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Un total de 4,38 millones de personas (94,9 de cada mil habitantes)afirmaron tener algún tipo de discapacidad

Los problemas de movilidad fueron el tipo de discapacidad más
frecuente


Un total de 4,38 millones de personas residentes en hogares afirmaron tener discapacidad o
limitación en el año 2020. Por sexo, 1,81 millones eran hombres y 2,57 millones mujeres.
La discapacidad o limitación afectaba a 94,9 personas por cada mil habitantes y en mayor
medida a las mujeres (109,2) que a los hombres (80,1).


Por edad, el 75,4% del colectivo con discapacidad o limitación residente en hogares tenía 55
o más años. Tres de cada cinco de estas personas eran mujeres.

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Presentado el primer estudio sobre suicidio y personas con discapacidad

• El promotor del estudio es el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), cuya gestión operativa está encomendada al CERMI.

• El estudio, que servirá como base para elaborar pautas de prevención está disponible en la web del OED: https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/ El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) ha impulsado y presentado el primer estudio sobre suicidio y personas con discapacidad que ha contado con la gestión operativa del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). 

El estudio titulado “El suicidio en las personas con discapacidad en España”, tiene por objetivo alcanzar una mejor comprensión de esta realidad en el ámbito de las personas con discapacidad, así como diseñar estrategias preventivas que logren reducir su impacto.  La investigación ha analizado la relación entre suicidio y discapacidad, en sus distintos planos, con vistas a generar conocimiento y propuestas para la prevención.

En definitiva, se trata de identificar factores de riesgo, así como de protección entre las personas con discapacidad ante un posible suicidio o intento de suicidio. Por ejemplo, creando redes de apoyo y/o fomentando la participación social, entre otras acciones.

Bajo una metodología plural, que contempla desde la revisión del conocimiento existente y la investigación empírica cualitativa, el estudio presenta ejemplos de buenas prácticas, conclusiones y recomendaciones para “dar una respuesta nacional integral de prevención del suicidio” haciendo una llamada para que las administraciones tomen parte y trabajen en ello.  

“Es necesario que se actúe tanto desde el nivel más básico, personal y comunitario, como en el social, interactuando con todos los agentes que puedan contribuir a mejorar la situación existente” ha apuntado el informe.  Entre las conclusiones, se ha señalado a la pandemia por COVID-19 como responsable de aumentar algunos de los factores desencadenantes del suicidio, como es el caso de la soledad.

Asimismo, otra de las conclusiones apunta a que, entre otras, las personas con discapacidad tienen mayor probabilidad de desarrollar conductas suicidas al ser más vulnerables a casos de estigmatización y discriminación.

Al mismo tiempo, el informe ha incluido recomendaciones entre las que se destaca la necesidad de que los medios que se usen en prevención del suicidio se desarrollen siempre siguiendo los estándares de accesibilidad universal para poder dar respuesta a todas las personas.  

La utilización de recursos de acompañamiento y orientación en casos de discapacidad adquirida, la creación de espacios para fomentar la educación emocional o la construcción de herramientas para evitar situaciones de soledad no deseada, son algunas de las medidas de prevención que ha sugerido el informe. 

El estudio, que servirá como base para elaborar pautas de prevención, se ha presentado en diciembre de 2021 y está disponible en la web del OED: https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/

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Resumen de contenidos del estudio “El suicidio en las personas con discapacidad en España”, del Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), 2021

El suicidio es una cuestión de salud y social de primera importancia en la actualidad. Supone un problema ingente de salud pública pero también social que precisa ofrecer soluciones y apoyo para las personas que viven esta situación.

Su impacto afecta en los ámbitos personal, familiar, social y económico, y sus causas son muy diversas.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) afirma que en 2020 hubo 3.941 suicidios en España: 2.930 hombres y 1.011 mujeres.

Dada la relevancia del asunto, el OED en 2022 ha impulsado el estudio titulado “El suicidio en las personas con discapacidad en España”, a fin de alcanzar una mejor comprensión de esta realidad en el ámbito de las personas con discapacidad, así como diseñar estrategias preventivas que logren reducir lacra su impacto. El estudio se ha presentado en diciembre de 2021 y está disponible en la web del OED https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/.

Objetivos

El objetivo de la investigación ha sido analizar la relación entre suicidio y discapacidad, en sus distintos planos, con vistas a generar conocimiento y propuestas para la prevención.

Se trata, en otras palabras, de identificar factores de riesgo, así como de protección entre las personas con discapacidad ante un posible suicidio o intento de suicidio. Por ejemplo, creando redes de apoyo y/o fomentando la participación social, entre otras acciones.

Metodología

Para realizar el estudio se ha empleado una metodología plural, que contempla desde la revisión del conocimiento existente y la investigación empírica cualitativa. En este último aspecto, se han realizado entrevistas con informantes clave y se han recopilado testimonios de personas con discapacidad, si bien circunscritos, ilustrativos de esta situación multicausal.

Una de las dificultades del estudio ha consistido, precisamente, en alcanzar testimonios directos de personas con discapacidad en esta situación, por lo delicado y doloroso de la misma, y el tabú que persiste al respecto: “algo de lo que no se habla”, como afirma una de las personas entrevistadas.

La publicación hace especial hincapié en las pautas de conducta y analiza los aspectos distintivos entre hombres y mujeres, y también posibles aspectos discriminatorios que afectan de manera específica a mujeres y niñas con discapacidad, que pueden desencadenar en situaciones de suicidio, y ante las que corresponde actuar de manera preventiva.

El estudio destaca los siguientes factores como intervinientes en las situaciones de suicidio en personas con discapacidad:

  • Factores psicocorporales (ejemplo, el dolor crónico).
  • Factores sociales:
    • Soledad no deseada.
    • Aislamiento.
    • Acoso.
    • Estereotipos.
    • Estigma.

Necesidad de una respuesta nacional integral de prevención del suicidio

A partir del análisis, el estudio insiste en la llamada a que las administraciones tomen parte y trabajen en la prevención.

Aporta además ejemplos de buenas prácticas, en nuestro país y escala internacional, programas orientados a frenar este problema, que en la mayoría de las ocasiones viene precedido por un problema de depresión, y se detallan las necesidades de grupos en situación de especial vulnerabilidad como las personas con discapacidad.

Es necesario que se actúe tanto desde el nivel más básico, personal y comunitario, como en el social, interactuando con todos los agentes que puedan contribuir a mejorar la situación existente.

Entre las conclusiones se apunta al hecho de que la pandemia por COVID-19 ha producido un aumento de algunos de los factores desencadenantes del suicidio, como es el caso de la soledad.

Otras conclusiones apuntan:

  • Que los grupos minoritarios tienen mayor probabilidad de desarrollar conductas suicidas al ser más vulnerables a casos de estigmatización y discriminación. Las personas con discapacidad, sobre todo, mujeres y niñas con discapacidad, se encuentran en esta circunstancia.
  • El dolor crónico es un factor de riesgo en algunas personas con discapacidad.
  • Las barreras a la participación también pueden ser factor de riesgo.
  • Las situaciones de dependencia intensa pueden desencadenar en una pérdida del sentido vital debido a diversos motivos.
  • El estar fuera de los estándares o de lo que se espera de cierto tipo de perfiles, también puede conducir a una situación motivadora de suicidio, ya que puede conllevar una lesión directa en la autoestima.
  • La soledad no elegida. Donde especialmente se encuentran personas mayores con discapacidad, y en muchos casos, mujeres.
  • En situaciones de discapacidad sobrevenida.

Entre las recomendaciones incluidas en el estudio se destaca la necesidad de que los medios que se usen en prevención del suicidio se desarrollen siempre siguiendo los estándares de accesibilidad universal para poder dar respuesta a todas las personas.

También se sugieren como medidas de prevención:

  • Recursos de acompañamiento y orientación en casos de discapacidad adquirida.
  • Espacios para fomentar la educación emocional, afrontamiento de situaciones, resolución de conflictos personales.
  • Apoyar la participación de todos/as en igualdad en los diferentes ámbitos vitales.
  • Facilitar la inclusión comunitaria.
  • Impulso a la educación en valores como el respeto a la diversidad, inclusión, interacción con personas con discapacidad.
  • Luchar contra el estigma.
  • Prevención del acoso por discapacidad.
  • Apoyo a las personas en situación de dependencia.
  • Medidas preventivas de suicidio multifactoriales.
  • Herramientas para evitar situaciones de soledad no deseada.
  • Mayor formación entre los profesionales de la sanidad en atención primaria para detectar posibles casos de riesgo.
  • Fomentar la investigación y presencia de variables de discapacidad en estudios sobre suicidio.
  • Tener en cuenta el enfoque de género para diseñar las medidas preventivas.

Este documento servirá como base ya muestra la situación actual y ofrece aspectos estratégicos para tener en cuenta en torno al suicidio en las personas con discapacidad, así como pautas de prevención.

Sobre el OED

El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) es un instrumento técnico al servicio de las personas con discapacidad y del resto de ciudadanos, las Administraciones Públicas, la Universidad y el Tercer Sector, para la recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad.

El OED tiene su amparo en el artículo 73 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Se configura como instrumento de promoción y orientación de las políticas públicas de conformidad con la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Las instituciones promotoras del OED son el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad, la Comunidad Autónoma de Extremadura a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y la Universidad de Extremadura.

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Disponibles ya los estudios e investigaciones del Observatorio Estatal de la Discapacidad correspondientes al año 2021

Fuente: OED

Ya están disponibles en la página web (https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/) del Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) los estudios e investigaciones sobre la realidad social de la discapacidad, con carácter general y temáticos, correspondientes al programa de trabajo del año 2021.

Las personas interesadas sobre conocimiento en materia de discapacidad pueden acceder así al Informe Olivenza 2021 sobre la situación de las personas con discapacidad en España, gran cartografía anual del estado de la inclusión de este sector de población, con todo tipo de información sobre discapacidad.

Además del Informe Olivenza 2021, en la web del OED pueden consultarse también las investigaciones “Estudio diagnóstico. La trata de mujeres y niñas con discapacidad con fines de explotación sexual en España”, el primero de estas características elaborado en nuestro país; “El suicidio en las personas con discapacidad en España”, abordaje inédito en los estudios sobre las conductas autolíticas y suicidas en el ámbito de la discapacidad y “Análisis multidimensional de los recursos públicos destinados a la discapacidad”, que rastrea la inversión pública en políticas de discapacidad.

Otro estudio consultable en la web del Observatorio también del programa de trabajo de 2021 es “El Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014- 2020. Informe sobre Evaluación final del Plan de Acción 2014-2020 de la Estrategia Española”, que analiza los resultados de este marco rector de la política pública de discapacidad de la última década.

El (OED) es un instrumento técnico que la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y Real Patronato sobre Discapacidad), y la Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, SEPAD, ponen al servicio de la ciudadanía, las Administraciones Públicas, la Universidad y el Tercer Sector, para la recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad. La gestión operativa del OED está encomendada al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

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8 de marzo. Día para reivindicar los derechos de las mujeres con discapacidad

Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, reivindicamos los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad.

Consideramos que es urgente:


 Garantizar el acceso a un empleo estable y de calidad. En 2020, la tasa de actividad de las mujeres con discapacidad se situaba en 34,6%, casi 42 puntos menos que las población sin discapacidad. La tasa de paro de las mujeres con discapacidad es de 22,4%, esto es, siete puntos superior a la de la población sin discapacidad. (INE, 2020).


