La discapacidad en la agenda de la investigación
El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), ha publicado el informe: “La discapacidad en la agenda de la I+D+i en España”. En esta investigación se han identificado los diferentes agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación que trabajan en el ámbito de la discapacidad. De la misma forma, se ha realizado un diagnostico exploratorio del impacto de la agenda española de la I+D+i y la discapacidad. Esto ha permitido recoger logros, barreras, facilitadores y oportunidades en materia de I+D+i y discapacidad.
Aquí puede descargar la NOTA BREVE completa
Aquí puede descargar el informe La discapacidad en la agenda de la I+D+i en España
La población reclusa con discapacidad en España: situación, propuestas y buenas prácticas
En 2008 el Comité de Representantes de las personas con discapacidad (CERMI), con el apoyo de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, realizó un estudio sobre la situación de las personas con discapacidad reclusas en España. Diez años después el OED ha actualizado este estudio, con el título: La situación de la población reclusa con discapacidad en España.
El total de personas reclusas en España en el año 2017 era de 58.828, con un aumento sustancial en la población de personas con discapacidad (4.997 en 2018, frente a 2.323 en 2008). Sin embargo, reconoce que dicho incremento pudiera deberse al refinamiento y eficacia alcanzada en los métodos de clasificación, detección y valoración. De este total, las mujeres son 367 y los hombres 4.630. Por tipo de discapacidad, los datos se concentran en las personas con problemas de salud mental (1.736), pluridiscapacidad (1.446) y discapacidad física (1.339).
Informe Olivenza 2018
Estudio panorámico sobre situación de la población con discapacidad en España y de manera específica el estado de la inclusión social de la población con discapacidad en la región de Extremadura, realizado a partir de fuentes de información fundamentalmente documentales, legislativas, y estadísticas.
El Informe Olivenza 2018 comprende los siguientes capítulos:
- Cambios en el marco normativo de la discapacidad. Consiste en un análisis legislativo estatal en 2017‐2018: con referencia a los avances en leyes relacionadas con discapacidad, en el ámbito internacional, estatal y autonómico, con especial referencia a avances en armonización con CDPD.
- Gasto público en discapacidad en España. Trata de la estimación de gasto en discapacidad en España 2017 a partir del documento elaborado por el OED en 2014, denominado “Gasto público de las administraciones públicas en materia de discapacidad en España”, utilizando como fuente la información oficial sobre presupuestos generales del estado y CCAA.
- Personas con discapacidad en España. Se realiza un análisis cuantitativo a partir de bases de datos y fuentes estadísticas, con especial atención a fuentes no utilizadas hasta el momento (EUROSTAT, Encuesta Social Europea, Encuesta Europea de Salud, Registros de Valoración Autonómicos, Registros estatales de Discapacidad, Dependencia, SIUSS).
- Mercado laboral y discapacidad en España. Para dar continuidad a los informes de años anteriores, se ha enfocado en la actualización y evolución de los distintos indicadores analizados, aportando una visión detallada sobre el colectivo. Es una parte del informe que ha realizado ODISMET sobre el mercado de trabajo.
- Necesidades y demandas de las personas con discapacidad orgánica. Capítulo elaborado por el Observatorio de la Discapacidad Física (ODF). Desde el ODF se ha considerado importante analizar y evidenciar las necesidades y demandas de las personas con discapacidad orgánica dando voz al colectivo protagonista.
- Situación de la discapacidad en Extremadura. Informe específico sobre población con discapacidad en Extremadura: que albergará de forma específica información sobre la región, extraída de los apartados indicados.
- Resultados del estudio “TIC y Discapacidad”, liderado por Fundación Vodafone y el CERMI para conocer el uso actual de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) entre las personas con discapacidad en España.
El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) programa 7 estudios e investigaciones para el año 2019
El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) ha programado 7 estudios e investigaciones para el año 2019. La programación del ejercicio de 2019 contará con 5 estudios en el ámbito estatal y dos en el ámbito extremeño.
