacidad residentes en el País Vasco y Navarra, que quedan fuera del ámbito territorial del impuesto.
Cartografía sobre discapacidad en Extremadura
En este documento se presenta un análisis de la población con discapacidad y los recursos de apoyo existentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura, utilizando un criterio muy novedoso, basado en la distribución geográfica. Se trata pues de una serie de mapas sobre la población con discapacidad y sus dispositivos de apoyo en la región, incluyendo información de interés sobre recursos públicos, concertados y privados.
El objetivo último de este trabajo es aportar información útil para la toma de decisiones en materia de políticas públicas sobre discapacidad en la región, y se dirige tanto a planificadores como a gestores de las políticas públicas, así como a las propias personas con discapacidad y sus familias, y a cualquier persona o institución interesada por la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad en nuestra sociedad.
Descargar Informe Cartografía sobre discapacidad en Extremadura
Salario medio anual de la población con y sin discapacidad, 2010-2015
El Instituto Nacional de Estadística publica de forma anual la estadística sobre el salario de las personas con discapacidad cuyo objetivo es conocer la distribución de los salarios de los trabajadores por cuenta ajena con discapacidad oficialmente reconocida y lo hace en términos comparativos con las personas asalariadas sin discapacidad.
De acuerdo con esta operación estadística El Salario de las personas con discapacidad (INE, 2017), en 2015 el salario medio anual bruto de los trabajadores por cuenta ajena con discapacidad fue de 19.569,6 euros en 2015, un 2,9% más que en el año anterior. Esta cifra fue un 15,7% menor que la de las personas sin discapacidad (23.208,0 euros).
Al comparar este salario con años anteriores, se observa una brecha notable entre los salarios de las personas con discapacidad y los aquellas sin discapacidad que desde 2010 viene aumentando de forma progresiva pasando del 10% al 15,7% en 2015.
Para una mejor comprensión de la situación de las personas con discapacidad en el mercado laboral, estos datos deben considerarse junto con aquellos relacionados con la actividad laboral que pueden consultarse en el apartado de “Breves” de este Observatorio donde ofrecemos información clave, en formato condensado, sobre los principales rasgos de la población con discapacidad y sus familias.
Informe Olivenza 2017
El Informe Olivenza, estudio panorámico sobre situación de la población con discapacidad en España y de manera específica el estado de la inclusión social de la población con discapacidad en la región de Extremadura, se elabora a partir de fuentes de información fundamentalmente documentales, legislativas, y estadísticas.
Este informe se presenta por el Observatorio Estatal de la Discapacidad al Consejo Nacional de la Discapacidad en cumplimiento de lo dispuesto en artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
En el capítulo 2, se presentan los principales cambios en el marco normativo en relación con la discapacidad en el último año. En el capítulo 3, se actualizan los datos fundamentales sobre inclusión social de la población con discapacidad a partir de las fuentes estadísticas disponibles.
El capítulo 4, referido a “Mercado de Trabajo y Discapacidad en España” ha sido elaborado en colaboración con ODISMET, el observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE. ODISMET es una iniciativa de Fundación ONCE cofinanciado por el Fondo Social Europeo y gestionado por FSC Inserta, cuya finalidad es la de convertirse en el referente de consulta sobre todo lo relacionado con el binomio discapacidad y mercado de trabajo.
El capítulo 5 se ofrecen los resultados de aplicación del modelo para la medición del gasto público en discapacidad propuesto en el Informe Olivenza 2014, destinado a medir el esfuerzo de las administraciones públicas españolas en materia de políticas de discapacidad.
En el capítulo 6, referido a “Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”, se estudia la penetración de las tecnologías TIC entre el colectivo de personas con algún tipo de discapacidad. Este capítulo ha sido elaborado en colaboración con la Fundación Vodafone.
Dada su especial vinculación desde su origen con la Comunidad Autónoma de Extremadura, el OED realiza en el capítulo 7 un análisis específico de la población con discapacidad de la región, tanto desde una perspectiva demográfica, como desde su inclusión social.
Puede acceder al documento en el siguiente enlace: Informe Olivenza 2017
Distribución territorial de las personas que han estado privadas de su derecho al voto en España
El artículo 29 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad garantiza a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones, lo que incluye el derecho al voto. Sin embargo, el artículo 3 de la Ley 5/1985, de 19 de julio, del Régimen Electoral General, señala que los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme quedarán privados del derecho de sufragio, siempre que la sentencia declare expresamente la incapacidad para su ejercicio.
De acuerdo con la información facilitada al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) por la Junta Electoral Central, el número de personas que, en las elecciones generales de 20 de diciembre de 2015 y 26 de junio de 2016, han estado privadas de su derecho al voto mediante sentencia judicial ha ascendido a 98.488. De éstas el 53% son mujeres y un 47% varones.
Al considerar la edad, se observa que el 60,9% de las personas que han estado privadas de su derecho al voto mediante sentencia judicial son menores de 65 años (60.003 personas).
La distribución territorial de esta población en términos de tasas por mil habitantes, muestra que las tasas más altas de personas privadas de su derecho al voto por motivo de discapacidad se encuentran en Castilla y León (4,60), Navarra (4,28) y La Rioja (4,17).
El 7 de noviembre de 2017 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la toma en consideración de la proposición de ley de la Asamblea de Madrid que busca modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y garantizar así el derecho a voto a todas las personas con discapacidad. La proposición defiende la supresión de los apartados ‘b’ y ‘c’ de esta Ley Orgánica que establecen que carecen de derecho de sufragio: “los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio” y “los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio“, respectivamente.
El 22 de febrero de 2018 el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclamó en el Congreso de los Diputados que se otorgue sin dilación este derecho de sufragio, activo y pasivo a las personas que no lo tienen reconocido por razón de discapacidad intelectual, psicosocial o deterioro cognitivo. En este sentido, la propuesta del CERMI es la de que se debata y apruebe esta reforma de la LOREG de manera «separada» del resto de cuestiones que se están abordando para modificar el régimen electoral.
Agilizar esta reforma permitiría cumplir por un lado con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por otro, avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho.
Tasa de actividad y discapacidad
Al analizar la evolución de la participación en el mercado de trabajo en función de la discapacidad durante el período 2008-2014, se observa una baja tasa de actividad de la población con discapacidad, aunque en ligero crecimiento. Para el año 2013, la tasa de actividad de las personas con discapacidad en España era del 38%, menos de la mitad que la de las personas sin discapacidad, que era del 77%. En los últimos años ha ido creciendo esa tasa de actividad de las personas con discapacidad (en 2008 era del 33,4), manteniéndose la brecha en relación con la población sin discapacidad más o menos estable.
Pobreza y discapacidad
La población con discapacidad sufre niveles muy altos de pobreza. En términos relativos, el 15,7% de las mujeres con discapacidad se encuentra en situación de pobreza extrema, tasa muy superior a la de la población española (9,6%) y es sensiblemente superior a la de los varones con discapacidad (13,20%). El riesgo de pobreza no presenta diferencias significativas por género entre personas con discapacidad, aunque es 5 puntos superior para este grupo poblacional que para el resto de la población (32% frente a 27,6%). Gráfico: Niveles de pobreza de la población con y sin discapacidad. 2012. En el gráfico se muestra la población general y con discapacidad según niveles de pobreza, detallando los niveles de pobreza de las mujeres con discapacidad, en el año 2012.
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