Un estudio revela que la explotación sexual de mujeres y niñas con discapacidad está extendida y dispersa, pero es invisible
• Este es uno de los principales resultados que se ha puesto de relieve durante la presentación de la Investigación ‘La trata de mujeres y niñas con discapacidad con fines de explotación sexual en España’ desarrollada por el Observatorio Estatal de la Discapacidad.
• El informe analiza la necesidad de visibilizar y denunciar la situación de las mujeres y niñas con discapacidad explotadas sexualmente o víctimas de trata con fines de explotación sexual
• Enlace al informe completo:
https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/wp-content/uploads/La-trata-de-mujeres-y-ninas-con-discapacidad-con-fines-de-explotacion-sexual-en-Espana.pdf
El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha revelado que la explotación sexual de mujeres y niñas con discapacidad está “extendida y dispersa”, pero tiene una dimensión invisible que obstaculiza la cuantificación, la denuncia y su correspondiente atención y eliminación.
Este es uno de los principales resultados que se ha puesto de relieve durante la presentación de la Investigación titulada ‘La trata de mujeres y niñas con discapacidad con fines de explotación sexual en España’ que ha tenido lugar este jueves en el Salón de actos del Ministerio de Igualdad.
El objetivo de la investigación, organizado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad, es conocer y analizar, desde el enfoque feminista integrado de género y basado en los derechos humanos, la realidad de las mujeres y niñas con discapacidad en situación de explotación sexual, en el sistema prostitucional y/o en la pornografía y el impacto en su vida social y en su salud física, mental, sexual y reproductiva que genera.
El acto de apertura ha sido presidido por el director general de derechos de las personas con discapacidad, Jesús Martín Blanco y por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell Aguilar.
En su intervención Jesús Martín ha recordado que esta jornada “se debe concebir como una jornada de denuncia”. Asimismo, Martín ha defendido la postura de que un Gobierno responsable debe conocer los datos “porque solo de esta manera sabremos qué hay que hacer” ha añadido. “Tener por seguro que vamos a considerar las recomendaciones de este informe que son asumibles e imprescindibles para una labor que consideramos de Estado” ha concluido.
Por su parte, Victoria Rosell ha puesto de manifiesto que, efectivamente, profundizar en la magnitud de características de la violencia contra las mujeres con discapacidad ayuda a impulsar políticas públicas basadas en la realidad. “Queremos basar nuestras políticas públicas en el conocimiento” ha expresado. También, ha querido aprovechar su intervención para pedir la modificación del término disminuido del artículo 49 de la Constitución.
A continuación, el coordinador del Observatorio Estatal de la Discapacidad, Luis Alonso ha dado paso a la investigadora Beatriz Sagrado quien se ha encargado de analizar y describir los principales hallazgos del informe.
“Partimos de la necesidad de visibilizar la situación de las mujeres con discapacidad que son explotadas sexualmente” ha indicado al mismo tiempo que remarcaba que “ni España ni la Unión Europea, ni Naciones Unidas disponen de datos que permitan una posible evaluación comparada de la eficacia de políticas adoptadas en materia de trata con fines de explotaciones sexual”.
Durante su intervención, en la que ha desgranado algunos de los puntos más importantes del informe, también ha enumerado y explicado brevemente algunos casos reales de mujeres víctimas de trata que recoge el informe. “Se trata de una serie de testimonios directos e indirectos de mujeres sometidas a explotación sexual, con actos no deseados denigrantes o violentos con explotación económica” ha apuntado. Y para terminar ha querido hacer una petición: “requerimos una labor de conciencia social, un compromiso del Gobierno de tomar medidas legislativas y políticas públicas teniendo como concepto base que la explotación sexual en todas sus formas es igual a la esclavitud sin concesiones de todo tipo”.
Seguidamente, la periodista con discapacidad Laura Sánchez ha moderado un diálogo con la fiscal Adscrita a la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado, María de los Ángeles Sánchez; el capitán de la Guardia Civil, Vicente Calvo; la magistrada Luz Almeida Castro y la representante de la Asociación APRAMP, Ana Delgado quien ha puesto de relieve la necesidad de “la formación de los profesionales que trabajan con víctimas de trata en cuestión de discapacidad” al tiempo que lamentaba que precisamente esa falta de formación, les lleva a estar desbordados a la hora de realizar estas intervenciones sociales.
Durante su ponencia, María de los Ángeles Sánchez ha evidenciado que desde la Fiscalía son conscientes de la necesidad de contar con datos porque, en palabras de María Ángeles Sánchez, “cualquier abordaje realista exige un estudio de los datos para conocerlo en profundidad”. “Somos conscientes de la relevancia de la recogida de datos y desde hace mucho tiempo se abren diligencias de seguimiento en el territorio nacional y ha explicado que en este proceso la detección es el gran problema porque exige una especialización de todos los operadores y en particular en el ámbito de la justicia para detectar cuando una victima de trata es una persona con discapacidad” ha lamentado.
Por su parte, Vicente Calvo ha aclarado cuál es la actuación integral de la Guardia Civil en estos casos para luchar de forma eficaz contra la trata de seres humanos. Asimismo, la magistrada Almeida ha puesto el foco de su intervención en destacar que “el principal problema de la trata es la prueba”. “En muchas ocasiones las declaraciones de las víctimas se producen con omisiones y lagunas por los síndromes de estrés postraumático. Al ser muchas veces una de las principales pruebas, al final se refuerzan las defensas y se dificulta las condenas” ha apuntado y ha añadido que como medida para combatirlo “es necesario contar con personal especializado”.
A continuación, la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero quien, coincidiendo con el resto de los ponentes en que falta conocimiento estadístico, se ha dispuesto a enumerar una batería de recomendaciones que han sido elaboradas desde la FCM. Entre ellas, la necesidad de intensificar las campañas de sensibilización pública y de conciencia, así como que todos los recursos y servicios sean accesibles e inclusivos.
El acto de clausura ha corrido a cargo de la directora General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración, Miriam Benterrak Ayensa quien ha insistido en la necesidad de “visibilizar para promover la transformación social y promover la prevención”. Asimismo, ha afirmado que “el proceso de suministro de información a las mujeres es vital para luego descubrir signos, saber necesidades, abordar situaciones”.
PRINCIPALES RESULTADOS
El documento advierte que una de las razones por las que este tema aún sigue siendo un tabú social es por su realidad “compleja e imperceptible” que implica un estigma para las mujeres y niñas que están en esta situación y para sus familias.
Según el informe, “las mujeres y niñas con discapacidad presentan un mayor grado de vulnerabilidad ante la explotación sexual, especialmente las que tienen una discapacidad intelectual, pero esta explotación adopta a menudo formas menos evidentes, por ejemplo, en el ámbito del entorno familiar o por un pseudo- “novio”, y se acompaña de engaño, timo y/o fraude”.
En relación a los efectos de explotación sexual, la investigación subraya los posibles daños graves en la salud mental y en la capacidad cognitiva, que a menudo confluyen con, provocan o agudizan una discapacidad intelectual.
La carencia de datos cuantitativos para analizar el problema, la omisión de la discapacidad como factor de vulnerabilidad en las intervenciones policiales y judiciales, el enfoque represivo en vez del preventivo de las políticas y legislaciones, la falta de recursos especializados en entidades que atienden a víctimas de explotación sexual para mujeres y niñas con discapacidad, son otros puntos que denuncia el informe.
La necesidad de una estrategia de intervención interdisciplinaria y coordinada con impacto a largo plazo, estructuradas a nivel nacional e internacional, con objetivos precisos y plazos concretos es una de las grandes peticiones que se exponen en el informe.
Igualdad acoge el acto de presentación del primer estudio sobre trata de mujeres con discapacidad
El salón de actos del Ministerio de Igualdad acogerá el próximo jueves 28 de julio, a las 18,00 h., el acto de presentación de la investigación “La trata de mujeres y niñas con discapacidad con fines de explotación sexual en España”, realizada por el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), perteneciente al Real Patronato sobre Discapacidad.
Consiste en el primer estudio llevado a cabo en España sobre este fenómeno de la trata con fines de explotación sexual centrado en las mujeres y adolescentes con discapacidad, una realidad apenas indagada que se ha querido comenzar a aflorar para tener conciencia precisa de ella y permitir así establecer líneas de acción legislativas, políticas y jurídicas para combatirla.
En la presentación, participarán entre otras personas significadas del ámbito político, académico y del activismo, Jesús Martín Blanco, Director General de Derechos de las Personas con Discapacidad, Victoria Rosell Aguilar, Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
La exposición, descripción y conclusiones del estudio correrán a cargo de la investigadora Beatriz Sagrado, quien será presentada por Luis Alonso, Coordinador del OED y Gerente del CERMI Estatal.
8 de marzo. Día para reivindicar los derechos de las mujeres con discapacidad
Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, reivindicamos los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad.
Consideramos que es urgente:
Garantizar el acceso a un empleo estable y de calidad. En 2020, la tasa de actividad de las mujeres con discapacidad se situaba en 34,6%, casi 42 puntos menos que las población sin discapacidad. La tasa de paro de las mujeres con discapacidad es de 22,4%, esto es, siete puntos superior a la de la población sin discapacidad. (INE, 2020).
Acabar con la brecha salarial. Las mujeres con discapacidad tienen un salario inferior respecto a los varones con discapacidad en un 13,7%. Esto es en términos absolutos, representa 3.000 euros anuales menos. Sí comparamos el salario medio de las mujeres con discapacidad respecto al de las personas sin discapacidad, la diferencia se eleva hasta los 5.532 euros anuales (INE, 2019).
Erradicar la pobreza. El 5,3% de las mujeres con discapacidad se encuentra en situación de pobreza severa y un 24,8% en situación de pobreza moderada (Informe Olivenza, 2021).
Erradicar la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad. El 4% de las personas con discapacidad ha sufrido malos tratos físicos o psicológicos. Este porcentaje es del 6,1% en las mujeres con discapacidad (Informe Olivenza, 2021). De acuerdo con el estudio “La historia solo cuenta una parte de nosotras”, elaborado por Plena Inclusión Canaria, las mujeres con discapacidad intelectual presentan un riesgo entre dos y cinco veces mayor de sufrir
maltrato físico y emocional que el que poseen las mujeres sin discapacidad.
Erradicar la situaciones de soledad no deseada o aislamiento. El 16,3% de las personas con discapacidad tiene relaciones de amistad precarias, es decir, cuenta con pocas oportunidades para hacer o mantener amigos. Este porcentaje es del 11,2% en las mujeres sin discapacidad (Informe Olivenza, 2021).
Garantizar la equidad en el acceso a los servicios de salud. Según el estudio “Mujeres con valor” de DOWN ESPAÑA, sólo un 37% de las mujeres con síndrome de Down afirman acudir con frecuencia al ginecólogo. Este dato es alarmante, apunta el estudio, si se compara con la población general de mujeres: según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2006, el 82,37% de las mujeres ha acudido en alguna ocasión al ginecólogo por motivos distintos al embarazo o parto (Encuesta Nacional de Salud, 2006). Además, en 2017, el 73,41% de las mujeres entre 25 y 34 años se había realizado una citología vaginal hacía menos de tres años (siendo esta la periodicidad recomendada) (Encuesta Nacional de Salud, 2017).
Reconocer el trabajo de los cuidados y ofrecer a las familias y en especial a las mujeres (madres, esposas, hijas, hermanas,…) que cuidan espacios de respiro, información, formación y apoyos para el cuidado.
¡Por los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad!
El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) es un instrumento técnico al servicio de las personas con discapacidad y del resto de ciudadanos, las Administraciones Públicas, la Universidad y el Tercer Sector, para la recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad. El Informe de Olivenza es un documento de carácter general sobre la situación de las personas con discapacidad en España, realizado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), tal como se estipula en la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad, en su artículo 73,2 (RDL 7/2013 de 29de noviembre); centrándonos en el eje económico, uno de los tres ejes que integra el sistema de indicadores elaborado para medir la inclusión social de las personas con discapacidad, se observa cómo éstas se encuentran en situación de desventaja respecto a las población en general respecto a la participación y ejercicio de sus derechos en el ámbito productivo y laboral. El OED tiene su amparo en el artículo 73 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Se configura como instrumento de promoción y orientación de las políticas públicas de conformidad con la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Las instituciones promotoras del OED son el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad, la Comunidad Autónoma de Extremadura a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y la Universidad de Extremadura.
Inclusión social de las mujeres con discapacidad en España en relación con los varones con discapacidad y en relación con las mujeres sin discapacidad: Comparación sistemática
El “Estudio sobre Inclusión Social de las Mujeres con Discapacidad en España” tiene como objetivo realizar un acercamiento a la situación real de este sector de la población que sigue sin aparecer en las estadísticas oficiales.Los ejes de inclusión seleccionados no son en absoluto nuevos en su conceptualización inicial, sin embargo, el análisis que de ellos se hace y las recomendaciones que se proponen parten de un enfoque diferente al empleado hasta ahora. Baste como ejemplo el abordaje que se hace del eje económico, que además de profundizar en cuestiones tales como la actividad laboral, el desempleo y los niveles de pobreza severa entre la población de mujeres con discapacidad, estudia además con detenimiento otro tipo de contribuciones, también económicas, pero a las que no se les otorga visibilidad alguna, especialmente si las desempeña una mujer con discapacidad, y que conforman el grueso de las actividades diarias que realizan de millones de mujeres en nuestro país. Estas actividades son las enfocadas en la denominada “reproducción” social.
Este cercamiento entronca con los postulados de la economía feminista, desconocida hasta la fecha en el ámbito de la discapacidad, pero con la que comparte importantes planteamientos de base relacionados con la política y la economía de los cuidados como veremos más adelante. Sobre esta cuestión tendremos posibilidad de abundar en el capítulo correspondiente. En la misma línea ha sido todo un reto introducir el enfoque de género en el tema de la accesibilidad universal y en el análisis de la construcción, reproducción y utilización del espacio público (y también del privado). El derecho a la ciudad de manera genérica es una reivindicación ya antigua, formulada hace ya más de cinco décadas, pero que sin embargo ha visto ampliado y enriquecido su contenido con las contribuciones realizadas desde distintos ámbitos académicos, y muy especialmente, de los movimiento sociales.
Introducir en este ámbito las demandas sobre accesibilidad universal desde el enfoque de género ofrece una oportunidad impagable para ampliar aún más el contenido de ese derecho, especialmente si se toma en consideración que estas aportaciones solamente pueden venir de la mano de un grupo social muy concreto. Los ejes relacionados con la salud y con los derechos sexuales y reproductivos forman parte de la columna vertebral que articula las demandas de las mujeres con discapacidad, íntimamente conectadas además con la crítica en torno a la cuestión de la apropiación del cuerpo femenino por parte de agentes de poder externos a través mecanismos disciplinarios que pretenden controlar su estética, su sexualidad y cómo no, su reproducción.
El desempoderamiento de las mujeres con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, se hace aún más lacerante cuando se aborda las vulneraciones de derechos humanos que afectan a la esfera humana más íntima, la de la integridad física y moral de las personas. Sobre este particular tendremos oportunidad de abundar en el capítulo correspondiente. Asimismo, la violencia de género, como fenómeno estructural que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo, es una de las dimensiones a tener en cuenta. Sobre este particular, la investigación ofrece los últimos datos publicados por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género extraídos de la explotación realizada de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujeres 2015, que por primera vez permite trazar una imagen mucho más fiel de la realidad de las mujeres con discapacidad ante este preocupante fenómeno.
Finalmente, otro eje fundamental es el referido a la participación social y política de las mujeres con discapacidad. Ser sujeto activo en la gestión de la polis, tener relevancia e incidencia política, es aún uno de los aspectos sobre los que es necesario trabajar de marea especial, debido a la tendencia generalizada entre las personas con discapacidad a no involucrarse en los asuntos de la comunidad, debido claro está, a la multitud de obstáculos que deben vencer. En este sentido, ni siquiera hace falta aclarar que esta situación no se debe a un déficit que en esencia se de en este sector de la población, sino a las innumerables barreras internas y externas que obstaculizan su pleno empoderamiento, sobre todo el de las mujeres con discapacidad.
El reflejo de la mujer en el espejo de la discapacidad
Este trabajo plantea una visión de conjunto sobre la realidad que viven las mujeres con discapacidad en España y también en otros lugares del mundo. Repasa numerosas situaciones en ámbitos como las condiciones sanitarias, el acceso a la educación y el empleo o su nivel de participación en la sociedad de la que forman parte.
Todos estos aspectos nos llevan hacia el escenario de la discriminación múltiple, que sitúa a las mujeres con discapacidad en una posición de mayor vulnerabilidad para sufrir violencia y para no poder ejercer con total libertad, como lo hace cualquier otra persona, sus derechos sexuales y reproductivos, sociales, educativos, laborales, sanitarios…
España aprueba en el 2022 más de 250 normas vinculadas a la extensión de derechos de las personas con discapacidad
- El informe completo está disponible en:
El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha publicado una nueva edición del Informe Olivenza 2022, un estudio que, con periodicidad anual, ofrece un panorama actualizado de la discapacidad en España.
En esta edición se abordan aspectos relacionados con las novedades normativas aprobadas en España en el ámbito de la discapacidad en el periodo que comprende el informe. Se incluye la normativa aprobada tanto a nivel estatal como autonómico, destacando un total de 254 normas, 34 estatales y 220 autonómicas, que regulan aspectos relevantes para las personas con discapacidad. Las comunidades autónomas que más legislación han generado en relación con la discapacidad han sido la Comunidad Foral de Navarra y Galicia, ambas con más de una veintena de normas.
Asimismo, se analizan los avances que se han llevado a cabo desde mayo de 2019 para cumplir con las recomendaciones que hizo a España el Comité de Derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas. Al respecto, en el documento se señalan como preocupaciones principales, entre otras, la discriminación múltiple por motivos de discapacidad; la violencia que se ejerce contra las personas con discapacidad, en concreto, la violencia de género; la institucionalización; la falta de accesibilidad; las carencias en educación inclusiva; las bajas tasas de empleo de las personas con discapacidad; la limitación de los servicios de salud y la falta de formación de los profesionales en todos los ámbitos de la administración pública.
A pesar de este impulso normativo el Estudio pone de relieve, conforme al sistema de indicadores del OED sobre inclusión de las personas con discapacidad en España, que de los 25 indicadores en los que es posible comparar los datos referidos a personas con discapacidad con los de la población sin discapacidad, en 20 de ellos las personas con discapacidad presentan una situación más desfavorable que la población general.
En este sentido, el director general de derechos de las personas con discapacidad, Jesús Martín pone en valor este tipo de diagnósticos para conocer la realidad de las personas con discapacidad y sus familias y poder impulsar políticas certeras para mitigar la desigualdad.
El informe Olivenza 2022 incluye un capítulo dedicado a las políticas públicas de discapacidad actuales, comenzando por la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 que incluye como novedades un enfoque interseccional y con perspectiva de género.
Se presentan también en este capítulo la Evaluación final del Plan de Acción 2014-2020 de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020, publicado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad en 2021; la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo, cuyas líneas de trabajo y objetivos están orientados a favorecer el respeto a la vida independiente, la autonomía, la participación e inclusión plenas, la igualdad, la accesibilidad y la no discriminación y son el soporte esencial para mejorar la inclusión social, la calidad de vida y la protección de los derechos de las personas con TEA, y el gasto en políticas de discapacidad en España.
El apartado sobre políticas de discapacidad desarrolladas por la Administración General del Estado se cierra con un análisis de dos de los principales ejes de políticas para la inclusión de la población con discapacidad, en concreto empleo y derechos, destacando en este segundo eje el Plan Nacional de Accesibilidad, la Estrategia Integral de Cultura para Todos y el Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP).
La segunda parte del capítulo dedicado a las políticas públicas de discapacidad ofrece una visión panorámica de las políticas desarrolladas por las administraciones autonómicas, que revela que 11 de las 17 comunidades autónomas españolas han formulado documentos de política pública integral en materia de discapacidad.
Como en ediciones anteriores, el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España (Odismet) ha colaborado en este informe aportando el análisis del mercado laboral y discapacidad en España, en el que se advierte sobre la precariedad patente de los grupos vulnerables en el ámbito laboral. Concretamente, las mujeres con discapacidad son objeto de una multidiscriminación que condiciona significativamente su acceso al empleo y sus condiciones laborales.
La realidad de Extremadura
En respuesta a la vinculación extremeña del OED, que también promueve la Junta y la Universidad de Extremadura, el Informe Olivenza ofrece, como en ediciones anteriores, el análisis de la situación de la discapacidad en Extremadura y se muestran datos sobre el número de personas con discapacidad que residen en Extremadura, el tipo de discapacidad que presentan, si viven en zonas rurales o ciudades, si las personas con discapacidad viven solas o acompañadas, etc
Según los últimos datos del INE, en Extremadura residen 110. 589 personas con discapacidad de seis años y más de las cuales un 55,5% presentan mayoritariamente problemas de movilidad con un máximo grado reconocido de severidad y el 25,5% de la población con discapacidad extremeña vive sola. Además, un 57,8% de las personas con discapacidad viven en zonas rurales.
El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED)
El Observatorio Estatal de la Discapacidad como un instrumento técnico de la Administración General del Estado que, a través de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se encarga de la recopilación, sistematización, actualización, generación de información y difusión relacionada con el ámbito de la discapacidad, creado al amparo de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La gestión de este Observatorio está encomendada al CERMI, como expresión unitaria de la discapacidad en España.
El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) programa 7 estudios e investigaciones para el año 2019
El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) ha programado 7 estudios e investigaciones para el año 2019. La programación del ejercicio de 2019 contará con 5 estudios en el ámbito estatal y dos en el ámbito extremeño.
Como en año anteriores el OED desarrollará el denominado: “Informe Olivenza 2019”. Este documento tiene como objetivo conocer la situación de la población con discapacidad en España. El estudio se realiza a partir de fuentes legislativas y estadísticas disponibles. Además, incluirá una parte propia del estado de la inclusión social de la población con discapacidad en Extremadura.
Con el fin de continuar con los estudios realizados en 2018, el OED completará el análisis de la educación inclusiva en España, con el documento: “La situación de la inclusión educativa del alumnado con discapacidad en España (II fase)”. Con este trabajo se analizaran las evidencias empíricas, cuantitativas y cualitativas, disponibles sobre la educación de las personas con discapacidad en España.
Aplicando la perspectiva de género el OED contempla un estudio sobre mujer con discapacidad en situaciones de cronicidad. Este estudio se denomina: “Mujer con discapacidad y enfermedades crónicas-género, discapacidad y cronicidad”. Además, la especial situación de niños y niñas con discapacidad se recogerá en una investigación sobre: “La violencia contra la infancia con discapacidad en España”.
Siguiendo los preceptos normativos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad, es preciso que se realicen de manera periódica y sistemática análisis en materia de accesibilidad. Con este objetivo, el informe “Requerimientos de accesibilidad universal y diseño para personas de talla baja. Propuestas normativas, modelos prescriptivos y prácticas recomendables” recogerá los requerimientos de accesibilidad universal y diseño para las personas de talla baja. Además este estudio contará con propuestas normativas y modelos prescriptivos.
En la dimensión extremeña, además de la sección específica del Informe Olivenza 2019, se pondrá especial interés en las personas con trastorno mental grave, con un informe denominado “Alternativas de atención en el envejecimiento de las personas con trastorno mental grave” en el que se recogerán las demandas de atención de este colectivo en el proceso de envejecimiento.
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