Como en año anteriores el OED desarrollará el denominado: “Informe Olivenza 2019”. Este documento tiene como objetivo conocer la situación de la población con discapacidad en España. El estudio se realiza a partir de fuentes legislativas y estadísticas disponibles. Además, incluirá una parte propia del estado de la inclusión social de la población con discapacidad en Extremadura.
Con el fin de continuar con los estudios realizados en 2018, el OED completará el análisis de la educación inclusiva en España, con el documento: “La situación de la inclusión educativa del alumnado con discapacidad en España (II fase)”. Con este trabajo se analizaran las evidencias empíricas, cuantitativas y cualitativas, disponibles sobre la educación de las personas con discapacidad en España.
Aplicando la perspectiva de género el OED contempla un estudio sobre mujer con discapacidad en situaciones de cronicidad. Este estudio se denomina: “Mujer con discapacidad y enfermedades crónicas-género, discapacidad y cronicidad”. Además, la especial situación de niños y niñas con discapacidad se recogerá en una investigación sobre: “La violencia contra la infancia con discapacidad en España”.
Siguiendo los preceptos normativos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad, es preciso que se realicen de manera periódica y sistemática análisis en materia de accesibilidad. Con este objetivo, el informe “Requerimientos de accesibilidad universal y diseño para personas de talla baja. Propuestas normativas, modelos prescriptivos y prácticas recomendables” recogerá los requerimientos de accesibilidad universal y diseño para las personas de talla baja. Además este estudio contará con propuestas normativas y modelos prescriptivos.
En la dimensión extremeña, además de la sección específica del Informe Olivenza 2019, se pondrá especial interés en las personas con trastorno mental grave, con un informe denominado “Alternativas de atención en el envejecimiento de las personas con trastorno mental grave” en el que se recogerán las demandas de atención de este colectivo en el proceso de envejecimiento.
Las mujeres y niñas con discapacidad en el medio rural en España
El objetivo del estudio ha sido aportar información útil sobre las características y necesidades que tienen las mujeres con discapacidad que residen en el medio rural en España, con el fin diagnosticar una realidad que ayude al diseño de políticas públicas de género y discapacidad a nivel estatal, en último término que contribuya a mejorar los mecanismos de inclusión social y la concienciación de la población en su conjunto.
Para cubrir la finalidad del estudio se consideraron tres técnicas para recoger la información primaria: 1) Taller diagnóstico con mujeres con discapacidad; y 2) Entrevistas estructuradas. Una vez definida la muestra y las técnicas, se ha llevado a cabo una segunda fase de trabajo de campo.
En este informe se ponen de manifiesto las opiniones de las mujeres con discapacidad en relación con su percepción sobre la calidad de vida en el medio rural, a su vida cotidiana – domestica, reproductiva y productiva- en los pueblos, a los sentimientos o situaciones de discriminación vividas. Se describen a los elementos que limitan la accesibilidad, disponibilidad y control a los recursos; así como las necesidades expresadas, que pasan por el concepto de empoderamiento, así como garantizar la accesibilidad universal.
El documento finaliza con un capítulo de conclusiones y propuestas que parten de los factores necesarios para el empoderamiento de las mujeres con discapacidad en el medio rural.
La situación de la población reclusa con discapacidad en España
Este trabajo se inscribe en la línea de las investigaciones que pretenden aportar una mirada crítica y a la vez propositiva sobre la situación de las personas con discapacidad, concretamente de aquellas que se encuentran afectadas por el sistema penal-penitenciario.
El ingreso en prisión puede ser entendido en ocasiones, como el resultado de un fracaso colectivo de los dispositivos de prevención, y esto debe ser tenido en cuenta por todos los actores sociales, ya que la mejor política de seguridad es una buena política social que favorezca la integración y la normalización de las personas con discapacidad en sus entornos comunitarios. Esta es una tarea que corresponde principalmente a las instituciones públicas, pero también a las instituciones privadas.
