En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Observatorio Estatal de la Discapacidad advierte sobre la persistencia de las situaciones discriminatorias que afrontan las personas con discapacidad y que además se ven multiplicadas al añadirse factores tales como el género, la edad, el hábitat o el origen étnico. En el informe “personas con discapacidad y discriminación múltiple en España: situación y propuestas”, editado por este Observatorio en 2017 se ofrecen datos relevantes sobre esta circunstancia:
El análisis de esta encuesta ha permitido detectar algunos patrones de asociación entre la discapacidad y otras variables que agravan el riesgo de pobreza o exclusión.
Con motivo del Día Universal de la Infancia señalamos que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en sus Principios Generales: “el respeto a la evolución de los niños y niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad”. Por otra parte, en su artículo 7 dispone que los Estados deben garantizar que las niñas y niños con discapacidad tienen y disfrutan de los mismos derechos, asimismo se protegerá su interés superior y su derecho a expresar libremente su opinión en las cuestiones que les afecten. En España, según diversas fuentes, los niños y niñas con discapacidad mantienen una situación de extrema vulnerabilidad.
El Estudio de UNICEF sobre la situación de los niños y las niñas con discapacidad en España (Campoy Cervera, 2013) señala como problemas relevantes de este colectivo: la ausencia de estudios adecuados, la especial incidencia de situaciones de maltrato, las dificultades para acceder a la educación inclusiva, las barreras para ejercer su derecho a participar en la toma de decisiones y la falta de apoyo a las familias de niños y niñas con discapacidad.
El último Informe del CERMI sobre derechos humanos y discapacidad (CERMI, 2017) denuncia distintas situaciones discriminatorias:
Otra situación de discriminación y maltrato que sufren en especial las niñas con discapacidad es la esterilización forzosa. La Fundación CERMI Mujeres en su informe “Poner fin a la esterilización forzosa de las mujeres y niñas con discapacidad” apunta que estas esterilizaciones se hacen sin el consentimiento o comprensión de las mujeres y niñas con discapacidad sobre el propósito de la intervención quirúrgica, y bajo el pretexto de su bienestar. Se estima una media anual de 96 sentencias judiciales autorizando la esterilización de personas con discapacidad previamente incapacitadas.
De acuerdo con los datos que aporta la Encuesta Nacional de Salud 2017, cerca de 4,4 millones de personas de 15 o más años cuidan en España, al menos una vez a la semana, de alguna persona mayor o de alguien con una dolencia crónica sin que ese cuidado forme parte de su trabajo. De estas personas, aproximadamente 2,6 millones son mujeres y 1,8 millones son hombres, lo que, traducido a términos relativos, significa que el 12,9% de las mujeres de 15 o más años y el 9,6% de los hombres son cuidadores informales.
En muchos casos, la dedicación que requieren esos cuidados informales es bastante elevada: casi 2 millones de estos cuidadores (cerca de 680 mil hombres y algo más 1,95 millones de mujeres, el 3,6% de los hombres y el 6,4% de las mujeres de 15 o más años residentes en nuestro país) dedican 20 o más horas semanales a la prestación de cuidados no profesionales a otras personas con problemas de salud.
Estos datos muestran que el perfil de la persona que cuida a familiares con problemas de salud se va haciendo cada vez más diverso. Aunque las mujeres siguen siendo las grandes protagonistas del cuidado, hay un número creciente de hombres cuidadores, aunque por lo general éstos dedican menos tiempo al cuidado. También hay cada vez más cuidadores de edad avanzada, debido sobre todo a que frecuentemente es la propia pareja la que asume el cuidado de su compañero dependiente.
La persona cuidadora se ve expuesta con frecuencia a situaciones de estrés, sobrecarga física y emocional e, incluso, aislamiento social. Muchas personas cuidadoras, en su mayoría mujeres, han tenido que reducir o abandonar su actividad laboral para dedicarse a los cuidados. Aunque existe un amplio repertorio de posibles actuaciones para mejorar la calidad de vida de los cuidadores, lo cierto es que el apoyo que reciben las personas que cuidan es todavía muy escaso, y que en él se han producido retrocesos aún no revertidos, como la supresión de la protección social de los cuidadores no profesionales que preveía la Ley de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia.
