La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha presentado recientemente su informe “El Mapa de la Pobreza Severa en España. El Paisaje del Abandono”[1]. El informe muestra que el número de personas en situación de pobreza severa en España se ha incrementado en más de un millón de personas desde la crisis de 2008.
De acuerdo con este informe, en 2020, un 9,5% de la población vivía en situación de pobreza severa (4.506.770 personas). 188.548 personas más que el año anterior y un millón más de personas que en 2008.
En relación con las personas con discapacidad[2], el informe apunta que en 2020, el 9,6 % de las personas con discapacidad de 16 o más años de edad estaba en pobreza severa, esto es 1,1% más que las personas sin discapacidad en ese mismo grupo de edad. También señala que desde el año 2017, justo en el período de recuperación económica, la tasa de pobreza severa ha pasado a ser claramente más elevada entre las personas con discapacidad. Cabe recordar que la EAPN-ES ya señaló, en su 10º Informe AROPE[3], que las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión mucho más elevado que aquellas que no tienen discapacidad.
[1] Llano, J., Quiroga, D. (2021). El mapa de la pobreza severa en España. El paisaje del abandono, 2º informe. Madrid: EAPN España.
[2] El informe considera como personas con discapacidad a aquellas de 16 o más años de edad que afirman en la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV-INE) haberse visto limitadas en algún momento debido a un problema de salud para realizar las actividades que la gente habitualmente hace. Las personas que se incluyen en esta definición no necesariamente disponen de certificado de discapacidad.
[3] Llano, J. (2020). El estado de la pobreza, 10º Informe AROPE. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2008-2019. Madrid: Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este mes los resultados de la operación estadística “Vida Laboral de las personas con discapacidad (VLPD)”. Esta encuesta forma parte de las operaciones estadísticas con las que cuenta en INE en este ámbito: el Empleo de las Personas con Discapacidad y el Salario de las Personas con Discapacidad.
El objetivo de la Encuesta VLPD es obtener información sobre la vida laboral de las personas de 16 y más años con discapacidad oficialmente reconocida y hacerlo en términos comparativos con las personas sin discapacidad. La operación es fruto de un convenio de colaboración entre INE, el IMSERSO, y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). En su realización se utiliza la información procedente de la integración de los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) con datos administrativos registrados en la Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad (BEPD).
Los resultados referidos a 2019 señalan que 31.658,6personas de 16 o más años que en 2019 tuvieron alguna relación con la Seguridad Social, el 9,9% de estas personas tenían una discapacidad[1] (3.129.000 personas). 56% varones, 44% mujeres.
Uno de los aspectos que destaca el INE de los resultados de la VLPD es la baja participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad:
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[1] Otras situaciones percepción de prestación por desempleo, pensionista y alta laboral, desempleo y alta
[1] Se consideran personas con discapacidad reconocida, es decir, aquellas con grado de discapacidad superior o igual al 33 % o asimilados, según el procedimiento de valoración establecido por RD Legislativo 1/2013.
Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Observatorio Estatal de la Discapacidad se suma al lema establecido por Naciones Unidas para reivindicar una sociedad en la que se reconozca y se ponga en valor la voz de las mujeres: “mujeres líderes: por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”. En concreto, reivindicamos que las mujeres con discapacidad estén presentes y lideren todos aquellos ámbitos que forman parte de su trayectoria vital. Es necesario, tal como exigen las mujeres con discapacidad, garantizar un acceso equitativo a los servicios de salud; implementar políticas públicas de empleo que tengan presente la igualdad de las mujeres por razón de género y de discapacidad; que se reconozca públicamente las violaciones de derechos humanos que han sufrido en nuestro país miles de niñas y mujeres con discapacidad esterilizadas sin su consentimiento en el pasado y en el presente, y que se aprueben medidas para resarcir el daño ocasionado por estas prácticas contrarias a los derechos humanos*.
Por otra parte, es fundamental reconocer el trabajo de los cuidados y ofrecer a las familias y en especial a las mujeres (madres, esposas, hijas, hermanas…) que cuidan espacios de respiro, información, formación y apoyos para el cuidado. Así como, garantizar la prestación de apoyos, materiales y humanos, para su autonomía personal, vida independiente e inclusión comunitaria.
Este Observatorio insiste en la importancia de incorporar una perspectiva transversal de género y discapacidad en las distintas actuaciones que se llevan a cabo por parte de la Administración Pública.
La Comisión de Seguimiento del Protocolo general de colaboración regulador del Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), reunida hoy de forma virtual, ha acordado el programa general de investigaciones y estudios sobre la realidad de la discapacidad en España para el año 2021.
En la dimensión estatal, el elenco de estudios sociales incluye el Informe Olivenza 2020-2021 sobre la situación general de las personas con discapacidad en España, principal producto del OED, que retrata anualmente el estado de la discapacidad en nuestro país y su evolución.
Otra de las investigaciones aprobadas para 2021 es la relativa al suicidio en las personas con discapacidad en España, un fenómeno social de primera magnitud insuficientemente analizado, que necesita conocerse con el mayor detalle para poder abordarlo con políticas públicas adecuadas.