El documento contiene información sobre la situación y las necesidades de las personas con discapacidad en el medio penitenciario y constituye una actualización del primer estudio realizado sobre esta población en el año 2008. Se presenta información actualizada sobre las principales características de la población con discapacidad que a lo largo de su vida se ha visto afectada por el sistema penal penitenciario, así como sobre las características, debilidades y fortalezas de las redes y sistemas de apoyo disponibles en el medio penitenciario.
El informe contiene una serie de propuestas de mejora para la atención a las personas con discapacidad afectadas por el régimen penal-penitenciario.
Casi cuatro millones de personas con discapacidad votarán en 2019
Desde que se promulgó La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) se ha reformado una veintena de veces. Sin embargo, en relación con las personas con discapacidad la última modificación es de especial importancia.
La reforma entró en vigor el 6 de diciembre de 2018 bajo el título: Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. En el preámbulo se reconoce que el Estado español garantiza el Derecho de igualdad de trato y no discriminación para todos los ciudadanos con discapacidad establecido en el artículo 14 de la Constitución.
Antes de la reforma, la LOREG, establecía en su artículo tercero, apartado 1 b y c que “los declarados incapacidades en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio, carecen de derecho a sufragio” Además de “los internados en un hospital psiquiátrico (…), durante el periodo que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio”.
Por su parte, la Junta Electoral Central, el 11 de marzo de 2019, emitió la Instrucción 5/2019 en relación con las personas con discapacidad, ante la necesidad de clarificar los extremos del apartado 2 del artículo 3 de la LOREG en el que se reconoce que el Derecho al Sufragio debe ejercerse de “forma consciente, libre y voluntaria”.
La Instrucción afirma que “las Mesas Electorales deberán admitir el voto de cualquier persona con aparente discapacidad que se encuentre inscrita en el censo electoral correspondiente” y que “las personas con alguna discapacidad podrán valerse de alguien que les acompañe o de algún medio material para trasladar los sobres electorales a los miembros de la Mesa Electoral” (JEC, 2018). Así mismo declara: “en el supuesto de que algún miembro de una Mesa Electoral, o alguno de los interventores (…) considere que el voto de una persona con discapacidad no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria, lo podrá hacer constar en el acta de sesión, pero no se impedirá que dicho voto sea introducido en la urna” (JEC, 2018).
Con posterioridad a esta Instrucción, la Junta Electoral Central modificó algunas de las expresiones que se recogían en la Instrucción anterior con el objeto de procurar una mejor aplicación de la finalidad y el espíritu previsto por el Legislador. El 18 de marzo de 2019 publicó la Instrucción 7/2019 en el que se modificaba el inicio del artículo segundo de la Instrucción anterior y se expresó que: “las Mesas Electorales deberán admitir el voto de cualquier persona que se encuentre inscrita en el censo electoral correspondiente a dicha Mesa”. De la misma forma, eliminó el supuesto de la discapacidad en la consideración por los Miembros de la Mesa Electoral y de los Interventores de que el voto no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria.
El CERMI estima el total de personas con discapacidad que después de la reforma pueden ejercer su voto en 100.000. La Junta Electoral, por su parte, reconocía en 2016, que la privación del voto afectaba en mayor medida a las mujeres con discapacidad. El porcentaje de mujeres privadas de su derecho a voto era del 53%.
En las siguientes convocatorias electorales el total de personas con discapacidad que podrán ejercer el Derecho de Sufragio es de casi tres millones setecientas mil personas. De este total, las mujeres suponen más de la mitad (2.244.344). La población de personas entre 68 y 84 años (1.502.999) es la más numerosa de las que podrán ejercer su derecho al voto, en términos de edad.
Construyamos con las mujeres con discapacidad
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad expresaba, en su preámbulo, la preocupación por la “difícil situación en que se encuentran las personas con discapacidad que son víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación por motivos de (…) sexo [sic.]” (ONU, 2006). Esta premisa pone en el foco a las mujeres con discapacidad que constantemente se encuentran en situaciones de múltiples discriminaciones.
