Las mujeres y niñas con discapacidad en el medio rural en España
El objetivo del estudio ha sido aportar información útil sobre las características y necesidades que tienen las mujeres con discapacidad que residen en el medio rural en España, con el fin diagnosticar una realidad que ayude al diseño de políticas públicas de género y discapacidad a nivel estatal, en último término que contribuya a mejorar los mecanismos de inclusión social y la concienciación de la población en su conjunto.
Para cubrir la finalidad del estudio se consideraron tres técnicas para recoger la información primaria: 1) Taller diagnóstico con mujeres con discapacidad; y 2) Entrevistas estructuradas. Una vez definida la muestra y las técnicas, se ha llevado a cabo una segunda fase de trabajo de campo.
En este informe se ponen de manifiesto las opiniones de las mujeres con discapacidad en relación con su percepción sobre la calidad de vida en el medio rural, a su vida cotidiana – domestica, reproductiva y productiva- en los pueblos, a los sentimientos o situaciones de discriminación vividas. Se describen a los elementos que limitan la accesibilidad, disponibilidad y control a los recursos; así como las necesidades expresadas, que pasan por el concepto de empoderamiento, así como garantizar la accesibilidad universal.
El documento finaliza con un capítulo de conclusiones y propuestas que parten de los factores necesarios para el empoderamiento de las mujeres con discapacidad en el medio rural.
La discapacidad en la agenda de la I+D+i en España
El objetivo de este estudio ha sido analizar la presencia de la discapacidad dentro de las agendas públicas de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en España.
Un análisis del contexto normativo y de políticas muestra que existe una convergencia a escala nacional e internacional sobre la importancia de la I+D+i en la solución de los grandes retos de la sociedad, entre los que se encuentran de manera relevante los relacionados con la discapacidad. Por ello, la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013-2020 hace énfasis en los proyectos relacionados con la salud, el cambio demográfico, el bienestar, los cambios sociales, etc.
La exploración sobre los agentes del Sistema Español de Ciencia y Tecnología e Innovación implicados en la I+D+i en discapacidad ha mostrado las fortalezas del sistema, en el que participan entidades públicas, universidades, empresas, así como el propio colectivo de personas con discapacidad, que se constituye como un agente activo no solo desde la demanda, sino también de generación de innovación en sí misma.
En este estudio se ha realizado un diagnóstico de la agenda de I+D+i en discapacidad, atendiendo tanto a las temáticas relevantes como a los resultados en cuanto a proyectos y se ha completado con la consulta a un grupo de expertos, que han aportado su perspectiva sobre la situación de la discapacidad dentro de la agenda de I+D+i, así como sobre las fortalezas, aspectos impulsores y debilidades o barreras que la afectan.
La sostenibilidad del Tercer Sector de la Discapacidad: Alternativas de financiación de los apoyos, servicios y estructuras
Este estudio de carácter exploratorio tiene por objeto profundizar en la sostenibilidad económica del Tercer Sector de la Discapacidad (en adelante “el Sector”) y en los retos que acomete en el futuro desde el punto de vista de su actuación y financiación; para ello tiene en cuenta los cambios de contexto y las amenazadas y oportunidades que estos conllevan.
Para el análisis de tendencias en clave de probabilidad e impacto se ha utilizado como técnica el “análisis PESTLE” (Políticas, económicas, sociales, tecnológicas, legales, medioambientales) y para el análisis de oportunidades se ha trabajado con el esquema de “estrategia competitiva de PORTER” teniendo en cuenta las driving forces (nuevos competidores, clientes, proveedores y sustitutos); ambas técnicas se han adaptado al contexto de la discapacidad.
La situación de la población reclusa con discapacidad en España
Este trabajo se inscribe en la línea de las investigaciones que pretenden aportar una mirada crítica y a la vez propositiva sobre la situación de las personas con discapacidad, concretamente de aquellas que se encuentran afectadas por el sistema penal-penitenciario.
El ingreso en prisión puede ser entendido en ocasiones, como el resultado de un fracaso colectivo de los dispositivos de prevención, y esto debe ser tenido en cuenta por todos los actores sociales, ya que la mejor política de seguridad es una buena política social que favorezca la integración y la normalización de las personas con discapacidad en sus entornos comunitarios. Esta es una tarea que corresponde principalmente a las instituciones públicas, pero también a las instituciones privadas.
