Derechos Sociales elabora un informe sobre las personas con discapacidad incluidas en las declaraciones del IRPF de 2021
El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha presentado el último informe sobre las personas con discapacidad incluidas en las declaraciones del IRPF de 2021.
El objetivo de este informe es conocer las características personales y familiares del conjunto de declarantes que tengan alguna discapacidad reconocida, y que pueda proporcionar al declarante la posibilidad de aplicar alguna de las medidas contempladas en la normativa del impuesto
El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), organismo del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha elaborado un informe sobre las personas con discapacidad incluidas en las declaraciones del IRPF de 2021, actualizado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) sobre la operación Estadística sobre la discapacidad en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
El objetivo es conocer las características personales y familiares del conjunto de declarantes en las que, o bien el titular, o bien alguna de las personas dependientes del mismo (ascendiente, descendiente o cónyuge) tienen alguna discapacidad reconocida que proporcione al declarante la posibilidad de aplicar alguna de las medidas contempladas en la normativa del impuesto para minorar la carga impositiva del colectivo afectado.
Este informe ha señalado que en el ejercicio 2021, el 11,34% de las declaraciones del IRPF presentadas en el Territorio de Régimen Fiscal Común ponían de manifiesto la existencia de situaciones de discapacidad en la unidad familiar a la que se refería la declaración.
Asimismo, el número total de declarantes con discapacidad en el ejercicio 2021 fue de 2.471.982 personas. El 47,4% corresponde a mujeres y un 52,6% a varones. Esta diferencia porcentual entre varones y mujeres se invierte a partir de los 65 años donde las mujeres suponen el 52% de declarantes con discapacidad en ese tramo de edad. Por otra parte, al atender solo a la variable edad, los datos indican que el 41% de este colectivo es mayor de 65 años.
Por otra parte, esta operación estadística distingue a las personas con discapacidad en tres grados o niveles de dependencia protegidas fiscalmente como la dependencia simple que es cuando todas las situaciones de discapacidad de la declaración presentan un grado de discapacidad comprendido entre el 33% y el 65%. La dependencia simple con movilidad reducida, que se define cuando todas las situaciones de discapacidad de la declaración presentan un grado comprendido entre el 33% y el 65% pero al menos en una situación, se acredita necesitar ayuda de terceras personas o tener movilidad reducida; y la dependencia cualificada, que se categoriza cuando al menos en una situación de discapacidad de la declaración se acredita un grado que supera el 65%.
Según esta clasificación, el 28% de las personas declarantes con discapacidad se encuentra en una situación de dependencia cualificada. Un 67% corresponde a personas declarantes en situación de dependencia simple y el 5% a personas en situación de dependencia simple con ayuda a tercera persona (ATP) o movilidad reducida.
Este informe también ha puesto de manifiesto que, de acuerdo con la distribución territorial, los porcentajes más altos de personas declarantes con discapacidad se encuentran en Cataluña (19%); Andalucía (18%) y la Comunidad de Madrid (12%). En el extremo contrario se en encuentran en Islas Baleares (2%), Cantabria (2%), Extremadura (2%) y La Rioja (1%).
En términos de impacto económico, los datos señalan que el importe mínimo por discapacidad asciende a 13.989.967 de euros correspondiente a 2.386.202 declaraciones y con un importe medio de 5.863 euros por declaración. La cuantía del mínimo familiar se sitúa en un importe medio de 13.330 euros. Por otra parte, los datos sobre rendimientos del trabajo muestran que las personas declarantes con discapacidad ingresan de media 4.385 euros netos menos al año que aquellas sin discapacidad.
Este informe ha acreditado que los contribuyentes con discapacidad con cuota resultante positiva declaran una cuota media de 4.615 euros por declaración, frente a los 6.574 euros que los contribuyentes sin discapacidad. El porcentaje de personas con discapacidad que tiene rentas exentas es del 55%. El importe medio de rentas exentas es 8.100 euros, casi 4 veces el valor medio declarado en el resto de las declaraciones.
DESCARGA EL INFORME
Descarga el informe https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/wp-content/uploads/NOTA-OED-PERSONAS-CON-DISCAPACIDAD-IRPF_2021.pdf
El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED)
El Observatorio Estatal de la Discapacidad como un instrumento técnico de la Administración General del Estado que, a través del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se encarga de la recopilación, sistematización, actualización, generación de información y difusión relacionada con el ámbito de la discapacidad, creado al amparo de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La gestión de este Observatorio está encomendada al CERMI, como expresión unitaria de la discapacidad en España.