Este informe tiene como propósito, a partir de los estudios elaborados por el OED, presentar de forma breve algunos datos sobre la posición de las mujeres con discapacidad en España, con ánimo de concienciar sobre las situaciones en las que las mujeres con discapacidad se encuentran con múltiples discriminaciones.
Las personas con discapacidad en el ámbito laboral
Con motivo del día internacional del trabajo, el OED presenta el siguiente informe breve sobre la situación laboral de las personas con discapacidad. Los datos que aquí se presentan son datos tomados del capítulo 4 del Informe Olivenza 2017. De acuerdo con este Informe, en 2015 en España 1.774.800 personas con discapacidad se encontraban en edad laboral (16 a 64 años). El 57,69% de estas personas son varones y un 42,31% mujeres. Y el 69,55% están en el grupo de edad de 45 a 64 años.
Al considerar la situación de las personas con discapacidad en relación al empleo, destaca siempre las bajas tasas de actividad de éstas y la distancia respecto a las personas sin discapacidad. Esta circunstancia se agudiza en el caso de las mujeres con discapacidad que presentan, en todas las variables relacionadas con empleo, las peores cifras (actividad, empleo, desempleo) no sólo respecto a los varones con discapacidad sino también respecto a las personas sin discapacidad en edad laboral.
Los datos de que ofrece el Informe Olivenza ilustran bien esta situación. Así, la tasa de actividad de las personas con discapacidad es 44 puntos inferior que la de las personas sin discapacidad; la tasa de paro es casi 10 puntos mayor y la del empleo casi 3 veces menor que la de las personas sin discapacidad. En otros términos, casi un millón doscientas mil personas con discapacidad son inactivas y solo una de cada cuatro personas con discapacidad tiene empleo.
Descargar NOTA OED EMPLEO PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Informes elaborados en 2017 por el Observatorio Estatal de la Discapacidad
Uno de los objetivos del Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) es promover y sensibilizar sobre los derechos de las personas con discapacidad además de fomentar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal. Con el propósito de responder a este objetivo, el OED ha elaborado durante 2017, como parte de su programa de actividades, tres informes relacionados con estos aspectos.
El primero titulado: Las personas con discapacidad residentes en el Medio Rural: situación y propuestas de acción, tiene como objetivo contribuir al análisis de la realidad de las personas con discapacidad que residen en entornos rurales. Este análisis trata de detectar aquellos aspectos que facilitan y/o suponen una barrera para la inclusión social.
Por otra parte, se encuentra el informe: Personas con discapacidad y discriminación múltiple en España: situación y propuestas, donde se analizan los distintos factores que influyen para que las personas con discapacidad sufran situaciones de discriminación múltiple (el género, la edad, el hábitat, el origen étnico), y se ofrece una batería de propuestas que permitan orientar distintas actuaciones que garanticen los derechos y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Entre estas propuestas está la de incluir la discapacidad como factor de discriminación que debe ser afrontado en los planes y políticas públicas de lucha contra la discriminación, de la misma manera que deben incluirse de manera sistemática otras formas de discriminación que intersectan frecuentemente con la discapacidad en las políticas y planes de acción contra la discriminación por discapacidad.
Junto con estos dos informes, el OED ha publicado el Informe general sobre grado de accesibilidad de los entornos, productos y servicios a 4 de diciembre de 2017. Correspondencia entre los mandatos legales y la realidad práctica del país, elaborado por Ilunion Tecnología y Accesibilidad y en el que se realiza un diagnóstico valorativo sobre el estado de accesibilidad en los entornos, productos y servicios más significativos incluidos en el artículo 5 de la Ley General de Discapacidad en el que establece el 4 de diciembre de 2017 como plazo máximo para que los diferentes entornos, productos y servicios sean accesibles para todas las personas.
Accesibilidad:
