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Infancia y discapacidad. Algunos datos relevantes.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en sus Principios Generales: “el respeto a la evolución de los niños y niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad”. Por otra parte, en su artículo 7 dispone que los Estados deben garantizar que las niñas y niños con discapacidad tienen y disfrutan de los mismos derechos, asimismo se protegerá su interés superior y su derecho a expresar libremente su opinión en las cuestiones que les afecten. En España, según diversas fuentes, los niños y niñas con discapacidad  mantienen una situación de extrema vulnerabilidad.

El Estudio de UNICEF sobre la situación de los niños y las niñas con discapacidad en España (Campoy Cervera, 2013) señala como problemas relevantes de este colectivo: la ausencia de estudios adecuados, la especial incidencia de situaciones de maltrato, las dificultades para acceder a la educación inclusiva, las barreras para ejercer su derecho a participar en la toma de decisiones y la falta de apoyo a las familias de niños y niñas con discapacidad.

El último Informe del CERMI sobre derechos humanos y discapacidad (CERMI, 2017) denuncia distintas situaciones discriminatorias:

  • Contar con un hogar. Existe una larga lista de espera para la adopción o el acogimiento, sin embargo multitud de menores con discapacidad son excluidos desde el principio y estigmatizados. Esta circunstancia supone que los niños y niñas con discapacidad dependan de la Administración.
  • Educación. La Fundación CERMI Mujeres alerta del elevado fracaso escolar de las niñas con discapacidad.
  • Educación. La normativa que regula la admisión de alumnos en colegios españoles en el extranjero discrimina a las personas con discapacidad y no contenía previsión alguna de atención a estos alumnos. Una madre denuncia “serios impedimentos” para matricular a su hijo con discapacidad en el Instituto Español de Lisboa.
  • Delitos de odio. Pintadas ofensivas y amenazantes aparecidas en un centro de educación especial.

Otra situación de discriminación y maltrato que sufren en especial las niñas con discapacidad es la esterilización forzosa. La Fundación CERMI Mujeres en su informe “Poner fin a la esterilización forzosa de las mujeres y niñas con discapacidad” apunta que estas esterilizaciones se hacen sin el consentimiento o comprensión de las mujeres y niñas con discapacidad sobre el propósito de la intervención quirúrgica, y bajo el pretexto de su bienestar. Se estima una media anual de 96 sentencias judiciales autorizando la esterilización de personas con discapacidad previamente incapacitadas.

Descargar Nota OED sobre Infancia y Discapacidad

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Personas con discapacidad incluidas en las declaraciones del IRPF según tipo de discapacidad

En el ejercicio 2015, el 9,92% de las declaraciones del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) presentadas en el Territorio de Régimen Fiscal Común ponían de manifiesto la existencia de situaciones de discapacidad en la unidad familiar a la que se refería la declaración. En términos absolutos, esto supone que en el ejercicio 2015 se registraron 2.026.977 declarantes con discapacidad. El 46,2% corresponde a mujeres con discapacidad.

Este registro distingue las personas con discapacidad tres grados o niveles de dependencia protegidas fiscalmente:

  • Dependencia simple. Cuando todas las situaciones de discapacidad de la declaración presentan un grado de minusvalía comprendido entre el 33% y el 65%.
  • Dependencia simple con movilidad reducida. Cuando todas las situaciones de discapacidad de la declaración presentan un grado de minusvalía comprendido entre el 33% y el 65% pero al menos en una situación, se acredita necesitar ayuda de terceras personas o tener movilidad reducida.
  • Dependencia cualificada. Cuando al menos en una situación de discapacidad de la declaración se acredita un grado de minusvalía que supera el 65%.

Según esta clasificación, el 30% de las personas declarantes con discapacidad se encuentra en una situación de dependencia cualificada; Un 67% corresponde a personas declarantes en situación de dependencia simple y el 3% a personas en situación de dependencia simple con ayuda a tercera persona (ATP) o movilidad reducida.

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Fuente: Agencia Tributaria

De acuerdo con la distribución territorial, los porcentajes más altos de personas declarantes con discapacidad se encuentran en Cataluña (18,4%); Andalucía (17,8%) y la Comunidad de Madrid (11,7%). En el extremo contrario se en encuentran en Islas Baleares (1,8%), Cantabria (1,7%) y la La Rioja (0,7%).

En términos de impacto económico, los datos señalan que el importe mínimo por discapacidad asciende a 11.707.002 de euros correspondiente a 1.929.423 declaraciones y con un importe medio de 6.068 euros por declaración.

Es importante advertir que la información que proporcionan esta estadística no se refiere a todas las personas con discapacidad, pues no cubre a las personas con discapacidad no declarantes de IRPF, a las que no han hecho uso de sus beneficios fiscales, ni a las personas con discapacidad residentes en el País Vasco y Navarra, que quedan fuera del ámbito territorial del impuesto.

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Las personas con discapacidad en el ámbito laboral

Con motivo del día internacional del trabajo, el OED presenta el siguiente informe breve sobre la situación laboral de las personas con discapacidad. Los datos que aquí se presentan son datos tomados del capítulo 4 del Informe Olivenza 2017. De acuerdo con este Informe, en 2015 en España 1.774.800 personas con discapacidad se encontraban en edad laboral (16 a 64 años). El 57,69% de estas personas son varones y un 42,31% mujeres. Y el 69,55% están en el grupo de edad de 45 a 64 años.

Al considerar la situación de las personas con discapacidad en relación al empleo, destaca siempre las bajas tasas de actividad de éstas y la distancia respecto a las personas sin discapacidad. Esta circunstancia se agudiza en el caso de las mujeres con discapacidad que presentan, en todas las variables relacionadas con empleo, las peores cifras (actividad, empleo, desempleo) no sólo respecto a los varones con discapacidad sino también respecto a las personas sin discapacidad en edad laboral.

Los datos de que ofrece el Informe Olivenza ilustran bien esta situación. Así, la tasa de actividad de las personas con discapacidad es 44 puntos inferior que la de las personas sin discapacidad; la tasa de paro es casi 10 puntos mayor y la del empleo casi 3 veces menor que la de las personas sin discapacidad. En otros términos, casi un millón doscientas mil personas con discapacidad son inactivas y solo una de cada cuatro personas con discapacidad tiene empleo.

Descargar NOTA OED EMPLEO PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 

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Distribución territorial de las personas que han estado privadas de su derecho al voto en España

Gráfico. Personas que, en las elecciones generales de 20 de diciembre de 2015 y 26 de junio de 2016, han estado privadas de su derecho al voto en España

El artículo 29 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad garantiza a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones, lo que incluye el derecho al voto. Sin embargo, el artículo 3 de la Ley 5/1985, de 19 de julio, del Régimen Electoral General, señala que los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme quedarán privados del derecho de sufragio, siempre que la sentencia declare expresamente la incapacidad para su ejercicio.

De acuerdo con la información facilitada al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) por la Junta Electoral Central, el número de personas que, en las elecciones generales de 20 de diciembre de 2015 y 26 de junio de 2016, han estado privadas de su derecho al voto mediante sentencia judicial ha ascendido a 98.488. De éstas el 53% son mujeres y un 47% varones.

Al considerar la edad, se observa que el 60,9% de las personas que han estado privadas de su derecho al voto mediante sentencia judicial son menores de 65 años (60.003 personas).

La distribución territorial de esta población en términos de tasas por mil habitantes, muestra que las tasas más altas de personas privadas de su derecho al voto por motivo de discapacidad se encuentran en Castilla y León (4,60), Navarra (4,28) y La Rioja (4,17).

El 7 de noviembre de 2017 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la toma en consideración de la proposición de ley de la Asamblea de Madrid que busca modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y garantizar así el derecho a voto a todas las personas con discapacidad. La proposición defiende la supresión de los apartados ‘b’ y ‘c’ de esta Ley Orgánica que establecen que carecen de derecho de sufragio: “los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio” y “los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio“, respectivamente.

El 22 de febrero de 2018 el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclamó en el Congreso de los Diputados que se otorgue sin dilación este derecho de sufragio, activo y pasivo a las personas que no lo tienen reconocido por razón de discapacidad intelectual, psicosocial o deterioro cognitivo. En este sentido, la propuesta del CERMI es la de que se debata y apruebe esta reforma de la LOREG de manera “separada” del resto de cuestiones que se están abordando para modificar el régimen electoral.

Agilizar esta reforma permitiría cumplir por un lado con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por otro, avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho.

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Salario medio anual de la población con y sin discapacidad, 2010-2015

El Instituto Nacional de Estadística publica de forma anual la estadística sobre el salario de las personas con discapacidad cuyo objetivo es conocer la distribución de los salarios de los trabajadores por cuenta ajena con discapacidad oficialmente reconocida y lo hace en términos comparativos con las personas asalariadas sin discapacidad.

De acuerdo con esta operación estadística El Salario de las personas con discapacidad (INE, 2017), en 2015 el salario medio anual bruto de los trabajadores por cuenta ajena con discapacidad fue de 19.569,6 euros en 2015, un 2,9% más que en el año anterior. Esta cifra fue un 15,7% menor que la de las personas sin discapacidad (23.208,0 euros).

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Al comparar este salario con años anteriores, se observa una brecha notable entre los salarios de las personas con discapacidad y los aquellas sin discapacidad que desde 2010 viene aumentando de forma progresiva pasando del 10% al 15,7% en 2015.

Para una mejor comprensión de la situación de las personas con discapacidad en el mercado laboral, estos datos deben considerarse junto con aquellos relacionados con la actividad laboral que pueden consultarse en el apartado de “Breves” de este Observatorio donde ofrecemos información clave, en formato condensado, sobre los principales rasgos de la población con discapacidad y sus familias.

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Evolución de la tasa de actividad de la población con discapacidad, 2009-2016

La evolución de la tasa de actividad de mujeres y hombres con discapacidad (2009-2016) muestra la situación de especial vulnerabilidad de las mujeres en el ámbito laboral. Al comparar los datos con los varones con discapacidad se observa que éstos mantienen tasas de actividad más altas que ellas y que la brecha al final del período (2013-2016) se ha ido reduciendo por la drástica caída en el nivel de actividad de los varones.

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Tasa de actividad de la población con discapacidad en España, 2015

En 2016 la tasa de actividad de las personas con discapacidad se situaba en el 35,2%. Al distinguir el tipo de discapacidad, se observan tasas de actividad más elevadas entre las personas con discapacidades de la audición (61,3%) y de la visión (48,1), mientras que las tasas más bajas corresponden a las de las personas con discapacidad intelectual (32,2%) y enfermedad mental (27,7%). Entre las personas con discapacidad física la tasa de actividad se sitúa en el 41,9%, algo por encima de la media de la población con discapacidad.

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Tasa de paro 2008-2015. Comparación respecto a la población general

En 2015, el 31% de la población activa con discapacidad se encontraba en situación de desempleo. La diferencia con la población sin discapacidad es de nueve puntos porcentuales, multiplicando la tasa de paro de la población con discapacidad por 1,4. En la evolución de las tasas de paro de las personas con y sin discapacidad durante los últimos años, se observa un incremento muy acusado para ambos colectivos hasta el año 2013, iniciándose desde entonces un ligero descenso, aunque aún lejos de los datos “pre crisis” dado que en 2015 las personas con discapacidad suman casi 15 puntos de paro respecto al 2008 y las personas sin discapacidad 10 puntos.

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Inclusión y participación social. Diferencia porcentual respecto a la población general

El eje de inclusión social dedicado participación y relaciones sociales es el que presenta mayor distancia de la población con discapacidad respecto a a la población general. En todos los indicadores medidos en el Informe Olivenza, la distancia es negativa y cercana o superior al 50%. Los indicadores en los que la desventaja es mayor respecto a la población general, son los de dificultades para la realización de activdades de ocio, y el mantenimiento de relaciones de amistad (frecuencia y disponibilidad).

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Inclusión en ciudadanía. Diferencia porcentual respecto a la población general

Las personas con discapacidad evidencian una desventaja en el eje ejercicio de derechos de ciudadanía, cuantificada en una distancia del casi un 31,4% respecto al nivel que alcanza la población general en los mismos indicadores. Los indicadores en los que la desventaja es más evidente son por este orden, el indicador 24 (% población sin tratamientos médicos que necesita), el indicador 17 % población en infravivienda), el indicador 11 (% de población analfabeta) y el indicador 16 (% de población con estudios superiores). Cabe recordar que ambos indicadores se calculan sobre la población con discapacidad que no presenta limitaciones específicas para el aprendizaje, por lo que esta desventaja se explica por causas externas a las limitaciones en este ámbito.

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