Archivo de categoría Documentos

PorOED

Personas con discapacidad en riesgo de pobreza o exclusión social

La Oficina Estadística de la UE ha publicado nuevos datos sobre pobreza y exclusión social de la población con discapacidad en Europa, en comparación no sólo entre países de la Unión, sino respecto a la población sin discapacidad, para el año 2020.

Los datos indican que aproximadamente el 29% de la población con discapacidad de la Unión Europea de 16 o más años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Los países europeos que muestran mayores tasas de población con discapacidad en riesgo de pobreza o exclusión social son Bulgaria (52%), Estonia (40%), Letonia (39%), Lituania (38%) y Croacia (38%).

La diferencia en situación de riesgo de pobreza o exclusión social entre población con y sin discapacidad muestra un patrón constante en todos los países, aunque con matices. Mientras que los países del sur, por ejemplo Italia, Grecia o España muestran elevadas tasas de riesgo, sin embargo las diferencias entre población con y sin discapacidad son menores.

Si se observa la evolución de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social de la población con discapacidad en los últimos diez años, los datos de Eurostat muestran claramente un empeoramiento de la situación en el caso de España, especialmente marcado a partir de 2016, año en el que el indicador muestra una tendencia claramente ascendente en España, al contrario que en el conjunto de la Unión.

El riesgo de pobreza o exclusión social, conocido como AROPE, representa la suma de personas que están en riesgo de pobreza, o gravemente desfavorecidas material y socialmente o que viven en un hogar con una intensidad de trabajo muy baja. Las personas se incluyen solo una vez, incluso si se encuentran en más de una de las situaciones mencionadas. La tasa AROPE es la proporción de la población total que está en riesgo de pobreza o exclusión social. Es el principal indicador para monitorear la meta de pobreza y exclusión social de la UE para 2030.

El Pilar Europeo de Derechos Sociales propone tres objetivos a nivel de la UE que deben alcanzarse para 2030 en las áreas de empleo, habilidades y protección social. La pobreza y la exclusión social es uno de los objetivos. El número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social debería reducirse drásticamente para 2030, y entre ellas, específicamente la de la población con discapacidad.

Eurostat es la Oficina Europea de Estadística de la Comisión Europea. Produce datos sobre la Unión y promueve la armonización de los métodos estadísticos de los Estados que la componen.

PorOED

Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad: Avanzar en derechos

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este Observatorio considera oportuno recordar el preámbulo de la Convención que reafirma la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación.

Uno de los objetivos del Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) es visibilizar las múltiples situaciones discriminatorias que viven las personas con discapacidad. Dar cuenta de esta realidad permite afrontarla y transformarla.

El Informe Olivenza, editado por el OED, ofrece un sistema de indicadores de inclusión social adaptado a la población con discapacidad, que utiliza como estándar de referencia la situación de la población general (con la que se compara), en cada tres ejes: económico, derechos e integración social. El eje dedicado al ejercicio de derechos de ciudadanía aborda cinco dimensiones fundamentales: participación política, educación, vivienda, salud y apoyos por discapacidad, este último específico y por tanto no comparable con la población general.

PorOED

Infancia y discapacidad. Datos sociodemográficos

La Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD 2008), estima que en España residen alrededor de 130.000 niños y niñas con discapacidad menores de 15 años. Esta cifra supone el 2% del total de niños y niñas menores de 15 años residentes en el país. Los datos indican que la prevalencia de las situaciones de discapacidad es sensiblemente mayor en los niños que en las niñas.

Por otra parte, se observa que los tipos de deficiencia más frecuente entre los niños y niñas con discapacidad son las deficiencias mentales y las deficiencias del sistema nervioso.

De acuerdo con la Base Estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad, a 31 de diciembre de 2019 había en España 3.257.058 personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento. De éstas, el 5% son personas menores de 17 años (162.699 personas). En este tramo de edad los varones suponen el 66% de las personas con reconocimiento administrativo de discapacidad.

De las 162.699 personas menores de 17 años con un grado de discapacidad reconocido, el 64% tiene reconocido entre el 33 y el 44 por ciento; el 15% entre el 45 y el 63 por ciento; el 11% ha sido reconocida con grados de entre el 64 y el 74 por ciento y un 10% ha sido reconocida con un grado del 75 por ciento o superior.

El tipo de deficiencia que presenta mayor prevalencia en este tramo de edad son las demencias y trastornos mentales. Le sigue la discapacidad intelectual y del desarrollo y las deficiencias neuromusculares.

Las Comunidades con mayor número de personas menores de 17 años con discapacidad administrativamente reconocida son Cataluña (33.322 personas), Andalucía (31.534 personas) y la Comunidad de Madrid (26.053 personas).