El documento contiene información sobre la situación y las necesidades de las personas con discapacidad en el medio penitenciario y constituye una actualización del primer estudio realizado sobre esta población en el año 2008. Se presenta información actualizada sobre las principales características de la población con discapacidad que a lo largo de su vida se ha visto afectada por el sistema penal penitenciario, así como sobre las características, debilidades y fortalezas de las redes y sistemas de apoyo disponibles en el medio penitenciario.
El informe contiene una serie de propuestas de mejora para la atención a las personas con discapacidad afectadas por el régimen penal-penitenciario.
Casi cuatro millones de personas con discapacidad votarán en 2019
Desde que se promulgó La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) se ha reformado una veintena de veces. Sin embargo, en relación con las personas con discapacidad la última modificación es de especial importancia.
La reforma entró en vigor el 6 de diciembre de 2018 bajo el título: Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. En el preámbulo se reconoce que el Estado español garantiza el Derecho de igualdad de trato y no discriminación para todos los ciudadanos con discapacidad establecido en el artículo 14 de la Constitución.
Antes de la reforma, la LOREG, establecía en su artículo tercero, apartado 1 b y c que “los declarados incapacidades en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio, carecen de derecho a sufragio” Además de “los internados en un hospital psiquiátrico (…), durante el periodo que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio”.
Por su parte, la Junta Electoral Central, el 11 de marzo de 2019, emitió la Instrucción 5/2019 en relación con las personas con discapacidad, ante la necesidad de clarificar los extremos del apartado 2 del artículo 3 de la LOREG en el que se reconoce que el Derecho al Sufragio debe ejercerse de “forma consciente, libre y voluntaria”.
La Instrucción afirma que “las Mesas Electorales deberán admitir el voto de cualquier persona con aparente discapacidad que se encuentre inscrita en el censo electoral correspondiente” y que “las personas con alguna discapacidad podrán valerse de alguien que les acompañe o de algún medio material para trasladar los sobres electorales a los miembros de la Mesa Electoral” (JEC, 2018). Así mismo declara: “en el supuesto de que algún miembro de una Mesa Electoral, o alguno de los interventores (…) considere que el voto de una persona con discapacidad no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria, lo podrá hacer constar en el acta de sesión, pero no se impedirá que dicho voto sea introducido en la urna” (JEC, 2018).
Con posterioridad a esta Instrucción, la Junta Electoral Central modificó algunas de las expresiones que se recogían en la Instrucción anterior con el objeto de procurar una mejor aplicación de la finalidad y el espíritu previsto por el Legislador. El 18 de marzo de 2019 publicó la Instrucción 7/2019 en el que se modificaba el inicio del artículo segundo de la Instrucción anterior y se expresó que: “las Mesas Electorales deberán admitir el voto de cualquier persona que se encuentre inscrita en el censo electoral correspondiente a dicha Mesa”. De la misma forma, eliminó el supuesto de la discapacidad en la consideración por los Miembros de la Mesa Electoral y de los Interventores de que el voto no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria.
El CERMI estima el total de personas con discapacidad que después de la reforma pueden ejercer su voto en 100.000. La Junta Electoral, por su parte, reconocía en 2016, que la privación del voto afectaba en mayor medida a las mujeres con discapacidad. El porcentaje de mujeres privadas de su derecho a voto era del 53%.
En las siguientes convocatorias electorales el total de personas con discapacidad que podrán ejercer el Derecho de Sufragio es de casi tres millones setecientas mil personas. De este total, las mujeres suponen más de la mitad (2.244.344). La población de personas entre 68 y 84 años (1.502.999) es la más numerosa de las que podrán ejercer su derecho al voto, en términos de edad.
Construyamos con las mujeres con discapacidad
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad expresaba, en su preámbulo, la preocupación por la “difícil situación en que se encuentran las personas con discapacidad que son víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación por motivos de (…) sexo [sic.]” (ONU, 2006). Esta premisa pone en el foco a las mujeres con discapacidad que constantemente se encuentran en situaciones de múltiples discriminaciones.