El martes 16 de octubre se presentó el 8º informe sobre el estado de la pobreza: Seguimiento del indicador AROPE de riesgo de pobreza y exclusión social en España, 2008-2017 elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Como novedad este informe incluye un capítulo sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Esta nota breve tiene como propósito destacar los datos más relevantes de dicho informe.
La principal conclusión de este informe referida a la discapacidad es que las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión mucho más elevado que aquellas que no tienen discapacidad. Esta circunstancia no está solo referida a los datos recientes sino que muestra, según el período analizado, una situación de riesgo de pobreza estructural que además se incrementa ligeramente durante los tres últimos años (2015-2017).
Los datos referidos a 2017 señalan que la tasa AROPE de las personas es de 31,5%, mientras que para aquellas sin discapacidad se sitúa en 24,4% (siete puntos porcentuales menos). “Prácticamente una de cada tres personas con discapacidad, está en riesgo de pobreza y/o exclusión” (Llano, 2018).
El informe apunta entre los factores que influyen para este mayor riesgo de pobreza y/o exclusión, la dificultad para el acceso al mercado de trabajo y la carga económica que supone la discapacidad, entre otros.
Al considerar la edad, el sexo, se observan las siguientes variaciones en la tasa AROPE en 2017:
Respecto a la tasa de riesgo de pobreza, el informe señala que el 22,4 % de las personas con discapacidad está en riesgo de pobreza. Este porcentaje se reduce hasta el 19,9% para las personas sin discapacidad. Por el contrario la tasa de pobreza severa de las personas con discapacidad es ligeramente menor que la de las personas sin discapacidad.
El informe señala como relevante la relación entre actividad y pobreza en las personas con discapacidad. Y apunta: “el 17,1% de las personas ocupadas con discapacidad son pobres … Se supone que el empleo de las personas con discapacidad está más protegido, sin embargo, tampoco el trabajo les preserva de la pobreza”.
Por otra parte, la privación material severa es, también, notablemente más elevada entre las personas con discapacidad (7,6 %) que entre el resto de la población (4,2 %).
Según el informe “Realidad, situación, dimensión y tendencias del empleo con apoyo en España en el horizonte del año 2020”, 6 de cada 10 personas que participan en Programas de EcA es varón. Buena parte de las personas que participan en estos programas presentan discapacidad intelectual (73,4%). Y el 29% de estas personas es menor de 25 años.
En el año 2016, con datos de este mismo informe, 2.988 personas con discapacidad participaban en Programas de Empleo con Apoyo. Otros datos significativos sobre la situación laboral de este colectivo son:
Descargar Nota OED sobre Empleo con Apoyo
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en sus Principios Generales: “el respeto a la evolución de los niños y niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad”. Por otra parte, en su artículo 7 dispone que los Estados deben garantizar que las niñas y niños con discapacidad tienen y disfrutan de los mismos derechos, asimismo se protegerá su interés superior y su derecho a expresar libremente su opinión en las cuestiones que les afecten. En España, según diversas fuentes, los niños y niñas con discapacidad mantienen una situación de extrema vulnerabilidad.
El Estudio de UNICEF sobre la situación de los niños y las niñas con discapacidad en España (Campoy Cervera, 2013) señala como problemas relevantes de este colectivo: la ausencia de estudios adecuados, la especial incidencia de situaciones de maltrato, las dificultades para acceder a la educación inclusiva, las barreras para ejercer su derecho a participar en la toma de decisiones y la falta de apoyo a las familias de niños y niñas con discapacidad.
El último Informe del CERMI sobre derechos humanos y discapacidad (CERMI, 2017) denuncia distintas situaciones discriminatorias:
Otra situación de discriminación y maltrato que sufren en especial las niñas con discapacidad es la esterilización forzosa. La Fundación CERMI Mujeres en su informe “Poner fin a la esterilización forzosa de las mujeres y niñas con discapacidad” apunta que estas esterilizaciones se hacen sin el consentimiento o comprensión de las mujeres y niñas con discapacidad sobre el propósito de la intervención quirúrgica, y bajo el pretexto de su bienestar. Se estima una media anual de 96 sentencias judiciales autorizando la esterilización de personas con discapacidad previamente incapacitadas.