 Acabar con la brecha salarial. Las mujeres con discapacidad tienen un salario inferior respecto a los varones con discapacidad en un 13,7%. Esto es en términos absolutos, representa 3.000 euros anuales menos. Sí comparamos el salario medio de las mujeres con discapacidad respecto al de las personas sin discapacidad, la diferencia se eleva hasta los 5.532 euros anuales (INE, 2019).


 Erradicar la pobreza. El 5,3% de las mujeres con discapacidad se encuentra en situación de pobreza severa y un 24,8% en situación de pobreza moderada (Informe Olivenza, 2021).


 Erradicar la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad. El 4% de las personas con discapacidad ha sufrido malos tratos físicos o psicológicos. Este porcentaje es del 6,1% en las mujeres con discapacidad (Informe Olivenza, 2021). De acuerdo con el estudio “La historia solo cuenta una parte de nosotras”, elaborado por Plena Inclusión Canaria, las mujeres con discapacidad intelectual presentan un riesgo entre dos y cinco veces mayor de sufrir
maltrato físico y emocional que el que poseen las mujeres sin discapacidad.


 Erradicar la situaciones de soledad no deseada o aislamiento. El 16,3% de las personas con discapacidad tiene relaciones de amistad precarias, es decir, cuenta con pocas oportunidades para hacer o mantener amigos. Este porcentaje es del 11,2% en las mujeres sin discapacidad (Informe Olivenza, 2021).


 Garantizar la equidad en el acceso a los servicios de salud. Según el estudio “Mujeres con valor” de DOWN ESPAÑA, sólo un 37% de las mujeres con síndrome de Down afirman acudir con frecuencia al ginecólogo. Este dato es alarmante, apunta el estudio, si se compara con la población general de mujeres: según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2006, el 82,37% de las mujeres ha acudido en alguna ocasión al ginecólogo por motivos distintos al embarazo o parto (Encuesta Nacional de Salud, 2006). Además, en 2017, el 73,41% de las mujeres entre 25 y 34 años se había realizado una citología vaginal hacía menos de tres años (siendo esta la periodicidad recomendada) (Encuesta Nacional de Salud, 2017).


 Reconocer el trabajo de los cuidados y ofrecer a las familias y en especial a las mujeres (madres, esposas, hijas, hermanas,…) que cuidan espacios de respiro, información, formación y apoyos para el cuidado.
¡Por los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad!

El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) es un instrumento técnico al servicio de las personas con discapacidad y del resto de ciudadanos, las Administraciones Públicas, la Universidad y el Tercer Sector, para la recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad. El Informe de Olivenza es un documento de carácter general sobre la situación de las personas con discapacidad en España, realizado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), tal como se estipula en la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad, en su artículo 73,2 (RDL 7/2013 de 29de noviembre); centrándonos en el eje económico, uno de los tres ejes que integra el sistema de indicadores elaborado para medir la inclusión social de las personas con discapacidad, se observa cómo éstas se encuentran en situación de desventaja respecto a las población en general respecto a la participación y ejercicio de sus derechos en el ámbito productivo y laboral. El OED tiene su amparo en el artículo 73 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Se configura como instrumento de promoción y orientación de las políticas públicas de conformidad con la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Las instituciones promotoras del OED son el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad, la Comunidad Autónoma de Extremadura a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y la Universidad de Extremadura.

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La discapacidad en el Programa anual 2022 del Plan Estadístico Nacional 2021 2024

El pasado día 26 de febrero se publicó en el BOE el Real Decreto 97/2022, de 1 de febrero, por el que se aprueba el Programa anual 2022 del Plan Estadístico Nacional 2021-2024. Este programa contiene las estadísticas para fines estatales que han de elaborarse en el presente año por los servicios estadísticos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes.

El programa consta de seis anexos. En el primero de ellos se incluyen las actuaciones que está previsto realizar en 2022 para cumplir con las líneas estratégicas del Plan Estadístico Nacional 2021-2024. El segundo contiene la relación de las operaciones estadísticas que forman parte del Programa anual 2022, clasificadas por sector o tema y por organismo responsable de su ejecución. En el tercer anexo se detallan los organismos que intervienen en la elaboración de cada una de estas operaciones estadísticas, los trabajos concretos que se efectuarán durante el año y la previsión de los créditos presupuestarios necesarios para su financiación. El cuarto contiene el programa de inversiones previsto en 2022 para el desarrollo de la función estadística estatal. El anexo quinto proporciona información complementaria para el seguimiento del Plan Estadístico Nacional 2021-2024, especificando las altas, bajas y modificaciones de operaciones estadísticas que se incorporan a dicho plan y, finalmente, el anexo sexto recoge el calendario de difusión de las operaciones estadísticas que van a publicar resultados en 2022.

El Plan Estadístico Nacional 2021-2024 incluye entre sus líneas estratégicas la incorporación en las estadísticas oficiales de las perspectivas de género (línea 11), discapacidad (línea 12), edad (línea 13) y nacionalidad y país de nacimiento (línea 14). No obstante, el tratamiento que se da a la incorporación de estas perspectivas es asimétrico, pues mientras que en el caso del género, la edad y la nacionalidad y país de nacimiento se especifica que esa incorporación se llevará a cabo siempre que sea posible, en el caso de la discapacidad solo se hace mención a la conveniencia de elaborar un protocolo de actuación que permita compartir la experiencia en relación con el contenido de módulos a incorporar en cuestionarios, y con opciones de captura mediante vías administrativas de parte de esta información.

Para dar cumplimiento a la línea estratégica de incorporación de la perspectiva de discapacidad, el Programa anual para 2022 contempla, como actuaciones operativas, el perfeccionamiento por parte del INE de la estadística Vida Laboral de las Personas con Discapacidad, la introducción del módulo mínimo básico de salud en la EPA, y la continuación de las estadísticas anuales El Empleo de las Personas con Discapacidad y El Salario de las Personas con Discapacidad.

El Programa Anual menciona, además, otras operaciones que aportan información sobre las personas con discapacidad, entre las que cabe destacar la Estadística sobre la Discapacidad en las Declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, elaborada por el Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas de la Administración Tributaria, la Estadística de Prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), la Base Estatal de Datos de Personas con Valoración del Grado de Discapacidad y la Estadística de Prestaciones no Contributivas, que elabora el IMSERSO, la Estadística de Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo, que elabora la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia, elaborada por la Subdirección General de Estadísticas Sociales Sectoriales del INE, cuyos resultados se publicarán no más tarde del 30 de abril de 2020.

Los créditos presupuestarios necesarios para la financiación de las operaciones citadas en el año 2022 ascienden a 897,22 miles de euros, según se especifica en el Programa anual. En esta cifra no se incluyen las necesidades de financiación de la Estadística de Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo, al no ser posible desglosarla del importe global de la Estadística de Enseñanzas no Universitarias (Centros, Matrícula, Graduados y Personal), en la que está incluida.

Créditos presupuestarios necesarios para la financiación en el año 2022 de determinadas operaciones estadísticas que aportan información sobre las personas con discapacidad.

Operación estadística Financiación 2022 (miles de euros)
8411 El Empleo de las Personas con Discapacidad.67,50
8412 El Salario de las Personas con Discapacidad.34,22
8427 Vida Laboral de las Personas con Discapacidad.66,57
8522 La Discapacidad en las Declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.90,16
8751 Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia.51,01
8787 Estadística de Prestaciones no Contributivas101,75
8792 Estadística de Prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).374,47
8799 Base Estatal de Datos de Personas con Valoración del Grado de Discapacidad.111,54
41029 Estadística de Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo.No especificado
TOTAL897,22

Otra de las líneas estratégicas del Plan Estadístico Nacional 2021-2024 es la elaboración de los indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su difusión, incluyendo los distintos tipos de desagregaciones e incorporando la dimensión geoespacial de la información. Varios de estos indicadores prevén, en su formulación, la desagregación de sus datos de acuerdo con la variable discapacidad, aunque esta desagregación solo está disponible actualmente en dos de ellos: el ingreso medio por hora de las personas empleadas (indicador 8.5.1) y la tasa de desempleo (indicador 8.5.2).

Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que prevén desagregación por discapacidad.

Indicador Situación actual
1.3.1. Proporción de la población cubierta por sistemas o niveles mínimos de protección social, desglosada por sexo, distinguiendo entre los niños, los desempleados, los ancianos, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, los recién nacidos, las víctimas de accidentes de trabajo, los pobres y los vulnerables.    Explorando fuentes de datos.
8.5.1. Ingreso medio por hora de las personas empleadas, desglosado por sexo, edad, ocupación y personas con discapacidad.Disponible. Incluye desagregación por discapacidad.
  8.5.2 Tasa de desempleo, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad.Disponible. Incluye desagregación por discapacidad.
10.2.1. Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad.Disponible. No incluye desagregación por discapacidad.
11.2.1 Proporción de la población que tiene fácil acceso al transporte público, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad.Explorando fuentes de datos
11.7.1 Proporción media de la superficie edificada de las ciudades que se dedica a espacios abiertos para el uso público de todos, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad.  Explorando fuentes de datos.
11.7.2 Proporción de personas que han sido víctimas de acoso físico o sexual en los últimos 12 meses, desglosada por sexo, edad, grado de discapacidad y lugar del hecho.Explorando fuentes de datos.
16.7.1 Proporciones de plazas en las instituciones nacionales y locales, entre ellas: a) las asambleas legislativas, b) la administración pública y c) el poder judicial, en comparación con la distribución nacional, desglosadas por sexo, edad, personas con discapacidad y grupos de población.Disponible. No incluye desagregación por discapacidad.
16.7.2 Proporción de la población que considera que la toma de decisiones es inclusiva y responde a sus necesidades, desglosada por sexo, edad, discapacidad y grupo de población.Disponible. No incluye desagregación por discapacidad.

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Brecha salarial de las mujeres y hombres con discapacidad

En este 22 de febrero que se celebra el Día Europeo por la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres, resulta oportuno recordar la situación de especial vulnerabilidad que viven las mujeres con discapacidad.


Antes de apuntar datos sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres con discapacidad, es preciso señalar uno de los aspectos que más impacta en la inclusión de este colectivo: la baja participación de la personas con discapacidad en el mercado laboral. Especialmente en el caso de las mujeres con discapacidad que presentan en todas las variables relacionadas con empleo peores cifras (actividad, empleo, desempleo) que las personas sin discapacidad en edad laboral.


En 2020, la tasa de actividad de las mujeres con discapacidad se situaba en 34,6%, casi 42 puntos menos que las población sin discapacidad. La tasa de paro de las mujeres con discapacidad es de 22,4%, esto es, siete puntos superior a la de la población sin discapacidad. (INE, 2020). Las diferencias porcentuales entre varones y mujeres con discapacidad son poco significativas en este ámbito. Sin embargo, al considerar el salario que estas personas perciben, sí que se observan diferencias significativas.


De acuerdo con el Salario de las personas con discapacidad (INE, 2019), en 2019, el salario medio anual bruto de los trabajadores por cuenta ajena con discapacidad fue de 20.574,1 euros, un 2,9% más que en el año anterior. Esta cifra fue un 16,1% menor que la de las personas sin discapacidad (24.512,2 euros). En términos absolutos, la cifra es de casi 4.000 euros anuales inferior a la población sin discapacidad.


Al observar las cifras entre varones y mujeres con discapacidad, los datos indican que el salario de las mujeres con discapacidad fue de 18.863,7euros de media por trabajadora y año, mientras que para los hombres fue de 21.866,6 euros. Esto supone que la brecha salarial entre hombres y mujeres con discapacidad es del 13,7%, es decir, las mujeres con discapacidad tienen un salario inferior respecto a los varones con discapacidad en un 13,7%. Esto es en términos absolutos, representa 3.000 euros anuales menos. Sí comparamos el salario medio de las mujeres con discapacidad respecto al de las personas sin discapacidad, la diferencia se eleva hasta los 5.532 euros anuales (INE, 2019).


Esta brecha aumenta si las condiciones laborales son más precarias. Así, la brecha salarial entre hombres y mujeres con discapacidad con jornada laboral a tiempo parcial se sitúa en el 14,3% (INE, 2019).


Los datos también muestran la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad intelectual que perciben 2.712,60 euros anuales menos que los varones con discapacidad intelectual. Si comparamos el salario medio de las mujeres con discapacidad intelectual respecto al salario medio del colectivo de las personas con discapacidad, la cifra aumenta hasta los 9.183,40 euros anuales.

El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) es un instrumento técnico al servicio de las personas con discapacidad y del resto de ciudadanos, las Administraciones Públicas, la Universidad y el Tercer Sector, para la recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad. El Informe de Olivenza es un documento de carácter general sobre la situación de las personas con discapacidad en España, realizado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), tal como se estipula en la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad, en su artículo 73,2 (RDL 7/2013 de 29de noviembre); centrándonos en el eje económico, uno de los tres ejes que integra el sistema de indicadores elaborado para medir la inclusión social de las personas con discapacidad, se observa cómo éstas se encuentran en situación de desventaja respecto a las población en general respecto a la participación y ejercicio de sus derechos en el ámbito productivo y laboral. El OED tiene su amparo en el artículo 73 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Se configura como instrumento de promoción y orientación de las políticas públicas de conformidad con la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Las instituciones promotoras del OED son el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad, la Comunidad Autónoma de Extremadura a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y la Universidad de Extremadura.

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Los europeos y la democracia. Eurobarómetro 96.2 del Parlamento Europeo

La Unión Europea (UE) realiza periódicamente encuestas de opinión a los ciudadanos respecto de una amplia variedad de temas relacionados directa o indirectamente con la UE, que se sistematizan desde 1974 en el Eurobarómetro, cuya edición estándar se lleva a cabo dos veces al año, una en otoño y otra en primavera. El Eurobarómetro Estándar se complementa desde 1990 con los Eurobarómetros Especiales, que son estudios temáticos exhaustivos que realizan diversos servicios de la Comisión Europea y otras instituciones de la UE, como el Parlamento Europeo, que en el año 2007 inició una serie regular de encuestas Eurobarómetro.

En enero de 2022, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea han lanzado conjuntamente un nuevo sitio web interinstitucional del Eurobarómetro (https://europa.eu/eurobarometer/). Esta plataforma alberga en un solo lugar todos los datos de encuestas Eurobarómetro existentes, tanto del Parlamento Europeo como de la Comisión Europea. El sitio web ofrece acceso completo a la base de datos de encuestas más grande de la Unión Europea.

A principios del mes de febrero se ha publicado la edición de otoño 2021 del Eurobarómetro del Parlamento Europeo (EB 96.2), titulado «Defendiendo la democracia, empoderando a los ciudadanos”. Este informe muestra que los ciudadanos han mejorado su visión positiva del Parlamento Europeo en los últimos años. En general, las personas más jóvenes tienden a tener una imagen más favorable del Parlamento Europeo. Los ciudadanos con estudios de nivel superior y quienes tienen ocupaciones gerenciales o de cuello blanco o son estudiantes también tienen una imagen más positiva de la institución.

Una de las preguntas del Eurobarómetro 96.2 se refiere a los temas que los ciudadanos consideran que el Parlamento Europeo debe abordar. La lista de temas está encabezada por la salud pública, seguida por la lucha contra la pobreza y la exclusión social y por la lucha contra el cambio climático, tema este último que es el más priorizado por los encuestados más jóvenes.