Este informe tiene como propósito, a partir de los estudios elaborados por el OED, presentar de forma breve algunos datos sobre la posición de las mujeres con discapacidad en España, con ánimo de concienciar sobre las situaciones en las que las mujeres con discapacidad se encuentran con múltiples discriminaciones.
Personas con discapacidad y discriminación múltiple. Datos clave
En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Observatorio Estatal de la Discapacidad advierte sobre la persistencia de las situaciones discriminatorias que afrontan las personas con discapacidad y que además se ven multiplicadas al añadirse factores tales como el género, la edad, el hábitat o el origen étnico. En el informe “personas con discapacidad y discriminación múltiple en España: situación y propuestas”, editado por este Observatorio en 2017 se ofrecen datos relevantes sobre esta circunstancia:
- Casi seis de cada diez personas que se han sentido discriminadas a causa de su discapacidad han sufrido discriminación, además, por otros motivos distintos: la edad, la escasez de recursos económicos y el aspecto físico (Encuesta CIS-3000).
- A partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV,2016), el informe señala que la proporción de personas gravemente limitadas para realizar las actividades de la vida diaria que se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social es un 31,2% más alta que la de la población total.
El análisis de esta encuesta ha permitido detectar algunos patrones de asociación entre la discapacidad y otras variables que agravan el riesgo de pobreza o exclusión.
Infancia y Discapacidad
Con motivo del Día Universal de la Infancia señalamos que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en sus Principios Generales: “el respeto a la evolución de los niños y niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad”. Por otra parte, en su artículo 7 dispone que los Estados deben garantizar que las niñas y niños con discapacidad tienen y disfrutan de los mismos derechos, asimismo se protegerá su interés superior y su derecho a expresar libremente su opinión en las cuestiones que les afecten. En España, según diversas fuentes, los niños y niñas con discapacidad mantienen una situación de extrema vulnerabilidad.
El Estudio de UNICEF sobre la situación de los niños y las niñas con discapacidad en España (Campoy Cervera, 2013) señala como problemas relevantes de este colectivo: la ausencia de estudios adecuados, la especial incidencia de situaciones de maltrato, las dificultades para acceder a la educación inclusiva, las barreras para ejercer su derecho a participar en la toma de decisiones y la falta de apoyo a las familias de niños y niñas con discapacidad.
El último Informe del CERMI sobre derechos humanos y discapacidad (CERMI, 2017) denuncia distintas situaciones discriminatorias:
- Contar con un hogar. Existe una larga lista de espera para la adopción o el acogimiento, sin embargo multitud de menores con discapacidad son excluidos desde el principio y estigmatizados. Esta circunstancia supone que los niños y niñas con discapacidad dependan de la Administración.
- Educación. La Fundación CERMI Mujeres alerta del elevado fracaso escolar de las niñas con discapacidad.
- Educación. La normativa que regula la admisión de alumnos en colegios españoles en el extranjero discrimina a las personas con discapacidad y no contenía previsión alguna de atención a estos alumnos. Una madre denuncia “serios impedimentos” para matricular a su hijo con discapacidad en el Instituto Español de Lisboa.
- Delitos de odio. Pintadas ofensivas y amenazantes aparecidas en un centro de educación especial.
Otra situación de discriminación y maltrato que sufren en especial las niñas con discapacidad es la esterilización forzosa. La Fundación CERMI Mujeres en su informe “Poner fin a la esterilización forzosa de las mujeres y niñas con discapacidad” apunta que estas esterilizaciones se hacen sin el consentimiento o comprensión de las mujeres y niñas con discapacidad sobre el propósito de la intervención quirúrgica, y bajo el pretexto de su bienestar. Se estima una media anual de 96 sentencias judiciales autorizando la esterilización de personas con discapacidad previamente incapacitadas.
El perfil de las personas cuidadoras informales se diversifica
De acuerdo con los datos que aporta la Encuesta Nacional de Salud 2017, cerca de 4,4 millones de personas de 15 o más años cuidan en España, al menos una vez a la semana, de alguna persona mayor o de alguien con una dolencia crónica sin que ese cuidado forme parte de su trabajo. De estas personas, aproximadamente 2,6 millones son mujeres y 1,8 millones son hombres, lo que, traducido a términos relativos, significa que el 12,9% de las mujeres de 15 o más años y el 9,6% de los hombres son cuidadores informales.
