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Vida Laboral de las Personas con Discapacidad 2019: situación y retos de la inclusión en el empleo

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este mes los resultados de la operación estadística “Vida Laboral de las personas con discapacidad (VLPD)”. Esta encuesta forma parte de las operaciones estadísticas con las que cuenta en INE en este ámbito: el Empleo de las Personas con Discapacidad y el Salario de las Personas con Discapacidad.

El objetivo de la Encuesta VLPD es obtener información sobre la vida laboral de las personas de 16 y más años con discapacidad oficialmente reconocida y hacerlo en términos comparativos con las personas sin discapacidad. La operación es fruto de un convenio de colaboración entre INE, el IMSERSO, y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). En su realización se utiliza la información procedente de la integración de los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) con datos administrativos registrados en la Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad (BEPD).

Los resultados referidos a 2019 señalan que 31.658,6personas de 16 o más años que en 2019 tuvieron alguna relación con la Seguridad Social, el 9,9% de estas personas tenían una discapacidad[1] (3.129.000 personas). 56% varones, 44% mujeres.

Uno de los aspectos que destaca el INE de los resultados de la VLPD es la baja participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad:

  • Solo el 10% de las personas con discapacidad tuvieron relación con la Seguridad Social exclusivamente por estar de alta laboral al menos un día en el año, frente al 61,2% en el caso de las personas sin discapacidad.
  • 626.300 personas con discapacidad estuvieron en alta laboral en algún momento del año, ya fuera como situación exclusiva o alternándola con otra[1]. Esto supone un 20,0% del total de las personas con discapacidad que tuvieron algún tipo de relación con la Seguridad Social. Este porcentaje es de 75,8% en las personas sin discapacidad.
  • En relación con la distribución por sexo y edad de las personas con discapacidad que tuvieron alguna relación con la Seguridad Social, se observa un mayor porcentaje de varones que de mujeres (60% varones, 40% mujeres) y destaca el tramo de edad de mayores de 45 años que suponen el 33% de las personas con discapacidad que estuvieron en alta laboral en algún momento del año, ya fuera como situación exclusiva o alternándola con otra.
  • Grado y perfil de discapacidad. Los datos señalan que a mayor grado de discapacidad menor participación en el mercado laboral. Las personas con deficiencias en el Sistema osteoarticular representaron el 23,1% de las que tuvieron discapacidad en alta laboral. Mientras que el porcentaje más bajo fue para aquellas con deficiencias en los Sistemas digestivo, metabólico y endocrino (3,7%).
  • Las personas con discapacidad en alta laboral tuvieron en promedio 1,76 episodios de afiliación, frente a 2,12 de quienes no tuvieron discapacidad.
  • El 31,1% de las afiliaciones por cuenta ajena de personas con discapacidad en 2019 fueron contratos indefinidos, frente al 27,2% de las personas sin discapacidad.

Aquí se puede descargar la NOTA completa


[1] Otras situaciones percepción de prestación por desempleo, pensionista y alta laboral, desempleo y alta


[1] Se consideran personas con discapacidad reconocida, es decir, aquellas con grado de discapacidad superior o igual al 33 % o asimilados, según el procedimiento de valoración establecido por RD Legislativo 1/2013.

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Dictamen del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre la violación al derecho a la educación inclusiva de un niño con síndrome de Down en España

Siguiendo las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre la publicación y difusión del Dictamen (comunicación nº 41/2017) relacionado con la violación al derecho a la educación inclusiva de un niño con síndrome de Down en España, este Observatorio difunde la nota de prensa del Comité del 21 de septiembre de 2020, así como el Dictamen completo para su descarga.

Nota de prensa del Comité

España violó el derecho a la educación inclusiva de un niño con síndrome de Down que fue enviado a un centro de educación especial por las autoridades nacionales, a pesar de las objeciones de sus padres, ha concluido el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En su primera decisión sobre el derecho a la educación inclusiva, el Comité concluyó que España no evaluó los requisitos específicos del niño ni adoptó las medidas razonables que podrían haberle permitido permanecer en la educación general. Por lo tanto, el Estado parte no cumplió con sus obligaciones en virtud de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

El niño, Rubén, estaba en un colegio ordinario de León. Con el apoyo de un asistente de educación especial, mantuvo buenas relaciones con sus compañeros y maestros hasta 2009, cuando ingresó al cuarto grado a los 10 años. La situación se deterioró y surgieron graves denuncias de malos tratos y abusos por parte de su maestro.

