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Así lo pone de manifiesto el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) en un informe en el que analiza algunos datos de la soledad y las personas con discapacidad a partir de los resultados de la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD Hogares 2020).

En dicho informe, la OED, instrumento técnico para conocer, analizar y difundir información relacionada con el ámbito de la discapacidad, ha comparado los más de 1,1 millones de personas con discapacidad que viven solas según el informe EDAD Hogares 2020 con respecto a los 600 mil que reflejaron la encuesta anterior de 2008 y ha catalogado la subida de un “incremento dramático” ya que la soledad no deseada “afecta al bienestar emocional y al estado de salud de las personas, situación que no se escoge y que perdura en el tiempo”.

Además, a partir de los datos, ha puesto de relieve que la proporción de personas con discapacidad que viven solas aumenta con la edad, habiendo una proporción mayor en los varones de edades intermedias.

En lo que respecta a los grupos de discapacidad, los de visión, audición y movilidad, registran un mayor porcentaje de personas que viven solas. Los menore se dan en las discapacidades para el aprendizaje, aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas.

Asimismo, en el documento se valora como “excesivo, adecuado, insuficiente o nulo” el contacto que mantienen con sus familiares y su entorno las personas con discapacidad de 6 y más años. En este sentido, se establece el mayor porcentaje en la categoría de “adecuado” con un 84,4%” entre las personas con discapacidad que viven solas y las personas con discapacidad que viven acompañadas.

Además, el informe revela que las personas con discapacidad que viven solas se ven con amigos, vecinos y conocidos en “un porcentaje ligeramente más alto y con una frecuencia también algo mayor que las que viven acompañadas, y que también tienen un contacto mayor y más frecuente con familiares, amigos o conocidos a través de medios como el teléfono fijo o móvil, el correo electrónico o las redes sociales”.

El OED tiene como instituciones promotoras al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Derechos de las personas con discapacidad y el Real Patronato sobre discapacidad, la comunidad autónoma de Extremadura a través del Servicio Extremeño de promoción de la autonomía y atención a la dependencia (SEPAD), el Comité Español de Representantes de personas con discapacidad y la Universidad de Extremadura.

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Es una de las principales conclusiones que se han puesto de manifiesto durante la presentación de la Investigación ‘El suicidio en las personas con discapacidad en España’ desarrollada por el Observatorio Estatal de la Discapacidad.

• El informe pretende generar conocimiento y propuestas para la prevención de esta lacra social.

• Los colectivos diferentes al estándar normativo, minorías, experimentan una mayor probabilidad conductas suicidas, por su mayor exposición a prejuicios/estigma, discriminación y exclusión social.

• Enlace al informe completo:

El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, cuya gestión operativa desempeña el CERMI, ha revelado que el suicidio obedece a factores de riesgo multicausales, en distintos ámbitos (sociales, comunitarios, individuales), que tienen mayor incidencia entre las personas con discapacidad, sobre todo en los casos de discapacidad por trastorno mental, insuficiencia renal, lesión cerebral y discapacidad física.

Así se ha puesto de relieve durante la presentación de la Investigación titulada ‘Investigación ‘El suicidio en las personas con discapacidad en España’ que ha tenido lugar este martes en la sede del CERMI, en Madrid. El acto, que se inscribe en el marco de las actividades del Día contra el Suicidio, ha puesto especial énfasis sobre la necesidad de realizar un abordaje multifactorial o “multicapa” para la base de los factores de riesgo multicausales. De esta manera, se actúa en distintos planos para contrarrestar factores de riesgo y fortalecer los factores protectores.

El objetivo de la investigación, organizado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad y realizado por parte de ILUNION Accesibilidad para CERMI y Real Patronato de Discapacidad, es analizar los aspectos fundamentales de la relación entre suicidio y discapacidad, en sus distintos planos, de cara a generar conocimiento y propuestas para la prevención de esta lacra social.

El estudio, que toma como punto de partida el enfoque teórico y conceptual del suicidio y de la discapacidad, como base para entender sus relaciones complejas, ofrece un acercamiento a las relaciones entre suicidio y discapacidad, considerando los diferentes factores en su interacción, tanto psicocorporales como sociales, tales como la soledad no deseada y el aislamiento, el acoso, el papel de los estereotipos y el estigma. Según el estudio, se constata el carácter de tabú y, sobre todo, lo doloroso de esta experiencia. 

El suicidio obedece a factores de riesgo multicausales, en diferentes ámbitos que actúan de manera combinada y acumulativa.  Los colectivos diferentes al estándar normativo, minorías, experimentan una mayor probabilidad conductas suicidas, por su mayor exposición a prejuicios/estigma, discriminación y exclusión social. En estas circunstancias se encuentran las personas con discapacidad y, de manera particular, las mujeres y niñas con discapacidad. 

En el caso de las personas con discapacidad, tanto los estudios disponibles como la perspectiva de los/las informantes clave coincide en apuntar a una combinación de factores, tanto del ámbito psicocorporal como social y comunitario, en relación con la mayor probabilidad de comportamiento suicida, en sus distintos grados. 

Entre los factores protectores ante el suicidio de las personas con discapacidad, se cuentan cualidades individuales-personales, tales como la competencia/inteligencia emocional, habilidades comunicativas. La red familiar desempeña un papel protector clave, y requiere a su vez contar con apoyos para que resulte viable. 