En muchos casos, la dedicación que requieren esos cuidados informales es bastante elevada: casi 2 millones de estos cuidadores (cerca de 680 mil hombres y algo más 1,95 millones de mujeres, el 3,6% de los hombres y el 6,4% de las mujeres de 15 o más años residentes en nuestro país) dedican 20 o más horas semanales a la prestación de cuidados no profesionales a otras personas con problemas de salud.
Estos datos muestran que el perfil de la persona que cuida a familiares con problemas de salud se va haciendo cada vez más diverso. Aunque las mujeres siguen siendo las grandes protagonistas del cuidado, hay un número creciente de hombres cuidadores, aunque por lo general éstos dedican menos tiempo al cuidado. También hay cada vez más cuidadores de edad avanzada, debido sobre todo a que frecuentemente es la propia pareja la que asume el cuidado de su compañero dependiente.
La persona cuidadora se ve expuesta con frecuencia a situaciones de estrés, sobrecarga física y emocional e, incluso, aislamiento social. Muchas personas cuidadoras, en su mayoría mujeres, han tenido que reducir o abandonar su actividad laboral para dedicarse a los cuidados. Aunque existe un amplio repertorio de posibles actuaciones para mejorar la calidad de vida de los cuidadores, lo cierto es que el apoyo que reciben las personas que cuidan es todavía muy escaso, y que en él se han producido retrocesos aún no revertidos, como la supresión de la protección social de los cuidadores no profesionales que preveía la Ley de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia.
Personas con discapacidad y situación de pobreza
El martes 16 de octubre se presentó el 8º informe sobre el estado de la pobreza: Seguimiento del indicador AROPE de riesgo de pobreza y exclusión social en España, 2008-2017 elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Como novedad este informe incluye un capítulo sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Esta nota breve tiene como propósito destacar los datos más relevantes de dicho informe.
La principal conclusión de este informe referida a la discapacidad es que las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión mucho más elevado que aquellas que no tienen discapacidad. Esta circunstancia no está solo referida a los datos recientes sino que muestra, según el período analizado, una situación de riesgo de pobreza estructural que además se incrementa ligeramente durante los tres últimos años (2015-2017).
Los datos referidos a 2017 señalan que la tasa AROPE de las personas es de 31,5%, mientras que para aquellas sin discapacidad se sitúa en 24,4% (siete puntos porcentuales menos). “Prácticamente una de cada tres personas con discapacidad, está en riesgo de pobreza y/o exclusión” (Llano, 2018).
El informe apunta entre los factores que influyen para este mayor riesgo de pobreza y/o exclusión, la dificultad para el acceso al mercado de trabajo y la carga económica que supone la discapacidad, entre otros.
Al considerar la edad, el sexo, se observan las siguientes variaciones en la tasa AROPE en 2017:
- Altas tasas de riesgo de pobreza y/o exclusión entre los grupos más jóvenes y más bajas a medida que la edad aumenta. Esta circunstancia es similar para las personas sin discapacidad.
- Las mujeres con discapacidad presentan una tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión ligeramente menor que los varones con discapacidad. Destaca la distancia que hay en el porcentaje de riesgo de pobreza y/o exclusión en los hombres con discapacidad respecto a aquellos sin discapacidad.
Respecto a la tasa de riesgo de pobreza, el informe señala que el 22,4 % de las personas con discapacidad está en riesgo de pobreza. Este porcentaje se reduce hasta el 19,9% para las personas sin discapacidad. Por el contrario la tasa de pobreza severa de las personas con discapacidad es ligeramente menor que la de las personas sin discapacidad.
El informe señala como relevante la relación entre actividad y pobreza en las personas con discapacidad. Y apunta: “el 17,1% de las personas ocupadas con discapacidad son pobres … Se supone que el empleo de las personas con discapacidad está más protegido, sin embargo, tampoco el trabajo les preserva de la pobreza”.
Por otra parte, la privación material severa es, también, notablemente más elevada entre las personas con discapacidad (7,6 %) que entre el resto de la población (4,2 %).
Accesibilidad:
