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Requerimientos de accesibilidad y diseño para personas con acondroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismo

El presente estudio de investigación que tiene por nombre “Requerimientos de accesibilidad y diseño para personas con acondroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismo (ADEE), propuestas normativas, modelos prescriptivos y prácticas recomendables”, nace como una iniciativa del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) tras hacerse eco de las necesidades del movimiento asociativo relacionado con las personas con acondroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismo (en adelante, ADEE), concretamente, del deseo de Fundación ALPE Acondroplasia por profundizar en la investigación.

Aquí se puede descargar el informe completo

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Informe general sobre grado de accesibilidad de los entornos, productos y servicios a 4 de diciembre de 2017. Correspondencia entre los mandatos legales y la realidad práctica del país.

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (también conocido como Ley General de Discapacidad), establece un plazo máximo en el 4 de diciembre de 2017 para que los diferentes entornos, productos y servicios sean accesibles para todas las personas.

El requerimiento de accesibilidad comprende los entornos arquitectónicos, las telecomunicaciones, la sociedad digital, transportes, las relaciones con las Administraciones, bienes y servicios a disposición del público, etc. El estudio, iniciativa de CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), promovido por el Real Patronato sobre Discapacidad y realizado por Ilunion Tecnología y Accesibilidad, tiene por objetivo realizar un diagnóstico valorativo sobre el grado de accesibilidad de los diferentes ámbitos comprendidos por la Ley, en la fecha prevista que obliga a su cumplimiento y a partir de las fuentes secundarias disponibles.

Entre las conclusiones de carácter general, se constata un avance normativo en nuestro país en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, que ha significado un factor de transformación en los diferentes ámbitos, sobre todo edificación, urbanismo y transporte. A pesar de las mejoras en accesibilidad realizadas en las últimas décadas, siguen existiendo barreras significativas en diferentes ámbitos y subsectores, además de, con frecuencia, una aplicación parcial de la accesibilidad.

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Estudio sobre impacto de género y accesibilidad

La accesibilidad entendida como el acceso de las personas con discapacidad, en las mismas condiciones que el resto de la población al entorno físico, al transporte a las TIC y otras instalaciones y servicios ha sido abordada como una dimensión neutra, cuando en realidad se trata de un elemento fundamental en el ejercicio de los derechos humanos que tiene una clara pertinencia de género. Esta falta de análisis no se ha producido únicamente en el ámbito de la discapacidad. La misma crítica puede realizarse respecto a los trabajos que desde diversas disciplinas –la arquitectura, el urbanismo o la geografía- se han desarrollado en los últimos años y donde solamente este enfoque ha sido tomado en consideración de manera tangencial.

El presente estudio ofrece una reflexión crítica acerca de esta cuestión a partir de una revisión de los principales mandatos jurídicos emanados del derecho internacional de los derechos humanos, conectando las prescripciones contenidas fundamentalmente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, y en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979.

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La accesibilidad cognitiva en España. Estado de situación. Observatorio Estatal de la Discapacidad.

Definir y comprender este complejo mundo

¿Quién no se ha sentido alguna vez confundido en un entorno repleto de flechas, señales o carteles? O por el contrario, con temor o indecisión ante la ausencia de indicaciones. “La vida en el entorno actual es especialmente compleja desde el punto de vista cognitivo, lo que la hace difícilmente comprensible”, asegura Josefa Álvarez, Directora Adjunta de Accesibilidad Universal de Fundación ONCE. El estado de situación de la accesibilidad cognitiva en España está todavía por definir ya que las actuaciones que se están desarrollando en esta materia suelen ser puntuales y sin una estrategia común, “falta un corpus de conocimiento claro sobre las necesidades y las soluciones”, tal y como asegura el informe del Observatorio Estatal de la Discapacidad ‘La Accesibilidad Cognitiva en España. Estado de situación’.

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La accesibilidad cognitiva en España. Estado de situación

En los últimos años, puede constatarse el creciente interés en materia de accesibilidad cognitiva en España por eventos de difusión de asociaciones de discapacidad, actuaciones por parte de ayuntamientos para hacer más accesibles sus ciudades, publicaciones de expertos, etc. Por ello, el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) consideró necesaria la realización de un estudio que recopilara y analizara estas actuaciones, creando así un estado de situación de la accesibilidad cognitiva en España. Los objetivos específicos que han guiado la elaboración de este estudio son: identificar y analizar los estudios, investigaciones, experiencias y proyectos relacionados con la accesibilidad cognitiva, consultar a informantes clave para recoger las buenas prácticas que se están llevando a cabo en accesibilidad cognitiva e identificar las líneas de actuación, grado de implantación y sus aspectos convergentes.

El presente informe parte de un acercamiento a los conceptos clave relacionados con la accesibilidad cognitiva. Para ello, plantea una revisión a su definición; caracteriza los perfiles que son beneficiarios directos de las medidas relacionadas con la accesibilidad cognitiva y presenta el marco normativo de referencia. A continuación, de acuerdo con las fuentes disponibles, describe la situación de accesibilidad cognitiva a través de la presentación de los manuales, guías, proyectos, o experiencias en las dos vertientes más productivas en el ámbito de la accesibilidad cognitiva: los recursos para la comunicación y los recursos de orientación en espacios construidos. El informe cierra con unas breves notas sobre la accesibilidad cognitiva en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), un apartado de conclusiones a modo de resumen de los principales resultados del estudio y varios anexos con información complementaria.

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Observatorio sobre la accesibilidad universal en Extremadura

El presente estudio, realizado a instancia del Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), presenta una panorámica de las acciones en pro de la accesibilidad universal que se han llevado a cabo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, señalando el estado actual y los desafíos que en el futuro deben afrontarse. El informe parte de un acercamiento al marco normativo de referencia relacionado con la accesibilidad universal tanto en un nivel estatal como autonómico y local, para ello, se plantea una revisión de la legislación de referencia. A continuación, se aborda la gestión de la accesibilidad universal en Extremadura realizando una revisión de los órganos competentes en la gestión de la misma en la administración autonómica, como el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) o la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura.

 

Una vez abordada la gestión se profundiza en el estado de la accesibilidad universal en Extremadura, a través de una revisión de planes, proyectos y actuaciones de mejora de la accesibilidad universal desarrollados en los últimos años. Cada una de tres primeras secciones del informe se ven reforzadas por una exposición final de las percepciones de los expertos que han participado en la fase cualitativa del estudio. El informe finaliza con un recopilación de buenas prácticas en materia de accesibilidad universal en Extremadura que no pretende ser un capítulo exhaustivo de todas las actuaciones significativamente positivas realizadas en la región, sin embargo, pueden dar ejemplo de aquellas áreas en las que se puede seguir avanzando: urbanismo, edificación pública y transportes, patrimonio natural, histórico-artístico, marco normativo y participación ciudadana, comunicación, etc.

 

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Derechos Sociales apuesta por un sistema de protección internacional inclusivo y respetuoso de personas refugiadas con discapacidad

  • El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha presentado su último estudio ‘Las personas con discapacidad en situación de protección internacional en España: situación, desafíos y propuestas’.
  • Este informe busca visibilizar a las personas con discapacidad solicitantes de asilo y beneficiarias de protección internacional en España. Presenta un panorama general sobre su situación y define acciones concretas para mejorar su protección e inclusión dentro del marco de asilo y refugio.

El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), organismo del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha presentado este miércoles su último estudio ‘Las personas con discapacidad en situación de protección internacional en España: situación, desafíos y propuestas’.

El objetivo general de este estudio ha sido visibilizar a las personas con discapacidad solicitantes de asilo y beneficiarias de protección internacional en España. En este sentido, ha presentado un panorama general sobre su situación y ha definido acciones concretas para mejorar su protección e inclusión dentro del marco de asilo y refugio.

La presentación del estudio, moderada por el coordinador del Observatorio Estatal de la Discapacidad, Luis Alonso, ha contado con la participación de la consultora experta redactora del estudio, Gloria Álvarez Ramírez, la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino, la representante de ACNUR en España, Sophie Muller y el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco.

Durante la intervención de Álvarez a través de videoconferencia, ha destacadoque “vivimos tiempos muy malos en cuanto a la situación de las personas refugiadas en el mundo, pero especialmente para las personas con discapacidad desplazadas, dado que es un colectivo especialmente muy vulnerable y propenso a sufrir abusos y discriminación”.

Asimismo, Álvarez ha desgranado las principales conclusiones del informe, entre las que ha destacado que “el sistema de asilo español está muy comprometido con todas las personas refugiadas con discapacidad, pero presenta déficits en cuanto mecanismos y procesos de implementación que permitan garantizar los derechos y el acceso a servicios de apoyo para estas personas”.

Otros de los aspectos que ha destacado Álvarez es la “falta de datos desagregados que permitan analizar en profundidad las principales necesidades de las personas desplazadas con discapacidad”, así como la necesidad de un marco jurídico que sea capaz de garantizar los derechos de las personas pertenecientes a este colectivo tan vulnerable. Es decir, en este ámbito “la política internacional no es inclusiva”, concluyó.

Finalmente, Álvarez ha expuesto toda una serie de propuestas que permitan paliar todas las carencias a las que se enfrenta este colectivo especialmente vulnerable en diferentes los ámbitos: procedimientos de asilo, marco jurídico e investigación, entre otros.

Para Jesús Martín Blanco, este estudio tieneespecial importancia porque “la ciencia es necesaria para acertar en las políticas públicas”, y ha añadido que “este estudio era necesario y perentorio, porque este es un país de acogida y necesitamos un corpus jurídico potente en materia de discapacidad para las personas desplazadas que llegan a nuestro país”.

Además de los reglamentos y las herramientas de acogida, Martín también ha destacado la importancia de que “todos los fondos de cooperación del Gobierno deban tener un enfoque inclusivo para los refugiados”. Asimismo, insistió en que debe “abordarse el cambio en origen, fortalezcamos las democracias y los recursos educativos en los países de origen, porque esos espacios deben pensar en toda la diversidad humana”.

Por su parte, Sophie Muller, ha destacado sobre el estudio que “haya contado directamente con la voz de las personas refugiadas con discacidad”. Asimismo, ha señalado que en ACNUR ya existe un equipo específico que trabaja sobre la situación de las personas refugiadas con discapacidad y “siempre vamos a tener esta mirada de la discapacidad y de las necesidades específicas de las personas desplazadas que cuentan con dificultades en cuanto a accesibilidad o salud mental”.

Finalmente, Muller concluyó que “la formación de las ONGS y de todos los actores de los sistemas de acogida es fundamental. Todos deben sensibilizarse especialmente sobre la vulnerabilidad y las necesidades de personas con discapacidad refugiadas”.

DESCARGA EL ESTUDIO

Descarga el estudio ‘Las personas con discapacidad en situación de protección internacional en España: situación, desafíos y propuestas’

El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED)

El Observatorio Estatal de la Discapacidad como un instrumento técnico de la Administración General del Estado que, a través del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se encarga de la recopilación, sistematización, actualización, generación de información y difusión relacionada con el ámbito de la discapacidad, creado al amparo del la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La gestión de este Observatorio está encomendada al CERMI, como expresión unitaria de la discapacidad en España.

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España aprueba en el 2022 más de 250 normas vinculadas a la extensión de derechos de las personas con discapacidad

  • El informe completo está disponible en:

El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha publicado una nueva edición del Informe Olivenza 2022, un estudio que, con periodicidad anual, ofrece un panorama actualizado de la discapacidad en España.

En esta edición se abordan aspectos relacionados con las novedades normativas aprobadas en España en el ámbito de la discapacidad en el periodo que comprende el informe. Se incluye la normativa aprobada tanto a nivel estatal como autonómico, destacando un total de 254 normas, 34 estatales y 220 autonómicas, que regulan aspectos relevantes para las personas con discapacidad. Las comunidades autónomas que más legislación han generado en relación con la discapacidad han sido la Comunidad Foral de Navarra y Galicia, ambas con más de una veintena de normas.

Asimismo, se analizan los avances que se han llevado a cabo desde mayo de 2019 para cumplir con las recomendaciones que hizo a España el Comité de Derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas. Al respecto, en el documento se señalan como preocupaciones principales, entre otras, la discriminación múltiple por motivos de discapacidad; la violencia que se ejerce contra las personas con discapacidad, en concreto, la violencia de género; la institucionalización; la falta de accesibilidad; las carencias en educación inclusiva; las bajas tasas de empleo de las personas con discapacidad; la limitación de los servicios de salud y la falta de formación de los profesionales en todos los ámbitos de la administración pública.

A pesar de este impulso normativo el Estudio pone de relieve, conforme al sistema de indicadores del OED sobre inclusión de las personas con discapacidad en España, que de los 25 indicadores en los que es posible comparar los datos referidos a personas con discapacidad con los de la población sin discapacidad, en 20 de ellos las personas con discapacidad presentan una situación más desfavorable que la población general.

En este sentido, el director general de derechos de las personas con discapacidad, Jesús Martín pone en valor este tipo de diagnósticos para conocer la realidad de las personas con discapacidad y sus familias y poder impulsar políticas certeras para mitigar la desigualdad.