También el OED llevará a cabo una evaluación final del Plan de Acción 2014-2020 de la Estrategia Española sobre la Discapacidad, que culminaba en 2020, y realizará un análisis multidimensional de los recursos públicos destinados a la discapacidad: evolución y estrategia de futuro, con especial atención a los procesos de transformación digital y su impacto en el tercer sector.
La dimensión estatal de los estudios del OED para 2021 se cierra con uno sobre la trata de mujeres y niñas con discapacidad con fines de explotación sexual en España, una realidad delincuencial casi invisible, sobre la que apenas existe información documentada.
En la dimensión extremeña, el programa de estudios comprende el Informe Olivenza 2021, referido al ámbito específico de esta Comunidad Autónoma, y una investigación, pionera, sobre la asistencia personal en Extremadura, situación y propuestas para su extensión como prestación más inclusiva.
En la reunión de la Comisión de Seguimiento del OED han participado el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través del Real Patronato sobre Discapacidad y la Dirección General de Políticas de Discapacidad; la Junta de Extremadura, por medio del SEPAD; la Universidad de Extremadura; la Delegación del Gobierno de España en Extremadura y el Comité Español de Representantes de Personas con discapacidad (CERMI).
Se estima que en España residen 4,12 millones de personas con discapacidad, esto supone aproximadamente el 9% de la población total en España. En términos generales, las personas con discapacidad afrontan en mayor medida distintas situaciones discriminatorias que las personas sin discapacidad. Esta circunstancia se ve multiplicada al añadirse factores tales como el género, la edad, el hábitat o el origen étnico. Todas estas desigualdades se incrementan en situaciones de crisis, la pandemia de COVID-19 lo demuestra.
En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este observatorio alerta sobre las distintas situaciones que afrontan las personas con discapacidad debidas a la crisis sanitaria y que aumentan su vulnerabilidad.
En el ámbito de la salud. La pandemia y las medidas aplicadas han supuesto:
En el ámbito de la accesibilidad. Las barreras se han incrementado de forma notable:
La educación inclusiva y la falta de profesorado de apoyo.
Impacto económico. Algunos datos significativos:
Todos estos datos justifican que desde las administraciones públicas se garantice que las personas con discapacidad formen parte activa de la reconstrucción social y económica del país, tal como exige hoy el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en su manifiesto por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado la Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios (EILU) correspondiente al año 2019. Según esta Encuesta, en el curso académico 2013-2014, el número de titulados universitarios con discapacidad en España fue de 2.346 personas (1.028 hombres y 1.318 mujeres), esto suponía apenas el 1% del total de personas graduadas de ese curso.
El 89% de titulados universitarios con discapacidad estudiaron en universidades públicas y el 11% en privadas. En el caso de los graduados universitarios sin discapacidad estos porcentajes son del 84 y 16% respectivamente.
De acuerdo con la EILU, los graduados universitarios con discapacidad del curso 2013-2014 presentaban a finales del año 2019 una tasa de actividad del 83,1%, 10 puntos menos que los graduados universitarios sin discapacidad. La tasa de empleo era del 75,4% (10 puntos menos que los graduados universitarios sin discapacidad) y la tasa de paro cinco años después de titularse era del 9.2% (un punto más que los graduados universitarios sin discapacidad).
Este miércoles 14 de octubre se presentó el estudio “El estado de la pobreza, 10º Informe AROPE. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2008-2019” elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES). Desde 2018, la EAPN-ES incluye en estos informes anuales un capítulo sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Esta nota breve tiene como propósito destacar los datos más relevantes de este 10º Informe AROPE, relacionados con este aspecto.
La principal conclusión de este informe referida a la discapacidad es que las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión mucho más elevado que aquellas que no tienen discapacidad. Esto no es una cuestión coyuntural, como indica el informe, sino que muestra una situación de riesgo de pobreza estructural. Los datos de 2019 indican que la tasa AROPE de las personas con discapacidad es de 32,5%, esto es, una de cada tres personas con discapacidad, está en riesgo de pobreza y/o exclusión, la cifra más elevada de la década. Los datos de esta tasa en las personas sin discapacidad es de 22,5% (diez puntos porcentuales menos).
Se estima que en España residen 4,12 millones de personas con discapacidad, esto supone aproximadamente el 9% de la población total en España. En términos generales, las personas con discapacidad afrontan en mayor medida distintas situaciones discriminatorias que las personas sin discapacidad. Esta circunstancia se ve multiplicada al añadirse factores tales como el género, la edad, el hábitat o el origen étnico.
El último Informe Olivenza (2019) ofrece datos relevantes sobre estas situaciones de discriminación:
Todas estas desigualdades se incrementan en situaciones de crisis. La pandemia de COVID-19 lo demuestra. António Guterres, Secretario General de la ONU, ha denunciado esta situación y ha declarado que «debemos garantizar la igualdad de derechos de las personas con discapacidad al acceso a los cuidados sanitarios y a los procedimientos que les salven la vida«. Ha urgido también a los Gobiernos a que las personas con discapacidad estén en el centro de la respuesta al COVID-19 y en los esfuerzos de recuperación.