PorOED

Personas con discapacidad incluidas en las declaraciones del IRPF de 2019

La Agencia Tributaria ha actualizado la operación Estadística sobre la discapacidad en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El objetivo es, según la propia AET, conocer las características personales y familiares del conjunto de declarantes en las que, o bien el titular, o bien alguna de las personas dependientes del mismo (ascendiente, descendiente o cónyuge) tienen alguna discapacidad reconocida que proporcione al declarante la posibilidad de aplicar alguna de las medidas contempladas en la normativa del impuesto para minorar la carga impositiva del colectivo afectado.

En el ejercicio 2019, el 11,19% de las declaraciones del IRPF presentadas en el Territorio de Régimen Fiscal Común ponían de manifiesto la existencia de situaciones de discapacidad en la unidad familiar a la que se refería la declaración.

El número total de declarantes con discapacidad en el ejercicio 2019 fue de 2.340.486 personas. El 47% corresponde a mujeres y un 53% a varones. Esta diferencia porcentual entre varones y mujeres se invierte a partir de los 65 años donde las mujeres suponen el 51% de declarantes con discapacidad en ese tramo de edad.

Por otra parte, al atender solo a la variable edad, los datos indican que el 41%  de este colectivo es mayor de 65 años.

Esta operación estadística distingue las personas con discapacidad tres grados o niveles de dependencia protegidas fiscalmente:

  • Dependencia simple. Cuando todas las situaciones de discapacidad de la declaración presentan un grado de minusvalía comprendido entre el 33% y el 65%.
  • Dependencia simple con movilidad reducida. Cuando todas las situaciones de discapacidad de la declaración presentan un grado de minusvalía comprendido entre el 33% y el 65% pero al menos en una situación, se acredita necesitar ayuda de terceras personas o tener movilidad reducida.
  • Dependencia cualificada. Cuando al menos en una situación de discapacidad de la declaración se acredita un grado de minusvalía que supera el 65%.

Según esta clasificación, el 28% de las personas declarantes con discapacidad se encuentra en una situación de dependencia cualificada. Un 67% corresponde a personas declarantes en situación de dependencia simple y el 5% a personas en situación de dependencia simple con ayuda a tercera persona (ATP) o movilidad reducida.

De acuerdo con la distribución territorial, los porcentajes más altos de personas declarantes con discapacidad se encuentran en Cataluña (18,8%); Andalucía (18,2%) y la Comunidad de Madrid   (11,8%). En el extremo contrario se en encuentran en Islas Baleares (1,8%), Cantabria (1,8%) y La Rioja (0,7%).

En términos de impacto económico, los datos señalan que el importe mínimo por discapacidad asciende a 13.370.343 de euros correspondiente a 2.251.225 declaraciones y con un importe medio de 5.939 euros por declaración. Los datos sobre rendimientos del trabajo muestran que las personas declarantes con discapacidad ingresan de media 4.170 euros netos menos al año que aquellas sin discapacidad.

Es importante advertir que la información que proporciona esta estadística no se refiere a todas las personas con discapacidad, pues no cubre a las personas con discapacidad no declarantes de IRPF, a las que no han hecho uso de sus beneficios fiscales, ni a las personas con discapacidad residentes en el País Vasco y Navarra, que quedan fuera del ámbito territorial del impuesto.

PorOED

Personas con discapacidad administrativamente reconocida en España

El objetivo de este documento es presentar de forma breve aquellos datos más significativos del Informe sobre la Base Estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad a 31 de diciembre de 2019[1] presentado por el IMSERSO recientemente. Es preciso recordar que el Informe Olivenza ya recoge y analiza esta base de datos en todas sus ediciones. Así, el propósito de esta nota es solo destacar las cifras más relevantes de esta base de datos.

De acuerdo con la Base Estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad, a 31 de diciembre de 2019 había en España 3.257.058 personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento,(93.066 más que a 31 de diciembre de 2018, un incremento del 2,9%), de las cuales 1.637.077 son hombres (50,3%) y 1.619.981 son mujeres (49,7%).

Datos a destacar:

  • Grado de discapacidad: de las 3.257.058 personas con un grado de discapacidad reconocido, el 41% tiene reconocido entre el 33 y el 44 por ciento; el 18% entre el 45 y el 63 por ciento; el 25% ha sido reconocida con grados de entre el 64 y el 74 por ciento y un 16% ha sido reconocida con un grado del 75 por ciento o superior.
  • Edad, sexo y grado de discapacidad. El 43% de las personas con reconocimiento administrativo de discapacidad se sitúa en el grupo de edad de los 35 a los 64 años.

Entre los 0 y los 64 años los varones presentan una mayor presencia tanto en volumen como porcentualmente y es solo a partir de los 80 años donde las mujeres suponen el 64% del total de las personas en ese grupo de edad.

Las mujeres presentan grados de discapacidad más altos que los varones: de las 536.529 personas reconocidas con un grado superior al 75 por ciento, el 55% son mujeres. Al considerar los datos según tasas por mil habitantes esta diferencia entre sexos también se muestra: 10,48 en los varones, 12,10 por 1.000 habitantes en las mujeres.

  • Tipo de deficiencia. El tipo de deficiencia que presenta mayor prevalencia es el osteoarticular (19,08 casos por 1.000 habitantes). Le siguen las demencias y trastornos mentales (12,19 casos por 1.000 habitantes) y las enfermedades crónicas (11,88 casos por 1.000 habitantes).
  • Distribución territorial. En términos absolutos, las Comunidades con mayor número de personas con discapacidad administrativamente reconocida son Cataluña (585.899 personas), Andalucía (574.873 personas) y la Comunidad de Madrid (367.836 personas). En términos relativos, se encuentran  Melilla y Ceuta con 120 y 110 casos por 1.000 habitantes respectivamente; le sigue el Principado de Asturias con 115,4 casos y Murcia con 105, 2 casos por 1.000 habitantes.

A continuación se puede descargar la Nota completa con tablas y gráficos


[1] Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación (2021). Base estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad (Informe a 31/12/2019). Madrid, IMSERSO

PorOED

El 9,6 % de las personas con discapacidad se encuentra en situación de pobreza severa

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha presentado recientemente su informe “El Mapa de la Pobreza Severa en España. El Paisaje del Abandono[1]. El informe muestra que el número de personas en situación de pobreza severa  en España se ha incrementado en más de un millón de personas desde la crisis de 2008. 

De acuerdo con este informe, en 2020, un 9,5% de la población vivía en situación de pobreza severa (4.506.770 personas). 188.548 personas más que el año anterior y un millón más de personas que en 2008.

En relación con las personas con discapacidad[2], el informe apunta que en 2020, el 9,6 % de las personas con discapacidad de 16 o más años de edad estaba en pobreza severa, esto es 1,1% más que las personas sin discapacidad en ese mismo grupo de edad. También señala que desde el año 2017, justo en el período de recuperación económica, la tasa de pobreza severa ha pasado a ser claramente más elevada entre las personas con discapacidad. Cabe recordar que la EAPN-ES ya señaló, en su 10º Informe AROPE[3], que las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión mucho más elevado que aquellas que no tienen discapacidad.


[1] Llano, J., Quiroga, D. (2021). El mapa de la pobreza severa en España. El paisaje del abandono, 2º informe. Madrid: EAPN España.

[2] El informe considera como personas con discapacidad a aquellas de 16 o más años de edad que afirman en la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV-INE) haberse visto limitadas en algún momento debido a un problema de salud para realizar las actividades que la gente habitualmente hace. Las personas que se incluyen en esta definición no necesariamente disponen de certificado de discapacidad.

[3] Llano, J. (2020). El estado de la pobreza, 10º Informe AROPE. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2008-2019. Madrid: Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

PorOED

Vida Laboral de las Personas con Discapacidad 2019: situación y retos de la inclusión en el empleo

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este mes los resultados de la operación estadística “Vida Laboral de las personas con discapacidad (VLPD)”. Esta encuesta forma parte de las operaciones estadísticas con las que cuenta en INE en este ámbito: el Empleo de las Personas con Discapacidad y el Salario de las Personas con Discapacidad.

El objetivo de la Encuesta VLPD es obtener información sobre la vida laboral de las personas de 16 y más años con discapacidad oficialmente reconocida y hacerlo en términos comparativos con las personas sin discapacidad. La operación es fruto de un convenio de colaboración entre INE, el IMSERSO, y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). En su realización se utiliza la información procedente de la integración de los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) con datos administrativos registrados en la Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad (BEPD).

Los resultados referidos a 2019 señalan que 31.658,6personas de 16 o más años que en 2019 tuvieron alguna relación con la Seguridad Social, el 9,9% de estas personas tenían una discapacidad[1] (3.129.000 personas). 56% varones, 44% mujeres.

Uno de los aspectos que destaca el INE de los resultados de la VLPD es la baja participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad:

  • Solo el 10% de las personas con discapacidad tuvieron relación con la Seguridad Social exclusivamente por estar de alta laboral al menos un día en el año, frente al 61,2% en el caso de las personas sin discapacidad.
  • 626.300 personas con discapacidad estuvieron en alta laboral en algún momento del año, ya fuera como situación exclusiva o alternándola con otra[1]. Esto supone un 20,0% del total de las personas con discapacidad que tuvieron algún tipo de relación con la Seguridad Social. Este porcentaje es de 75,8% en las personas sin discapacidad.
  • En relación con la distribución por sexo y edad de las personas con discapacidad que tuvieron alguna relación con la Seguridad Social, se observa un mayor porcentaje de varones que de mujeres (60% varones, 40% mujeres) y destaca el tramo de edad de mayores de 45 años que suponen el 33% de las personas con discapacidad que estuvieron en alta laboral en algún momento del año, ya fuera como situación exclusiva o alternándola con otra.
  • Grado y perfil de discapacidad. Los datos señalan que a mayor grado de discapacidad menor participación en el mercado laboral. Las personas con deficiencias en el Sistema osteoarticular representaron el 23,1% de las que tuvieron discapacidad en alta laboral. Mientras que el porcentaje más bajo fue para aquellas con deficiencias en los Sistemas digestivo, metabólico y endocrino (3,7%).
  • Las personas con discapacidad en alta laboral tuvieron en promedio 1,76 episodios de afiliación, frente a 2,12 de quienes no tuvieron discapacidad.
  • El 31,1% de las afiliaciones por cuenta ajena de personas con discapacidad en 2019 fueron contratos indefinidos, frente al 27,2% de las personas sin discapacidad.

Aquí se puede descargar la NOTA completa


[1] Otras situaciones percepción de prestación por desempleo, pensionista y alta laboral, desempleo y alta


[1] Se consideran personas con discapacidad reconocida, es decir, aquellas con grado de discapacidad superior o igual al 33 % o asimilados, según el procedimiento de valoración establecido por RD Legislativo 1/2013.

PorOED

Reconocer y poner en valor la voz de las mujeres con discapacidad

Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Observatorio Estatal de la Discapacidad se suma al lema establecido por Naciones Unidas para reivindicar una sociedad en la que se reconozca y se ponga en valor la voz de las mujeres: “mujeres líderes: por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”. En concreto, reivindicamos que las mujeres con discapacidad estén presentes y lideren todos aquellos ámbitos que forman parte de su trayectoria vital. Es necesario, tal como exigen las mujeres con discapacidad, garantizar un acceso equitativo a los servicios de salud; implementar políticas públicas de empleo que tengan presente la igualdad de las mujeres por razón de género y de discapacidad; que se reconozca públicamente las violaciones de derechos humanos que han sufrido en nuestro país miles de niñas y mujeres con discapacidad esterilizadas sin su consentimiento en el pasado y en el presente, y que se aprueben medidas para resarcir el daño ocasionado por estas prácticas contrarias a los derechos humanos*.

Por otra parte, es fundamental reconocer el trabajo de los cuidados y ofrecer a las familias y en especial a las mujeres (madres, esposas, hijas, hermanas…) que cuidan espacios de respiro, información, formación y apoyos para el cuidado. Así como, garantizar la prestación de apoyos, materiales y humanos, para su autonomía personal, vida independiente e inclusión comunitaria.

Este Observatorio insiste en la importancia de incorporar una perspectiva transversal de género y discapacidad en las distintas actuaciones que se llevan a cabo por parte de la Administración Pública.

*Fundación CERMI- Mujeres.  Manifiesto Feminista de las Mujeres con Discapacidad: “nosotras también somos mujeres”.
PorOED

El Observatorio Estatal de la Discapacidad acuerda su programa de investigaciones para el año 2021

La Comisión de Seguimiento del Protocolo general de colaboración regulador del Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), reunida hoy de forma virtual, ha acordado el programa general de investigaciones y estudios sobre la realidad de la discapacidad en España para el año 2021.

En la dimensión estatal, el elenco de estudios sociales incluye el Informe Olivenza 2020-2021 sobre la situación general de las personas con discapacidad en España, principal producto del OED, que retrata anualmente el estado de la discapacidad en nuestro país y su evolución.

Otra de las investigaciones aprobadas para 2021 es la relativa al suicidio en las personas con discapacidad en España, un fenómeno social de primera magnitud insuficientemente analizado, que necesita conocerse con el mayor detalle para poder abordarlo con políticas públicas adecuadas.

También el OED llevará a cabo una evaluación final del Plan de Acción 2014-2020 de la Estrategia Española sobre la Discapacidad, que culminaba en 2020, y realizará un análisis multidimensional de los recursos públicos destinados a la discapacidad: evolución y estrategia de futuro, con especial atención a los procesos de transformación digital y su impacto en el tercer sector.