La condición no mejoró cuando Rubén ingresó al quinto grado. Su nuevo maestro de clase no consideró que necesitaba un asistente de educación especial y solo después de que sus padres se quejaron se le permitió tener uno.

Sin embargo, Rubén comenzó a mostrar dificultades en el aprendizaje y en la vida escolar. Un informe escolar señaló lo que denominó «comportamiento perturbador», «brotes psicóticos» y «retraso en el desarrollo asociado con el síndrome de Down» de Rubén. En junio de 2011, la Dirección Provincial de Educación autorizó la inscripción de Rubén en un centro de educación especial ante las objeciones de sus padres.

Los padres de Rubén denunciaron los abusos que sufrió ante las autoridades judiciales internas, pero no se realizó una investigación efectiva. Sus padres también desafiaron sin éxito la decisión de la autoridad educativa de inscribirlo en un centro de educación especial. Además, las autoridades presentaron cargos penales contra los padres por negarse a enviar a su hijo a una escuela especializada.

Rubén y su padre finalmente llevaron su caso al Comité en 2017.

Tras examinar los alegatos presentados por ambas partes, el Comité concluyó que España violó el derecho de Rubén a la educación inclusiva.

«No parece que las autoridades del Estado parte hayan llevado a cabo una evaluación exhaustiva o un estudio en profundidad y detallado de sus necesidades educativas y las adaptaciones razonables que habría requerido para poder seguir asistiendo a una escuela ordinaria», dijo el miembro del Comité Markus Schefer.

El Comité solicitó que España garantice que Rubén, que actualmente se encuentra en un centro privado de educación especial para estudiantes con necesidades especiales, sea admitido en un programa de formación profesional inclusiva; que se le indemnice y que se investiguen efectivamente sus denuncias de abusos.

Entre otras recomendaciones, el Comité también instó a España a eliminar cualquier segregación educativa de los estudiantes con discapacidad tanto en las escuelas de educación especial como en las unidades especializadas dentro de las escuelas ordinarias, y a garantizar que los padres de estudiantes con discapacidad no sean procesados por reclamar el derecho de sus hijos a una educación inclusiva.

Dictamen completo para su descarga

Fuente: Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

 

 

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Estudio sobre la prevalencia de las alteraciones de la salud mental y/o problemas de conducta en las personas con discapacidad intelectual de Extremadura

La transformación hacía el modelo social de apoyo a las personas con discapacidad implica realizar investigaciones sobre situaciones, hasta ahora, poco observadas. Entre estas situaciones poco observadas encontramos la prevalencia de las alteraciones de la salud mental y/o problemas de conducta en las personas con discapacidad intelectual. Unas serie de variables pronostican una mayor vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual hacia el desarrollo de una alteración mental y/o conductual. A esta situación se une los escasos recursos médicos y psicosociales especializados en esta población.

La Comunidad Autónoma de Extremadura, consciente de la vulnerabilidad de esta población, promovió una serie de actuaciones para intervenir sobre la situación. Estas acciones se articulan en el Plan de Acción para la Atención de las personas con discapacidad intelectual y trastornos de la salud mental.

Por ello, se ha hecho necesario conocer la incidencia y prevalencia de las alteraciones de salud mental y/o problemas de conducta en personas con discapacidad intelectual en la Comunidad Autónoma de Extremadura, mediante el “Estudio sobre la prevalencia de las alteraciones de la salud mental y/o problemas de conducta en las personas con discapacidad intelectual de Extremadura”. Este estudio se suma a las iniciativas desarrolladas, desde 2017, por el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), en colaboración con el OED.

Aquí puede descargar la Nota Breve completa

Aquí puede descargar el informe sobre discapacidad intelectual y salud mental en Extremadura

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Cuestionario para profesionales del ámbito de la educación no universitaria sobre inclusión educativa del alumnado con discapacidad

El Observatorio Estatal de la Discapacidad tiene entre sus actuaciones para el año 2019, realizar un estudio para conocer las principales claves actuales que facilitan o dificultan la plena inclusión del alumnado con discapacidad en España.

En este sentido, como docentes, gestores, profesionales de servicios de apoyo, … relacionados con el ámbito educativo, solicitamos su colaboración para responder, desde sus experiencias y conocimientos, el siguiente cuestionario. La participación es voluntaria y la información que se recoja será tratada de forma anónima y confidencial, por lo que no es necesario que se indique ningún dato personal.

