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Alumnado con discapacidad y educación inclusiva en España

Las estadísticas más recientes sobre enseñanza muestran que existe una brecha entre el nivel educativo de la población con y sin discapacidad de la misma edad, siendo especialmente llamativo un porcentaje de analfabetismo significativamente más alto que en la población general, así como un nivel de estudios inferior. El acceso a la escolarización inclusiva y en igualdad de condiciones, con los apoyos necesarios y en las mismas aulas que el resto de los niños y niñas, es hoy para las personas con discapacidad un derecho, y así lo contempla la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), firmada, ratificada y vigente en España desde 2008.

Mediante este estudio se pretende conocer la situación y necesidades de los niños y niñas con discapacidad y sus familias en el sistema de enseñanza actual, describiendo los factores de riesgo que explican la falta de resultados académicos y las dificultades que encuentran para una inclusión educativa real y efectiva, tal como encomienda la CDPD.

El estudio, que se centra en las enseñanzas no universitarias, se ha realizado en dos fases, que se han abordado respectivamente en los años 2018 y 2019.

La primera fase se ha centrado en el análisis del marco normativo y de las políticas públicas. Su objetivo ha sido analizar la normativa que regula el derecho a la educación en un sistema inclusivo de las personas con discapacidad en España (tanto a nivel estatal como en cada una de las comunidades autónomas), las políticas públicas implementadas para garantizar ese derecho, y la forma en que se concretan en la práctica esas regulaciones y políticas:

  • Detección y valoración de las necesidades educativas especiales.
  • Medidas de apoyo (ordinarias y extraordinarias).
  • Recursos de apoyo, tanto humanos (profesorado y profesionales de apoyo, asesores e intérpretes de lengua de signos, terapeutas, logopedas, pedagogos…; servicios de orientación y apoyo educativo) como materiales (accesibilidad física, sistemas alternativos de comunicación; sistemas de ampliación del sonido o la imagen; materiales didácticos adaptados, etc.).
  • Subvenciones, becas y otras medidas de apoyo al alumnado.

El objetivo de la segunda fase ha sido analizar las evidencias empíricas, cuantitativas y cualitativas, disponibles sobre la educación de las personas con discapacidad en España, identificar buenas prácticas y retos de futuro, y proponer recomendaciones de mejora.  En concreto, se ha recopilado y analizado información sobre los siguientes aspectos:

  • Datos estadísticos sobre alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de algún tipo de discapacidad o trastorno grave de conducta, así como al alumnado con necesidades específica de apoyo educativo derivadas de retraso madurativo, trastornos de aprendizaje y trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación.
  • Recursos y medidas de apoyo (servicios de orientación educativa, planes de atención a la diversidad, adaptaciones curriculares, recursos, medios y apoyos complementarios…).
  • Resultados educativos en personas con y sin discapacidad.
  • Necesidades sentidas y demandas expresadas en materia de educación inclusiva por las personas con discapacidad, sus familias y los profesionales de la enseñanza.
  • Buenas prácticas en materia de educación inclusiva.

La metodología seguida en la realización de la primera fase del estudio se ha basado en el análisis de fuentes secundarias. En la segunda fase se ha combinado el análisis de fuentes estadísticas y documentales con la realización de entrevistas a personas con discapacidad, familiares y profesionales de la enseñanza.

Los resultados de la primera fase se recogen en los capítulos 2 y 3 de este informe, y los de la segunda en los capítulos 4, 5, 6 y 7. El informe se cierra con un capítulo dedicado a los principales desafíos de futuro para conseguir una verdadera educación inclusiva del alumnado con discapacidad.

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Mujer con discapacidad y enfermedades crónicas: género, discapacidad y cronicidad

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en su Artículo 4 (Titulares de los derechos), establece que:

  1. Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
  2. Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

Conforme a ello, las personas en que concurren dichas condiciones y que, por tanto, tienen la consideración de persona con discapacidad en 2018 ascendían en España a 3.378.622, de las cuales 1.686.563 son hombres y 1.692.019 son mujeres (Base estatal de datos de personas con valoración el grado de discapacidad, 2018).

Por otro lado, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes ha venido realizando en los últimos años Barómetros periódicos para estudiar la calidad de la asistencia sanitaria a los pacientes crónicos en España (Arroyo, Finkel y Crespo, 2015 y 2016; Arroyo, Finkel, Garcés y Crespo, 2017; Arroyo, Finkel, Torres, Garcés y Gálvez, 2019), en los que se ha considerado también la perspectiva de género. No obstante, hasta el momento no se había abordado de forma conjunta el análisis de la situación de cronicidad y discapacidad con una perspectiva de género. Esta investigación, auspiciada por Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y encargada a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), pretende abordar esta temática, que hasta el momento ha sido analizada parcialmente y en algunos casos de forma muy colateral.

De este modo, el informe que sigue a continuación adopta una perspectiva que pone el énfasis en el modelo social de la discapacidad, la situación de cronicidad y la perspectiva de género. Para ello, se ha realizado el análisis de los datos de una encuesta online realizada a personas con este perfil y que pertenecen a alguna asociación de pacientes señaladas a lo largo del presente estudio.

En lo que sigue, tomando siempre el género como dimensión transversal, se aborda el análisis de las situaciones de discapacidad y dependencia, la situación laboral de las personas con enfermedad crónica, los roles de atención y cuidado, las medidas que dificultan el acceso a los tratamientos y se lleva a cabo una estimación preliminar del impacto socioeconómico de las enfermedades crónicas y la discapacidad.

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Requerimientos de accesibilidad y diseño para personas con acondroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismo

El presente estudio de investigación que tiene por nombre “Requerimientos de accesibilidad y diseño para personas con acondroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismo (ADEE), propuestas normativas, modelos prescriptivos y prácticas recomendables”, nace como una iniciativa del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) tras hacerse eco de las necesidades del movimiento asociativo relacionado con las personas con acondroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismo (en adelante, ADEE), concretamente, del deseo de Fundación ALPE Acondroplasia por profundizar en la investigación.

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La violencia contra las niñas y los niños con discapacidad en España. Situación jurídica y social.

El presente estudio pretende ofrecer información sobre cómo y en qué medida nuestro ordenamiento jurídico protege a las niñas y niños con discapacidad de toda violencia, sobre el Anteproyecto de Ley orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia, en relación con las niñas y niños con discapacidad, sobre los escasísimos datos disponibles relativos a violencia contra las niñas y niños con discapacidad, y sobre las líneas de trabajo urgente que hay que desarrollar para mejorar la situación.

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Día Internacional de los Derechos Humanos: las desventajas en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad

El 10 de diciembre de 1948, en su resolución 217 A (III),  la Asamblea de General de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Declaración). En el preámbulo reconoce que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal y efectivos. Así, el artículo 2 regula:

“toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Desde que se adoptó la Declaración, el Sistema Jurídico de los Derechos Humanos se ha desarrollado progresivamente y se han elaborado y ratificado nueve Instrumentos internacionales de los Derechos Humanos. Entre ellos, en 2006, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Convención).

En el preámbulo de la Convención, se reconoce que la Declaración ya había reconocido y proclamado que toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en este instrumento. Además reafirma la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación. Ambas afirmaciones vienen a recordar que los Derechos de las personas con discapacidad son Derechos Humanos.

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TIC, Internet, Web y Big Data: oportunidades y retos para las personas con discapacidad

El Siglo XXI, hasta ahora, está vertebrado por el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Este desarrollo tecnológico está modulando la forma en la que nos comunicamos, sociabilizamos y participamos de las instituciones públicas. Según Tormos y Gil (2017), el desarrollo de las TIC está produciendo un cambio social caracterizado por un empoderamiento de la sociedad comparable a la aparición de la imprenta, la radio o la televisión.

Para el sector de la discapacidad, el desarrollo de las TIC está suponiendo grandes cambios a todos los niveles. Blanck (2014), expresó que nunca en la historia la agenda de los Derechos Civiles y Humanos de las personas con discapacidad se habían alineado tan bien y esto se debe principalmente a los avances en las TIC.

El mismo autor, en 2017, reconoce la participación en este proceso, para las personas con discapacidad, como un Derecho que vertebra otros Derechos Humanos y Civiles. Este Derecho, supone la oportunidad de una ciudadanía activa, siendo, en realidad, el derecho a compartir el patrimonio social. Además, asume que el desarrollo de las TIC tiene un enorme potencial para mitigar las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad.

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Discriminación por discapacidad. Nuevo Informe sobre la discriminación en la Unión Europea

La Unión Europea (U.E) realiza periódicamente encuestas e informes de opinión de los ciudadanos, respecto de diversas temáticas relacionadas con la gestión de la Unión Europea u otros asuntos públicos. Estas opiniones se sistematizan desde 1974 en el Eurobarómetro “estándar”. Cada serie estadística ocupa dos años, contiene aproximadamente 1.000 entrevistas cara a cara por país y sus Informes se publican dos veces al año.

El estudio de opinión de los ciudadanos de la U.E se complementa con los Eurobarómetros “especiales” que son estudios temáticos exhaustivos que realizan diversos servicios de la Comisión Europea o incluso, otras instituciones de la U.E. Este es el caso del Eurobarómetro especial titulado: “discriminación en la Unión Europea” (493), publicado en septiembre de 2019. Este Informe es parte de una serie del Eurobarómetro, publicado con anterioridad en 2006, 2009, 2012 y 2015.

El Informe de 2019 muestra que, en comparación con 2015, menos ciudadanos de la U.E perciben la discriminación como generalizada en su país. Sin embargo, las percepciones, opiniones y actitudes aún varían ampliamente dependiendo del grupo discriminado y de un país a otro.

Los datos individualizados para España permiten inferir que en términos de la discriminación basada en la  discapacidad, la sociedad española es de las más inclusivas de la U.E. El 59% de los ciudadanos españoles encuestados perciben la discriminación por discapacidad como “rara”; siendo la media de los ciudadanos de la U.E del 51%.

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Soledad forzosa de las personas con discapacidad

La inclusión de las personas con discapacidad pasa por su presencia y participación en los distintos ámbitos de la vida social como el empleo, la educación, el ocio y las relaciones personales. Sin embargo, con frecuencia, estas personas experimentan situaciones de aislamiento y soledad no deseada.

De acuerdo con la EDAD 2008, 607.300 personas con discapacidad residen en hogares unipersonales, esto supone el 16% del total de las personas con discapacidad. El 74% de las personas con discapacidad que viven solas son mujeres.

Por su parte, según el estudio “La Soledad en España” de Díez Nicolás, J. y Moreno Páez, M, (2015), basado en una encuesta, más de un 20% de las personas con discapacidad vive sola y un 38% de estas personas lo hace de forma obligada. El estudio apunta también que las personas con enfermedad mental y discapacidad intelectual experimentan en mayor medida sentimientos de soledad.

Los factores que explican esta situación de soledad obligada son diversos:

La falta de accesibilidad: Según el reciente estudio la Fundación Mutua de Propietarios, alrededor de 100.000 personas con movilidad reducida no sale nunca de casa por la falta de accesibilidad del inmueble en el que residen.

Por otro lado, los datos de la Encuesta de integración social y salud señalan que una de cada tres personas con discapacidad no asiste a eventos culturales debido a las dificultades para acceder o moverse por los edificios.

La situación de actividad. Se observa que las personas con discapacidad que cuentan con un empleo o alguna actividad formativa encuentran más espacios de comunicación y relación con otras personas que aquellas que no cuentan con una actividad.

El entorno en el que residen: De acuerdo con el informe sobre personas con discapacidad en el medio rural, las personas que residen en zonas rurales experimentan en mayor medida situaciones de aislamiento y soledad, en especial en el caso de las mujeres.

Dos datos para ilustrar esta situación:

  • El 86% de las personas con discapacidad que reside en zonas rurales encuentra barreras para salir de casa. En zonas urbanas este porcentaje es del 79%.
  • El 90% de las personas con discapacidad que reside en zonas rurales encuentra barreras para la actividad de ocio.

Fragilidad de las redes de apoyo. El informe Olivenza 2018 señala que el 21,5% de las personas con discapacidad tiene relaciones de amistad precarias, es decir, cuenta con pocas oportunidades para hacer o mantener amigos. Este porcentaje es del 12,7% en las personas sin discapacidad.

El VIII Informe FOESSA apunta que el 5,8% de las personas con discapacidad experimenta aislamiento social frente al 2,8% en la población sin discapacidad. Otro dato que se apunta en este informe es que el porcentaje de personas con falta de relaciones o de apoyos dentro del hogar es un 8,6% en los hogares de personas con discapacidad, y un 5,2% del resto de hogares.

Se puede actuar sobre estos factores aplicando medidas de accesibilidad de acuerdo con la legislación vigente; ofreciendo oportunidades para el empleo y la formación, la vida independiente y la propia inclusión comunitaria. Por otra parte, es necesario que la actuación sobre estos factores considere por un lado, la cuestión de género y por otro, la situaciones de discapacidad especificas (enfermedad mental, discapacidad intelectual, sordoceguera…) y los códigos de comunicación (Lengua de signos).

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Situación general de las personas con discapacidad en Extremadura

La Comunidad Autónoma de Extremadura a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SEPAD) y la Universidad de Extremadura es una de las entidades promotoras del Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED). En consecuencia, tradicionalmente, el OED dedica en sus informes una atención especial al fenómeno de la discapacidad en esta Comunidad Autónoma. Entre ellos, destaca la elaboración de un capítulo específico sobre la situación de la discapacidad en el Informe Olivenza. Además, cada año se realizan informes específicos sobre la realidad de la población con discapacidad en la región, por ejemplo en 2019, se ha publicado el “estudio sobre la prevalencia de las alteraciones de la salud mental y/o problemas de conducta en las personas con discapacidad intelectual de Extremadura”.

En 2018, el Informe Olivenza dedica su capítulo 7 al estudio de la discapacidad en Extremadura. Este Capítulo realiza, a partir de fuentes estadísticas, un análisis específico de la población con discapacidad en la región, tanto desde una perspectiva demográfica como desde su inclusión social, prestando especial atención al uso de las TIC.

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Comienza el curso 2019/2020: Situación de las personas con discapacidad en las universidades españolas

El Informe Olivenza 2018 evidenciaba que la población con discapacidad presenta tasas de analfabetismo muy superiores (2,3%) a la población general (0,5%). Estas diferencias se concretan también en los porcentajes de personas con discapacidad que terminan los estudios superiores: el 33,6% de la población general frente al 18,7% en las personas con discapacidad.

Hace casi dos décadas, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (reformada en 2007) reconocía que los estudiantes tienen derecho a: la igualdad de oportunidades y no discriminación por razones (…) de discapacidad en el acceso a la universidad, ingreso en los centros, permanencia en la universidad y el ejercicio de sus derechos académicos. Este precepto legal obliga a las universidades a adoptar las medidas pertinentes para que la igualdad de oportunidades y la no discriminación de los estudiantes con discapacidad sea efectiva.

Una medida útil para la inclusión de las personas con discapacidad es la realización de estudios sobre la situación de las personas con discapacidad, como es el caso del IV Estudio sobre el grado de inclusión del sistema universitario español respecto de la realidad de la discapacidad (Universidad y Discapacidad) realizado en colaboración por: el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Fundación ONCE, el Real Patronato sobre Discapacidad y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).

Este Informe cifra el porcentaje de estudiantes con discapacidad en el 1,5% respecto del total del alumnado de las universidades españolas. Este porcentaje es el total de alumnos con discapacidad matriculados en las universidades públicas; los estudiantes con discapacidad matriculados en las universidades privadas suponen el 1,2% del total de estudiantes.

Los alumnos con discapacidad eligen la modalidad a distancia (4,1%) antes que la presencial (1%). Estos porcentajes ponen de manifiesto la necesidad de dotar a los grados presenciales de los recursos necesarios para que el acceso de los estudiantes con discapacidad, tanto a las universidades presenciales como a distancia, se acerque a las cifras de la población general.

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