Derechos Sociales apuesta por un sistema de protección internacional inclusivo y respetuoso de personas refugiadas con discapacidad
- El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha presentado su último estudio ‘Las personas con discapacidad en situación de protección internacional en España: situación, desafíos y propuestas’.
- Este informe busca visibilizar a las personas con discapacidad solicitantes de asilo y beneficiarias de protección internacional en España. Presenta un panorama general sobre su situación y define acciones concretas para mejorar su protección e inclusión dentro del marco de asilo y refugio.
El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), organismo del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha presentado este miércoles su último estudio ‘Las personas con discapacidad en situación de protección internacional en España: situación, desafíos y propuestas’.
El objetivo general de este estudio ha sido visibilizar a las personas con discapacidad solicitantes de asilo y beneficiarias de protección internacional en España. En este sentido, ha presentado un panorama general sobre su situación y ha definido acciones concretas para mejorar su protección e inclusión dentro del marco de asilo y refugio.
La presentación del estudio, moderada por el coordinador del Observatorio Estatal de la Discapacidad, Luis Alonso, ha contado con la participación de la consultora experta redactora del estudio, Gloria Álvarez Ramírez, la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino, la representante de ACNUR en España, Sophie Muller y el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco.
Durante la intervención de Álvarez a través de videoconferencia, ha destacadoque “vivimos tiempos muy malos en cuanto a la situación de las personas refugiadas en el mundo, pero especialmente para las personas con discapacidad desplazadas, dado que es un colectivo especialmente muy vulnerable y propenso a sufrir abusos y discriminación”.
Asimismo, Álvarez ha desgranado las principales conclusiones del informe, entre las que ha destacado que “el sistema de asilo español está muy comprometido con todas las personas refugiadas con discapacidad, pero presenta déficits en cuanto mecanismos y procesos de implementación que permitan garantizar los derechos y el acceso a servicios de apoyo para estas personas”.
Otros de los aspectos que ha destacado Álvarez es la “falta de datos desagregados que permitan analizar en profundidad las principales necesidades de las personas desplazadas con discapacidad”, así como la necesidad de un marco jurídico que sea capaz de garantizar los derechos de las personas pertenecientes a este colectivo tan vulnerable. Es decir, en este ámbito “la política internacional no es inclusiva”, concluyó.
Finalmente, Álvarez ha expuesto toda una serie de propuestas que permitan paliar todas las carencias a las que se enfrenta este colectivo especialmente vulnerable en diferentes los ámbitos: procedimientos de asilo, marco jurídico e investigación, entre otros.
Para Jesús Martín Blanco, este estudio tieneespecial importancia porque “la ciencia es necesaria para acertar en las políticas públicas”, y ha añadido que “este estudio era necesario y perentorio, porque este es un país de acogida y necesitamos un corpus jurídico potente en materia de discapacidad para las personas desplazadas que llegan a nuestro país”.
Además de los reglamentos y las herramientas de acogida, Martín también ha destacado la importancia de que “todos los fondos de cooperación del Gobierno deban tener un enfoque inclusivo para los refugiados”. Asimismo, insistió en que debe “abordarse el cambio en origen, fortalezcamos las democracias y los recursos educativos en los países de origen, porque esos espacios deben pensar en toda la diversidad humana”.
Por su parte, Sophie Muller, ha destacado sobre el estudio que “haya contado directamente con la voz de las personas refugiadas con discacidad”. Asimismo, ha señalado que en ACNUR ya existe un equipo específico que trabaja sobre la situación de las personas refugiadas con discapacidad y “siempre vamos a tener esta mirada de la discapacidad y de las necesidades específicas de las personas desplazadas que cuentan con dificultades en cuanto a accesibilidad o salud mental”.
Finalmente, Muller concluyó que “la formación de las ONGS y de todos los actores de los sistemas de acogida es fundamental. Todos deben sensibilizarse especialmente sobre la vulnerabilidad y las necesidades de personas con discapacidad refugiadas”.
DESCARGA EL ESTUDIO
Descarga el estudio ‘Las personas con discapacidad en situación de protección internacional en España: situación, desafíos y propuestas’
El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED)
El Observatorio Estatal de la Discapacidad como un instrumento técnico de la Administración General del Estado que, a través del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se encarga de la recopilación, sistematización, actualización, generación de información y difusión relacionada con el ámbito de la discapacidad, creado al amparo del la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La gestión de este Observatorio está encomendada al CERMI, como expresión unitaria de la discapacidad en España.
Derechos Sociales presentará un informe sobre las personas con discapacidad en situación de protección internacional en España
El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), organismo del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, presentará su último estudio ‘Las personas con discapacidad en situación de protección internacional en España: situación, desafíos y propuestas’ el miércoles 21 de junio, a las 17.00 horas, en la sede del CERMI en Madrid.
La presentación del estudio, moderado por el coordinador del Observatorio Estatal de la Discapacidad, Luis Alonso, contará con la participación de la consultora experta redactora del estudio, Gloria Álvarez Ramírez; la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino; la representante de Acnur en España, Sophie Muller, y el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco.
El enlace al boletín de inscripción se encuentra en ‘https://forms.gle/NPY5fygd2CmMuuoy9’ y se puede consultar el programa completo en ‘https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/acto-de-presentacion-de-la-investigacion/’.
Acto de presentación de la Investigación
“Las personas con discapacidad en situación de protección internacional en España: situación, desafíos y propuestas”
Día: 21 de junio de 2023
Hora: 17:00
Sede del CERMI Estatal: Calle Recoletos, 1 bajo. 28001 Madrid
Boletín de inscripción: https://forms.gle/NPY5fygd2CmMuuoy9
Modalidad: Híbrida, presencial y virtual
Boletín de inscripción presencial: https://n9.cl/w44qfy
Boletín de inscripción virtual: https://zoom.us/webinar/register/WN_MVCjx8bHR3atTIEJ5CIDTA
Programa:
El Observatorio Estatal de la Discapacidad aprueba su programa de estudios sobre la realidad de las personas con discapacidad para 2022
El Observatorio Estatal sobre Discapacidad (OED) ha aprobado el programa de estudios e investigaciones sobre la realidad social de las personas con discapacidad en España para el año 2022, ejercicio en que prestará una particular atención a las mujeres y a la infancia con discapacidad.
Así lo ha acordado la Comisión Técnica de seguimiento del Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Real Patronato sobre Discapacidad, la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Universidad de Extremadura para la gestión y funcionamiento del OED reunida el pasado día 19 de enero de 2022.
En la dimensión estatal, las investigaciones sociales aprobadas pasan por elaborar una nueva edición del Informe Olivenza, correspondiente al año 2022, sobre la situación general de las personas con discapacidad en España, que incluirá un resumen ejecutivo y un capítulo sobre comparación de políticas públicas de discapacidad respecto de los principales ítems en este ámbito, así como un reporte actualizado del seguimiento de las Observaciones del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas realizadas a España tras la última revisión de 2019.
Además, el OED también acometerá en 2022 el estudio “Las personas con discapacidad en situación de protección internacional en España: situación, desafíos y propuestas”, primera investigación sobre esta cuestión que se llevará a cabo en nuestro país sobre este asunto.
De igual modo, este año el OED realizará dos investigaciones más, a saber: “El despliegue de la garantía infantil en las niñas y niños con discapacidad: programa de acción” y “El derecho a la maternidad y a formar una familia de las mujeres con discapacidad”.
En cuanto al programa correspondiente a la dimensión extremeña, los estudios en cartera son el “Informe Olivenza 2022” (bloque referido a la Comunidad Autónoma de Extremadura) y “Establecimiento y provisión de Acompañamiento a Personas con Discapacidad y Altas Necesidades de Apoyo en Extremadura”.
El OED es un instrumento técnico que la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y Real Patronato sobre Discapacidad), y la Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, SEPAD, ponen al servicio de la ciudadanía, las Administraciones Públicas, la Universidad y el Tercer Sector, para la recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad.
Infancia y discapacidad. Datos sociodemográficos
La Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD 2008), estima que en España residen alrededor de 130.000 niños y niñas con discapacidad menores de 15 años. Esta cifra supone el 2% del total de niños y niñas menores de 15 años residentes en el país. Los datos indican que la prevalencia de las situaciones de discapacidad es sensiblemente mayor en los niños que en las niñas.
Por otra parte, se observa que los tipos de deficiencia más frecuente entre los niños y niñas con discapacidad son las deficiencias mentales y las deficiencias del sistema nervioso.
De acuerdo con la Base Estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad, a 31 de diciembre de 2019 había en España 3.257.058 personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento. De éstas, el 5% son personas menores de 17 años (162.699 personas). En este tramo de edad los varones suponen el 66% de las personas con reconocimiento administrativo de discapacidad.
De las 162.699 personas menores de 17 años con un grado de discapacidad reconocido, el 64% tiene reconocido entre el 33 y el 44 por ciento; el 15% entre el 45 y el 63 por ciento; el 11% ha sido reconocida con grados de entre el 64 y el 74 por ciento y un 10% ha sido reconocida con un grado del 75 por ciento o superior.
El tipo de deficiencia que presenta mayor prevalencia en este tramo de edad son las demencias y trastornos mentales. Le sigue la discapacidad intelectual y del desarrollo y las deficiencias neuromusculares.
Las Comunidades con mayor número de personas menores de 17 años con discapacidad administrativamente reconocida son Cataluña (33.322 personas), Andalucía (31.534 personas) y la Comunidad de Madrid (26.053 personas).
Estrategia Europea sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030
En marzo de 2021, la Comisión Europea adoptó una nueva Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para el período 2021-2030. La Estrategia tiene como objetivo avanzar en la aplicación de todos los ámbitos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), tanto a escala de la Unión Europea como de los Estados miembros.
La Estrategia tiene en cuenta la diversidad de la discapacidad, que es consecuencia de la interacción entre las deficiencias físicas, psíquicas, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que suelen ser invisibles, con los obstáculos presentes en el entorno, así como del aumento de la prevalencia de la discapacidad con la edad (casi la mitad de las personas de más de 65 años declaran presentar algún tipo de discapacidad).
Por otra parte, promueve una perspectiva intersectorial, que aborde los obstáculos específicos que afrontan las personas con discapacidad que se encuentran en la intersección de identidades (género, raza, etnia, sexo, religión), o en una situación socioeconómica difícil o en cualquier otra situación vulnerable.
La Estrategia se articula en tres grandes apartados:
- Disfrutar de los derechos de la Unión. Las personas con discapacidad deberían disfrutar de todos los derechos en las mismas condiciones que las demás, en particular cuando se trasladan a otro Estado miembro o participan en la vida política.
- Nivel de vida digno y vida independiente. La independencia, los servicios sociales y de empleo de calidad, la vivienda accesible e inclusiva, la participación en el aprendizaje permanente, la protección social adecuada y el refuerzo de la economía social son elementos indispensables para que todas las personas con discapacidad disfruten de una vida digna.
- Igualdad de acceso y no discriminación. Las personas con discapacidad tienen derecho a la protección frente a cualquier forma de discriminación y violencia y a la igualdad de oportunidades en materia de justicia, educación, cultura, vivienda, actividades recreativas, ocio, deporte y turismo, y en el acceso a estos y a los servicios sanitarios.
Respecto a la vida independiente, cabe destacar el compromiso para “desarrollar la vida independiente y reforzar los servicios basados en la comunidad”. La Estrategia manifiesta que “Las personas con discapacidad, jóvenes y mayores, tienen el mismo derecho a vivir de forma independiente y a formar parte de la comunidad, con las mismas opciones que los demás en cuanto a su lugar de residencia y con quién y cómo vivir… La independencia requiere de un panorama diferenciado de servicios de calidad, accesibles, basados en la comunidad y en la familia, centrados en la persona y asequibles, que incluyan asistencia personal y médica y la intervención de trabajadores sociales, con el fin de facilitar las actividades cotidianas y ofrecer alternativas a las personas con discapacidad y a sus familias.
Los servicios de apoyo generales deben ser inclusivos para los niños con discapacidad y las personas mayores y accesibles para ellos, y deben tener en cuenta el género y la cultura”.
En este contexto, la Comisión se plantea dos iniciativas emblemáticas:
- La publicación de directrices en las que recomendará a los Estados miembros mejoras para la vida independiente y la inclusión en la comunidad, con el fin de permitir que las personas con discapacidad residan en viviendas accesibles y asistidas en la comunidad, o que continúen viviendo en sus hogares (contando con regímenes de asistencia personal).
- De aquí a 2024, la presentación de un marco europeo de calidad para unos servicios sociales de excelencia para las personas con discapacidad, con el fin de mejorar la prestación de servicios para las personas con discapacidad y mejorar el atractivo de los empleos en este ámbito.
En materia de Igualdad de acceso y no discriminación, la Estrategia se propone mejorar el acceso a la justicia, la protección social, la libertad y la seguridad, impulsar el acceso sostenible y equitativo a la asistencia sanitaria. En estos ámbitos, así como en el acceso al empleo, la Estrategia reconoce la especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual.
Destaca también el compromiso de impulsar una educación inclusiva y accesible, para lograr este compromiso la Comisión se propone:
- Publicar, en 2021, un conjunto de herramientas para la inclusión en la atención y la educación de la primera infancia, que incluirá un capítulo específico sobre los niños con discapacidad.
- Apoyar a los Estados miembros para que sigan desarrollando sus sistemas de formación del profesorado, a fin de abordar la escasez de personal docente en la educación para necesidades especiales y las competencias de todos los profesionales de la educación para gestionar la diversidad en el aula y desarrollar la educación inclusiva.
- Como miembro del Consejo Superior de las Escuelas Europeas, apoyará la intensificación de los esfuerzos destinados a implementar el Plan de acción sobre el apoyo educativo y la educación inclusiva, centrándose en la accesibilidad y los ajustes razonables, la adaptación de sus planes de estudios a las necesidades del alumnado con discapacidad (por ejemplo, diplomas alternativos que permitan continuar los estudios a nivel nacional) y en ofrecer cursos de formación para profesores en el ámbito de la educación inclusiva.
Reconstruir mejor: hacia un mundo inclusivo, accesible y sostenible después del COVID-19 por, para y con las personas con discapacidad
Se estima que en España residen 4,12 millones de personas con discapacidad, esto supone aproximadamente el 9% de la población total en España. En términos generales, las personas con discapacidad afrontan en mayor medida distintas situaciones discriminatorias que las personas sin discapacidad. Esta circunstancia se ve multiplicada al añadirse factores tales como el género, la edad, el hábitat o el origen étnico. Todas estas desigualdades se incrementan en situaciones de crisis, la pandemia de COVID-19 lo demuestra.
En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este observatorio alerta sobre las distintas situaciones que afrontan las personas con discapacidad debidas a la crisis sanitaria y que aumentan su vulnerabilidad.
En el ámbito de la salud. La pandemia y las medidas aplicadas han supuesto:
- La existencia de protocolos que excluían de la atención hospitalaria a personas con discapacidad y/o de edad avanzada.
- Que los centros residenciales estuvieran, en los primeros momentos del estado de alarma, en una situación crítica debido a la falta de equipos de protección (EPIS), la falta de test para las personas usuarias y profesionales y la falta de capacidad para atender los síntomas.
- La suspensión de procesos de rehabilitación durante el confinamiento y una vuelta parcial ante el temor de las personas con discapacidad y sus familias por el riesgo de contagio.
- Al 58% se le han anulado o aplazado tratamientos y citas médicas especializada (ODISMET,2020).
En el ámbito de la accesibilidad. Las barreras se han incrementado de forma notable:
- Barreras en el acceso a la información: en un primer momento, las comunicaciones públicas no tuvieron interpretación, esto supuso que las personas sordas y sordociegas se quedaran sin acceso a información básica.
- Las personas ciegas también han sufrido esta falta de información porque las indicaciones para prevenir y protegerse del virus se hacen, en su mayoría, a través de señales visuales. La falta de información en lectura fácil y/o pictogramas también ha perjudicado a las personas con discapacidad intelectual.
La educación inclusiva y la falta de profesorado de apoyo.
- La suspensión de clases presenciales afectó en mayor medida a los niños y niñas con discapacidad que a niños y niñas sin discapacidad. Según la Fundación FOESSA, en el 17% de los hogares se observó que el rendimiento escolar de hijos e hijas disminuyó por no contar con apoyos (FOESSA, 2020).
Impacto económico. Algunos datos significativos:
- El 80% de las entidades dedicadas a la atención de las personas con discapacidad han tenido que reducir significativamente su actividad. Un 35% ha incrementado sus gastos y el 81% ha visto reducido sus ingresos (Fundación SERES, 2020).