El informe Olivenza 2022 incluye un capítulo dedicado a las políticas públicas de discapacidad actuales, comenzando por la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 que incluye como novedades un enfoque interseccional y con perspectiva de género.

Se presentan también en este capítulo la Evaluación final del Plan de Acción 2014-2020 de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020, publicado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad en 2021; la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo, cuyas líneas de trabajo y objetivos están orientados a favorecer el respeto a la vida independiente, la autonomía, la participación e inclusión plenas, la igualdad, la accesibilidad y la no discriminación y son el soporte esencial para mejorar la inclusión social, la calidad de vida y la protección de los derechos de las personas con TEA, y el gasto en políticas de discapacidad en España.

El apartado sobre políticas de discapacidad desarrolladas por la Administración General del Estado se cierra con un análisis de dos de los principales ejes de políticas para la inclusión de la población con discapacidad, en concreto empleo y derechos, destacando en este segundo eje el Plan Nacional de Accesibilidad, la Estrategia Integral de Cultura para Todos y el Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP).

La segunda parte del capítulo dedicado a las políticas públicas de discapacidad ofrece una visión panorámica de las políticas desarrolladas por las administraciones autonómicas, que revela que 11 de las 17 comunidades autónomas españolas han formulado documentos de política pública integral en materia de discapacidad.

Como en ediciones anteriores, el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España (Odismet) ha colaborado en este informe aportando el análisis del mercado laboral y discapacidad en España, en el que se advierte sobre la precariedad patente de los grupos vulnerables en el ámbito laboral. Concretamente, las mujeres con discapacidad son objeto de una multidiscriminación que condiciona significativamente su acceso al empleo y sus condiciones laborales.

La realidad de Extremadura

En respuesta a la vinculación extremeña del OED, que también promueve la Junta y la Universidad de Extremadura, el Informe Olivenza ofrece, como en ediciones anteriores, el análisis de la situación de la discapacidad en Extremadura y se muestran datos sobre el número de personas con discapacidad que residen en Extremadura, el tipo de discapacidad que presentan, si viven en zonas rurales o ciudades, si las personas con discapacidad viven solas o acompañadas, etc

Según los últimos datos del INE, en Extremadura residen 110. 589 personas con discapacidad de seis años y más de las cuales un 55,5% presentan mayoritariamente problemas de movilidad con un máximo grado reconocido de severidad y el 25,5% de la población con discapacidad extremeña vive sola. Además, un 57,8% de las personas con discapacidad viven en zonas rurales.

El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED)

El Observatorio Estatal de la Discapacidad como un instrumento técnico de la Administración General del Estado que, a través de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se encarga de la recopilación, sistematización, actualización, generación de información y difusión relacionada con el ámbito de la discapacidad, creado al amparo de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La gestión de este Observatorio está encomendada al CERMI, como expresión unitaria de la discapacidad en España.

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El suicidio obedece a factores de riesgo multicausales y tiene mayor incidencia entre las personas con discapacidad

Es una de las principales conclusiones que se han puesto de manifiesto durante la presentación de la Investigación ‘El suicidio en las personas con discapacidad en España’ desarrollada por el Observatorio Estatal de la Discapacidad.

• El informe pretende generar conocimiento y propuestas para la prevención de esta lacra social.

• Los colectivos diferentes al estándar normativo, minorías, experimentan una mayor probabilidad conductas suicidas, por su mayor exposición a prejuicios/estigma, discriminación y exclusión social.

• Enlace al informe completo:

https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/el-suicidio-en-las-persona…

El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, cuya gestión operativa desempeña el CERMI, ha revelado que el suicidio obedece a factores de riesgo multicausales, en distintos ámbitos (sociales, comunitarios, individuales), que tienen mayor incidencia entre las personas con discapacidad, sobre todo en los casos de discapacidad por trastorno mental, insuficiencia renal, lesión cerebral y discapacidad física.

Así se ha puesto de relieve durante la presentación de la Investigación titulada ‘Investigación ‘El suicidio en las personas con discapacidad en España’ que ha tenido lugar este martes en la sede del CERMI, en Madrid. El acto, que se inscribe en el marco de las actividades del Día contra el Suicidio, ha puesto especial énfasis sobre la necesidad de realizar un abordaje multifactorial o “multicapa” para la base de los factores de riesgo multicausales. De esta manera, se actúa en distintos planos para contrarrestar factores de riesgo y fortalecer los factores protectores.