El Eurobarómetro 96.2 también incluye una pregunta los valores que los ciudadanos consideran que el Parlamento Europeo debe defender. Los ciudadanos han citado en primer lugar a la democracia, seguida de la libertad de expresión y de pensamiento y de la protección de los derechos humanos tanto en Europa como en el mundo.

Aunque el Eurobarómetro 96.2 no incorpora ninguna pregunta relacionada directamente con la discapacidad, hay algunas categorías de respuesta que, de forma indirecta, aportan informaciones de interés para nuestro sector. Así, por ejemplo, entre los temas que los ciudadanos consideran que el Parlamento Europeo debe abordar se incluye la igualdad de género, inclusión y diversidad. Un 14% de los ciudadanos han citado este tema cuando se les ha preguntado por los tres que consideran que es más necesario que el Parlamento Europeo aborde, y lo han hecho en mayor medida los ciudadanos más jóvenes, quienes continúan estudiando, las mujeres y quienes tienen una imagen más positiva del Parlamento Europeo.

También entre los valores que los ciudadanos consideran que el Parlamento Europeo debe defender hay algunos que tienen una relación más directa con la discapacidad, como la tolerancia y respeto por la diversidad (citado por un 16% de los ciudadanos entre los tres que consideran prioritarios) y la lucha contra la discriminación y la protección de las minorías (citado por el 14% de los ciudadanos). En ambos casos, los más jóvenes, quienes continúan estudiando y quienes tienen una imagen más positiva del Parlamento Europeo han citado en mayor medida estos valores que el conjunto de la población.

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Niños y niñas con discapacidad en situación de pobreza y exclusión social

Estudios recientes indican que España es en la actualidad uno de los países europeos con mayor tasa de riesgo de pobreza infantil. Según el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España, y organizaciones como UNICEF o Save The Children, casi un tercio de los niños y niñas en nuestro país se encuentran en esta situación, mientras que la media en la Unión Europea se sitúa en torno al 25%.

La preocupación por la persistencia de esta situación ha llevado a la Unión Europea a incluirla como prioridad del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, lo que en España se ha traducido en el desarrollo de una estrategia contra la pobreza infantil que el Gobierno debe presentar a la Comisión Europea el próximo mes de marzo.

Menores con discapacidad

De acuerdo con la Base Estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad, a 31 de diciembre de 2019 viven en España 3.257.058 personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento. De éstas, el 5% son personas menores de 17 años (162.699 personas). En este tramo de edad los varones suponen el 66% de las personas con reconocimiento administrativo de discapacidad.

El tipo de deficiencia que presenta mayor prevalencia en este tramo de edad son las demencias y trastornos mentales. Le sigue la discapacidad intelectual y del desarrollo y las deficiencias neuromusculares.

Aunque con variaciones importantes, las Comunidades Autónomas con más población menor de edad que tiene reconocida la situación de discapacidad, en términos relativos, son Murcia, Asturias, Cataluña, Galicia, Madrid y Canarias. 

Pobreza y discapacidad

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) apunta que en 2020, el 9,6 % de las personas con discapacidad vivían en situación de pobreza severa, esto es 1,1% más que las personas sin discapacidad en ese mismo grupo de edad. También señala que desde el año 2017, justo en el período de recuperación económica, la tasa de pobreza severa ha pasado a ser claramente más elevada entre las personas con discapacidad. Según esta misma Red, las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión significativamente más elevado que aquellas que no tienen discapacidad.

Pobreza infantil y discapacidad

A pesar de que la discapacidad, y específicamente aquella relacionada con problemas de salud mental, es un factor reconocido de generación de pobreza y exclusión social, existen una enorme falta de información estadística sobre en qué medida los niños y niñas con discapacidad se ven afectados por este fenómeno.

Con datos referidos a 2017, el 28,1% de los menores de 16 años se encontraban en riesgo de pobreza. De estos menores, el 4% de tiene discapacidad.