La fecha límite para participar en esta consulta es el 30 de junio de 2019.

Para cualquier duda o consulta contacte a través de este correo electrónico de atención permanente: oed@observatoriodeladiscapacidad.info. Muchas gracias.

http://consultaprofesionaleseducacionoed.interencuestas.es/

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Informe Olivenza 2018

Estudio panorámico sobre situación de la población con discapacidad en España y de manera específica el estado de la inclusión social de la población con discapacidad en la región de Extremadura, realizado a partir de fuentes de información fundamentalmente documentales, legislativas, y estadísticas.

El Informe Olivenza 2018 comprende los siguientes capítulos:

  • Cambios en el marco normativo de la discapacidad. Consiste en un análisis legislativo estatal en 2017‐2018: con referencia a los avances en leyes relacionadas con discapacidad, en el ámbito internacional, estatal y autonómico, con especial referencia a avances en armonización con CDPD.
  • Gasto público en discapacidad en España. Trata de la estimación de gasto en discapacidad en España 2017 a partir del documento elaborado por el OED en 2014, denominado “Gasto público de las administraciones públicas en materia de discapacidad en España”, utilizando como fuente la información oficial sobre presupuestos generales del estado y CCAA.
  • Personas con discapacidad en España. Se realiza un análisis cuantitativo a partir de bases de datos y fuentes estadísticas, con especial atención a fuentes no utilizadas hasta el momento (EUROSTAT, Encuesta Social Europea, Encuesta Europea de Salud, Registros de Valoración Autonómicos, Registros estatales de Discapacidad, Dependencia, SIUSS).
  • Mercado laboral y discapacidad en España. Para dar continuidad a los informes de años anteriores, se ha enfocado en la actualización y evolución de los distintos indicadores analizados, aportando una visión detallada sobre el colectivo. Es una parte del informe que ha realizado ODISMET sobre el mercado de trabajo.
  • Necesidades y demandas de las personas con discapacidad orgánica. Capítulo elaborado por el Observatorio de la Discapacidad Física (ODF). Desde el ODF se ha considerado importante analizar y evidenciar las necesidades y demandas de las personas con discapacidad orgánica dando voz al colectivo protagonista.
  • Situación de la discapacidad en Extremadura. Informe específico sobre población con discapacidad en Extremadura: que albergará de forma específica información sobre la región, extraída de los apartados indicados.
  • Resultados del estudio “TIC y Discapacidad”, liderado por Fundación Vodafone y el CERMI para conocer el uso actual de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) entre las personas con discapacidad en España.

Aquí se puede descargar

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Infancia y Discapacidad

Con motivo del Día Universal de la Infancia señalamos que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en sus Principios Generales: “el respeto a la evolución de los niños y niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad”. Por otra parte, en su artículo 7 dispone que los Estados deben garantizar que las niñas y niños con discapacidad tienen y disfrutan de los mismos derechos, asimismo se protegerá su interés superior y su derecho a expresar libremente su opinión en las cuestiones que les afecten. En España, según diversas fuentes, los niños y niñas con discapacidad  mantienen una situación de extrema vulnerabilidad.

El Estudio de UNICEF sobre la situación de los niños y las niñas con discapacidad en España (Campoy Cervera, 2013) señala como problemas relevantes de este colectivo: la ausencia de estudios adecuados, la especial incidencia de situaciones de maltrato, las dificultades para acceder a la educación inclusiva, las barreras para ejercer su derecho a participar en la toma de decisiones y la falta de apoyo a las familias de niños y niñas con discapacidad.

El último Informe del CERMI sobre derechos humanos y discapacidad (CERMI, 2017) denuncia distintas situaciones discriminatorias:

  • Contar con un hogar. Existe una larga lista de espera para la adopción o el acogimiento, sin embargo multitud de menores con discapacidad son excluidos desde el principio y estigmatizados. Esta circunstancia supone que los niños y niñas con discapacidad dependan de la Administración.
  • Educación. La Fundación CERMI Mujeres alerta del elevado fracaso escolar de las niñas con discapacidad.
  • Educación. La normativa que regula la admisión de alumnos en colegios españoles en el extranjero discrimina a las personas con discapacidad y no contenía previsión alguna de atención a estos alumnos. Una madre denuncia “serios impedimentos” para matricular a su hijo con discapacidad en el Instituto Español de Lisboa.
  • Delitos de odio. Pintadas ofensivas y amenazantes aparecidas en un centro de educación especial.