El informe advierte de que se da un comportamiento diferenciado en relación con el suicidio entre hombres y mujeres, que se proyecta también en el ámbito de la discapacidad. Es necesario tener en cuenta, de cara a la prevención, estos aspectos diferenciales, en sus distintos componentes: mayor impulsividad, determinación, en varones (“se suicidan como en silencio”), mayor proporción de tentativas mujeres.

PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Tras el acto de apertura, que ha sido presidido por la directora ejecutiva de CERMI Estatal, Pilar Villarino, se ha dado paso a la directora de Consultoría Social de ILUNION Accesibilidad, Elena Ortega Alonso y al consultor Social de ILUNION Accesibilidad, Luis Miguel Bascones quienes se han encargado de analizar y describir los principales hallazgos del informe. 

Durante su intervención, Bascones ha enumerado y explicado brevemente el objetivo del estudio y la metodología para elaborarlo. Asimismo, ha indicado algunos de los límites a los que se han enfrentado al desarrollarlo. Razones como la falta de estadísticas y la variable de la discapacidad, el tabú alrededor del suicidio o la dificultad de realizar entrevistas, son algunas de ellas. 

Además, ha explicado detalladamente los factores de riesgo y los factores protectores. “La discapacidad es un grupo de población heterogéneo con distintos rasgos. Por lo tanto, no cabe generalizar ni características ni cifras” ha insistido Bascones.

Por su parte, Ortega ha expuesto las propuestas para la prevención y ha insistido en la necesidad de realizar un abordaje “multicapa” que actúe en distintos planos “para contrarrestar factores de riesgo y fortalecer los factores protectores”. 

Además, Ortega ha aseverado que garantizar el acceso a los medios generales en prevención del suicidio pasa por garantizar la accesibilidad universal. “Si los mensajes no son accesibles, las personas con discapacidad se sienten en una situación de vulnerabilidad añadida” ha lamentado. Y para terminar ha querido hacer una petición: “que la discapacidad adquirida cuente con programas y políticas específicas”.

Seguidamente, ha tenido lugar un diálogo en el que han intervenido la directora general de salud pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio; el representante del Real Patronato sobre Discapacidad, Ignacio Campoy; el presidente Salud Mental España y vicepresidente del CERMI, Nel Anxelu González; el presidente de la Fundación Española para la prevención del suicidio, Andoni Anseán; la subdirectora del Área de conocimiento y salud de Cruz Roja España, Fátima Cabello Sanabria quien ha relevado el gran logo que ha supuesto la implantación del teléfono de atención a la conducta suicida y el impacto que está teniendo en las personas que están acudiendo a él. “Los números hablan. Son más de 45 mil llamadas al teléfono 024 las que tenemos registradas en estos cuatro meses. Se han derivado más de 1.500 al 112. Se están atendiendo 300/400 llamadas al día y la atención media es de 25 minutos” ha anunciado.

Por su parte, Andoni Anseán ha puesto el foco en el importante papel que juega la formación de los profesionales y el entorno en evitar muertes por suicidio. “No basta con formar a profesionales del ámbito sanitario. Va más allá. Es cuestión de formar a un montón de profesionales que son agentes de prevención” ha reclamado. 

Asimismo, esta mesa ha contado con el testimonio en primera persona de Clara del Rey quien ha enumerado alguno de los “recursos necesarios” para evitar que casi 4.000 personas se quiten la vida en España.  En este sentido, ha destacado el papel de la educación y la importancia de educar a todo el mundo sin caer en la domotización. “Tenemos que concienciar y educar a la población en respeto y en equidad. Después, ha confesado la interseccionalidad que ha sentido por ser mujer y haber tenido problemas de salud mental. “No somos cifras ni números, somos personas” ha testificado.

Seguidamente, el presidente de Salud Mental España ha contado en qué consiste la campaña que este año han desarrollado desde Salud Mental España con motivo del Día Mundial de la prevención del suicidio centrada en jóvenes y adolescentes. Durante su discurso, Anxelu González ha pedido “crear una inmensa red de protección social, una cadena sin fisuras” para prevenir el suicidio.

A continuación, Ignacio Campoy, ha puesto sobre la mesa que la tasa de riesgo de suicidio es mayor entre las personas con discapacidad en comparación con las personas sin discapacidad. Al tiempo que ha indicado las medidas específicas que se pueden tomar dirigidas a este colectivo. “Políticas públicas y eficaces, algo que solo se consigue basándonos en evidencias científicas” ha afirmado y ha añadido que “este estudio sobre el suicidio es un gran ejemplo de cómo abordar la realidad de la discapacidad desde la ciencia”. 

En relación con los 8 millones de euros de los fondos del Plan de Acción de Salud Mental que irán destinados a la optimización de la atención integral a la salud mental, sensibilización y lucha contra el estigma, Pilar Aparicio ha señalado cuáles serán las medidas específicas para la prevención del suicidio. “Estos fondos pretenden impulsar mejoras sustanciales” ha asegurado, al tiempo que ha insistido en el abordaje multidisciplinar, la importancia de la educación y el papel que juegan los medios de comunicación en esta cuestión. 

Finalmente, Villarino ha dado paso al cierre del acto no sin antes agradecer los grandes avances que ha realizado el Ministerio de Sanidad en este ámbito.