El objetivo de la investigación, organizado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad y realizado por parte de ILUNION Accesibilidad para CERMI y Real Patronato de Discapacidad, es analizar los aspectos fundamentales de la relación entre suicidio y discapacidad, en sus distintos planos, de cara a generar conocimiento y propuestas para la prevención de esta lacra social.

El estudio, que toma como punto de partida el enfoque teórico y conceptual del suicidio y de la discapacidad, como base para entender sus relaciones complejas, ofrece un acercamiento a las relaciones entre suicidio y discapacidad, considerando los diferentes factores en su interacción, tanto psicocorporales como sociales, tales como la soledad no deseada y el aislamiento, el acoso, el papel de los estereotipos y el estigma. Según el estudio, se constata el carácter de tabú y, sobre todo, lo doloroso de esta experiencia. 

El suicidio obedece a factores de riesgo multicausales, en diferentes ámbitos que actúan de manera combinada y acumulativa.  Los colectivos diferentes al estándar normativo, minorías, experimentan una mayor probabilidad conductas suicidas, por su mayor exposición a prejuicios/estigma, discriminación y exclusión social. En estas circunstancias se encuentran las personas con discapacidad y, de manera particular, las mujeres y niñas con discapacidad. 

En el caso de las personas con discapacidad, tanto los estudios disponibles como la perspectiva de los/las informantes clave coincide en apuntar a una combinación de factores, tanto del ámbito psicocorporal como social y comunitario, en relación con la mayor probabilidad de comportamiento suicida, en sus distintos grados. 

Entre los factores protectores ante el suicidio de las personas con discapacidad, se cuentan cualidades individuales-personales, tales como la competencia/inteligencia emocional, habilidades comunicativas. La red familiar desempeña un papel protector clave, y requiere a su vez contar con apoyos para que resulte viable. 

El informe advierte de que se da un comportamiento diferenciado en relación con el suicidio entre hombres y mujeres, que se proyecta también en el ámbito de la discapacidad. Es necesario tener en cuenta, de cara a la prevención, estos aspectos diferenciales, en sus distintos componentes: mayor impulsividad, determinación, en varones (“se suicidan como en silencio”), mayor proporción de tentativas mujeres.

PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Tras el acto de apertura, que ha sido presidido por la directora ejecutiva de CERMI Estatal, Pilar Villarino, se ha dado paso a la directora de Consultoría Social de ILUNION Accesibilidad, Elena Ortega Alonso y al consultor Social de ILUNION Accesibilidad, Luis Miguel Bascones quienes se han encargado de analizar y describir los principales hallazgos del informe. 

Durante su intervención, Bascones ha enumerado y explicado brevemente el objetivo del estudio y la metodología para elaborarlo. Asimismo, ha indicado algunos de los límites a los que se han enfrentado al desarrollarlo. Razones como la falta de estadísticas y la variable de la discapacidad, el tabú alrededor del suicidio o la dificultad de realizar entrevistas, son algunas de ellas. 

Además, ha explicado detalladamente los factores de riesgo y los factores protectores. “La discapacidad es un grupo de población heterogéneo con distintos rasgos. Por lo tanto, no cabe generalizar ni características ni cifras” ha insistido Bascones.

Por su parte, Ortega ha expuesto las propuestas para la prevención y ha insistido en la necesidad de realizar un abordaje “multicapa” que actúe en distintos planos “para contrarrestar factores de riesgo y fortalecer los factores protectores”. 

Además, Ortega ha aseverado que garantizar el acceso a los medios generales en prevención del suicidio pasa por garantizar la accesibilidad universal. “Si los mensajes no son accesibles, las personas con discapacidad se sienten en una situación de vulnerabilidad añadida” ha lamentado. Y para terminar ha querido hacer una petición: “que la discapacidad adquirida cuente con programas y políticas específicas”.

Seguidamente, ha tenido lugar un diálogo en el que han intervenido la directora general de salud pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio; el representante del Real Patronato sobre Discapacidad, Ignacio Campoy; el presidente Salud Mental España y vicepresidente del CERMI, Nel Anxelu González; el presidente de la Fundación Española para la prevención del suicidio, Andoni Anseán; la subdirectora del Área de conocimiento y salud de Cruz Roja España, Fátima Cabello Sanabria quien ha relevado el gran logo que ha supuesto la implantación del teléfono de atención a la conducta suicida y el impacto que está teniendo en las personas que están acudiendo a él. “Los números hablan. Son más de 45 mil llamadas al teléfono 024 las que tenemos registradas en estos cuatro meses. Se han derivado más de 1.500 al 112. Se están atendiendo 300/400 llamadas al día y la atención media es de 25 minutos” ha anunciado.

Por su parte, Andoni Anseán ha puesto el foco en el importante papel que juega la formación de los profesionales y el entorno en evitar muertes por suicidio. “No basta con formar a profesionales del ámbito sanitario. Va más allá. Es cuestión de formar a un montón de profesionales que son agentes de prevención” ha reclamado. 

Asimismo, esta mesa ha contado con el testimonio en primera persona de Clara del Rey quien ha enumerado alguno de los “recursos necesarios” para evitar que casi 4.000 personas se quiten la vida en España.  En este sentido, ha destacado el papel de la educación y la importancia de educar a todo el mundo sin caer en la domotización. “Tenemos que concienciar y educar a la población en respeto y en equidad. Después, ha confesado la interseccionalidad que ha sentido por ser mujer y haber tenido problemas de salud mental. “No somos cifras ni números, somos personas” ha testificado.

Seguidamente, el presidente de Salud Mental España ha contado en qué consiste la campaña que este año han desarrollado desde Salud Mental España con motivo del Día Mundial de la prevención del suicidio centrada en jóvenes y adolescentes. Durante su discurso, Anxelu González ha pedido “crear una inmensa red de protección social, una cadena sin fisuras” para prevenir el suicidio.

A continuación, Ignacio Campoy, ha puesto sobre la mesa que la tasa de riesgo de suicidio es mayor entre las personas con discapacidad en comparación con las personas sin discapacidad. Al tiempo que ha indicado las medidas específicas que se pueden tomar dirigidas a este colectivo. “Políticas públicas y eficaces, algo que solo se consigue basándonos en evidencias científicas” ha afirmado y ha añadido que “este estudio sobre el suicidio es un gran ejemplo de cómo abordar la realidad de la discapacidad desde la ciencia”. 

En relación con los 8 millones de euros de los fondos del Plan de Acción de Salud Mental que irán destinados a la optimización de la atención integral a la salud mental, sensibilización y lucha contra el estigma, Pilar Aparicio ha señalado cuáles serán las medidas específicas para la prevención del suicidio. “Estos fondos pretenden impulsar mejoras sustanciales” ha asegurado, al tiempo que ha insistido en el abordaje multidisciplinar, la importancia de la educación y el papel que juegan los medios de comunicación en esta cuestión. 

Finalmente, Villarino ha dado paso al cierre del acto no sin antes agradecer los grandes avances que ha realizado el Ministerio de Sanidad en este ámbito.  

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El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) presenta el martes las conclusiones del estudio sobre el suicidio en las personas con discapacidad en España

FUENTE: SERVIMEDIA 

El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), órgano del Ministerio de Derechos Sociales (OED), cuya gestión operativa desempeña el Cermi, presentará este martes el estudio sobre ‘El suicidio en las personas con discapacidad en España’, que ha tenido como objetivo el “analizar los aspectos fundamentales de la relación entre suicidio y discapacidad, en sus distintos planos, de cara a generar conocimiento y propuestas para la prevención de esta lacra social”.

El acto, que se inscribe en el marco de las actividades del día contra el suicidio, tendrá lugar de forma presencial en la sede del Cermi, y estará conducido por el Coordinador del Observatorio Estatal de la Discapacidad, Luis Alonso.

Asimismo, de la mano de los investigadores del estudio, Elena Ortega Alonso, directora de Consultoría Social de ILUNION Accesibilidad; y Luis Miguel Bascones, Consultor Social de ILUNION Accesibilidad, se presentarán las principales conclusiones.

Del estudio se desprende que los principales factores de riesgo para las personas con discapacidad pueden encontrarse, por una parte, en el ámbito psicocorporal como el dolor crónico, o también en el ámbito sociocomunitario, donde pueden producirse situaciones de discriminación y barreras a la participación, acoso sobre todo en el caso de adolescentes, mujeres y niñas, además de las situaciones de dependencia, o la soledad no deseada.

Por ello, en el acto representantes de la administración pública y de entidades mantendrán un diálogo en torno a la prevención del suicidio en el colectivo de personas con discapacidad. 

De esta forma, se contará con la participación de Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad; Jesús Martín, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030; Nel Anxelu González, presidente Salud Mental España y vicepresidente del Cermi; Andoni Anseán, presidente de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio; y Fátima Cabello Sanabria, subdirectora del Área de conocimiento y salud de Cruz Roja España, además de algunos testimonios.

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