Proteger a las personas con discapacidad frente a la crisis de la COVID-19

Se estima que en España residen 4,12 millones de personas con discapacidad,  esto supone aproximadamente el 9% de la población total en España. En términos generales, las personas con discapacidad afrontan en mayor medida distintas situaciones discriminatorias que las personas sin discapacidad. Esta circunstancia se ve multiplicada al añadirse factores tales como el género, la edad, el hábitat o el origen étnico.

El último Informe Olivenza (2019) ofrece datos relevantes sobre estas situaciones de discriminación:

• El 6,2% de las personas con discapacidad se encuentra en situación de pobreza severa y un 17,3% en situación de pobreza moderada. Estos porcentajes son de 5,4% y de 15,2% en la población sin discapacidad.
• El riesgo de pobreza o exclusión social afecta al 31,1% de las personas con discapacidad, 7 puntos más que la población sin discapacidad.
• El salario medio anual de las personas con discapacidad es casi 4.000 euros anuales inferior a la población sin discapacidad. La brecha salarial entre hombres y mujeres con discapacidad es del 15,9%, es decir, las mujeres con discapacidad tienen un salario inferior respecto a los varones con discapacidad en un 15,9%.
• Empleo: El 34,5% de las personas con discapacidad oficialmente reconocida eran activos, 43 puntos inferior a la de la población sin discapacidad. La tasa de paro se sitúo en 25,2%, 10 puntos más alta que la población sin discapacidad.
• El 16,3% de las personas con discapacidad tiene relaciones de amistad precarias, es decir, cuenta con pocas oportunidades para hacer o mantener amigos. Este porcentaje es del 11,2% en las personas sin discapacidad.
• Solo el 10,1% de las personas con discapacidad puede disfrutar sin dificultades de actividades de ocio. Este porcentaje se reduce hasta el 7,5%  en las mujeres con discapacidad.
• El 4% de las personas con discapacidad ha sufrido malos tratos físicos o psicológicos. Este porcentaje es del 6,1% en las mujeres con discapacidad.

Todas estas desigualdades se incrementan en situaciones de crisis. La pandemia de COVID-19 lo demuestra. António Guterres, Secretario General de la ONU, ha denunciado esta situación y ha declarado que «debemos garantizar la igualdad de derechos de las personas con discapacidad al acceso a los cuidados sanitarios y a los procedimientos que les salven la vida«. Ha urgido también a los Gobiernos a que las personas con discapacidad estén en el centro de la respuesta al COVID-19 y en los esfuerzos de recuperación.

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