La dimensión estatal de los estudios del OED para 2021 se cierra con uno sobre la trata de mujeres y niñas con discapacidad con fines de explotación sexual en España, una realidad delincuencial casi invisible, sobre la que apenas existe información documentada.

En la dimensión extremeña, el programa de estudios comprende el Informe Olivenza 2021, referido al ámbito específico de esta Comunidad Autónoma, y una investigación, pionera, sobre la asistencia personal en Extremadura, situación y propuestas para su extensión como prestación más inclusiva.

En la reunión de la Comisión de Seguimiento del OED han participado el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través del Real Patronato sobre Discapacidad y la Dirección General de Políticas de Discapacidad; la Junta de Extremadura, por medio del SEPAD; la Universidad de Extremadura; la Delegación del Gobierno de España en Extremadura y el Comité Español de Representantes de Personas con discapacidad (CERMI).

Descargar NOTA OED

 

PorOED

Reconstruir mejor: hacia un mundo inclusivo, accesible y sostenible después del COVID-19 por, para y con las personas con discapacidad

Se estima que en España residen 4,12 millones de personas con discapacidad, esto supone aproximadamente el 9% de la población total en España. En términos generales, las personas con discapacidad afrontan en mayor medida distintas situaciones discriminatorias que las personas sin discapacidad. Esta circunstancia se ve multiplicada al añadirse factores tales como el género, la edad, el hábitat o el origen étnico. Todas estas desigualdades se incrementan en situaciones de crisis, la pandemia de COVID-19 lo demuestra.

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este observatorio alerta sobre las distintas situaciones que afrontan las personas con discapacidad debidas a la crisis sanitaria y que aumentan su vulnerabilidad.

En el ámbito de la salud. La pandemia y las medidas aplicadas han supuesto:

  • La existencia de protocolos que excluían de la atención hospitalaria a personas con discapacidad y/o de edad avanzada.
  • Que los centros residenciales estuvieran, en los primeros momentos del estado de alarma, en una situación crítica debido a la falta de equipos de protección (EPIS), la falta de test para las personas usuarias y profesionales y la falta de capacidad para atender los síntomas.
  • La suspensión de procesos de rehabilitación durante el confinamiento y una vuelta parcial ante el temor de las personas con discapacidad y sus familias por el riesgo de contagio.
  • Al 58% se le han anulado o aplazado tratamientos y citas médicas especializada (ODISMET,2020).

En el ámbito de la accesibilidad. Las barreras se han incrementado de forma notable:

  • Barreras en el acceso a la información: en un primer momento, las comunicaciones públicas no tuvieron interpretación, esto supuso que las personas sordas y sordociegas se quedaran sin acceso a información básica.
  • Las personas ciegas también han sufrido esta falta de información porque las indicaciones para prevenir y protegerse del virus se hacen, en su mayoría, a través de señales visuales. La falta de información en lectura fácil y/o pictogramas también ha perjudicado a las personas con discapacidad intelectual.

La educación inclusiva y la falta de profesorado de apoyo.

  • La suspensión de clases presenciales afectó en mayor medida a los niños y niñas con discapacidad que a niños y niñas sin discapacidad. Según la Fundación FOESSA, en el 17% de los hogares se observó que el rendimiento escolar de hijos e hijas disminuyó por no contar con apoyos (FOESSA, 2020).

Impacto económico. Algunos datos significativos:

  • El 80% de las entidades dedicadas a la atención de las personas con discapacidad han tenido que reducir significativamente su actividad. Un 35% ha incrementado sus gastos y el 81% ha visto reducido sus ingresos (Fundación SERES, 2020).
  • PREDIF calcula que entre su incremento de gastos (3.919.926,57€) y su reducción de ingresos (3.977.951,42), el impacto de la Covid-19 será de casi 8 millones de euros.
  • Más del 45% de las entidades que se dedican a la Inserción social, la Discapacidad o la Salud tienen dificultades para desarrollar su labor, e incluso un 17% afirma que no puede llevarla a cabo (Fundación SERES, 2020).
  • Un 43% de familias de personas con discapacidad intelectual se ha visto “bastante” o “muy afectado” económicamente por la crisis de la COVID-19. Un 30% indica que han aumentado sus gastos familiares, 40% el caso de hogares monoparentales. 1 de cada 8 se encuentra en una situación económica preocupante (Plena Inclusión, 2020).

Todos estos datos justifican que desde las administraciones públicas se garantice que las personas con discapacidad formen parte activa de la reconstrucción social y económica del país, tal como exige hoy el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en su manifiesto por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Aquí se puede descargar la NOTA completa