- PREDIF calcula que entre su incremento de gastos (3.919.926,57€) y su reducción de ingresos (3.977.951,42), el impacto de la Covid-19 será de casi 8 millones de euros.
- Más del 45% de las entidades que se dedican a la Inserción social, la Discapacidad o la Salud tienen dificultades para desarrollar su labor, e incluso un 17% afirma que no puede llevarla a cabo (Fundación SERES, 2020).
- Un 43% de familias de personas con discapacidad intelectual se ha visto “bastante” o “muy afectado” económicamente por la crisis de la COVID-19. Un 30% indica que han aumentado sus gastos familiares, 40% el caso de hogares monoparentales. 1 de cada 8 se encuentra en una situación económica preocupante (Plena Inclusión, 2020).
Todos estos datos justifican que desde las administraciones públicas se garantice que las personas con discapacidad formen parte activa de la reconstrucción social y económica del país, tal como exige hoy el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en su manifiesto por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Proteger a las personas con discapacidad frente a la crisis de la COVID-19
Se estima que en España residen 4,12 millones de personas con discapacidad, esto supone aproximadamente el 9% de la población total en España. En términos generales, las personas con discapacidad afrontan en mayor medida distintas situaciones discriminatorias que las personas sin discapacidad. Esta circunstancia se ve multiplicada al añadirse factores tales como el género, la edad, el hábitat o el origen étnico.
El último Informe Olivenza (2019) ofrece datos relevantes sobre estas situaciones de discriminación:
- El 6,2% de las personas con discapacidad se encuentra en situación de pobreza severa y un 17,3% en situación de pobreza moderada. Estos porcentajes son de 5,4% y de 15,2% en la población sin discapacidad.
- El riesgo de pobreza o exclusión social afecta al 31,1% de las personas con discapacidad, 7 puntos más que la población sin discapacidad.
- El salario medio anual de las personas con discapacidad es casi 4.000 euros anuales inferior a la población sin discapacidad. La brecha salarial entre hombres y mujeres con discapacidad es del 15,9%, es decir, las mujeres con discapacidad tienen un salario inferior respecto a los varones con discapacidad en un 15,9%.
- Empleo: El 34,5% de las personas con discapacidad oficialmente reconocida eran activos, 43 puntos inferior a la de la población sin discapacidad. La tasa de paro se sitúo en 25,2%, 10 puntos más alta que la población sin discapacidad.
- El 16,3% de las personas con discapacidad tiene relaciones de amistad precarias, es decir, cuenta con pocas oportunidades para hacer o mantener amigos. Este porcentaje es del 11,2% en las personas sin discapacidad.
- Solo el 10,1% de las personas con discapacidad puede disfrutar sin dificultades de actividades de ocio. Este porcentaje se reduce hasta el 7,5% en las mujeres con discapacidad.
- El 4% de las personas con discapacidad ha sufrido malos tratos físicos o psicológicos. Este porcentaje es del 6,1% en las mujeres con discapacidad.
Todas estas desigualdades se incrementan en situaciones de crisis. La pandemia de COVID-19 lo demuestra. António Guterres, Secretario General de la ONU, ha denunciado esta situación y ha declarado que «debemos garantizar la igualdad de derechos de las personas con discapacidad al acceso a los cuidados sanitarios y a los procedimientos que les salven la vida«. Ha urgido también a los Gobiernos a que las personas con discapacidad estén en el centro de la respuesta al COVID-19 y en los esfuerzos de recuperación.
¿Igualdad de género para 2030? Las barreras que afrontan las mujeres y niñas con discapacidad
Para este 8 de marzo, el Observatorio Estatal de la Discapacidad insiste en la importancia de incorporar una perspectiva transversal de género y discapacidad en las distintas actuaciones que se llevan a cabo por parte de la Administración Pública.
Por otra parte, es fundamental empoderar a las mujeres y niñas con discapacidad, velar por el cumplimiento de sus derechos; que se reconozca y promueva su voz en los asuntos que las conciernen. Es prioritario también reconocer el trabajo de los cuidados y ofrecer a las familias y en especial a las mujeres (madres, esposas, hijas, hermanas…) que cuidan espacios de respiro, información, formación y apoyos para el cuidado.