El objetivo de este documento es analizar el servicio asistencia personal en términos de impacto económico comparando este servicio con otros soportes que se ofrecen en el marco de atención a la dependencia. Además de las cuestiones económicas se pretende ofrecer un análisis del valor no monetario que aporta tanto la asistencia personal como otros apoyos.
Estructurado en dos apartados, se aborda por un lado la definición de la asistencia personal; por otro, a partir de la información disponible, se dibuja un mapa del servicio de asistencia personal en España intentando recoger información sobre el gasto público que supone este servicio así como el perfil de personas usuarias del mismo. También se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica sobre métodos de medición de impacto y su aplicación en el sector de la dependencia, a partir de esta revisión y otras consideraciones relacionadas con la Asistencia personal, se hace una propuesta de medición de impacto de este servicio.
En el segundo apartado se sistematizan los resultados del mapa dibujado en la primera parte del documento y se estima el impacto económico de la Asistencia Personal en España. Los resultados de este estudio indican, más allá de los datos que demuestran la viabilidad financiera de la AP, la escasa implantación del servicio. Por tanto, conviene reflexionar sobre la necesidad de potenciar la Asistencia Personal como un servicio que favorece la inclusión de las personas con discapacidad en el entorno comunitario además de reconocer su derecho a vivir de acuerdo con sus preferencias.
Según el Informe del OED sobre las personas con discapacidad residentes en el Medio Rural, casi un millón de personas con discapacidad reside en el medio rural en España. Los datos, en términos absolutos, sobre la distribución de esta población muestran que en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla y León y Galicia viven más de cien mil personas con discapacidad en cada una de ellas.
En términos proporcionales, destaca Extremadura donde el 58% de la población con discapacidad de esa Comunidad vive en zonas rurales, también destacan los datos de las dos Castillas donde la mitad de la población con discapacidad vive en el medio rural. En el lado contrario se encuentran Madrid o Murcia donde este porcentaje es del 5%.
De acuerdo con el criterio del Instituto Nacional de Estadística que utiliza el tamaño del núcleo poblacional para definir las zonas de residencia, la población con discapacidad en España se distribuye en 51% en Zona Urbana (1.934.846 personas), 24% en Zona Intermedia (908.159 personas) y 25% en el Medio Rural (944.442 personas).
El OED ha elaborado recientemente un informe sobre las personas con discapacidad residentes en el medio rural que tiene como objetivo contribuir al análisis de la realidad de las personas con discapacidad que residen en entornos rurales. En este documento se presentan de manera comparada los datos de las personas con discapacidad del Medio Rural respecto a aquellas que viven en zonas urbanas, entre estos datos cabe destacar:
Fuente: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2008.
En el ejercicio 2015, el 9,92% de las declaraciones del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) presentadas en el Territorio de Régimen Fiscal Común ponían de manifiesto la existencia de situaciones de discapacidad en la unidad familiar a la que se refería la declaración. En términos absolutos, esto supone que en el ejercicio 2015 se registraron 2.026.977 declarantes con discapacidad. El 46,2% corresponde a mujeres con discapacidad.
Este registro distingue las personas con discapacidad tres grados o niveles de dependencia protegidas fiscalmente:
Según esta clasificación, el 30% de las personas declarantes con discapacidad se encuentra en una situación de dependencia cualificada; Un 67% corresponde a personas declarantes en situación de dependencia simple y el 3% a personas en situación de dependencia simple con ayuda a tercera persona (ATP) o movilidad reducida.
Fuente: Agencia Tributaria
De acuerdo con la distribución territorial, los porcentajes más altos de personas declarantes con discapacidad se encuentran en Cataluña (18,4%); Andalucía (17,8%) y la Comunidad de Madrid (11,7%). En el extremo contrario se en encuentran en Islas Baleares (1,8%), Cantabria (1,7%) y la La Rioja (0,7%).
En términos de impacto económico, los datos señalan que el importe mínimo por discapacidad asciende a 11.707.002 de euros correspondiente a 1.929.423 declaraciones y con un importe medio de 6.068 euros por declaración.
Es importante advertir que la información que proporcionan esta estadística no se refiere a todas las personas con discapacidad, pues no cubre a las personas con discapacidad no declarantes de IRPF, a las que no han hecho uso de sus beneficios fiscales, ni a las personas con discapacidad residentes en el País Vasco y Navarra, que quedan fuera del ámbito territorial del impuesto.