Otra situación de discriminación y maltrato que sufren en especial las niñas con discapacidad es la esterilización forzosa. La Fundación CERMI Mujeres en su informe “Poner fin a la esterilización forzosa de las mujeres y niñas con discapacidad” apunta que estas esterilizaciones se hacen sin el consentimiento o comprensión de las mujeres y niñas con discapacidad sobre el propósito de la intervención quirúrgica, y bajo el pretexto de su bienestar. Se estima una media anual de 96 sentencias judiciales autorizando la esterilización de personas con discapacidad previamente incapacitadas.

NOTA OED INFANCIA Y DISCAPACIDAD

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Personas con discapacidad y situación de pobreza

El martes 16 de octubre se presentó el 8º informe sobre el estado de la pobreza: Seguimiento del indicador AROPE de riesgo de pobreza y exclusión social en España, 2008-2017 elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Como novedad este informe incluye un capítulo sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Esta nota breve tiene como propósito destacar los datos más relevantes de dicho informe.

La principal conclusión de este informe referida a la discapacidad es que las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión mucho más elevado que aquellas que no tienen discapacidad. Esta circunstancia no está solo referida a los datos recientes sino que muestra, según el período analizado, una situación de riesgo de pobreza estructural que además se incrementa ligeramente durante los tres últimos años (2015-2017).

Los datos referidos a 2017 señalan que la tasa AROPE de las personas es de 31,5%, mientras que para aquellas sin discapacidad se sitúa en 24,4% (siete puntos porcentuales menos). “Prácticamente una de cada tres personas con discapacidad, está en riesgo de pobreza y/o exclusión” (Llano, 2018).

El informe apunta entre los factores que influyen para este mayor riesgo de pobreza y/o exclusión, la dificultad para el acceso al mercado de trabajo y la carga económica que supone la discapacidad, entre otros.

Al considerar la edad, el sexo, se observan las siguientes variaciones en la tasa AROPE en 2017:

  • Altas tasas de riesgo de pobreza y/o exclusión entre los grupos más jóvenes y más bajas a medida que la edad aumenta. Esta circunstancia es similar para las personas sin discapacidad.
  • Las mujeres con discapacidad presentan una tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión ligeramente menor que los varones con discapacidad. Destaca la distancia que hay en el porcentaje de riesgo de pobreza y/o exclusión en los hombres con discapacidad respecto a aquellos sin discapacidad.

Respecto a la tasa de riesgo de pobreza, el informe señala que el 22,4 % de las personas con discapacidad está en riesgo de pobreza. Este porcentaje se reduce hasta el 19,9% para las personas sin discapacidad. Por el contrario la tasa de pobreza severa de las personas con discapacidad es ligeramente menor que la de las personas sin discapacidad.

El informe señala como relevante la relación entre actividad y pobreza en las personas con discapacidad. Y apunta: el 17,1% de las personas ocupadas con discapacidad son pobres … Se supone que el empleo de las personas con discapacidad está más protegido, sin embargo, tampoco el trabajo les preserva de la pobreza”.

Por otra parte, la privación material severa es, también, notablemente más elevada entre las personas con discapacidad (7,6 %) que entre el resto de la población (4,2 %).

NOTA OED POBREZA Y DISCAPACIDAD

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La reorientación vital y profesional de las personas a las que ha sobrevenido una discapacidad en la edad adulta

El estudio propone posibles medidas y ajustes razonables en los diversos instrumentos jurídicos, políticos, sociales, entre otros, destinados a la población con discapacidad en general y, al mismo tiempo, abrir un espacio de inclusión más igualitario con relación a la Discapacidad Sobrevenida. En este sentido, se focaliza en aquellos ámbitos con posible potencial de presencia de la Discapacidad Sobrevenida, como el ámbito del trabajo, que a su vez, permita generar propuestas dirigidas a la reorientación vital y profesional de las personas, con mención particular a la formación. La perspectiva de género por su especial relevancia social y con el objeto de estudio es una variable transversal a lo largo de todo el análisis realizado.

De forma coherente con el “Plan y Estrategia 2020” (COM, 2010) la realización de este trabajo está justificada por la prioridad europea por un “crecimiento integrador” basado en el “fomento de una economía con un alto nivel de empleo que redunde en la cohesión económica, social y territorial”.

Informe Discapacidad Sobrevenida